Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y de los principios de celeridad, legalidad e inmediatez, toda vez que, el Juez demandado no providenció el memorial de apelación incidental que interpuso contra el Auto de 20 de diciembre de 2022, que dispuso su detención preventiva, incumpliendo así su obligación de conceder el recurso correspondiente y tampoco ordenó la remisión de los antecedentes ante el superior en grado. Ambas omisiones tuvieron como causa la negligencia del Secretario codemandado, quien no procedió a la trascripción del acta de audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2022. Ante ello, los demandados sostuvieron que, todos los actuados para la remisión del legajo de apelación en alzada, fueron cumplidos en los plazos previstos en la norma procesal penal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parte la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo la remisión inmediata del legajo de apelación, salvo que, por el transcurso del tiempo, el mismo ya se hubiese materializado; 2º DENEGAR la tutela impetrada en relación al Secretario codemandado; y, 2° Se exhorta al Consejo de la Magistratura, en coordinación con las instancias correspondientes del Órgano Judicial, a la formulación de una política pública, específica para tribunales y juzgados de provincia, considerando lo desarrollado en el punto III.3 de este fallo constitucional, para tal efecto notifíquese al mismo con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de Secretaría General de este Tribunal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0623/2025-S2 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52831-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 18/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Simón Brandy Flores Zurita en representación sin mandato de Miltón Jaldín Moya contra José Luis Fonseca Zubieta, Juez y Henry Claure Gutiérrez, Secretario, ambos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1, 12 a 14 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica, con el Código Único de Denuncia (CUD) 314102092200345, el 20 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva en la Carceleta Provincial de San Pedro de Araní. Contra dicha medida, el 21 del citado mes y año, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, dicho recurso no fue considerado, debido a que Henry Claure Gutiérrez, Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba -codemandado-, no elaboró el acta de audiencia. En consecuencia, el Juez del citado juzgado -ahora demandado-, no providenció el memorial que presentó, incumpliendo su obligación de conceder el recurso interpuesto, menos dispuso la remisión de los antecedentes ante el superior en grado.
Esta negligencia y pasividad procesal, vulneraron la garantía del debido proceso y su derecho a la libertad personal, ocasionando una detención ilegal al no haberse tramitado con celeridad el recurso de apelación referido. En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que, las solicitudes o trámites vinculados con el derecho a la libertad física pueden ser objeto de denuncia a través de la acción de libertad, ya sea en su modalidad traslativa o de pronto despacho, cuando exista demora injustificada en la remisión del recurso de apelación incidental.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, en relación con los principios de celeridad, legalidad e inmediatez, citando al efecto los arts. 23.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponer: a) Se ordene a las “autoridades demandadas” a que elaboren el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 20 de diciembre de 2022; b) Providencie y emita las resoluciones correspondientes; y, c) Se remita los actuados al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 55 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
José Luis Fonseca Zubieta, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, por informe escrito, cursante a fs. 51 y vta., solicitó que se deniegue la tutela impetrada argumentando que, proveyó la concesión del recurso de apelación dentro de las veinticuatro horas que establece la norma, y que en todo caso, la dilación en la remisión de los antecedentes, fue un acto intencional por parte de los abogados defensores al no atender el pedido de proveer las fotocopias para elaborar el cuaderno de apelación.
Henry Claure Gutiérrez, Secretario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, por informe escrito, cursante a fs. 50, manifestó que: 1) La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2022. Al día siguiente, se presentó el recurso de apelación incidental, mismo que fue concedido mediante Auto de 22 del mismo mes y año; 2) Posteriormente, el 23 del citado mes y año se apersonó al Juzgado un abogado del ahora accionante, quien consulto si ya se había remitido la apelación, a lo que el personal del Juzgado le informó que: “aún no se había apersonado nadie a sacar fotocopias del expediente para crear el legajo de apelación y remitir el mismo a lo que el abogado indicó que por la tarde vendrían a proporcionar los recaudos para la apelación, viéndonos sorprendidos por la presente acción que plantea la defensa” (sic); y, 3) Asimismo, se hace conocer que este Juzgado enfrenta una recarga procesal, dado que se encuentra en suplencia de varios otros juzgados, debido al periodo de vacación judicial.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 18/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59 vta., denegó la tutela solicitada sin costas, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto que concede la apelación se encuentra dentro del término estipulado por el art. 132.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que la autoridad jurisdiccional no lesionó el derecho a la libertad del accionante; ii) El Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, soporta bastante carga procesal, circunstancia que constituye una justificación razonable para aplicar un plazo adicional de tres días para la remisión del recurso de apelación. Este plazo excepcional fue establecido por la jurisprudencia sentada en la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre; y, iii) No se presentó ningún elemento de convicción respecto a que no se labró el acta de audiencia de medidas cautelares; en todo caso, se demostró en la audiencia de acción de libertad que sí existe y fue remitida a la Sala por medios digitales.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa imputación formal de 28 de octubre de 2022 presentada por Vilma Chileno Sánchez, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido contra del Milton Jaldín Moya -ahora accionante- por el presunto delito de violencia familiar y doméstica. En dicha imputación se solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, fijándose audiencia para el 29 de noviembre del mismo año; la cual fue suspendida y se llevó a cabo recién el 20 de diciembre del mismo año, oportunidad en la que a través de Auto de la misma fecha se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, por el plazo de seis meses en la Carceleta Provincial de San Pedro de Arani, lo cual motivó el “anuncio de apelación incidental” por su parte (fs. 3 a 9 vta. y 38 vta. a 42 vta.). II.2. Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto de 20 de igual mes y año, mereciendo el Auto de 22 del citado mes y año, donde se concede y dispone la remisión del mencionado recurso en efecto no suspensivo (fs. 43 a 44). II.3. Se tiene oficio de 27 de diciembre de 2022, por el que José Luis Fonseca Zubieta -Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba- remite legajo de apelación incidental contra el Auto de aplicación de medidas cautelares de 20 de diciembre de 2022; y, hace conocer que el accionante se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Penal de San Pedro De Arani de la ciudad de Cochabamba (fs. 47).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia y de los principios de celeridad, legalidad e inmediatez, toda vez que, el Juez demandado no providenció el memorial de apelación incidental que interpuso contra el Auto de 20 de diciembre de 2022, que dispuso su detención preventiva, incumpliendo así su obligación de conceder el recurso correspondiente y tampoco ordenó la remisión de los antecedentes ante el superior en grado. Ambas omisiones tuvieron como causa la negligencia del Secretario codemandado, quien no procedió a la trascripción del acta de audiencia celebrada el 20 de diciembre de 2022. Ante ello, los demandados sostuvieron que, todos los actuados para la remisión del legajo de apelación en alzada, fueron cumplidos en los plazos previstos en la norma procesal penal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP, permite impugnar en setenta y dos horas las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares.
Este recurso no suspende la ejecución de la Resolución y, una vez presentado, las actuaciones se remiten en veinticuatro horas al Tribunal Departamental de Justicia para su revisión, y en casos excepcionales en el plazo de tres días hábiles, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3, desarrolló las subreglas que operan en la aplicación del artículo antes señalado, bajo los siguientes argumentos:
“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia” (las negrillas fueron añadidas).
De la compulsa del expediente remitido en revisión y lo informado en audiencia de acción de libertad, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celia Soria Ricaldez de Jaldín contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, éste interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto de 20 de diciembre de 2022 que dispuso su detención preventiva; asimismo, de la revisión de antecedentes, se tiene que en la audiencia de 20 del señalado mes y año, el impetrante de tutela, anunció la interposición del recurso de apelación incidental, que se materializó por memorial presentado el 21 del citado mes y año a horas 13:45 (Conclusión II.1), formulado dentro del plazo de setenta y dos horas dispuesto por el art. 251 del CPP, e ingresado al despacho del Juez, a horas 14:40. Por Auto de 22 del mismo mes y año, el Juez concedió el recurso en el efecto no suspensivo y ordenó la remisión de los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (Conclusión II.2).
En ese contexto, de la postulación realizada por el peticionante de tutela y la cronología efectuada precedentemente, se denota que la concesión del recurso y la orden de remisión a la Sala, que se alega como causa presunta de la dilación y que motiva, entre otros, la presente acción tutelar, en los hechos fue efectivizada dentro del plazo de veinticuatro horas para emitir resoluciones o providencias de mero trámite conforme al presupuesto del inc. iv) de la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; precisiones fácticas que concuerdan además con lo informado por los sujetos procesales; por consiguiente, no existe la lesión de los derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad y debido proceso, respecto a este punto en concreto. Pese a lo anterior, del informe escrito presentado por el Juez demandado, se advierte dos elementos de relevancia, a saber: a) Si bien existe la providencia que ordena la remisión de la apelación; empero, esta no fue materializada; y, b) Esa materialización conforme explica expresamente la autoridad judicial, fue condicionada a que: “…se les pidió que presenten las fotocopias para elaborar el cuaderno de apelación porque todo de nuestra parte ya estaba listo, pero en vez de traer las fotocopias solicitadas, presentan esta acción de libertad” (sic). A su vez, en el informe presentado por el Secretario, señala:“…el personal de este juzgado le indicó que aún no se había apersonado nadie a sacar fotocopias del expediente para crear el legajo de apelación y remitir el mismo, a lo que el abogado indicó que por la tarde vendrían a proporcionar los recaudos para la apelación, viéndonos sorprendidos por la presente acción que plantea la defensa” (sic).
De ahí que, esa condición dispuesta por la autoridad judicial, se constituye en un acto dilatorio, en la medida en la que, de conformidad con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no puede condicionarse la remisión de apelación a recaudos o fotocopias, o a que la parte informe si va a proveer lo anterior o si desease que se remita los originales; pues, se reitera esa obligación es ineludible, no siendo responsabilidad del imputado el proveer de recaudos por el principio de gratuidad establecido en el art. 115.II de la CPE que señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). Por lo que, respecto a este punto corresponde conceder la tutela. Finalmente, respecto al reclamo referido a la supuesta demora del Secretario codemandado en la elaboración del acta de la audiencia, se advierte que Henry Claure Gutiérrez -Secretario codemandado-, actuó en estricto cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Juez de la causa, conforme se desprende de los antecedentes procesales cursantes en el expediente. En efecto, tal como fue expresamente señalado por la autoridad judicial accionada, fue el propio Juez quien condicionó la remisión de obrados a la previa entrega de fotocopias, circunstancia que descarta la existencia de una actuación omisiva atribuible al Secretario. En consecuencia, no se advierte por parte de este funcionario codemandado conducta alguna que configure vulneración de derechos fundamentales, ni omisión reprochable que amerite la concesión de tutela, correspondiendo, respecto a éste, denegar la tutela.
Al margen de lo anteriormente desarrollado, debe observarse que los juzgados y tribunales de provincia desempeñan un rol esencial, ya que son responsables de atender y gestionar causas en las zonas más alejadas del país, donde con frecuencia se presentan limitaciones logísticas, tecnológicas y operativas. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de su jurisprudencia, estableció que: "…los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención" (Corte IDH Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 50). Este pronunciamiento rechaza explícitamente que el Estado pueda alegar limitaciones presupuestarias o en su política pública como justificación para imponer barreras como costas judiciales que impidan el acceso adecuado a la justicia. En ese sentido, la situación fáctica impele a este Tribunal a exhortar al Consejo de la Magistratura, en coordinación con las instancias correspondientes del Órgano Judicial, a elaborar una política pública diferenciada para juzgados y tribunales de provincia considerando sus particularidades, necesidades materiales y a la vez mantener menor cantidad de trabajo, lo que en ciertos casos les permite mayor movilidad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parte la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo la remisión inmediata del legajo de apelación, salvo que, por el transcurso del tiempo, el mismo ya se hubiese materializado; 2º DENEGAR la tutela impetrada en relación al Secretario codemandado; y, 2° Se exhorta al Consejo de la Magistratura, en coordinación con las instancias correspondientes del Órgano Judicial, a la formulación de una política pública, específica para tribunales y juzgados de provincia, considerando lo desarrollado en el punto III.3 de este fallo constitucional, para tal efecto notifíquese al mismo con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de Secretaría General de este Tribunal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0623_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad83ad65d6f86ffa95553241a1ce8938cf0fc820e7b9dbfd37c12294c6054bb4
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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