Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 6 de junio de 2025
Concede la tutela
La peticionante de tutela alegó lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la salud y la vida; toda vez que, la autoridad judicial accionada: 1) No señaló audiencia de modificación de detención domiciliaria que solicitó el 7 de noviembre del 2022; 2) No respondió a su pedido de salida médica efectuado el 5 de diciembre del 2022, así como su pedido de la misma fecha, donde reiteró por segunda vez de que se modifique su medida cautelar; y, 3) Los accionados no remitieron el expediente de su proceso ante el juez de turno durante la vacación judicial. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR en parte la Resolución 25/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 70 a 72, pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez y Secretario demandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo lo siguiente: 1° Ratificar la disposición de la jueza de garantías en cuanto a la salida médica; y, 2° Que, el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, señale audiencia de modificación de la detención domiciliaria solicitada por la accionante, siempre y cuando aún no lo haya hecho y persista dicha medida cautelar.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/2025-S4 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52749-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión Resolución 25/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 70 a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marlene Tito Alvarado contra Andrés Mamani Liuca, Juez y Carlos Masco Callisaya, Secretario, ambos del Juzgado Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 a 13, la accionante expresó lo siguiente:
Señaló que dentro del proceso que se le sigue por el delito de despojo, mediante Resolución 22/2022 de 4 de agosto, la autoridad judicial dispuso su detención domiciliaria, sin considerar que su persona tiene cáncer que la pone en estado crítico de salud, por lo que debe viajar a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz dos veces al mes para realizar sus chequeos médicos, debido a lo cual el 7 de noviembre y 5 de diciembre de ese mismo año solicitó al Juez la cesación o modificación de su detención domiciliaria; todas las veces que ella y su abogado se apersonaron al juzgado el Secretario les respondió que el expediente se habría remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se resuelva el conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la ordinaria, que la autoridad judicial no podía hacer nada, menos señalar audiencia; pero sin embargo, se rehusó a mostrar de manera escrita dicha determinación asumida.
El 5 de diciembre presentó memorial de salida judicial y modificación a la detención domiciliaria; pero, a la fecha no se le entregó la salida judicial poniendo en riesgo la salud y la vida de la impetrante de tutela, por lo que al encontrarse en vacación judicial se apersonó a los juzgados de turno de la ciudad de La Paz, en busca del expediente; es así que, en el Juzgado de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz se le informó que no existe su expediente puesto que no habría sido remitido por el Juez –ahora demandado–, situación que muestra que se encuentra en una grave e indebida dilación, generando un gran perjuicio; ya que, está en juego su salida judicial para el control de su cáncer “terminal” y también la solicitud de modificación de su detención domiciliaria, poniendo en riesgo su salud y por ende su vida, se debe tomar en cuenta que la solicitud de modificación a la detención que tiene es accesoria al proceso pues no trata el fondo del mismo, por lo que el no fijar audiencia para su consideración le está generando un estado de indefensión, quebrantando el principio de celeridad y acceso a la justicia de manera flagrante, sin considerar que se encuentra en un grupo vulnerable por su cuadro clínico crítico de cáncer terminal, por lo que no puede seguir restringida de su libertad, pues requiere realizar tratamientos y todos los exámenes a requerimiento de los médicos.
La peticionante de tutela, señaló como lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la salud y la vida; citando al efecto el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La remisión al Juzgado de turno por vacación judicial del expediente caratulado como Mario Fernández/ Marlene Tito Alvarado y que sea en el plazo de veinticuatro horas; b) Se señale día y hora de audiencia de modificación de la detención domiciliaria, bajo el principio de temporabilidad, proporcionalidad y el derecho a la vida y salud; y, c) Se ordene al Juez de la causa emita las salidas judiciales a favor de la impetrante.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su memorial y ampliando expresó lo siguiente: 1) Se tuvo que acudir a la justicia constitucional por cuanto existe una dilación indebida por parte de la autoridad demandada; por lo que, se presentó la acción de libertad de pronto despacho; 2) Como se expresó la accionante se encuentra con detención domiciliaria, en un presunto delito de acción privada como es el despojo, pues como expresa el propio Código Penal en su art 232, no amerita ningún tipo de restricción a la libertad; 3) Hace notar que se encuentra con una enfermedad crónica de la cual fue recientemente operada, por lo que de manera permanente requiere de diversos controles médicos los cuales tienen que ser cada siete días tal como se acredita en los certificados que se presentaron; 4) A través de memorial, se solicitó a la autoridad jurisdiccional de Chulumani del departamento de La Paz se fije audiencia de modificación a la medida cautelar impuesta, esto fue presentado el 7 de noviembre de 2022, pasando inclusive la vacación judicial y se tuvo que recurrir a los juzgados de turno, independientemente de la modificación también se solicitó salida medica el 5 de diciembre de ese mismo año lo cual tampoco fue atendida de manera oportuna; 5) La Circular 019/2022 de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, claramente señaló que conforme a lo establecido en el art. 126.II de la Ley 025 de 24 de junio de 2010 –Ley del Órgano Judicial (LOJ)– los secretarios y autoridades deben remitir todos los expedientes a los juzgados de turno, especificando que se refiere a los detenidos de manera preventiva como también a los que se encuentran con detención domiciliaria; 6) Tratándose de un delito de acción privada le correspondía conocer al Juzgado de Sentencia Penal del departamento de La Paz, pero grande fue la sorpresa que cuando se apersonó, el secretario le dijo que no habían remitido ningún expediente sobre el caso, aspecto que obstaculiza la solicitud realizada por la impetrante; y, 7) Los demandados han incurrido de manera clara en una dilación indebida sin causa justificada, incumpliendo inclusive la circular emanada de la Sala Plena ya que no envió el expediente como era su obligación, razón por la cual ante la evidente lesión de los derechos citados solicitó se conceda la tutela impetrada.
Andrés Mamani Liuca, Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) Se vieron sorprendidos con la presente acción de libertad invocada por Marlene Tito Alvarado en una flagrante inobservancia a la norma, en una maliciosa intención que pretende hacer incurrir en un error a la Jueza de garantías; ii) Resulta evidente que dentro del despacho judicial a su cargo, se encuentra sustanciándose un proceso penal de acción privada de despojo que se encuentra invocado por Mario Fernández Mamani contra Marlene Tito Alvarado; y ocurre que la accionante en contubernio con la junta de vecinos ha presentado una declinatoria ante la justicia indígena originaria campesina, aclarando que antes de su presentación, la causa ya estaba en etapa del juicio.
Carlos Masco Callisaya, Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, hoy codemandado, en audiencia informó lo siguiente: iii) Expresó que se le estaría coartando al Juez del proceso en su fundamentación de su informe; además que, él no tendría legitimación pasiva para ser accionado; toda vez que, hay una autoridad superior en el despacho judicial; y, iv) El cuaderno de juicio fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional el cual fue remitido el 20 de septiembre de 2022, por lo que su accionar simplemente se limitó a cumplir con lo dispuesto por la autoridad judicial, razón por la cual no se pudo remitir los antecedentes al juzgado de turno, pues no se tiene los antecedentes del proceso.
La Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 25/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 70 a 72 concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que a la brevedad posible se remita los pocos antecedentes que hubieran del proceso en el juzgado y de manera provisional se le concede la autorización de abandonar la detención domiciliaria a efecto de que se someta al tratamiento médico; y, denegó la tutela respecto al “…resto de solicitudes de modificación u otros aspectos que ha solicitado la parte accionante…” (sic). Decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE consagra la acción de libertad que tiene por finalidad esencial precautelar los bienes jurídicamente protegidos como son la vida, la libertad de las personas, siempre que éstas se encuentren ilegalmente perseguidas, indebidamente procesadas o privadas de su libertad, a objeto de que un Tribunal de garantías constitucionales, en conocimiento de tales conculcaciones, guarde la tutela de la vida y cese a la persecución indebida y restablezca las formalidades legales o en su caso, restituya la libertad de la accionante; b) En el caso de autos, no se evidencia de forma expresa cuál sería la vulneración que se ha generado o agraviado a la ahora accionante, bajo la siguiente lógica, ya que en el memorial que presentaron señalan el crítico estado de salud de la señora debido a que padecía cáncer terminal; sin embargo, en la audiencia lo que señalan y acreditan a través de un certificado emitido por el Hospital de la Mujer es que sería una obstrucción tubárica como se evidencia de la propia documentación que se adjunta; c) En ningún momento se demuestra que el padecimiento que tenga la accionante sea cáncer, ni siquiera como etapa inicial, pues de ser así, no estaría asistiendo al hospital de la mujer, tendría que asistir a oncología del hospital de clínicas, por lo que el citado argumento solo pretende agravar el estado de salud de Marlene Tito Alvarado, para que se otorgue la tutela; d) Indicaron que sólo a través de un memorial solicitaron señalamiento de audiencia para la modificación de su medida cautelar que se presentó en fecha 5 de diciembre de 2022 a sabiendas que al día siguiente se ingresaba en vacaciones judiciales colectivas, cuando debieron haberlo hecho con bastante anterioridad a efecto de poder efectivizar una salida médica; e) Con tiempo oportuno se pudo señalar o enviar para que se fije audiencia al juzgado o tribunal que estuviera de turno, aspecto que no se ha realizado por lo que no se puede alegar negligencia cuando se solicitó de forma extemporánea; es decir, cuando al día siguiente ya se iba a ingresar a vacaciones judiciales, correspondiendo esta negligencia a la parte impetrante; f) Por la breve explicación que se dio, se entiende que existe una paralización del proceso principal, porque se estaría considerando la declinatoria de competencia a la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), conflicto de competencia que ya estaría siendo resuelto en instancias superiores al efecto, se ha remitido toda la documentación en original; g) Es incongruente que solicite la remisión de todos los antecedentes a sabiendas que el juzgado titular no los tiene; razón por la cual, solicitó se realice un informe concreto; ya que, no es necesario conocer todos los antecedentes para la declinatoria de jurisdicción, pues no es algo que no se va a considerar ni valorar; h) A través de la interposición de una acción de libertad el abogado de la accionante no puede desconocer también que él sabía que el juzgado suspendió el proceso principal y que los antecedentes han sido remitidos a otra instancia y que evidentemente se necesita un control para las salidas médicas; i) Por otra parte se debió formar un nuevo cuaderno con las actuaciones posteriores como los memoriales, autos, providencias y todo lo que emerge a partir de la remisión, esto debería haber sido exigido incluso por la propia parte accionante a efecto de que se remita ya que esto sucedió a partir del mes de septiembre, otro punto que no se puede dejar de observar y que está establecido es que tratándose de salidas médicas, la misma no puede ser negada por la autoridad; j) No puede tampoco interponerse de forma maliciosa una acción de libertad cuando el abogado ya conocía todos estos antecedentes que no estaban en poder del juzgado y de las autoridades hoy demandadas enviaron los cuadernos al Tribunal Constitucional Plurinacional, incluido a la falacia de señalar en el medio escrito que tenía cáncer en estado terminal, por lo que se debe señalar que existe y es de conocimiento de todas las autoridades y los jueces, aquel principio que no se puede alegar, la propia torpeza que debe ser aplicada en el presente caso; y, k) Todos estos aspectos generan y obligan a no dar curso en su totalidad a la acción de libertad impetrada, se aclara un último aspecto en el informe que ha sido presentado por el Secretario abogado, pues explicó que no es posible ser demandado porque no tendría legitimación pasiva en la acción; sin embargo, se ha dispuesto un nuevo lineamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde el personal subalterno se sobreentiende secretario auxiliar, son sujetos pasivos precisamente para poder ser accionados.
De la revisión de compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 533/2022 de 15 de agosto, en el cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte la Resolución 22/2022 de 1 de agosto, donde se le restituyó la detención domiciliaria de Marlene Tito Alvarado, la cual debía cumplir en el domicilio que acreditó, sin la posibilidad de salir bajo ninguna razón, excepto para firmar el libro de control ante el juzgado (fs. 30 a 34). II.2. Mediante memorial de 31 de agosto de 2022, Inocencio Carvajal López en su calidad de Presidente del Tribunal Indígena Originario Campesino, presentó declinatoria de competencia al Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz (fs. 35 a 40). II.3. Por Auto Motivado 28/2022 de 2 de septiembre, la autoridad jurisdiccional citada precedentemente rechazó la solicitud de declinatoria de competencia invocada por el Tribunal Indígena Originario Campesino y en consecuencia se declaró competente para conocer el proceso de despojo hasta su conclusión; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional (CPCo) a los fines de su revisión suspendió la tramitación del proceso hasta que se emita la Resolución definitiva (fs. 41 a 47). II.4. Mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2022, la hoy accionante pidió al Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz la modificación a su detención domiciliaria; toda vez que, sobrevinieron nuevos motivos que se adecuan a medidas más favorables en aplicación a lo establecido en el art. 250 del CPP. En respuesta a dicho pedido, por providencia de 8 de noviembre del 2002, el juez accionado, dispuso que se esté a lo resuelto mediante Resolución 28/2022 de 2 de septiembre de 2022 (fs. 3). II.5. Por memorial de 4 de diciembre de 2022, la hoy impetrante de tutela solicitó al Juez del proceso, salida judicial en el día debido a que, encontrándose en estado grave de salud, tenía que ser intervenida quirúrgicamente por lo que dicha salida debía ser desde el 2 al 11 de diciembre de ese año, al mismo tiempo de manera accesoria en aplicación del art. 250 del CPP, pidió señale día y hora de modificación de la medida cautelar (fs. 53). Asimismo, cursa una providencia con fecha “05 de noviembre de 2022” (sic), solamente con la firma del juez que dispone “A LO PRINCIPAL.- Por única vez y al tratarse de una razón de salud SE LE CONCEDE LAS SALIDAS SOLICTADAS y en lo posterior debe acudir a la jurisdicción que sea resuelta por el Tribunal Constitucional” ([sic] fs. 55). II.6. Consta certificado médico donde un médico especialista en medicina interna particular, señaló que la impetrante de tutela tiene síndrome tóxico infeccioso, síndrome bronquial productivo, gastroenteritis aguda y deshidratación moderada (fs. 11); también cursa una programación de quirófano del Hospital de la Mujer a nombre de la accionante de fecha 14 de octubre de 2009 por obstrucción tubárica izquierda (fs. 19).
La peticionante de tutela alegó lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la salud y la vida; toda vez que, la autoridad judicial accionada: 1) No señaló audiencia de modificación de detención domiciliaria que solicitó el 7 de noviembre del 2022; 2) No respondió a su pedido de salida médica efectuado el 5 de diciembre del 2022, así como su pedido de la misma fecha, donde reiteró por segunda vez de que se modifique su medida cautelar; y, 3) Los accionados no remitieron el expediente de su proceso ante el juez de turno durante la vacación judicial. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0307/2021-S4 de 7 de julio, haciendo referencia a la SCP 0328/2020-S4 de 29 de julio, señaló que: “De la revisión de la línea jurisprudencial emanada por este Tribunal, concerniente a dicha naturaleza, y con relación a los derechos alegados como vulnerados en la presente acción tutelar, se estableció que: sobre el ámbito de protección de la acción de libertad respecto a los derechos que resguarda, se tiene que: i) En cuanto al derecho a la vida, la SCP 044/2010-R, de 20 de abril, pronunciada por el Tribunal Constitucional de Transición instauró que está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal; ii) Posteriormente, la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó este entendimiento precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción; iii) Asimismo, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, moduló este razonamiento señalando que la acción de libertad protege el derecho a la vida con independencia de su vinculación con el derecho a la libertad física y que, por lo mismo, en virtud al valor fundamental de la vida humana y el principio de no formalismo, dicho derecho puede ser tutelado indistintamente por la acción de libertad o la acción de amparo constitucional; iv) La SCP 1278/2013 de 2 de agosto, considerada moduladora, confirmando que protege el derecho a la vida aún no estuviere vinculada con la libertad física, señaló que será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; y, v) A través de la acción de libertad también se ha protegido el derecho a la integridad física y la garantía de prohibición de torturas, así se tiene, que la SC 0476/2011-R de 18 de abril, estableció que considerando el nuevo alcance de la acción de libertad que no solo protege el derecho a la libertad física o personal, sino también el derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Sobre el derecho a la salud y su protección a través de la acción de libertad la SC 0264/2007-R de 12 de abril, instauró la posibilidad de protección del derecho a la salud de los privados de libertad exponiendo que: ‘«El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, instituido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos…’. La SC 0023/2010-R de 13 de abril, amplió la posibilidad de proteger vía acción de libertad el derecho a la salud, cuando éste se encuentre vinculado con la vida, libertad física o de locomoción; La SCP 0618/2012 de 23 de julio, pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó este último razonamiento estableciendo que mediante la acción de libertad es posible tutelar el derecho a la salud de privados de libertad cuando se encuentra en directa conexión con la integridad personal y el derecho a la vida” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0233/2025-S1 de 01 de abril, sobre el tema indico que: “…El art. 8.II de la CPE, se sustenta entre otros valores: en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta, el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria entre ellos, el principio de celeridad −arts. 178 y 180.I de la CPE−, el cual obliga a resolver los procesos impidiendo dilataciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, han previsto medios de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma que en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE a través del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.
En tal sentido, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el hábeas corpus −ahora acción de libertad− expuso las tipologías de esta acción, siendo estas, el hábeas corpus preventivo y correctivo, agregando la jurisprudencia constitucional al hábeas corpus restringido; y ampliando su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales encuentra o administrativos cuando existen dilataciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se privada de libertad; por lo que básicamente, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionado a la libertad y devenga de dilataciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, confirma dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señala que: Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales…´. A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señalo que: Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional –que aún continúa vigente– concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agrega el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional reitero que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye: …en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionado a la libertad y devenga de dilataciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. “En cuanto a los supuestos de procedencia dentro del ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho, la citada SCP 0676/2022-S1, señala que : “ (...) que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilataciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilataciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidencia la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia su observancia. En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilataciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos: a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resultado de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Subregla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre).
b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplida estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo).
c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero).
d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no solo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio).
(…) De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilataciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa, que cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus accionados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta, oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscara a través de esta, es el cumplimiento de los accionados de mero trámite y simples solicitudes en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones‴ (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La SCP 0175/2025-S3 de 31 de marzo, reiterando el entendimiento asumido por diversa jurisprudencia constitucional referida este aspecto expreso que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, en el Fundamento jurídico III.3, al respecto refirió que: El art. 115 de la CPE, estipula: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, desarrollo la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aun, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales. En ese mismo sentido, con relación al principio de celeridad para una justicia pronta; la SCP 266/2020-S1 de 5 de agosto, asumiendo el entendimiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, entre otras, señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aún cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad” .
Con relación a la solicitud de modificación de medidas cautelares personales y el señalamiento de audiencia la SCP 0557/2020-S1 de 5 de octubre, señala “La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificada por la Ley 1226 de 23 de septiembre de igual año-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su art. 2 incluye modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que señala: Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…)
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de modificación de medidas cautelares personales que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los personas que se encuentren cumpliendo medidas cautelares de carácter personal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad” (las negrillas corresponden al texto original).
El derecho a ser oído por un juez competente consagrado por el art.
120.I de la CPE y el art. 8 de la CADH, que en criterio de la Corte IDH, comprende “…el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”, implica que las partes de un proceso penal, deben tener la posibilidad de acceder ante el juez competente, desde el inicio de la causa hasta su conclusión. El derecho a ser oído por un juez competente, que es un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, tiene una particular connotación en los procesos penales en los que se haya aplicado medidas cautelares de carácter personal contra alguna o alguno de los procesados, en circunstancias en las que, por vicisitudes del proceso, se haya cuestiona la competencia de la autoridad judicial, o cuando la misma ha quedado suspendida por el efecto de los recursos ordinarios. Así, por ejemplo la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0176/2015‑S2 de 25 de febrero ha establecido que el planteamiento de excepciones aun sea el de incompetencia no suspende la competencia del juez para fijar audiencia de consideración de la revocatoria de medidas cautelares, en dicho fallo se señala “… si bien el art. 310 del CPP determina que la excepción de incompetencia debe resolverse antes que cualquier otra excepción, ello significa que debe ser tratada con prioridad y celeridad debido a que, precisamente, está en juego la competencia de la autoridad judicial; sin embargo, ello no implica la paralización o suspensión de su competencia, pues, además de existir una norma expresa que claramente establece que ese extremo (art. 314 del CPP), en los hechos se dejaría a las partes sin autoridad judicial para ejercer el control jurisdiccional” (el resaltado es añadido). El derecho de las partes, dentro del proceso penal, de acceder ante el juez para efectuar solicitudes sobre medidas cautelares de carácter personal es permanente y no tiene solución de continuidad desde el inicio de la investigación hasta la ejecutoria del fallo, tal es así que inclusive estando la causa radicada ante el tribunal de apelación o casación, el juez o tribunal de primera instancia mantiene su competencia para atender las solicitudes sobre medidas cautelares, en sentido la SC 0958/2004-R de 18 de junio señaló que “…los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva así como otros incidentes sobre medidas cautelares aún después de haber dictado sentencia e incluso cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente”. Lo propio ocurre durante el trámite de un conflicto de competencia jurisdiccional entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, puesto que en virtud al derecho de los justiciables a ser oídos por un juez competente y el derecho a la tutela judicial efectiva, el juez ordinario mantiene su competencia para conocer y resolver solicitudes sobre medidas cautelares o las referidas a derechos fundamentales como el derecho a la salud y la vida del privado de libertad hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional dirima el conflicto, ya que la suspensión del proceso que dispone el juez ordinario para suscitar el conflicto competencial o la suspensión de la competencia que ordena la Comisión de Admisión a tiempo de admitir el conflicto, en mérito a los principios de favorabilidad y pro hominie deben ser entendidos en sentido que impiden la actividad jurisdiccional sobre asunto principal pero no impide que la autoridad judicial conozca y resuelva sobre una cuestión incidental como es la referida a las medidas cautelares de carácter personal, y las peticiones que atañe a los derechos fundamentales del procesado como son las referidas a su derecho a la salud y a la vida; puesto que en la posición de garante en la que se halla el Estado respecto de los privados de libertad, sea en centros de reclusión o detención preventiva, de ninguna manera estos pueden quedar al desamparo y sin una autoridad judicial ante la cual acudir en resguardo de sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la salud y a la vida, durante el tiempo en el que se tramita y resuelve el conflicto competencial. En ese marco, el Juez ordinario que, para suscitar el conflicto de competencias, decide remitir los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, antes de materializar dicha remisión, tiene el deber de ordenar la formación de un legajo con los actuados pertinentes para atender las solicitudes sobre medidas cautelares y otras referidas a derechos fundamentales. Asimismo, tiene el deber de remitir ese legajo ante el Juez de turno durante la vacación judicial para que dicha autoridad atienda las peticiones de las partes referidas a las medidas cautelares aplicadas y las solicitudes referidas a los derechos a la salud y a la vida de los procesados.
Judicial
Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0130/2024-S3 de 2 de mayo, asumiendo los lineamientos desarrollados por La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, señaló que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: `…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tuteladosˊ.
(…) …el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados `…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalˊ.
De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalterno o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
La impetrante de tutela alegó lesionados sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la salud y la vida; toda vez que, la autoridad judicial accionada: i) No ha respondido a su pedido de salida médica efectuado el 5 de diciembre del 2022; ii) No ha señalado audiencia de modificación de detención domiciliaria que pidió el 7 de noviembre del 2022 y el 5 de diciembre del mismo año; y, iii) Los accionados no remitieron el expediente de su proceso ante el juez de turno durante la vacación judicial. Con relación a la salida médica Conforme lo establecido, la jurisprudencia constitucional, mediante la acción de libertad es posible la tutela del derecho a la salud vinculada al derecho a la vida o la libertad personal; en este sentido, refiriéndose al derecho a la salud de los privados de libertad la SCP 0618/2012 estableció que “…mediante la acción de libertad es posible tutelar el derecho a la salud de privados de libertad cuando se encuentra en directa conexión con la integridad personal y el derecho a la vida”. Por efecto de la restricción del derecho a la libertad de quienes se hallan privados de libertad en centros de reclusión o con detención domiciliaria, el Estado asume una posición de garante con relación a sus derechos fundamentales, en particular sobre el derecho a la salud, puesto que teniendo restringida su libertad personal, la atención oportuna de su salud no depende de dichas personas sino de los representantes estatales que se hallan a cargo del cumplimiento de las medidas privativas de libertad. En ese marco, las autoridades y funcionarios públicos que se hallan a cargo del privado de libertad se encuentran compelidas a atender los pedidos referidos a la atención médica con la debida diligencia, examinando la solicitud y tomando la decisión que amerite de acuerdo a los antecedentes y las circunstancias, de forma célere y oportuna. Consiguientemente, ante la dilación indebida en la que incurran las autoridades judiciales o funcionarios públicos en la atención de las solicitudes referidas a la salud de los privados de libertad, la acción de libertad constituye el medio idóneo para restablecer ese derecho. En el caso que se examina, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional; se advierte que, por memorial de 4 de diciembre de 2022, la hoy impetrante de tutela solicitó ante el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, hoy accionado, salida judicial para que se constituya en el Hospital San Francisco de Asís de la ciudad de La Paz, desde el 2 al 11 de diciembre de ese año debido a que encontrándose en estado grave de salud tenía que ser intervenida quirúrgicamente (Conclusión II.5). Si bien es cierto que cursa en este expediente judicial la copia de una providencia con fecha “05 de noviembre de 2022”, que se halla únicamente con la firma del juez, mediante la cual se concede la salida solicitada (Conclusión II. 5); sin embargo, tanto por el dato de la fecha como esencialmente por la falta de la intervención en dicho actuado del funcionario fedatario, como es el Secretario del juzgado, no es posible concluir que la autoridad judicial accionada hubiera atendido dicho pedido de forma oportuna, tanto más si ante la presentación de la presente acción de tutela, en torno a esa denuncia, la autoridad accionada no ha negado que no haya atendido dicha solicitud, por lo cual, se tienen por cierto ese extremo en merito a la presunción de veracidad de los hechos que establece la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, reiterada por la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras, señala que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”. Ahora bien, evidentemente el Secretario codemandado en la audiencia de consideración de la presente acción de tutela, ha informado que en cumplimiento a la Resolución 28/2022 de 2 de septiembre del 2022, el 20 del indicado mes y año, se habría remitido los obrados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en mérito al rechazo de la solicitud de la declinatoria por parte de la autoridad judicial demandada del pedido de declinatoria, como da cuenta el juez accionado en su escueto informe en audiencia de consideración de esta acción de tutela; empero, toda vez que el juez ordinario mantiene su competencia para resolver solicitudes del procesado referidas a su derecho a la salud y a la vida aun cuando haya suspendido el proceso y ordenando la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para dirimir el conflicto de competencia jurisdiccional, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y asimismo, en consideración a que dentro del proceso en la jurisdicción ordinaria se dispuso la detención domiciliaria contra la hoy peticionante de tutela, el juez accionado estaba en el deber de ordenar la formación de un legajo con las actuaciones pertinentes que debía quedar en el despacho para atender las solicitudes vinculadas con su derecho a la salud de la procesada sometida a detención domiciliaria, puesto que en el marco del derecho a ser oída por un juez competente y el derecho a la tutela judicial efectiva, no es posible que un procesado sujeto a medida cautelar de carácter personal se halle privado de una autoridad judicial competente ante la cual acudir para obtener los permisos necesarios que requieran su atención médica, lo contrario no solo implica desconocer los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los procesados sometidos a medidas cautelares sino además la posición de garante en la que se halla el Estado, a través de los jueces, con relación a las garantías constitucionales de los privados de libertad; consiguientemente no se halla justificada la falta de atención a esa solicitud por causa de la suspensión del proceso y la orden de remisión de antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para tramitar y resolver el conflicto de competencias jurisdiccionales; por ello, al no haber atendido oportunamente la solicitud de salida por razones médicas, evidentemente la autoridad accionada ha incurrido en una dilación indebida que vulnera el derecho a la salud que se halla vinculado con el derecho a la vida y la libertad personal de la accionante, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada. Con relación a la solicitud de modificación de medidas cautelares La accionante denuncia que la autoridad judicial demandada no señaló audiencia de modificación de detención domiciliaria que le pidió mediante escrito de 7 de noviembre del 2022 y que fue reiterado en el memorial de 5 de diciembre del mismo año. Si bien es cierto que el juez accionado mediante Auto Motivado de 2 de septiembre del 2022 rechazó la solicitud de declinatoria de competencia ante la JIOC, se declaró competente y ordenó la remisión de los actuados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (Conclusión II. 3), no obstante haber determinado en dicha resolución la suspensión del proceso, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, dicha autoridad judicial no se hallaba impedida para atender una cuestión incidental como es la referida a la solicitud de señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares que efectuó la peticionante de tutela; puesto que, su competencia no se halla suspendida para atender las peticiones sobre medidas cautelares de carácter personal, ya que como se razonó en el fundamento jurídico referido, en mérito a los derechos a ser oído por una autoridad competente y el acceso a la justicia, los jueces ordinarios que habiéndose declarado competentes para conocer la causa, deciden suscitar conflicto de competencias jurisdiccionales, aun cuando haya ordenado la suspensión del trámite del proceso, mantiene su competencia para resolver sobre medidas cautelares hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional dirima el conflicto, se entiende en su contra. A tal efecto, están obligados, en su caso, a ordenar la formación de un legajo con los actuados pertinentes que debe quedar en el juzgado antes de materializarse la remisión de los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por disposición del art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 –Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento del a Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres– y esta a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173–, el Juez o tribunal debe señalar audiencia para considerar la solicitud de modificación de medidas cautelares personales que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un imputado en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de presentada la misma, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho; como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
De acuerdo a los antecedentes del expediente constitucional, Marlene Tito Alvarado, hoy accionante, mediante escrito de 7 de noviembre de 2022, solicitó ante el Juez accionado el señalamiento de audiencia para la modificación de su detención domiciliaria (Conclusión II.4). En respuesta a dicho pedido, la indicada autoridad judicial accionada, por decreto de 8 de noviembre del 2022, dispuso: “A LO PRINCIPAL Y A LOS OTROSIES. - Al memorial que antecede, estese a lo dispuesto mediante Resolución N° 28/2022 de fecha 2 de septiembre de 2022” ([sic] Conclusión II.4); como se advierte, la autoridad accionada no señaló la audiencia que se le solicitó. Al haber procedido de esa manera, resulta evidente que efectivamente ha incurrido en la vulneración del derecho al debido proceso y por ende del derecho a la libertad personal de la accionante toda vez que con dicha dilación ha impedido la revisión de la medida cautelar de carácter personal de detención domiciliaría que se ha impuesto, incumpliendo de esta manera el deber que tenía de actuar diligentemente como manda el principio de celeridad en la tramitación de las causas que tienen a su cargo, obligación que resulta aún más apremiante cuando se trata de solicitudes vinculadas a la definición o revisión de la situación jurídica de un privado de libertad, en consideración a la alta intensidad de la afectación del derecho a la libertad personal que implica una medida restrictiva de dicho derecho a través de la detención domiciliaria. Finalmente cabe reiterar, que toda vez que la competencia del juez accionado no se hallaba suspendida para atender peticiones sobre medidas cautelares, no había óbice para atender una solicitud incidental como es la referida a la modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria; a cuyo efecto, debió haber previsto la formación de un legajo con los actuados pertinentes para que queden en su despacho en el lugar del expediente principal cuya remisión ante éste tribunal hubo dispuesto a tiempo de rechazar la declinatoria de competencia. Con relación a la remisión de obrados ante el juez de turno durante la vacación judicial Con relación a esta denuncia, amerita puntualizar que en consideración a que dentro del proceso penal seguido por Mario Fernández Mamani contra Marlene Tito Alvarado por la comisión del presunto delito de despojo, se dispuso la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de detención domiciliaria contra Marlene Tito Alvarado, hoy accionante, en consideración a la posición de garante que tiene el Estado respecto a las personas privadas de libertad personal, que en este caso siendo ejercida por el juez demandado; y a objeto de garantizar los derechos a ser oído por una autoridad judicial y a la tutela judicial efectiva de la accionante que se halla sometida a detención domiciliaria, el Juez accionado se encuentra compelido a disponer que se forme un legajo con los actuados pertinentes y remitirlos ante el juzgado de turno durante la vacación judicial, conforme se razonó en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Al no haber procedido de esta manera, efectivamente ha incurrido en dilación indebida; puesto que, a causa de dicha omisión no ha podido tramitar su solicitud de salida médica y de señalamiento de audiencia de modificación de su detención domiciliaria, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada sobre esta denuncia. Por su parte, con relación a la Secretario accionado, cabe precisar de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, como se expresa en el Fundamento Jurídico III.5 que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva cuando la vulneración de los derechos tutelados emergen del incumplimiento de sus funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional. En el caso que se examina, debe tenerse presente que dicho funcionario es el que tiene la obligación de materializar la remisión de los expedientes de procesos con detenidos preventivos y con detención domiciliaria ante el Juzgado de turno durante la vacación judicial; por ello, y en virtud a su obligación de asistir diligentemente al juez, conforme manda el art. 56 del CPP, modificado por la Ley 1173, también se encontraba en la obligación de representar oportunamente ante la autoridad judicial el hecho de que la accionante se encontraba con detención domiciliaria así como la circunstancia de que se había ordenado la remisión del expediente principal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto que la autoridad judicial adopte la determinación pertinente y oportuna ante el conocimiento cierto y anticipado que se tiene de la fecha del inicio de la vacación judicial y las consecuencias que emergen de ese acontecimiento en cuanto a los procesos con privados de libertad. Al no haber procedido de esa manera ha contribuido a la dilación indebida de la atención de las solicitudes formuladas por la peticionante de tutela referidas a su salida para atención médica y de señalamiento de audiencia para la modificación de la detención domiciliaria; y por consiguiente en la vulneración de los derechos fundamentales denunciados; por lo cual, corresponde conceder la tutela solicitada contra el Secretario accionado. Finalmente, no corresponde disponer la remisión del expediente al juez de turno de la vacación en razón a que, a la fecha de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya ha fenecido el descanso judicial. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada efectuó parcialmente correcta la compulsa de los antecedentes procesales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR en parte la Resolución 25/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 70 a 72, pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez y Secretario demandados, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo lo siguiente: 1° Ratificar la disposición de la jueza de garantías en cuanto a la salida médica; y, 2° Que, el Juez Público Civil y Comercial de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, señale audiencia de modificación de la detención domiciliaria solicitada por la accionante, siempre y cuando aún no lo haya hecho y persista dicha medida cautelar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
1 Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua Serie C No. 403, § 85, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador Serie C No. 268, § 181, Caso Wong Ho Wing Vs. Perú Serie C No. 297, § 228
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0619_2025-S4.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 369723c23ebea925012a331db9f4f7e5c413f43d3d7bca2ee1137a7326178809
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