Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de octubre de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida y la de sus dos hijos menores; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido contra Fredy Martin Daza Rocha, ante el deterioro de salud de sus hijos, el 22 de junio de 2022 presentó ante la jueza ahora demandada memorial de liquidación de asistencia familiar; sin embargo, desde la referida fecha, dicha petición no tuvo respuesta por casi un mes, pese a que se constituyó al juzgado día por medio, limitándose la auxiliar en señalar que seguía en despacho y que regrese al día siguiente de manera reiterada. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El derecho a la vida y las obligaciones del Estado; b) De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado; c) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 162/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 16 vta. a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa en mérito que el memorial de 22 de junio de 2022 ya mereció respuesta por parte de la autoridad judicial ahora demandada, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a la petición de notificación al obligado con la respuesta del memorial de 22 de junio de 2022, la remisión de antecedentes al Ministerio Público y, sobre la multa pecuniaria de Bs10 000.-(diez mil bolivianos), con base a los fundamentos jurídicos desarrollados. 3° Llamar la atención a Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la afectación del derecho a la vida de los menores beneficiarios de la asistencia familiar JFDA y CJDA ante la falta de respuesta oportuna al memorial de 22 de junio de 2022 emitida por Felipa Azurduy Flores.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2024-S1 Sucre, 7 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49692-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 162/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs.16 vta., a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Andrea Gregorio Choque y José Ramiro Torres Llanos en representación sin mandato de Felipa Azurduy Flores contra Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz.
A través de memorial presentado el 20 de julio de 2022, cursante de fs. 7 a 9, la accionante a través de sus representantes sin mandato expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Inició una demanda de asistencia familiar en contra de Freddy Martin Daza Rocha, padre de sus hijos, causa que recayó ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- donde el 5 de enero de 2018 se llevó la audiencia “preliminar” estableciéndose la asistencia familiar de Bs1 000.-(mil bolivianos), monto que solo quedó en papeles puesto que desde la precitada fecha no recibió ni un centavo. Ante el estado de salud y la necesidad de los recursos para los menores beneficiarios, presentó memorial de liquidación de asistencia familiar ante la autoridad ahora demandada el 22 de junio de 2022; sin embargo, transcurrió casi un mes sin tener respuesta, pese a que día por medio se constituyó al juzgado para conocer la respuesta, recibiendo como respuesta del personal auxiliar el “vuélvase mañana”, que sigue en Despacho por ser un Juzgado Público; por lo que, interpuso acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
La peticionante de tutela denunció la lesión del derecho a la vida y de sus hijos; citando al efecto los arts. 23 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: a) “En el término de 24 horas la juez accionada decrete mi memorial de fecha 22 de junio de 2022” (sic); b) “Una vez decretado dicho memorial de ordene al oficial de diligencia a practicar notificación al demandado” (sic); c) Se remita antecedentes al ministerio público por incumplimiento de deberes” (sic); y, d) “Una multa pecuniaria de 10 000bs” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 21 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido de la acción de libertad y en audiencia señaló que: “...habiendo presentado un memorial en fecha 22 de junio de 2022 y que hasta la presente fecha no se habría pronunciado y que ante esa liquidación no se tiene ninguna respuesta por parte de la autoridad accionada, la juez no ha providenciado dentro el plazo de ley, nos hemos apersonado al juzgado en reiteradas oportunidades para revisar el expediente…” (sic).
Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito, presentado el 21 de julio de 2022, cursante a fs. 15 y vta., señalo que: 1) El proceso se inició el 11 de julio de 2017 y fue admitido el 12 de igual mes y año, en la audiencia preliminar de 5 de enero de 2018, hubo conciliación entre las partes, misma que fue homologada por la Jueza de ese entonces Nuria Marietka Lino Hurtado, desde la precitada fecha el expediente no tuvo movimiento hasta mayo de 2022; 2) Por memorial de 16 de mayo de citado año, la accionante solicitó que se ponga a la vista el expediente el cual fue atendido mediante Decreto de 17 de igual mes y año disponiendo que informe la auxiliar; 3) En el informe de 6 de julio de 2022, emitido por la auxiliar refirió que el expediente fue ubicado en pre archivo; por lo que, decretó el 7 de igual mes y año; 4) El memorial de 22 de junio de 2022, ingresó a despacho con nota el 8 de julio de similar año, emitiéndose en consecuencia la providencia de 11 de mismo mes y año, no existiendo ninguna dilación; y, 5) No se vulneró ningún derecho constitucional; por lo que, bajo el principio de verdad material se deniegue la tutela dentro de la acción de libertad, al haber actuado en apego de las normas procesales.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Resolución 162/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs.16 vta., a 17 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) “…con relación a la procedencia de la acción de libertad de derecho y libertad física como así también con relación al pronto despacho tiene que existir indebidas persecuciones ilegales, apresamiento ilegal indebida y en ese entendido el de pronto despacho que de una u otra manera también vulnera el debido proceso” (sic); ii) Bajo el principio de verdad material de acuerdo al art. 180 de la CPE, art. 30.2 de la ley 025 se tiene que existe en la presente audiencia un respectivo informe emitido por la autoridad demandada; iii) “..de los actuados se tiene que el expediente referencia cursante de Fs.1 a Fs.47 se tiene que el mismo se habría iniciado dicha demanda de asistencia familiar en fecha 11 de julio de 2017 que posterior a ello que el mismo habría sido archivada conforme consta por el informe de la Auxiliar del Juzgado como así también se tendría que habría entrado también en vacaciones judiciales el 11 de enero hasta el 04 de febrero de 2021 y que posteriormente los demás memoriales habrían manifestado que no se habría encontrado el presente expediente conforme cursa en los diferentes memoriales de fecha 16 de mayo de 2022 como así también el 22 de junio de 2022 y es por ello que recién la providencia de dicho memorial es realizada en fecha 11 de julio de 2022 donde se tiene que la Juez hoy accionada decreta es la obligación de la parte impetrante presente su liquidación de forma detallada debiendo computarse de la fecha de citación del demandado con el auto de admisión hasta la fecha del mes vencido de la asistencia familiar que presente liquidar…” (sic); iv) El proveído se encuentra conforme al informe de la auxiliar del juzgado en el que señala que el expediente fue encontrado en pre archivo por inactividad procesal y fue puesto en Despacho el 8 de julio de 2022, es evidente que el proceso de asistencia familiar se encontraba sin movimiento; v) “Con relación a la presente acción de pronto despacho se tiene que uno de los prepuestos es que el mismo pueda estar en un estado de indefensión donde las partes hubiesen sufrido una restricción a ese acceso al mecanismo intra procesal para reclamar una referida dilación en virtud a que se hubiese planteado diferentes reclamos y que a este reclamo no se hubiera accionado los cuales que de los dos memoriales presentado no habría solicitado, habría hecho referencia algún reclamo la parte hoy accionante con relación a si estos hubieran sido providenciadas o si este se encontraría en pre archivo y más bien al contrario se tiene que activado la presente acción de libertad que en la presente audiencia se tiene que el expediente se encontraba en despacho cuya situación es ajena a la autoridad hoy accionada toda vez que la misma no se encontraba o el memorial no se encontraba en despacho para poder sido providenciado toda vez que el expediente se encontraba en pre archivo” (sic); y, iv) “…este Tribunal Décimo de Sentencia en lo Penal considera que con relación a la acción traslativa de pronto despacho no reúne los requisitos para poder ser atendida en este en este sentido toda vez que las acciones u omisiones que fueron dadas no son referentes a la autoridad accionante al contrario son por causas ajenas a la misma toda vez que el presente proceso no se encontraba en movimiento y se encontraba en pre archivo y los memoriales que se habría presentado no fueron acompañados del expediente original conforme consta a procedimiento” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta en fotocopia simple del Acta Preliminar de 5 de enero de 2018 dentro el proceso de asistencia familiar seguido por Felipa Azurduy Flores -ahora accionante- contra Freddy Martin Daza Rocha, donde se acordó en conciliación la suma de Bs1 000.-(mil bolivianos), a favor de los menores CJDA y JFDA, el cual fue homologado por la Jueza Nuria Marietka Lino Hurtado mediante auto de igual fecha (fs. 5 y vta.). II.2. Se tiene memorial presentado por Felipa Azurduy Flores dentro el proceso de asistencia familiar contra Freddy Martin Daza Rocha, el 22 de junio de 2022, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, bajo el tenor “PRESENTA LIQUIDACIÓN” (sic [fs. 6]).
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida y la de sus dos hijos menores; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido contra Fredy Martin Daza Rocha, ante el deterioro de salud de sus hijos, el 22 de junio de 2022 presentó ante la jueza ahora demandada memorial de liquidación de asistencia familiar; sin embargo, desde la referida fecha, dicha petición no tuvo respuesta por casi un mes, pese a que se constituyó al juzgado día por medio, limitándose la auxiliar en señalar que seguía en despacho y que regrese al día siguiente de manera reiterada. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El derecho a la vida y las obligaciones del Estado; b) De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado; c) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0333/2023-S1 de 28 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El derecho a la vida se constituye en un derecho fundamental esencial y troncal que le corresponde a todo ser humano; es un derecho necesario para poder concretizar los demás derechos. En esa misma dirección, el entonces Tribunal Constitucional a través de la SC 0687/2000-R de 14 de julio, sostuvo que, el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de toda persona, constituyéndose en la base para el ejercicio de los demás derechos. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala sostuvo que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. Es virtud a la importancia que representa el derecho a la vida, su contexto normativo no solo se enmarca en nuestra legislación interna sino contempla varios instrumentos internacionales; en ese sentido, es el art. 15.I de la Constitución Política del Estado (CPE) que determina expresamente que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…”. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su art. 3 establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida”; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 6.1 señala que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos a su turno consagra el derecho a la vida en su art. 4.1 estableciendo que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”. Ahora bien, refiriéndonos al contenido esencial mínimo del derecho a la vida, la SC 0172/2006-R de 16 de febrero, señaló que:
“…Este derecho comprende entre otros el derecho a la seguridad e integridad personal, la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda), que los ciudadanos pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto a sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones”.
Asimismo, la Sentencia Constitucional citada precedentemente sostuvo que el derecho a la vida comprende: i) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; ii) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, iii) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad. Comprendiendo que:
1) El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.). El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), 2) implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas”. Al respecto, la Corte IDH, estableciendo los alcances del derecho a la vida, en el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala sostuvo que:
“…el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna…” (negrillas adicionadas). Por otra parte, en cuanto a las obligaciones del Estado, Claros, Zambrana y Baya citando a Hector Faundez Ledesma señalaron que el derecho a la vida implica para el Estado dos obligaciones diferentes; el primero, la consecuencia obvia, que las autoridades del Estado y en particular los cuerpos policiales y militares deben abstenerse de ocasionar muertes arbitrarias; y, el segundo, es deber del Estado de proteger a las personas de actos de particulares que puedan atentar arbitrariamente en contra de su vida, sancionando los mismos en forma que pueda disuadir o prevenir tales atentados.
La jurisprudencia constitucional haciendo alusión a las obligaciones del Estado, sostuvo que el derecho a la vida implica dos tipos de obligaciones esenciales el de respetar y proteger, así la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, textualmente estableció:
“…el derecho a la vida: ‘Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos y debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
En relación a este punto, la Corte IDH refiriéndose a las obligaciones de los Estados, manifestó que la obligación de garantizar no solo involucra a los legisladores sino a toda institución estatal, las cuales deben crear las condiciones que se requieran para que no se produzcan transgresiones del derecho a la vida; así, en el Caso Ortiz Hernández y otros vs. Venezuela, de manera textual refirió que:
“101. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra el mismo. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas…” (las negrillas y el subrayado son añadidos).
En el mismo sentido, la Corte IDH, en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, sostuvo que:
“162. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” (negrillas añadidas). En esa línea, el indicado Tribunal internacional, en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, señaló que:
“153. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la Corte IDH señaló que además de las obligaciones generales (respetar y garantizar) se tienen deberes especiales que son determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre; en ese entendido, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, libertad personal e integridad personal de aquellas personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de un riesgo real e inmediato en contra de éstos y toda vez que existan posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.
En el Caso Yarce y otras Vs. Colombia, la Corte IDH señaló que, en conocimiento de una situación de riesgo especial, corresponde a las autoridades estatales identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas disponibles.
La misma Corte IDH manifestó que reviste especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de lesiones de derechos humanos son niñas y niños, pues al examinar circunstancias de agresión, la especial vulnerabilidad de los menores se hace más evidente en esos casos ya que los mismos no están preparados para adaptarse o responder a dicha situación y son quienes padecen excesos desmesurados.
4 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014 5 CorteIDH. Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. 193. La Corte ya ha dicho que corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una situación de riesgo especial, identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas disponibles. Respecto a defensoras y defensores de derechos humanos, este Tribunal ha dicho que la idoneidad de medidas de protección requiere que sean: a) acordes con las funciones que desempeñan las defensoras y defensores; b) objeto de una evaluación de acuerdo al nivel de riesgo, a fin de adoptar y monitorear las medidas vigentes, y c) poder ser modificadas según la variación de la intensidad de riesgo.
196. Por lo tanto, de acuerdo a las circunstancias específicas del caso, la Corte considera que Colombia vulneró el deber de prevenir la vulneración del derecho a la vida, ya que ni evaluó que la señora Yarce era una víctima potencial de quien luego atentó contra su vida ni tomó medidas adecuadas, idóneas y eficaces para protegerla. Por ende, este Tribunal concluye que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del tratado y con la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer establecida en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Ana Teresa Yarce. 6 Corte IDH. caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018: “115. Ahora bien, en relación con las presuntas víctimas de este caso, la Corte recuerda que ha señalado que “revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niñas y niños” 27. Este Tribunal, al examinar circunstancias en que hubo una agresión de fuerzas militares respecto a un grupo de personas, ha señalado “la especial vulnerabilidad” de niños y niñas “se hace aún más evidente […] pues [tales personas] son l[a]s menos preparad[a]s para adaptarse o responder a dicha situación y, […] son quienes padecen sus excesos de forma desmesurada” 28. La Corte considera que, por las características del hecho aquí analizado, esa consideración resulta pertinente. Por ello, dada la especial gravedad que tiene la agresión directa a niños o niñas por parte de agentes estatales, en este caso la Corte determina A lo referido debe añadirse que, la obligación de garantía se proyecta más allá, pues abarca la esfera privada en la que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, para ello, la Corte IDH de manera general sostuvo que la obligación de garantizar los derechos humanos contiene la obligación de investigar los casos de lesiones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido y garantizado; por lo que, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos. Este deber es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. Además, para que la investigación sea efectiva debe llevarse a cabo con la debida diligencia, la cual exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. Es decir que debe sustanciarse por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad. Este deber involucra a toda institución estatal, tanto judicial como no judicial, por lo que, la debida diligencia se extiende también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante al SCP 187/2023 - S1 de 10 de abril, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I el deber de los cónyuges de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas nos pertenecen).
En correspondencia con esta norma, el art. 108 de la CPE prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de “9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos” (las negrillas son nuestras); deber cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado, de acuerdo al art. 9.4 de la Norma Suprema. En sintonía con la citada Ley Fundamental, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 109 establece el contenido de la asistencia familiar, expresando:
I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.
y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.
IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.
V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, expresó las características distintivas de la obligación de la asistencia familiar, resaltando su carácter especial que la diferencia de las obligaciones civiles; el carácter personalísimo del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito; en contrapartida, expresa también que este derecho se extingue con la muerte de su titular.
En síntesis, uno de los deberes que surgen del vínculo familiar es la asistencia familiar que no solo se limita a la carga económica, sino abarca una responsabilidad social destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente, a la formación integral de los hijos que se encuentran en necesidad de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio en el Fundamento Jurídico III.3, señala:
“De las normas referidas se tiene que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado con el derecho fundamental a la educación.”
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2021-S1 de 21 de julio; 0380/2021-S1 de 25 de agosto; 0678/2021-S1 de 18 de noviembre; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:
“En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…” (el resaltado es ilustrativo). Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 10 de mayo, señaló que:
“‘…Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.
Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia».
En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño’” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA), que refiere sobre la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:
“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas” (el resaltado nos pertenece).
En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, que en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:
“A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia” (negrillas añadidas).
De acuerdo al marco legal y jurisprudencial señalado precedentemente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera; por cuanto, ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos; finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar en el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio.
Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrá en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la vida y la de sus dos hijos menores; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido contra Fredy Martin Daza Rocha, ante el deterioro de salud de sus hijos, el 22 de junio de 2022 presentó ante la jueza ahora demandada memorial de liquidación de asistencia familiar; sin embargo, desde la referida fecha, dicha petición no tuvo respuesta por casi un mes, pese a que se constituyó al juzgado día por medio, limitándose la auxiliar en señalar que seguía en despacho y que regrese al día siguiente de manera reiterada.
Identificado el planteamiento de la problemática, corresponde contextualizar los mimos; en ese marco se tiene que la ahora peticionante de tutela inició una demanda de asistencia familiar en contra de Freddy Martin Daza Rocha; y en la audiencia preliminar de 5 de enero de 2018 las partes llegaron a un acuerdo por el que conciliaron en el monto de Bs1 000.- a favor de los beneficiarios JFDA y CJDA por concepto de asistencia familiar; posteriormente, el 22 de junio de 2022 la ahora impetrante de tutela presentó liquidación de pensiones devengadas ante la jueza ahora demandada (Conclusiones II.1 y II.2).
Con base a los antecedentes descritos, para fines de su compulsa, resulta pertinente remitirnos al art. 125 de la CPE, que con referencia a la acción de libertad precisó que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (el subrayado es añadido); ahora bien dentro la presente acción tutelar, la impetrante de tutela viene en denunciar la afectación del derecho a la vida de si y de sus hijos ante la falta de respuesta al memorial de 22 de junio de 2022 donde presentó liquidación de la asistencia familiar, ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, en ese contexto, siendo que se denuncia la afectación del derecho a la vida corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este Fallo Constitucional, que rigen las acciones tutelares que al respecto precisó que el derecho a la vida se constituye en un derecho fundamental esencial y troncal que le corresponde a todo ser humano; es un derecho necesario para poder concretizar los demás derechos; por su parte la Corte IDH, estableciendo los alcances del derecho a la vida, sostuvo que: “…el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna…”.
Ahora bien, dentro el caso que se analiza, conforme se detalló precedentemente la ahora accionante presentó la liquidación de asistencia familiar devengada a favor de sus hijos menores mediante memorial de 22 de junio de 2022 ante la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien a su vez mediante informe escrito de 21 de julio de 2022 manifestó que el referido proceso de asistencia familiar no tuvo movimiento desde el 5 de enero de 2018 y al no haber dejado un inventario los anteriores funcionarios lo tenían en pre archivo y que recién se puso a su conocimiento el 8 de julio de 2022, conforme se tiene del informe de la Auxiliar del citado juzgado; por lo que, en respuesta emitió la providencia el 11 de igual mes y año; tal hecho incide en la afectación de los hijos menores JFDA y CJDA quienes son los beneficiarios de la asistencia familiar; por cuanto, la jueza demandada providenció después de trece días hábiles, bajo el argumento que recién se remitió a su Despacho el 8 de julio de 2022; este argumento no resulta ser justificativo para incurrir en una dilación ante la petición efectuada por la ahora peticionante de tutela, siendo que es tuición de la autoridad judicial el efectuar el control del personal subalterno y de las causas que se encuentran en el despacho a su cargo, además que no tomó en cuenta que el memorial de 22 de junio de citado año conforme se explicó, tenía la finalidad de liquidar el monto adeudado por concepto de asistencia familiar, siendo que este es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta (Fundamento Jurídico III.2); es decir, que el hecho de no haber emitido respuesta de manera pronto y oportuna repercutió e incidió que los que los beneficiarios no puedan cubrir sus necesidad básicas; cuando de acuerdo a la jurisprudencia invocada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional establece que las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera; por lo que indudablemente ha existido una vulneración a los derechos denunciados y un incumplimiento de plazos en atender el memorial de 22 de junio de 2022; sin embargo, en la audiencia desarrollada el 21 de julio de similar año ante el Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, quien constató que la respuesta fue emitida en el 11 de julio de igual año, hecho que no negado o refutado por la parte impetrante de tutela; por lo que, corresponde aplicar la acción de libertad en su modalidad innovativa que es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada bajo esta tipología. En relación a lo solicitado sobre: 1) “Una vez decretado dicho memorial se ordene al oficial de diligencia a practicar notificación al demandado”; sobre este aspecto se tiene que la jueza demandada emitió la providencia de 11 de julio de 2022, bajo el tenor “es obligación de la pare impetrante presente su liquidación de forma detallada debiendo computarse de la fecha de la citación del demandado con el auto de admisión…” (sic), no corresponde disponer la notificación impetrada dentro del proceso de asistencia familiar; toda vez que, los mismos son actos de comunicación procesal que no fueron objeto de la presente acción de libertad; por lo que, no corresponde mayor pronunciamiento; 2) Se remita antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes; con referencia a ello la parte ahora accionante puede acudir de forma directa ante dicha entidad a fines de hacer valer sus derechos si así lo creyera conveniente; y, 3) “Una multa pecuniaria de 10 000 bs” (sic); al respecto, la ahora impetrante de tutela no ha establecido con suficiente argumento los motivos por los cuales la ahora demandada deba pagar la multa menos acompañó prueba alguna que sustente tal hecho; por lo que, no se adecua a las exigencias establecidas en la SCP 0497/2022-S1 de 4 de julio, para el pago de daños y perjuicios, además dentro esta acción de libertad, la concesión es parcial y no total; por lo que, no corresponder ser atendida; en consecuencia, corresponde denegar la tutela sobre estos tres petitorios. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, actuó de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 162/22 de 21 de julio de 2022, cursante de fs. 16 vta. a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa en mérito que el memorial de 22 de junio de 2022 ya mereció respuesta por parte de la autoridad judicial ahora demandada, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a la petición de notificación al obligado con la respuesta del memorial de 22 de junio de 2022, la remisión de antecedentes al Ministerio Público y, sobre la multa pecuniaria de Bs10 000.-(diez mil bolivianos), con base a los fundamentos jurídicos desarrollados. 3° Llamar la atención a Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la afectación del derecho a la vida de los menores beneficiarios de la asistencia familiar JFDA y CJDA ante la falta de respuesta oportuna al memorial de 22 de junio de 2022 emitida por Felipa Azurduy Flores. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 En su tercer considerando, sostuvo que: “El derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentra encabezando el catálogo de los derechos fundamentales (…) Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal esta constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos y debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento…
2 Corte IDH. caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo).
3 Claro Pinilla y otros. Derechos Humanos-Normativa y Jurisprudencia. Segunda Edición. Pág. 15.
que Guatemala incumplió con su deber de protección de las niñas y niños, y vulneró los derechos de la niña y los dos niños que fallecieron en las circunstancias de la masacre.”
7 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014
8 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014.
9 El Fundamento Jurídico III.1 de la SC 0177/2006-R de 17 de febrero, expresa “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente, no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios. También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común.
Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”.
10 El Fundamento Jurídico III.3 de la SC 1011/2013 de 27 de junio, sostiene: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico…”.
11 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora”
12 El Fundamento Jurídico III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.
13 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.
14 La acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0624_2024-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 581392a7ab4712a1dfb3e01ee9ba118a9e132e09f5688b9ef6599bdcbf767034
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