Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; puesto que, la Vocal hoy accionada una vez que emitió el Auto de Vista de 27 de septiembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no remitió al Juzgado de origen el citado Auto de Vista. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe de devolver los antecedentes ante el Juez de origen; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, con relación al principio de celeridad de Alberto Chávez Aliaga, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remita de manera inmediata el Auto de Vista de 27 de diciembre de 2022 y sus antecedentes, al Juzgado de origen, salvo que la misma ya hubiese ocurrido por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0627/2025-S1 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52795-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez y José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Alberto Chávez Aliaga contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de sus representantes sin mandato por memorial presentado el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 3 a 5, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Alberto Chávez Aliaga-, quien se encuentra con detención preventiva en virtud a lo dispuesto en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares efectuada en julio de 2022, en el Juzgado “PRIMERO CAUTELAR” donde radica su proceso penal, y el 27 de diciembre de ese año, se efectuó la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la Vocal hoy accionada; sin embargo, “hasta la fecha” la mencionada Sala Penal no remitió el correspondiente Auto de Vista -al Juzgado de origen-. Cuando se apersonó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, le indicaron que el auto de vista “saldría el día de hoy”
(sic); es decir, nueve días después de que se efectuó la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; sin embargo, “el día de hoy” nuevamente refirió que el citado Auto no se encontraba transcrito y que tenían que retornar, lo que afectó sus derechos constitucionales; puesto que, al no remitir al Juzgado de origen el auto de vista que resolvió el recurso de apelación incidental no puede solicitar la cesación de la detención preventiva; por lo que, interpone la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho.
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que la Vocal ahora accionada remita en el día al Juzgado de origen el Auto de Vista de 27 de diciembre de 2022, que resolvió el recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 8, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su citación cursante a fs. 7.
Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 6 de enero de 2023, a las 12:45 horas -después de concluida la audiencia de consideración de la acción de libertad-, cursante de fs. 11 a 12 vta., manifestó que: a) La “imputada” no expresó si su vida se encontraría en peligro o estaría ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad; b) Debe observarse la legitimación pasiva, ya que su autoridad cumplió con su obligación al momento de pronunciar el correspondiente Auto de Vista de 27 de diciembre de 2022, no siendo su atribución la transcripción de actas y resoluciones; y, c) Su despacho judicial estuvo de turno por vacaciones judiciales, con abundante carga laboral; empero, en el transcurso “del día” por auxiliatura de la referida Sala Penal, realizaría la devolución del proceso penal del accionante.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta., resolvió denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se cuestionó la falta de transcripción del Auto de Vista de 27 de diciembre de 2022; empero, aquella función se encuentra a cargo del funcionario de apoyo jurisdiccional; y no así, de la Vocal hoy accionada; en consecuencia, no existe vinculación directa con la afectación del derecho del accionante y que la demora de la mencionada redacción no cambia ni afecta sus derechos; y, 2) En cuanto a la falta de remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Juzgado de origen, puesto que, afectaría la resolución de su situación jurídica; sin embargo, no acompañó prueba o determinación asumida por el Juzgado de origen; ya que, las razones o circunstancias que limitan la resolución de su situación jurídica; y, tampoco presentó pruebas que respalden que se encuentra pendiente la resolución de medidas cautelares; debe tenerse en cuenta que los recursos de apelación incidental de medidas cautelares son en el efecto suspensivo; es decir, no se suspende la competencia de la autoridad de origen para conocer y tramitar cualquier solicitud y que la falta de remisión no afecta su derecho a resolver su situación jurídica; ya que, el accionante puede solicitar al Juez de la causa sin ningún óbice, inclusive sin necesidad de las resultas del recurso de apelación incidental, consecuentemente, no se establece la afectación del derecho a la libertad.
De la revisión de los antecedes, no se tiene documentación alguna respecto a lo alegado en la presente acción tutelar.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; puesto que, la Vocal hoy accionada una vez que emitió el Auto de Vista de 27 de septiembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no remitió al Juzgado de origen el citado Auto de Vista. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe de devolver los antecedentes ante el Juez de origen; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).
La SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. señala que: “…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, así como al principio de celeridad; puesto que, la Vocal hoy accionada una vez que emitió el Auto de Vista de 27 de septiembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no remitió al Juzgado de origen el citado Auto de Vista.
Ahora bien, conforme a lo citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Se debe precisar además que, en el caso de la tramitación de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento del trámite del recurso de apelación incidental de la decisión que resuelva una medida cautelar hasta llevar a cabo la audiencia; además, abarca de forma posterior al trámite de devolución de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Juzgado o Tribunal de origen; más aun, al tratarse de personas que se encuentran privadas de libertad; en ese punto, si bien el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, establece un trámite sumario a efectos de considerar los recursos de apelación de medidas cautelares; empero, no prevé el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el Juez o Tribunal de origen, tampoco cuál es la autoridad encargada de remitir, o cómo se solicita en el presente caso, recoger dichos antecedentes; sin embargo, la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, ante dicho vacío legal -que se mantuvo incluso con la modificación anotada- y siendo que no se puede dejar en incertidumbre al imputado, sostuvo que una vez que el Tribunal de alzada dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; debiendo devolver el expediente, el acta y el Auto de Vista correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas -en el entendido de que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme el art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE)-, por los Vocales conjuntamente con los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Tribunal de alzada, que son los encargados de dicha devolución.
Ahora bien, para efectuar el análisis del presente caso, es necesario referir que si bien no se cuenta con ningún antecedente arrimado al cuaderno procesal remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tomará en cuenta lo referido por el accionante y la Vocal hoy accionada en su informe enviado a esta acción tutelar, aunque hubiese presentado de forma posterior al contener datos que puedan esclarecer los hechos; en ese sentido, se advierte que el 27 de septiembre de 2022, se efectuó la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la Vocal ahora accionada, donde se emitió el Auto de Vista de igual fecha y año; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se remitió el mencionado Auto de Vista al Juzgado de origen. Aspecto que no fue desvirtuado por la referida Vocal, de lo manifestado en su informe presentado a esta acción de defensa, se limitó a señalar que por vacaciones judiciales se encontraba con abundante carga laboral, lo que tampoco fue demostrado con prueba idónea, y que en el transcurso “…del día se hará la devolución del proceso por auxiliatura de la Sala Penal Primera” (sic); es decir, reconoció que no cumplió con la pretendida remisión; no obstante, el trámite de devolución al Juzgado de origen se tiene que realizar con la debida celeridad y dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; en consecuencia, la Vocal ahora accionada al ser la responsable del funcionamiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y al encontrarse fuera del plazo establecido por la jurisprudencia constitucional le recaería la responsabilidad en cuanto a la dilación indebida en la no devolución oportuna del Auto de Vista que data del 27 de diciembre de 2022, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad -6 de enero de 2023-, sin dejar de lado que se encuentra con detención preventiva; es decir, privado de su libertad, y conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se encuentre involucrado el derecho de la libertad física la tramitación debe realizarse con la mayor celeridad dentro de los plazos razonables; por lo que se vulneraron los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, relacionado al principio de celeridad del accionante; debido a lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al acceso a la justicia, con relación al principio de celeridad de Alberto Chávez Aliaga, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remita de manera inmediata el Auto de Vista de 27 de diciembre de 2022 y sus antecedentes, al Juzgado de origen, salvo que la misma ya hubiese ocurrido por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0627_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4299eec78cef5dc2f156d520dabb4e2e5258092eea43010b147a81bcecb21d38
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