B.IA.LEGAL

SCP 0622/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52662-2023-106-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la libertad de locomoción y al trabajo; puesto que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022, se le impuso la aplicación de medidas cautelares personales, que luego de haberse celebrado la audiencia de revocatoria de dichas medidas efectuada el 12 de octubre de igual año, fueron modificadas quedando con arresto domiciliario de veinticuatro horas con escolta policial; por lo que, interpuso su recurso de apelación incidental conforme al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/22 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantias, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho al trabajo y al principio a la seguridad jurídica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La presunción de veracidad e inversión de la carga de la prueba
  3. III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2025-S1 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52662-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/22 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Martín Camacho Chávez en representación sin mandado de Rómulo Calvo Bravo contra Walter Pérez Lora y Juan Ariel Condori Marcos, Vocal y Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 6, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y “otros”, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP), fue imputado y en audiencia de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022, se le impuso la aplicación de medidas cautelares personales; sin embargo, la parte denunciante solicitó audiencia de revocatoria de dichas medidas; por lo que, el 12 de octubre de igual año, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, modificó dichas medidas determinando su arresto domiciliario de veinticuatro horas con escolta policial, lo que motivó a que interpusiera su recurso de apelación incidental de manera verbal de conformidad con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), celebrándose la audiencia de ese recurso de apelación el 14 de diciembre de ese año; en la que, el Vocal ahora accionado modificó las medidas cautelares personales a la detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas con escolta policial y con la fianza “real” de Bs50 000.- (cincuenta mil Bolivianos). No obstante que transcurrieron tres días de la audiencia de apelación incidental, ni el Vocal tampoco el Secretario, hoy accionados cumplieron con sus funciones de ordenar con la elaboración del oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a pesar que fue solicitado el 16 de diciembre de 2022; asimismo, no se generó el formulario de orden de depósito judicial, debido a que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se encontraba en vacación judicial; por lo que, el Secretario ahora coaccionado debió proporcionar el formulario de orden de depósito judicial; más aun, si el Vocal hoy accionado fue quien señaló el plazo de quince días hábiles para el cumplimiento de esa fianza, faltando solamente depositar la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), al depositarse en primera instancia la suma de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos); situación que restringe sus derechos a la libertad de locomoción y al trabajo, debiendo cumplirse con los plazos procesales.

I.1.2. Derechos, principio y garantía supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la libertad de locomoción y al trabajo; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que el Vocal y el Secretario ahora accionados se “…ordene el correspondiente oficio dirigido al Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz - Palmasola, solicitando el (…) formulario de orden de depósito judicial DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA PENAL VIGENTE Y EL PRINCIPIO DE CELERIDAD QUE RIGE LA LEY 1173” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 19 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario de apoyo jurisdiccional accionados

Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 16. Juan Ariel Condori Marcos, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 14.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/22 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Vocal y el Secretario hoy accionados de manera inmediata expidan el oficio para el Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz o al Comando Departamental de la Policía Boliviana; así también, se expida la boleta de depósito judicial para la fianza “real”; todo ello bajo los siguientes fundamentos: a) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz, el 14 de igual mes y año, resolvió un recurso de apelación incidental; en la que, dispuso la modificación de medidas sustitutivas del imputado -accionante- de arresto domiciliario de veinticuatro horas con escolta policial a la detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas con escolta policial; y, de una fianza “económica” con la suma de Bs30 000.- a una finanza real con la suma de Bs50 000.-, otorgándole un plazo de quince días para su cumplimiento; b) A pesar del tiempo transcurrido hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, ni el Vocal ni su Secretario ahora accionados dieron cumplimiento con lo dispuesto por el referido Vocal, tampoco emitieron el oficio correspondiente, ya sea dirigido al Comandante Departamental de la Policía Boliviana o al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, para que conozcan respecto a la modificación del horario de la detención domiciliaria del accionante en cuanto al escolta policial; y, con relación a la Nota con Cite: Of. 1415/“2021” de 19 de diciembre de 2022, que fue remitida a este Tribunal por el Vocal y el Secretario hoy accionados, la cual no consta el cargo de recepción por entidad pertinente; y, c) De igual manera, tampoco se evidencia que se hubiese expedido la boleta de depósito judicial de la fianza “económica” por la suma de Bs20 000.-por el Secretario hoy coaccionado; ya que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de dicho departamento, se encontraba en vacación judicial; por lo que, resulta viable conceder la tutela solicitada al tratarse de una acción de libertad de pronto despacho, debiendo obrarse con la celeridad necesaria, con la finalidad de no vulnerar el derecho al “debido proceso”; más aun, si se encuentra involucrado el derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo -ahora accionante- solicitó que a través de la Secretaría de dicha Sala, se emita el correspondiente oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a efectos de que se le proporcione a la brevedad posible escolta policial (fs. 18). II.2. Mediante Nota con Cite: Of. 1415/“2021” de 19 de diciembre de 2022, dirigida al Comandante Departamental de la Policía Boliviana; Walter Pérez Lora, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, -hoy accionado- solicitó escolta policial en cumplimiento a la Resolución de 14 de diciembre ese año, ante la disposición de que se asigne un escolta policial para el imputado -accionante- dentro del proceso penal con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102012106762, a efectos de que el nombrado pueda cumplir con la medida cautelar personal de detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas (fs. 17). Sin embargo, en dicha Nota no se evidencia el cargo de recepción de ninguna entidad.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la libertad de locomoción y al trabajo; puesto que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022, se le impuso la aplicación de medidas cautelares personales, que luego de haberse celebrado la audiencia de revocatoria de dichas medidas efectuada el 12 de octubre de igual año, fueron modificadas quedando con arresto domiciliario de veinticuatro horas con escolta policial; por lo que, interpuso su recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, impugnación que fue resuelta por el Vocal ahora accionado, quien modificó las medidas cautelares personales disponiendo su detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas con escolta policial y una fianza “real” por la suma de Bs50 000.-, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, ni el Vocal ni el Secretario hoy accionados cumplieron con lo dispuesto por el citado Vocal; es decir, que no elaboraron el oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a pesar que fue solicitado mediante memorial presentado el 16 de diciembre de ese año, sin recibir ninguna respuesta; así como, tampoco se extendió el formulario de orden de depósito judicial; ya que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento, se encontraba en vacación judicial, desconociendo con ello los plazos procesales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La presunción de veracidad e inversión de la carga de la prueba; 3) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. La presunción de veracidad e inversión de la carga de la prueba

La SCP 0518/2021-S3 de 18 de agosto, señala que: «Conforme a los principios constitucionales establecidos en el art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE) que rigen a la administración pública, todos los funcionarios públicos en caso de ser accionados en una acción de libertad, tienen la obligación de informar sobre los presuntos actos ilegales denunciados, ya sea de forma escrita o en audiencia, caso contrario se tendrán por ciertos los hechos denunciados, conforme al entendimiento desarrollado en la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, que estableció: “…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”. Entendimiento asumido por la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley…”. Al respecto, la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, determinó que: “…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’, reiterándose los entendimientos de las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R”» (las negrillas son nuestras).

III.3. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial

La SCP 0722/2024-S1 de 31 de diciembre, señala que: “El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0536/2020-S1 de 21 de septiembre, 0755/2020-S1 de 19 de noviembre y 0101/2021 de 27 de mayo, entre otras, mismas que describe, lo siguiente:

(...) ‘…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo’. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalterno, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ‘…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras). En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ‘Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados, cuando: ‘…la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla; es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: i) Incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; 2) La vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa que emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, 3) Proceden del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la libertad de locomoción y al trabajo; puesto que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 16 de febrero de 2022, se le impuso la aplicación de medidas cautelares personales, que luego de haberse celebrado la audiencia de revocatoria de dichas medidas efectuada el 12 de octubre de igual año, fueron modificadas quedando con arresto domiciliario de veinticuatro horas con escolta policial; por lo que, interpuso su recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, impugnación que fue accionado, quien modificó las medidas cautelares personales disponiendo su detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas con escolta policial y una fianza “real” por la suma de Bs50 000.-, sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, ni el Vocal ni el Secretario hoy accionados cumplieron con lo dispuesto por el citado Vocal; es decir, que no elaboraron el oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a pesar que fue solicitado mediante memorial presentado el 16 de diciembre de ese año, sin recibir ninguna respuesta; así como, tampoco se extendió el formulario de orden de depósito judicial; ya que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento, se encontraba en vacación judicial, desconociendo con ello los plazos procesales.

De los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se tiene que por memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el accionante solicitó que a través de la Secretaría de dicha Sala, se emita el correspondiente oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a efectos de que se le proporcione a la brevedad posible escolta policial (Conclusión II.1.); y, si bien Mediante Nota con Cite: Of. 1415/“2021” de 19 de igual mes y año, dirigida al Comandante Departamental de la Policía Boliviana; el Vocal ahora accionado solicitó escolta policial en cumplimiento a la Resolución de 14 de diciembre ese año, ante la disposición de que se asigne un escolta policial para el imputado -accionante- dentro del proceso penal con NUREJ 701102012106762, a efectos de que el nombrado pueda cumplir con la medida cautelar personal de detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas. Sin embargo, en dicha Nota no se evidencia el cargo de recepción de ninguna entidad (Conclusión II.2.); es decir, que ni del indicado Comando Departamental de la Policía y ni de la mencionada Gobernación del Centro Penitenciario; evidenciando con ello, que el Vocal hoy accionado no hubiese viabilizado el cumplimiento de la modificación de las medidas cautelares personales a la detención domiciliaria de 21:00 a 07:00 horas con escolta policial y la fianza “real” con la suma de Bs50 000.-. Conforme con lo señalado, y bajo el principio de presunción de veracidad, citado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al no presentarse en audiencia de consideración de la acción de libertad tanto el Vocal y el Secretario ahora accionados; así como, tampoco presentaron un informe circunstanciado sobre lo demandado en la presente acción de libertad, se tiene como probados los extremos alegados por el accionante a través de su representante sin mandato. Es así que, se tiene por cierta la falta de diligencia demostrada por el Vocal y el Secretario hoy accionados; puesto que, no se dio celeridad a la solicitud efectuada por el accionante a través del memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, por el cual se pidió el correspondiente oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, para que se le asigne escolta policial; así como, no existe ningún antecedente que desvirtué la inexistencia de la extensión del formulario de orden de depósito judicial, situación que debió ser cumplida por el Vocal y el Secretario ahora accionados; ya que, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento, se encontraba en vacación judicial; actitud que impidió que el accionante pueda acatar a cabalidad con lo dispuesto por el mismo Vocal en la audiencia de modificación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, como las medidas personales; más aún, si se otorgó al imputado -accionante- el plazo de quince días para cumplir con lo requerido para beneficiarse de dichas medidas personales. En ese sentido tanto el Vocal como el Secretario ahora accionados, no atendieron con celeridad el trámite del accionante, tomando en cuenta que la audiencia de modificación de medidas personales se llevó adelante el 14 de diciembre de 2022, el memorial de solicitud de elaboración del oficio dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, es de 16 de igual mes y año, y la fecha de interposición de la presente acción de libertad es de 20 de ese mes y año, momento hasta el cual, el accionante alega que el Vocal y el Secretario hoy accionados no cumplieron con la solicitud del escolta policial; así como, se le proporcione el formulario de orden de depósito judicial, denotándose una dilación indebida e injustificada impidiendo de esa manera que se cumpla con los requisitos para poder beneficiarse de la aplicación de medidas cautelares personales; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, mecanismo idóneo y efectivo en casos en los que se incurre en la vulneración del principio de celeridad como elemento del debido proceso, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional. En coherencia con lo señalado precedentemente, si bien por lo general los funcionarios de apoyo jurisdiccional, no tienen legitimación pasiva para ser accionados en acciones tutelares; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el citado Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, existen excepciones a dicha regla, encontrándose dentro de los presupuestos para adquirir legitimación pasiva, cuando dichos funcionarios vulneren derechos protegidos mediante acciones de defensa que devengan de un innegable incumplimiento o desconocimiento de sus funciones y/o obligaciones que tienen en calidad de funcionarios o servidores públicos; en ese contexto, el Secretario ahora coaccionado, al no haber obrado de manera diligente, desconoció el derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad del accionante. Finalmente, si bien el accionante en su memorial de acción de libertad alego la vulneración de sus derechos al trabajo y a la “seguridad jurídica”; sin embargo, no explicó de qué manera éstos fueron desconocidos por el Vocal y el Secretario hoy accionados; además se debe aclarar que los mencionados derechos y principio no se encuentran dentro del ámbito de tutela de la acción de libertad previsto por el art. 125 de la CPE; por lo que, al no corresponder su análisis a través de la presente acción de defensa, corresponde denegar la tutela respecto a los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/22 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantias, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho al trabajo y al principio a la seguridad jurídica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0622_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): c1afd5380015f8447c61867127390e9f8eabc76165fd735ef9a618519ae860d3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →