Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado con la libertad; alegando que, dentro del proceso penal instaurado en su contra y de otros, por la supuesta comisión de los delitos de asesinato, asociación delictuosa y robo agravado en grado de tentativa se dictó la Sentencia 41/2021 de 3 de diciembre, imponiéndole la pena de treinta años sin derecho a indulto. Causa penal en la que: a) Varias actas de juicio oral carecerían de firma del Secretario que ejerció funciones en suplencia legal, a más de faltar actas en el cuaderno procesal, siendo otras, modificadas antes de subirlas al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), aspectos que habrían sido reclamados mediante recurso de explicación y complementación, invocando transgresión del derecho al debido proceso; sin embargo, no recibió una respuesta favorable, dejándolo en indefensión; y, b) No se remitió del recurso de apelación restringida que formuló contra la indicada Sentencia, dentro del plazo de tres días regulado en el art. 409 del CPP, impidiendo la consideración de su situación jurídica por un Tribunal superior, pidiendo la tutela de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 94 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0627/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47154-2022-95-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 034/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 94 a 97, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Judith Scarlet Alvarez Mercado en representación sin mandato de Luis Alfredo Salinas Novoa contra José Freddy Fujimoto Limpias, Juez; y, Yulmi Peredo Lafuente, Secretaria, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni.
Por memorial presentado el 13 de abril de 2022, cursante de fs. 10 a 13, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, asociación delictuosa y robo agravado en grado de tentativa; mediante Sentencia 41/2021 de 3 de diciembre, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, lo condenó imponiéndole una pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto; decisión que le fue notificada después de un mes de emitida careciendo de la firma del Secretario en suplencia legal “…y de la revisión del cuaderno de juicio de las actas…” (sic), aspectos que fueron objeto de reclamo el 19 de enero de 2022, a través del “recurso” de explicación y complementación, que fue resuelto por dicho Tribunal mediante Auto -no indica fecha- que también fue diligenciado sin la signatura del citado Secretario, por el que no se reparó ni enmendó lo requerido, correspondiendo disponer el cumplimiento exacto del art. 371 del Código de Procedimiento Penal (CPP); dicho actuar lo dejó en estado de indefensión; empezando a correr desde el momento de su notificación con el Auto complementario de sentencia el 21 del indicado mes y año, el plazo de quince días para la interposición del recurso de apelación restringida, que debió ser remitido sin mayor demora y de forma inmediata. Resaltó que, no se encuentran completas las actas tanto de juicio como de la lectura de la Sentencia 41/2021, incurriendo en falta de concesión de medios suficientes para la defensa en juicio; por lo que solicitó la tutela que otorga la acción de libertad por procesamiento indebido, considerando además que a la fecha de su interposición, no se habría dado observancia al art. 409 del CPP, que establece el plazo de tres días para remitir los antecedentes de la alzada al Tribunal superior respectivo, dependiendo de dicho medio de impugnación la definición de su situación jurídica; asimismo, pidió se deje sin efecto el injusto fallo condenatorio y recupere su libertad, existiendo no solo disposiciones legales vulneradas y erróneamente aplicadas, sino también defectos absolutos insubsanables en la tramitación del juicio oral y en la emisión de la mencionada Sentencia; debiendo considerarse además, que las actas de juicio que le fueron proporcionadas a objeto de su defensa, “…están siendo modificadas sin subir las mismas al sistema SIREJ” (sic); prueba de ello sería que el 3 de diciembre de 2021, no fue remitido el fallo mediante sistema al Juez de Ejecución Penal, como tampoco se lo hizo hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar.
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso vinculado con la libertad, citando al efecto los arts. 13.I, 23, 115.I, 178, 179 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, exhiba en el día las actas de juicio oral “(AL NO PODER EFECTUAR EL SECRETARIO S/L Y DESCONOCE LA OFICINA GESTORA DE PROCESOS)” (sic); remitiendo en el día la apelación restringida al Tribunal de alzada pertinente.
Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 93 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, la acción de libertad fue presentada en su modalidad traslativa o de pronto despacho que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, lo que se habría cumplido ante la demora de remisión del recurso de apelación restringida que planteó el 11 de febrero de 2022, a horas 15: 22, contra la Sentencia 41/2021. Por otra parte, pidió que se exhiban todas las actas de juicio oral, al haberse cumplido aquello solo en “…una mínima cantidad…” (sic), advirtiendo que recién se estaría intentando subsanar dichos errores. En ese orden, impetró conceder tutela, determinando se muestren todas las actas pendientes; la no modificación de aquellas que ya fueron notificadas y la remisión inmediata de la alzada al Tribunal Departamental de Justicia de Beni; llamando la atención a las autoridades a cargo del proceso por el incumplimiento de deberes en el que incurrieron, enviando el proceso a auditoría “…para ver los informalismos que existen dentro del mismo…” (sic).
José Freddy Fujimoto Limpias, Juez; y, Yulmi Peredo Lafuente, Secretaria, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, mediante informe escrito de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 69 a 73, y -el primero nombrado- en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) El impetrante de tutela pretende que vía acción de libertad se revise el contenido de un recurso de apelación restringida interpuesto contra la Sentencia 41/2021, y se lo deje en libertad; siendo esa una atribución exclusiva de la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; b) En relación a que se disponga la remisión inmediata de la alzada al Tribunal superior, aquello tampoco es posible debido a que la causa penal seguida en su contra se encuentra bajo control jurisdiccional conforme al art. 44 in fine del CPP; actuando además en pleno desconocimiento de los plazos regulados en los arts. 408 y 409 del referido Código, considerando que las partes tienen quince días para plantear su alzada y la parte contraria, diez para responder, y en caso de existir adhesión cinco días para contestar; existiendo en el caso además complejidad en la causa por el número de implicados en el asesinato por el que fue condenado; c) El 28 de marzo de 2022, la sentenciada Jessica Murguía Lozano, a través de buzón judicial formuló apelación restringida, presentando de forma física dicho medio de impugnación el 29 de ese mes y año; respondiendo, al respecto, el representante del Ministerio Público el 13 de abril del mismo año, sin que la víctima hubiera contestado, quien aún se encuentra dentro de término según el art. 409 del CPP, estando los plazos vigentes hasta el 18 del mes y año referido; d) El demandante de tutela “mal utiliza” la jurisdicción constitucional, creando una carga laboral innecesaria a la Sala Constitucional, supliendo así su negligencia de no acudir al Tribunal de Sentencia Penal señalado a revisar el cuaderno procesal y contabilizar los plazos, actuando con deslealtad a las partes; e) Conforme a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, no es factible elevar a la Sala Penal el recurso de apelación restringida formulado por el peticionante de tutela existiendo términos por cumplirse; además, no se agotaron los medios de defensa instituidos en el marco de la normativa vigente en la vía ordinaria; y, f) La acción de libertad es viable ante denuncias de vulneración del debido proceso cuando se halla vinculada directamente con la restricción o supresión del derecho a la libertad y existe absoluto estado de indefensión, lo que no se presenta en el caso. Yulmi Peredo Lafuente, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, por su parte, presentó informe escrito de 13 de abril de 2022, cursante de fs. 76 a 78, a través del que impetró se deniegue la tutela, conforme a los siguientes argumentos: 1) Se encuentra cumpliendo funciones en el Tribunal antes indicado, desde el 14 de febrero de ese año, no habiendo participado en el juicio oral dentro del caso signado con el número 802102022100060; 2) Al asumir funciones efectuó una revisión de todos los cuadernos procesales cursantes en el Despacho; advirtiendo de la verificación del proceso penal seguido contra el demandante de tutela que, los imputados fueron notificados con la Sentencia condenatoria, planteando apelación restringida; sin embargo, al no constar la notificación a la imputada Jessica Murguía Lozano, procedió a efectuar el exhorto suplicatorio respectivo a fin que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del indicado departamento, notifique a la acusada considerando que la misma guardaba detención preventiva en la Carceleta Pública “Las Palmas” de dicha ciudad, siendo notificada el 7 de marzo de igual año, teniendo el plazo de quince días para formular apelación, lo que fue materializado el 28 de ese mes y año, mediante buzón judicial, y el 29 de igual mes y año, de forma escrita; no habiendo respondido aún el Ministerio Público ni la víctima, encontrándose dentro de plazo; siendo ese el motivo por el que aún no se envió el citado recurso al Tribunal superior; 3) No incurrió en momento alguno en actos que restrinjan el derecho a la libertad del peticionante de tutela, ni tampoco que transgredan el debido proceso; y, 4) Si bien la acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede por dilaciones que afectan el principio de celeridad en vinculación con el derecho a la libertad, no incidió en demora alguna, actuando más bien de forma célere y responsable desde que inició sus labores en el desempeño de su cargo, poniendo en orden todas las causas del Despacho; asimismo, el accionante no consignó de qué forma su persona habría vulnerado los derechos fundamentales invocados en la demanda tutelar.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 034/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 94 a 97, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela reclama la transgresión del principio de publicidad al no contar con todas las actas de juicio oral, cuya pretensión no es que se ingrese a conocer errores o defectos de la Sentencia emitida, sino que se aplique la acción de libertad de pronto despacho en la administración de justicia, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existan dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; y, ii) Sin embargo de lo antes mencionado y que se tendría que dar prontitud a la remisión del recurso de apelación restringida cursada por el solicitante de tutela; se advierte que, el 4 de marzo de 2022, las autoridades judiciales hoy demandadas mediante orden instruida enviada al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del citado departamento, dispusieron la notificación de la acusada Jessica Murguía Lozano con la Sentencia 41/2021, constando diligencia al respecto de 7 de ese mes y año; habiendo apelado la mencionada el 29 del mismo mes y año, fue respondida por el Ministerio Público el 13 de abril del año señalado; tornando inaplicable lo regulado en la SC 0234/2011-R de 16 de marzo, encontrándose la alzada dentro del término de ley para su revisión.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Luis Alfredo Salinas Novoa
-hoy accionante- y de otros, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, asociación delictuosa y robo agravado en grado de tentativa; el impetrante de tutela planteó recurso de apelación restringida el 11 de febrero de 2022 contra la Sentencia 41/2021 de 3 de diciembre, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni, por la cual fue condenado, imponiéndole una pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto; pidiendo sea dejado sin efecto, además de su Auto complementario de 20 de enero de 2022 (fs. 26 a 45); constando respuesta del representante del Ministerio Público, Marcelino Josué Alvarado Vargas, Fiscal de Materia, el 11 de marzo de similar año (fs. 2 a 8). II.2. Mediante nota de 4 de marzo de 2022, José Freddy Fujimoto Limpias, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Sentencia Penal de Riberalta del departamento de Beni -ahora demandado-, remitió al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del citado departamento, copias legalizadas inherentes a la causa penal, a objeto de la notificación de la acusada Jessica Murguía Lozano, recluida en la Carceleta Pública “Las Palmas” ubicada en la calle Oruro de esa ciudad (fs. 80). Constando la notificación de la mencionada el 7 del mes y año precitados (fs. 81 a 83). II.3. Por proveído de 15 de marzo de 2022, el Juez hoy demandado, tuvo presente la contestación a la apelación restringida formulada por el peticionante de tutela; consignando que: “…de la revisión de antecedentes procesales se tiene que el tiempo para que la coacusada JESSICA MURGUIA LOZANO efectué su apelación se encuentra vigente, motivo por el que se ordena a secretaria de este tribunal pase a despacho el expediente una vez cumplido dicho plazo” (sic -las negrillas y el subrayado son nuestros- [fs. 25]). II.4. El 28 de marzo de 2022, Jessica Murguía Lozano planteó recurso de apelación contra la Sentencia 41/2021, presentándolo mediante buzón judicial, y de forma física el 29 del citado mes de 2022 (fs. 84 a 85). Medio de impugnación respondido por el representante del Ministerio Público, Marcelino Josué Alvarado Vargas, Fiscal de Materia, el 13 de abril del mismo año (fs. 89). II.5. La presente acción de libertad fue interpuesta el 13 de abril de 2022, en la misma se consigna que el demandante de tutela se encontraría “…detenido preventivamente en el RECINTO PENITENCIARIO DE RIBERALTA…” (sic -las negrillas corresponden al texto original-[fs. 10 a 13]).
El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado con la libertad; alegando que, dentro del proceso penal instaurado en su contra y de otros, por la supuesta comisión de los delitos de asesinato, asociación delictuosa y robo agravado en grado de tentativa se dictó la Sentencia 41/2021 de 3 de diciembre, imponiéndole la pena de treinta años sin derecho a indulto. Causa penal en la que: a) Varias actas de juicio oral carecerían de firma del Secretario que ejerció funciones en suplencia legal, a más de faltar actas en el cuaderno procesal, siendo otras, modificadas antes de subirlas al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), aspectos que habrían sido reclamados mediante recurso de explicación y complementación, invocando transgresión del derecho al debido proceso; sin embargo, no recibió una respuesta favorable, dejándolo en indefensión; y, b) No se remitió del recurso de apelación restringida que formuló contra la indicada Sentencia, dentro del plazo de tres días regulado en el art. 409 del CPP, impidiendo la consideración de su situación jurídica por un Tribunal superior, pidiendo la tutela de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SC 024/2001-R de 16 de enero, referente a la acción de libertad, antes denominada recurso de hábeas corpus y al debido proceso, estableció que: “…la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”. Por su parte, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar (…) la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad…”. Estos entendimientos fueron recogidos y sistematizados a través de la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que indicó: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2005-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o a la privación de la libertad” (las negrillas nos pertenecen). Posteriormente, la referida línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, que estableció que: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts.
115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (…), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese sentido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone”. No obstante, esta línea fue reconducida a través de la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, con los siguientes argumentos: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes, tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad; y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello, en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aún considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar, por ende que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto.
Lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, es aplicable a la problemática de exégesis, en la que el accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso vinculado con la libertad; conforme a los hechos fácticos debidamente precisados en el apartado correspondiente, ceñidos en lo esencial a que, en el proceso penal seguido en su contra y de otros, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, asociación delictuosa y robo agravado en grado de tentativa, se emitió la Sentencia 41/2021 de 3 de diciembre, imponiéndole la pena de treinta años sin derecho a indulto. Causa penal en la que: 1) Se lesionó el derecho al debido proceso, ante la existencia de actas de juicio oral sin la firma del Secretario que ejerció funciones en suplencia legal, además de faltar actas en el cuaderno procesal, siendo otras, cambiadas antes de ser subidas al SIREJ; lo que habría cuestionado a través de recurso de explicación y complementación; sin recibir una respuesta favorable, dejándolo en indefensión; y, 2) Sería viable la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por cuanto, no se cumplió el plazo de tres días regulado en el art. 409 del CPP, a objeto de la remisión del recurso de apelación restringida que formuló contra la mencionada Sentencia, imposibilitando la consideración de su situación jurídica por un Tribunal superior. En ese marco, se advierte que, en la causa penal de la cual emerge esta acción de libertad, se emitió la Sentencia 41/2021, condenando al demandante de tutela a la pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto; decisión contra la que, el 11 de febrero de 2022, el precitado formuló recurso de apelación restringida; constando respuesta del Ministerio Público de 11 de marzo de igual año (Conclusión II.1.). En forma posterior, se evidencia la notificación de la coacusada Jessica Murguía Lozano con la Sentencia precitada, el 7 del señalado mes y año (Conclusión II.2). Es así que, mediante proveído de 15 de ese mes y año, el Juez ahora demandado, tuvo presente la contestación a la apelación restringida que planteó el peticionante de tutela, señalando, sin embargo que, al estar vigente el plazo para que la coacusada interpusiere alzada, se ordenaba a Secretaría del Tribunal, pasar a Despacho el expediente una vez cumplido el referido plazo (Conclusión II.3). Constando, por último que, el 28 del mencionado mes y año, la nombrada coacusada planteó recurso de apelación restringida por buzón judicial, y de forma física el 29 de similar mes y año; el cual fue respondido por el representante del Ministerio Público el 13 de abril del indicado año (Conclusión II.4). Ahora bien, habiéndose identificado que en la presente acción de libertad, se denunciaron dos problemáticas, corresponde resolver cada una de ellas de forma individual. En ese sentido, en relación a la supuesta vulneración del debido proceso, respecto a la que, el accionante cuestiona la falta de actas de juicio oral, que carecerían de firma del entonces Secretario hoy demandado, que cumplía funciones en suplencia legal, y otras estarían siendo modificadas antes de cargarlas al SIREJ; este Tribunal se ve imposibilitado de efectuar estudio alguno en relación a dicha temática; por cuanto, a objeto de considerar mediante la presente acción de defensa posibles lesiones al debido proceso, conforme al desarrollo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se exige la existencia de una relación directa de las mismas con la restricción o supresión del derecho a la libertad y la demostración de un estado de indefensión; cuestiones que no concurren en el asunto de examen, en el que, la privación de libertad que cumple el impetrante de tutela responde a un Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva dentro del proceso (afirmación realizada por el propio peticionante de tutela en su acción de defensa y en los actuados procesales que adjuntó a la misma (Conclusión II.5); no constando tampoco un absoluto estado de indefensión, siendo que al contrario, se demuestra más bien que el accionante tenía conocimiento en todo momento de la causa penal seguida en su contra; razón por la que, precisamente, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 41/2021, expedida en su contra. Así, en cuanto a que sería viable la tutela que otorga la acción de libertad o de pronto despacho, corresponde destacar que, de los actuados procesales antes descritos consignados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se comprueba que, si bien el peticionante de tutela el 11 de febrero de 2022, formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia 41/2021, constando respuesta del Ministerio Público sobre el mismo, el 11 de marzo de ese año; la coacusada planteó su alzada recién el 28 del mes y año precitados, siendo respondida a su vez por el Ministerio Público, el 13 de abril de ese año. En ese marco, al existir varios acusados en la causa penal, el Juez hoy demandado, emitió precisamente el proveído de 15 de marzo de 2022, estableciendo que, el plazo para la tramitación de la apelación de la coacusada Jessica Murguía Lozano seguía vigente; en cuyo mérito, dispuso que la Secretaria pase a despacho el expediente una vez cumplido el plazo respectivo. Cuestiones que denotan que, no existió dilación indebida alguna en la remisión del recurso de apelación restringida ante el Tribunal superior, que conlleve la procedencia de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, existiendo en el caso varios acusados; debiendo remitirse los recursos de alzada en forma conjunta para su resolución por el Tribunal superior correspondiente. Al respecto, se tiene que, el art. 408 del CPP, prevé que: “El recurso de apelación restringida será interpuesto por escrito, en el plazo de quince días de notificada la sentencia. Se citarán concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la aplicación que se pretende. Deberá indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente, no podrá invocarse otra violación. El recurrente deberá manifestar si fundamentará oralmente su recurso”; agregando el art. 409 del Código adjetivo penal que: “Interpuesto el recurso se pondrá en conocimiento de las otras partes, para que dentro del término de diez días lo contesten fundamentalmente. Si se ha producido una adhesión, se emplazará a contestarla dentro de los cinco días. Vencidos los plazos con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de tres días ante el tribunal de alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de diez días a contar desde la remisión” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Normativa que denota que, las partes tienen el plazo de diez días para responder a un recurso de apelación interpuesto dentro de una causa penal; data desde la que recién se computa el término de tres días para la remisión de actuados al tribunal de alzada; plazo que, ante la respuesta del Ministerio Público el 13 de abril de 2022 (Conclusión II.4), seguía vigente al momento de la interposición de la acción de libertad en la misma fecha (Conclusión II.5). En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 94 a 97, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0627_2023-S2_id64219.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0ecb19d78a48faeb8f9468fe4cf1191d32875af94a4e7504425fcb89f680016d
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