Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad, debido a que los Jueces demandados no remitieron el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas conforme establece el art. 251 del CPP, ya que interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, en audiencia y hasta el 14 de similar mes de 2022, no lo enviaron. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Sin costas ni responsabilidad, por ser excusable.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47110-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Ávila Quelali contra Katty Loretta Viricochea Ríos, Ingrid Geraldine Medina Blanco y Omar Dante Rocabado Imaña, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 8, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rosa Gutiérrez Cutili en su contra y Plinio Wilmer Hinojosa Aguirre, por la supuesta comisión del delito de feminicidio, en el caso con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022103976, se dispuso su detención preventiva, por lo que conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó su cesación, habiendo mediante Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, determinado su detención domiciliaria con escolta policial y otras medidas. El 8 de abril de 2022, se sustanció audiencia de revocatoria de medidas de carácter personal, en la cual por Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, el “Tribunal” demandado lesionó el art. 247.1 del CPP que señala: -se revocará dichas medidas cuando el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas-; en el caso, no se encontraba el custodio en su domicilio, motivo por el que se revocaron las medidas cautelares, refiriendo que: “…AHORA EL ACUSADO, IMPUTADO, ENCAUSADO DEBE CUIDAR AL CUSTODIO, no el custodio al acusado…” (sic). Ante esa determinación arbitraria, presentó recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP, que señala que las actuaciones pertinentes se remitirán ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; no obstante, hasta el día de la audiencia tutelar, no se envió los antecedentes, transgrediendo la celeridad y pronta justicia. Al respecto, el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), regula sobre el principio de celeridad, relacionado con el art. 178.I de la Norma Suprema, que determina que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz en la tramitación como en la resolución de las causas, porque las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido el derecho a la libertad. Por consiguiente, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, incumplió el art. 135 del CPP, al no observar los plazos procesales y lesionó sus derechos. En ese sentido, planteó acción de libertad traslativa o de pronto despacho, citando la SC 0384/2011-R de 7 de abril y la SCP 0281/2012 de 4 de junio.
Señaló como lesionado su derecho a la justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 22, 23.I, 109.I, 110, 113.I, 115.I, 178.I y 180.I de la CPE; y, 1, 7.1; 2 y 3; 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia ordenar: a) Disponga que en el día las autoridades judiciales demandadas, remitan los antecedentes del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada conforme el art. 251 del CPP; b) Se establezca responsabilidad civil, con un monto indemnizable a su favor en calidad de víctima; y, c) El pago de costas judiciales a ser calificadas en ejecución del fallo en contra de los demandados.
Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 31 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: 1) Por Auto Interlocutorio 732/2021, se dispuso la cesación de la detención preventiva, conforme el “art. 231 bis” siendo beneficiado con la medida cautelar de detención domiciliaria con escolta policial y otras; 2) El 8 de abril de 2022, en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, se sustanció audiencia de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, en la cual por Auto Interlocutorio 64/2022 de igual data, se dejó sin efecto la medida de detención domiciliaria de manera arbitraria, abusiva, atentando al derecho fundamental de la libertad, habiendo recurrido en apelación incidental esa determinación conforme el art. 251 del CPP, que dispone que las actuaciones serían remitidas en el plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad; no obstante, planteada la apelación el 8 de similar mes y año, hasta el 14 de ese mes y año, transcurrieron seis días, sin que se cumpla dicha remisión por lo que se inobservó el art. 130 del CPP, sobre el cómputo de plazos, que determina que los mismos son improrrogables y perentorios; 3) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas a la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas privadas de libertad; 4) La norma señala que los actuados deben remitirse en el plazo de veinticuatro horas al superior jerárquico; 5) Las autoridades judiciales demandadas, omitieron los “arts. 179 y 180” de la CPE, referidas a la celeridad con la que deben tramitarse los procesos; ya que no puede acceder al Tribunal de alzada para que revise esas arbitrariedades que fueron denunciadas, considerando que su detención es indebida, arbitraria, abusiva y atentatoria a la libertad; y, 6) Refiriéndose a la acción de libertad innovativa, regulada por el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo); señaló que, aun habiendo cesado las causas que originaron la acción de libertad, la audiencia debe realizarse en el día y hora señalados a efectos de establecer responsabilidades.
Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueza Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, sin costas ni responsabilidad, en mérito a los siguientes argumentos: i) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ariel Ávila Quelali, a horas 12:00 del 8 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, habiendo emitido el Auto Interlocutorio 64/2022, que revocó las medidas cautelares; por consiguiente, en audiencia la defensa del accionante, interpuso apelación incidental contra esa determinación, habiendo dispuesto que se remita los actuados al Tribunal de alzada; ii) La SCP 0562/2018-S3 de 12 de octubre, permite la remisión de las apelaciones dentro del plazo de tres días, y si bien el abogado del impetrante de tutela mencionó el art. 130 del CPP, referente a que los plazos son improrrogables y perentorios; no obstante, ese término procesal es para interponer los recursos, no de remisión de actuados; iii) Se debe considerar las circunstancias por las que atraviesa el Órgano Judicial; en el caso, las oficinas gestoras de procesos, no descargan los audios en el momento de concluir la audiencia; sino que esperan que, todas las audiencias grabadas en el día concluyan y recién descargan las grabaciones, en el caso concreto recién el “lunes” 11 de abril de 2022, pasado el mediodía descargaron el audio; y, iv) El citado Tribunal no contaba con Secretaria titular, debiendo acceder a una Secretaria suplente, que también tiene recargada labor en su Juzgado de origen; empero, pudo armar el legajo de apelación para su remisión, acto que se efectuó el 13 de similar mes y año, en horas de la mañana; es decir, dentro del plazo establecido en la SCP 0562/2018-S3, que por sorteo radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no habiendo negligencia. Omar Dante Rocabado Imaña, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, se adhirió a lo manifestado por Katty Loretta Viricochea Ríos, autoridad judicial codemandada, añadiendo además que: a) Se debe tener en cuenta los aspectos administrativos que no competen a Secretaría de ese Tribunal, aclarando que tampoco cuentan con Secretaria titular, solo una suplente que cumple con sus funciones; b) La acción de libertad no se refirió a los problemas administrativos que atraviesa ese Tribunal; y c) El plazo de los tres días previsto en el art. 130 de CPP, corre cuando se trata de medidas cautelares y en el caso concreto se trata de la remisión del cuaderno de apelación al Tribunal superior. Ingrid Geraldine Medina Blanco, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia se sumó a lo manifestado por sus colegas que la antecedieron.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución 09/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 34 a 36 vta., denegó la tutela solicitada por el peticionante de tutela, sin costas por ser excusable, con los siguientes fundamentos: 1) En el caso, la defensa señaló que interpuso recurso de apelación el “viernes” 8 de similar mes de 2022, dictándose el Auto Interlocutorio 64/2022, casi al finalizar el horario de la jornada laboral del Órgano Judicial; 2) Las siguientes veinticuatro horas que señala el art. 405 del CPP, para que se efectúe la remisión de la apelación, recaían en los días sábado y domingo, en las que las Salas de turno y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no trabajan; y, 3) El plazo para la remisión de la apelación, comenzó a correr el día “lunes” 11 de ese mes y año, habiendo sido remitida a la Sala Penal Segunda del mismo Tribunal, conforme al sello de recepción de 13 de igual mes y año, a horas 11:16, motivo por el que dispuso que la remisión de la apelación, se encontraba dentro del plazo que estableció la SCP 0423/2018-S2 de 14 de agosto, que señala el plazo razonable y proporcional de ampliación a tres días, para la remisión de la apelación al Tribunal ad quem, el cual fue cumplido a pesar de no contar con Secretaria titular, habiendo efectuado la transcripción del acta de audiencia la Secretaria suplente, además de la saturación de causas que se tiene en todas las instancias del Órgano Judicial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, de “RESOLUCIÓN DE CONSIDERACIÓN DE SITUACIÓN JURÍDICA” (sic), emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz, en relación a Ariel Ávila Quelali -ahora accionante-, resolvió conforme el art. 231 bis de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- disponiendo entre las medidas “1. La detención domiciliaria en un domicilio diferente y distante del domicilio que tiene la familiar en este caso la madre de la víctima, CON UN CUSTODIO POLICIAL, conforme a lo solicitado por el coimputado, disponiéndose por Secretaría emítase las ejecutoriales de ley” (sic), “7. Finalmente, queda conminado a cumplir y obedecer el llamado tanto del Ministerio Público, así como el órgano jurisdiccional con la sola notificación en su domicilio procesal señalado” (sic). “Advirtiendo al coimputado Ariel Ávila Quelali que las Medidas Cautelares de carácter personal de las cuales está siendo objeto de cumplimiento obligatorio, en caso de inobservancia o incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a su revocatoria, imponiéndosele una medida más gravosa, como la que viene cumpliendo en caso de ser procedente, concediéndosele el plazo de 5 días para el cumplimiento de las mismas, una vez cumplida las mismas, por Secretaría emítase el mandamiento de detención domiciliaria dispuesta por esta autoridad” (sic [fs. 19 a 20 vta.]). II.2. Cursa Acta de Verificación de Detención Domiciliaria, de 24 de marzo de 2022, elaborada por Bryan Rodrigo Medrano Quispe, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a horas 17:10, quien suscribió el acta junto al impetrante de tutela, en el domicilio ubicado en la ciudad de El Alto, zona Villa Adela, calle Tihuanacu 1474, con personal de laboratorio que se constituyeron a “…realizar la verificación de la Detención Domiciliaria, si fue habido, sin custodio, firmando el presente acta en constancia y conformidad del acta” (sic [fs. 21]). II.3. Consta acta de audiencia de revocatoria de medidas cautelares (Ariel Ávila Quelali) de 8 de abril de 2022, realizada vía virtual en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz -hoy demandados- (fs. 22 a 25). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, pronunciado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el demandante de tutela y otro, por la supuesta comisión del delito de feminicidio, se resolvió por unanimidad, revocar las medidas cautelares impuestas al ahora accionante conforme el art. 247.1 del CPP, modificado por Ley 1173; es decir, “…por no haber dado cumplimiento a su detención domiciliaria con escolta policial, debiendo en el día expedirse el respectivo Mandamiento de Detención Preventiva, que deberá ser cumplida en el Penal de San Pedro de La Paz, encomendando su ejecución al Ministerio Público” (sic), siendo el fundamento principal de dicha determinación “…no haberse dado cumplimiento a todos los requisitos mencionados en la Resolución N° 732/2021…” (sic [fs. 26 a 27 vta.]); y, asimismo cursa Auto de complementación y enmienda, que aclaró el Auto Interlocutorio 64/2022, habiendo apelado el accionante conforme los arts. 251 y 404 del CPP, modificado por Ley 1173, por lo que se dispuso se remita la apelación conforme a procedimiento (fs. 28 y vta.). II.5. Por nota de 13 de abril de 2022, suscrita por Katty Loretta Viricochea Ríos, Jueza codemandada, dirigida a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se “REMITE COPIAS LEGALIZADAS DE GRADO DE APELACIÓN INCIDENTAL CONTRA RESOLUCIÓN N° 64/2022” (sic), con fecha de recepción en la Sala Penal aludida, en la misma data a horas 11:16 (fs. 30 y vta.). II.6. Cursa formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), con Número de Registro Judicial (NUREJ) 204012514, de una acción de libertad con fecha de recepción de 14 de abril de 2022, que por sorteo y reparto, fue asignada al Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, la cual fue interpuesto por el ahora accionante contra Katty Loretta Viricochea Ríos, Ingrid Geraldine Medina Blanco y Omar Dante Rocabado Imaña, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo del mencionado asiento judicial (fs. 1).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad, debido a que los Jueces demandados no remitieron el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas conforme establece el art. 251 del CPP, ya que interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, en audiencia y hasta el 14 de similar mes de 2022, no lo enviaron. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada En este sentido, la misma SCP 0135/2019-S2 de 17 de abril, respecto a la libertad traslativa, indicó lo siguiente: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando se denuncian dilaciones indebidas, en los trámites donde se debe resolver la situación jurídica de una persona. Esta tipología de acción de libertad, tiene su sustento jurídico en el art. 180.I de la CPE, que establece los principios sobre los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, encontrándose entre ellos la celeridad, asimismo, en relación con la citada norma constitucional, el art. 178.I de la Norma Suprema, prevé que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. En ese contexto, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, sobre el particular señaló que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, definió lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’ . En consecuencia, de los preceptos y jurisprudencia constitucional desarrollada se colige que el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del accionante, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; razón por la que, toda autoridad judicial o administrativa esta impelida de actuar con la mayor diligencia o dentro de los plazos señalados, en aquellos casos en los que se encuentra de por medio la libertad del encausado, dado que de no hacerlo lesiona los derechos fundamentales señalados” (énfasis añadido).
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, dispone las subreglas sobre la remisión ante el Tribunal de alzada, conforme lo siguiente: “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación” (las negrillas son nuestras).
De acuerdo a los antecedentes de la acción tutelar traída en revisión, se denuncia la falta de remisión del cuaderno de apelación al Tribunal de alzada, habiendo el ahora impetrante de tutela, interpuesto recurso de apelación incidental en la misma audiencia contra el Auto Interlocutorio 64/2022 de 8 de abril, que revocó la medida sustitutiva de la detención preventiva que fue favorecido mediante Auto Interlocutorio 732/2021 de 22 de noviembre, -por el que se benefició con detención domiciliaria-, considerando que las autoridades judiciales demandadas lesionaron el derecho a una justicia pronta y oportuna y el principio de celeridad, para que el superior jerárquico, resuelva su situación jurídica; empero, no remitieron los actuados de apelación hasta el día de la audiencia de acción de libertad. En el caso en análisis, el accionante refiere que, conforme el art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación incidental contra del Auto Interlocutorio 64/2022 (Conclusión II.4), en la audiencia de revocatoria de la medida sustitutiva a la detención preventiva y que gozaba de la detención domiciliaria según el Auto Interlocutorio 732/2021 (Conclusión II.1), que fue revocada conforme lo establecido en el art. 247.1 del CPP es decir, “Cuando el imputado incumpla cualesquiera de las obligaciones impuestas”; es así que, el demandante de tutela, consideró que el cuaderno de apelación, conforme dispone el art. 251 del adjetivo procesal penal, debería ser remitida al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; empero, hasta la fecha de la interposición de la acción tutelar de pronto despacho, no fue remitido el legajo de apelación. Ahora bien, la problemática de la remisión del cuaderno de apelación, hace necesario revisar lo expresado en el art. 130 del CPP, sobre el cómputo de plazos, que señala que: “…son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de éste Código. Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación sin interrupción. Los plazos determinados por días comenzarán a correr al día siguiente de practicada la notificación y vencerán a las veinticuatro horas del último día hábil señalado. Al efecto, se computará sólo los días hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en el cual se computarán días corridos” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, se tiene el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que determina que el plazo previsto por el art. 251 del CPP de veinticuatro horas, es posible que de manera excepcional y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, se pueda flexibilizar a tres días, razonamiento que guarda relación con los hechos traídos en revisión. Bajo ese contexto, la audiencia de consideración de revocatoria de las medidas cautelares, realizada el “viernes” 8 de abril de 2022, se instaló a horas 12:00 del mediodía, -de acuerdo al informe oral prestado por la Jueza demandada Katty Loretta Viricochea Ríos-, concluyendo la misma en horas de la tarde de ese día, mes y año; por consiguiente siendo que, conforme al art. 130 del CPP, el plazo para remitir el cuaderno de apelación, se computa sólo en días hábiles y la apelación fue interpuesta el “viernes” 8 de igual mes y año, en horas de la tarde, comenzando el inicio del cómputo del plazo para la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada el día lunes 11 de similar mes y año, venciendo dicho plazo a las veinticuatro horas del último día hábil; es decir, el día miércoles 13 de ese mes y año, en mérito a la flexibilización excepcional de dicho plazo a tres días desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional. En el caso bajo análisis, conforme nota de remisión del cuaderno de apelación, data del 13 de abril de 2022, con fecha de recepción en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a horas 11:16 de ese mismo día, mes y año (Conclusión II.5) consiguientemente, las autoridades judiciales demandadas remitieron las copias legalizadas en grado de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 64/2022, dentro del plazo establecido de tres días, no habiendo lesionado el principio de celeridad previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 14 de abril, cursante de fs. 34 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Sin costas ni responsabilidad, por ser excusable. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0624_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): febd345e6418af2bcf6eac285b033c3d072916de4052f6882bc4a682624e4a2e
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