B.IA.LEGAL

SCP 0625/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47115-2022-95-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante no especificó los derechos que le fueron lesionados; sin embargo, de manera genérica señaló: “…de este modo se han vulnerado los derechos resguardados por los arts. 13, 15, 18, 35, 60, 115-I de la CPE…”; toda vez que, habiendo solicitado cesación de su detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares el 22 de febrero de 2022, hasta la interposición de la presente acción de libertad -2 de marzo de 2022-, la ex Secretaria y el actual Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no pusieron a conocimiento del Juez de dicho despacho judicial, la solicitud precitada a efectos de resolver su requerimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni,; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0625/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47115-2022-95-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 06/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Edgar Mamani Pillco contra Dyna Marilú Ojeda Conde, ex Secretaria en suplencia legal del similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz y Eduardo Aramayo Maguiña, actual Secretario en suplencia legal de su similar del Juzgado precitado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2022, cursante a fs. 1; y, 3 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal signado como Caso 301/2018 -no indica fecha-seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cuyo control jurisdiccional se encuentra a cargo del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; señalando que se encuentra restringido su derecho a la libertad y con afecciones de salud, motivo por el cual en dos ocasiones solicitó cesación de la detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares, además de oficios para averiguar su estado de salud, uno de ellos un permiso de permanencia en Riberalta y que fuera firmado por “…INES CALLEJAS QUINTANA, lamentablemente fallecida ha sido suprimido del expediente o al menos el acceso al mismo NO ES PERMITIDO POR DICHA FUNCIONARIA QUE ACTUA CON DEMASIADO CELO Y VIOLENTA el acceso al expediente” (sic). La primera petición fue realizada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y Circular 06/2020 de 6 abril, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; la audiencia fue celebrada el 17 de abril de 2020 ocasión en la que no se consideró que por afecciones de salud comprobadas se encontraba en Riberalta con el objetivo de acceder a tratamientos médicos; sin embargo “…FUE CONSIDERADA MI SITUACION EN RAZON A MI PERMANECIA EN RIBERALTA…” (sic). Posteriormente, el 23 de febrero de 2022 solicitó nuevamente la cesación de su detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares que le permitan permanecer en Riberalta para atender su salud; toda vez que, en Caranavi no se cuenta con los servicios médicos de la especialidad que necesita, pero además de ello, durante la pandemia por COVID-19 su situación económica y social cambió ya que trabajó desde su domicilio en Riberalta y además de ello, ahora está a cargo de sus hijos que sufrieron maltrato psicológico y físico por parte de su progenitora. Alegó también que el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, tiene la posición de garante para que se materialice sus derechos a la salud y a la vida y “…POR CONEXIÓN DE DOS MENORES DE EDAD QUE SON MIS HIJOS QUIENES DESEAN QUEDARSE A MI LADO…” (sic). Por otra parte, refirió que está con tratamiento psiquiátrico por vía telemática y presencial en Riberalta y que “lamentablemente” la ex Secretaria del Juzgado precitado no pasó a despacho los memoriales y desde el 23 de febrero de 2022 hasta el 2 de marzo de igual año no se instaló la audiencia a pesar que en la fecha quiso entregar documentación original subida al buzón y Eduardo Aramayo Maguiña, actual Secretario no se lo permitió.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante no especificó los derechos que le fueron lesionados; sin embargo, de manera genérica señaló: “…de este modo se han vulnerado los derechos resguardados por los arts. 13, 15, 18, 35, 60, 115-I de la CPE…” (sic).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: “…SE CONCEDA LA TUTELA EN LA MODALIDAD DE PRONTO DESPACHO ORDENANDO PONER DE INMEDIATO A CONOCIMIENTO DEL JUEZ TITULAR EL MEMORIAL DE MODIFICACION DE LA DETENCION DOMICILIARIA Y SE GARANTICE MI PERMANENCIA EN RIBERALTA ASI COMO LA PRODUCCION DE INFORMES PSICOLOGICO Y MEDICO que es de urgencia porque me hallo en custodia de dos menores que deben estudiar en Riberalta” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de marzo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 39 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y ampliándolo alegó lo siguiente: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la línea referida a qué servidores públicos de apoyo jurisdiccional pueden ser demandados a través de acciones tutelares, más aun “…cuando afectan el derecho a la vida, salud a la libertad o procesamientos débitos es así que hoy accionamos contra 2 funcionarios…” (sic); b) Presentó la acción de defensa en el municipio Riberalta del departamento de Beni, ya que desde la gestión 2019 tiene la necesidad de permanecer en dicha ciudad, ya que su salud se vio afectada debido a una golpiza que recibió de su ex pareja y entorno familiar de ella; c) Presentó un informe médico de 22 de octubre de 2020, emitido por Adela Limachi Apaza, en el que referiría que el paciente “…debe con controles psiquiatría en esta conducta correspondiente de acuerdo al criterio de la personalidad de psiquiatría en el hospital de Riberalta ya que Caranavi no cuenta con especiales…” (sic); aclaró que, se debe tomar en cuenta que “…un hospital transfiere de gravedad a otro y otro Centro Médico que esté con formulario de referencia y para que esta persona pueda retornar a su lugar de origen o a otro hospital necesita un formulario de contra referencia…” (sic); luego, continuó explicando respecto del tratamiento que está recibiendo, circunstancia que conoce el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz ya que existen más de quince informes médicos y tres acciones de libertad concedidas contra los Jueces del precitado Juzgado, con el propósito de garantizar los derechos a la salud y a la vida; d) “la ex juez es doctora Ines Callejas Quintana” (sic), emitió “…un auto por el cual permite la permanencia qué está detenido en Caranavi con domiciliario para que permanezca en Riberalta por ese laxo que dura toda la cuarentena toda la emergencia de covid-19 que hasta el día de hoy no ha pasado ese auto debería estar totalmente en el juzgado y exhibido ante Su autoridad…” (sic); e) La petición puede ser enviada al buzón judicial y si bien es cierto que en Caranavi no existe la interoperabilidad, se debe considerar la vigencia de la SCP 0752/2020-S4 de 24 de noviembre, que obliga a los secretarios y oficiales de diligencias recibir los memoriales autenticados vía WhatsApp; f) Lamentablemente Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, se encontraba con baja médica; sin embargo, el Tribunal mencionado está conformado por tres jueces, quienes tienen competencia para actuar como Jueces de Sentencia Unipersonales, de ahí que ante la baja médica del precitado, podía efectuarse la suplencia legal del mismo; g) De acuerdo al informe psicológico se conoce que la última cita que tuvo con el profesional del área fue el 2 de mayo de 2022, ocasión en la que no tenía síntomas depresivos, ya que se encontraba “en parámetros recetables”, pero sugería el seguimiento por la especialidad para un manejo adecuado y evitar recaídas; por lo que, no recomienda la posición de suceso pasado o factores espesores de alto riesgo como retornar a Caranavi; por tanto la recomendó fue clara, que continúe con los tratamientos psicológico y psiquiátrico en Riberalta; y, h) Por otro lado se tiene el informe médico del hospital de Caranavi en el que señala que en dicho nosocomio no se podría garantizar el acceso a la salud, por cuanto no existe la especialidad requerida.

I.2.2. Informe de los demandados

Dyan Marilu Ojeda Conde, ex Oficial de Diligencias y Secretaria Habilitada del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, a través de su informe escrito, cursante a fs. 21 y vta.; hizo conocer lo siguiente: 1) Mientras fungió como funcionaria del Juzgado precitado, brindó acceso a las partes, abogados, procuradores tal como señala el Instructivo 01/2022 -no indica fecha- emitido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; es decir, en ningún momento se negó el acceso; incluso, se permitió que la procuradora haga el seguimiento a los procesos en la localidad de Caranavi; 2) Impetró que se aclare el año expresado en la demanda ya que el mismo refirió que desde el 23 de febrero de 2022 no se hubiese remitido a despacho; sin embargo, “…dicho año el libro diaria se encuentra cargado todos los memoriales, se puede establecer que ya habrían transcurrido mas de un año ya que ahora a la fecha nos encontramos en fecha 03 de marzo de 2022 y es de manera extraña lo señalado por el ahora accionante” (sic); 3) Aclaró que el 23 de febrero de 2022 se encontraba en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, realizando seguimiento y notificándose con su renuncia, motivo por el cual, ya no estuvo ejerciendo funciones como Oficial de Diligencias y Secretaria Habilitada en el Tribunal mencionado; consecuentemente, no tiene ninguna responsabilidad respecto a cualquier memorial presentado por Edgar Mamani Pillco; es decir, en relación a su persona no existe legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de defensa; y, 4) La documentación que entrego, consistió en el decreto que aceptó su renuncia, mismo que fue dado de alta para que ya no cumpla funciones en el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.

Eduardo Aramayo Maguiña, Secretario en suplencia del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, presentó informe escrito -no consta sello de recepción-, cursante de fs. 23 a 24, mediante el cual impetró la denegatoria de tutela, con base en los siguientes argumentos: i) Describió parte de los actuados procesales que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional; ii) Existe un memorial en formato digital de 23 de febrero de 2022 a través del cual solicitó cesación de la detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares; lo que mereció el decreto: “‘A LO PRINCIPAL.- PREVIO A SU CONDIERACION EL IMPETRANTE CUMPLA CON LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES CONFORME ADVIERTE LA CERTIFICACION DE ENVIO A TRAVES DE BUSON JUDICIAL NO. 190937, CONSIDERANDO QUE ESTA INSTANCIA NO CUENTA CON EL SISTEMA INFORMATICO DE BUSON JUDICIAL Y CARECE DE LA INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS” (sic); iii) Cursa otro memorial, sin foliación, en el que adjuntó originales y copias legalizadas, con cargo de recepción 3 de marzo de 2022 a horas 08:30, recibido por auxiliatura, mismo que se encuentra para su decreto; y, iv) Además hizo conocer al Juez de garantías que Javier Ruben Cahuasa Torrez, Juez del precitado Tribunal se encuentra con baja médica y se ha constituido a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz de emergencia. En audiencia de consideración de acción de libertad, se ratificó en el informe presentado y aclaró que mediante memorándum de “fecha 23” -no especificó el mes y año- fue asignado en suplencia, ya que cumple sus funciones como titular en el Juzgado Publico Civil, Comercial y Familia de Caranavi del departamento de La Paz; el “23” por la tarde se le entregó un memorándum en digital y el “24” recién ingresó, ello en la gestión 2022. Por otra parte, respecto a la solicitud de aclaración solicitada por el Juez de garantías, respecto a que si había llegado de manera física la prueba que supuestamente había sido observada; o algún memorial de 23 de febrero de 2022 manifestado por el accionante; informó que en obrados cursa lo enviado por medio digital; esas serían las últimas piezas, que no están foliadas, estando para providencia ya que ingresaron la “anterior semana”, incluso se tiene el “…sello de cargo de que hago mención y está en el decreto del señor juez y están en fecha 3 de marzo 2022 solo mismo documentos que ha presentado en la anterior audiencia y observado el juez pidiendo se presente e originales…” (sic), ya que el único documento en original sería el documento notarial y lo demás estaría en fotocopia legalizada; reiteró que ya pasó a despacho pero el Juez estaría con baja médica.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Bertha Marina Castedo Hinojosa Directora de Asuntos Judiciales de Riberalta del departamento de Beni, en audiencia informó que: a) Debido al mal clima, no pudo hacer llegar en físico los informes; sin embargo, vía “integró” envió al Secretario, aclarando que también fue registrado anteriormente en acciones de libertad, motivo por el cual envió a través de ese medio; y, b) Se verificó que los hijos -menores- del accionante se encuentran en Riberalta; así mismo, que de la valoración psicológica se puede evidenciar que expresaron su voluntad de quedarse con su padre.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 42 a 44, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la prueba presentada por la demandada Dyna Marilú Ojeda Conde, ex Oficial de Diligencias y Secretaria habilitada del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, se pudo establecer que la misma desde el 23 de febrero de 2022, dejó de trabajar en el cargo que ostentaba; aspecto que fue corroborado por el proveído suscrito por Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; consecuentemente, dicha funcionaria no tuvo responsabilidad alguna en el ingreso, recepción y posterior tramitación del memorial referido por el accionante, máxime si el mismo data de 23 de igual mes y año; 2) Eduardo Aramayo Maguiña, actual Secretario en suplencia legal del similar del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, presentó descargos con relación al memorial de 23 de ese mes y año, el mismo que tiene proveído de la misma data, emitido por Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez, del Tribunal mencionado, que dispuso: “A lo principal.- Previo a su consideración el impetrante cumpla con la presentación de los documentos originales conforme advierte la certificación de envió a través de buzón judicial N° 190937, considerando que esta instancia no cuenta con el sistema informático de buzón judicial y carece de interoperabilidad de sistemas” (sic). De modo tal, que independientemente de que el decreto no haya sido favorable para el accionante, se estableció que el memorial de solicitud de cesación de la detención domiciliaria, fue respondido dentro del plazo previsto en la norma o cuando menos dentro las veinticuatro horas; por otra parte, respecto a que “el día de hoy” -3 de marzo de 2022- se hubiese presentado un memorial adjuntando la documentación extrañada; del informe brindado por el demandado se tiene que cursa en obrados el memorial respectivo, con el cargo de recepción de 3 de marzo de 2022, a horas 08:30 habiendo sido recibido por la “Auxiliar”, y se tiene para el respectivo decreto; es decir, que se encontraría dentro el plazo para la providencia del Juez, máxime, considerando que también fue informado que el Juez que ejerce la suplencia legal del Tribunal precitado, se encuentra con baja médica; por lo que, no se estableció responsabilidad alguna del funcionario demandado; y, 3) Por otra parte, también debe tenerse presente que la omisión en el accionar de los funcionarios de apoyo jurisdiccional debe ser visiblemente negligente o dolosa en el cumplimiento de sus funciones con relación a las obligaciones que tienen conforme lo estatuido en el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se advierte un documento de 23 de febrero de 2022, por el que Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, aceptó la renuncia de Dyna Marilu Ojeda Conde, Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada- (fs. 22). II.2. Cursa copia del memorial de 22 de febrero de 2022, por el que Edgar Mamani Pillco -hoy accionante-, impetró al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, cesación a la detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares; así mismo, cursa el cargo de recepción en el que señala: “TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º, Y JUZGADO DE PARTIDO DE TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL Presentado en Fecha: 23-02-2022 Horas 08:30 Presentado por: Martha Nombre del Receptor: Neptali Adjunta: 3 fs. simples” (sic [fs. 32 a 33]). II.3. Del decreto de 23 de febrero de 2022, se conoce que Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, determinó lo siguiente: “A lo principal.- Previo a su consideración el impetrante cumpla con la presentación de los documentos originales conforme advierte la Certificación de envío a través de Buzón Judicial Nº 190937, considerando que esta instancia no cuenta con el sistema informático de Buzón Judicial y carece de interoperabilidad de sistemas” (sic [fs. 34]). II.4. Se tiene copia del memorial con cargo de recepción de 3 de marzo de 2022, presentado por el accionante, por el que se dirigió al Juez Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz e impetró cesación a su detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares; así mismo se advierte un sello referido a la recepción del mismo que indica: “TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º, Y JUZGADO DE PARTIDO DE TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL Presentado en Fecha: 03-03-2022 (se advierte sobre escrituras) Horas 08:30 Presentado por: Martha Argote Nombre del Receptor: Neptali Adjunta: 5 fs. Original (se aprecian sobre escrituras) – Se hace conocer que día 02-03-22 trae el original de Memorial presentado en fecha 23-02-2022” (sic [fs. 35 a 36]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante no especificó los derechos que le fueron lesionados; sin embargo, de manera genérica señaló: “…de este modo se han vulnerado los derechos resguardados por los arts. 13, 15, 18, 35, 60, 115-I de la CPE…”; toda vez que, habiendo solicitado cesación de su detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares el 22 de febrero de 2022, hasta la interposición de la presente acción de libertad -2 de marzo de 2022-, la ex Secretaria y el actual Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no pusieron a conocimiento del Juez de dicho despacho judicial, la solicitud precitada a efectos de resolver su requerimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso

Al respecto, la SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, realizó el siguiente desarrollo: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional. El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación. En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal. Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia. En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la CPE, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: ‘La justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales -entre las cuales se encuentran- (…) la garantía de la celeridad en los procesos judiciales (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida…´; en otras palabras, es ‘…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el «derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos»’. Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la SCP 0110/2012 de 27 de abril, manifestó: ‘En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva’. En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales

Al respecto, la SCP 0673/2013 de 3 de junio señaló que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, señaló: ‘De la interpretación del art. 18 de la CPE abrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»’, tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: ‘…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R) ...’. De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis y subrayado añadidos). En tal virtud se tiene que, toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato no especificó los derechos que le fueron lesionados; sin embargo, de manera genérica señaló: “…de este modo se han vulnerado los derechos resguardados por los arts. 13, 15, 18, 35, 60, 115-I de la CPE…”; toda vez que, habiendo solicitado cesación de la detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares el 22 de febrero de 2022, hasta la interposición de la presente acción de libertad -2 de marzo de 2022-, la ex secretaria y el actual Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no pusieron a conocimiento del Juez de dicho despacho judicial, a efectos de resolver la solicitud formulada. De acuerdo a los antecedentes aparejados al expediente remitido en revisión, se conoce que Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por documento de 23 de febrero de 2022, aceptó la renuncia de Dyna Marilu Ojeda Conde, Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz (Conclusión II.1). Por otra parte se tiene que el 23 de febrero de 2022, el accionante solicitó cesación a su detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares; requerimiento efectuado ante el Juez del Tribunal precitado; de la misma manera, se advierte el cargo de recepción en el que señala: “TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º, Y JUZGADO DE PARTIDO DE TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL Presentado en Fecha: 23-02-2022 Horas 08:30 Presentado por: Martha Nombre del Receptor: Neptali Adjunta: 3 fs. simples” (sic [Conclusión II.2]). Se advierte también que Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal señalado, el 23 de febrero de 2022, emitió un decreto determinando lo siguiente: “A lo principal.- Previo a su consideración el impetrante cumpla con la presentación de los documentos originales conforme advierte la Certificación de envío a través de Buzón Judicial Nº 190937, considerando que esta instancia no cuenta con el sistema informático de Buzón Judicial y carece de interoperabilidad de sistemas” (sic [Conclusión II.3]). Finalmente, se conoce que el ahora accionante mediante memorial de 23 de febrero de 2022, requirió al Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, Cesación a la detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares; motivo por el cual, cursa el cargo de recepción del mismo señalando lo siguiente: “TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 1º, Y JUZGADO DE PARTIDO DE TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL Presentado en Fecha: 03-03-2022 (se advierte sobre escrituras) Horas 08:30 Presentado por: Martha Argote Nombre del Receptor: Neptali Adjunta: 5 fs. Original (se aprecian sobre escrituras) – Se hace conocer que día 02-03-22 trae el original de Memorial presentado en fecha 23-02-2022” (Conclusión II.4). En ese orden de ideas, de conformidad al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de celeridad es un mecanismo que tiene como objeto que las etapas del proceso se concreten dentro de los plazos establecidos; en ese marco, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio procesal idóneo que opera en caso de existir dilación procesal indebida y esté vinculado con la libertad o con la situación jurídica de un privado de libertad, en particular, respecto a las actuaciones procesales que evitan resolver las mismas -Fundamento Jurídico III.2- de este fallo.

Ahora bien, conforme lo informado por el demandado Eduardo Aramayo Maguiña en la presente acción de libertad, se tiene que Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, el 23 de febrero de 2022, pronunció un decreto disponiendo que: “A lo principal.- Previo a su consideración el impetrante cumpla con la presentación de los documentos originales conforme advierte la Certificación de envío a través de Buzón Judicial Nº 190937, considerando que esta instancia no cuenta con el sistema informático de Buzón Judicial y carece de interoperabilidad de sistemas” (sic); lo que implica que ante la presentación del memorial referido en la Conclusión II.2, la autoridad jurisdiccional precitada, dentro del plazo previsto por ley se manifestó al respecto; por lo que, contrastando con lo expresado por el accionante en su memorial de demanda, si bien, no se programó la audiencia impetrada, fue porque la autoridad jurisdiccional dispuso lo transcrito líneas arriba; así mismo, se tiene una segunda copia del memorial de cesación a su detención domiciliaria y consiguiente modificación de medidas cautelares; sin embargo, el cargo de recepción de este segundo memorial entregado sobre escritura que aparentemente modifican los datos iniciales registrados en el primer memorial presentado; motivo por el cual se comprende que habiéndose decretado el primer memorial, la solicitud fue atendida oportunamente; consiguientemente, no se advierte vulneración alguna de derechos ni garantías constitucionales; por tanto, no es posible la concesión de tutela invocada por la accionante. Respecto a la demandada, se advirtió que por documento de 22 de febrero de 2022, su renuncia fue aceptada; por lo tanto, no tuvo participación en el hecho denunciado, por tanto se deniega la tutela con relación a ella. Consiguientemente, el Juez de garantías, al denegar la acción tutelar, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni,; en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0625_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7f6aad8ffa60d6ab3ad490bdb62f2868a74cd46426720afd5b5f63f46c5e4826

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →