B.IA.LEGAL

SCP 0619/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49663-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculados al derecho a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de abuso sexual, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, lo condenó a diez años de presidio; por lo que, planteó el recurso de apelación restringida, impugnación que recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que radicó la causa el 9 de julio de 2021; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad (1 de agosto de 2022) la Vocal ahora demandada, sin que exista justificativo, menos la suspensión de plazos, no emitió el Auto de Vista dentro el plazo que establece el art. 411 del CPP, incurriendo en una dilación de un año y veinticinco días, extremo que no puede justificarse bajo una excesiva carga procesal. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; b) Sobre el retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad; c) Sobre la acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la dilación incurrida por Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la tramitación del Recurso de Apelación Restringida interpuesta por el ahora accionante en su modalidad innovativa, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama severamente la atención a la Vocal Silvia Maritza Portugal Espinoza por la dilación incurrida en la tramitación y resolución del recurso de apelación restringida planteada por Ariel Choquehuanca Chino, bajo advertencia de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura en caso de reincidencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
  2. III.2. Sobre el retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad
  3. III.3.Sobre la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/S1/2024-S1 Sucre, 27 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49663-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 035/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Herrera Quelca en representación sin mandato de Ariel Choquehuanca Chino contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 1 de agosto de 2022, cursante de fs. 9 a 11 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de abuso sexual, fue sentenciado a diez años de presidio; sin embargo, fue beneficiado con redención de la pena al haber sobrepasado las 2/5 partes de la condena y está próximo a cumplir cinco años de privación de libertad. La Vocal ahora demandada incurrió en una dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación restringida, hasta la fecha -se entiende 1 de agosto de 2022- no emitió ninguna resolución pese que el sorteo fue el 9 de julio de 2021, trascurriendo más de un año y veinticinco días para la emisión del Auto de Vista, incumpliendo lo establecido en el art. 411 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que exista ningún justificativo para alargar la emisión de la resolución de manera indefinida, menos disponer la suspensión de plazos procesales, por situaciones ajenas y no atribuibles al ahora peticionante de tutela, extremo que no puede justificarse a una excesiva carga procesal más cuando se encuentra restringido su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculados al derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 115;116; y, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: “SE ORDENE QUE LA AUTORIDAD ACCIONADA RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTO EN LA PRESENTE CAUSA, ASÍ COMO LA EMISIÓN DEL AUTO DE VISTA QUE CORRESPONDA” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, a través de su abogado, en audiencia señaló que: a) “...en honor a la verdad (…) el auto de vista emitido por la vocal de la sala penal primera nos ha sido notificado el día de ayer, a las 9 de la mañana (…) e inmediatamente nos han notificado con dicho auto de vista, que era el motivo por el que se a hecho esta acción de libertad, inmediatamente los suscritos abogados han presentado un memorial (…) retirando la acción de libertad, empero señor magistrado nos informan que dicho proceso a sido sorteado primeramente al juzgado primero de sentencia de El Alto, donde se ha presentado este memorial, y justamente después no enteramos de que este caso ya estaría en su digno despacho” (sic); y, b) “por lealtad procesal señor juez, vamos a retirar esta acción de libertad, puesto que el motivo por el que se ha interpuesto, a sido la emisión de la resolución 635, y a la fecha ya se nos a notificado, en ese sentido ya no habría motivo por el cual llevarse esta acción de libertad, este recurso extraordinario…”(sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 16 y vta., señalo que: 1) Llamó la atención que el accionante no señale por cuál de las causales previstas en la Constitución Política del Estado o el Código Procesal Constitucional, no señala porque considera que su vida está en peligro, ilegalmente perseguido o indebidamente privado de libertad conforme a los alcances del art. 125 de la CPE; 2) Respecto a la señalada vulneración del derecho a la libertad, debido proceso y garantías constitucionales vinculadas al incumplimiento del art. 411 del CPP, sin que exista una resolución por parte del Tribunal de alzada, manifestó que de las fotocopias adjuntas dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de abuso sexual ya fue resuelto emitiéndose el Auto de Vista 085/2021 de 5 de agosto, en el que se confirmó la Sentencia S-051/2020 de 4 de marzo, pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, 3) Es importante que se considere que el fundamento fáctico como petitorio señala: “Resuelva el recurso de apelación restringida interpuesto en la presente causa, así como la emisión del auto de vista que corresponda” (sic), debió interponer una acción de libertad traslativa, existiendo una incongruencia entre el fundamento fáctico y jurídico contenido en la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 035/2022, cursante de fs. 29 a 30 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) Conforme a la línea jurisprudencial señalada en el Considerando III de la presente resolución se estableció la oportunidad y el momento procesal para realizar el retiro de la acción de libertad, siendo al presente extemporáneo; toda vez que, el retiro se hace en audiencia y no antes de su señalamiento como establece la línea jurisprudencial; ii) Del informe de la Vocal ahora demandada en el que adjuntó fotocopias debidamente legalizadas de la Resolución 085/2021, donde declaró la admisibilidad del recurso de apelación restringida interpuesto por el ahora peticionante de tutela y otra; sin embargo, en el fondo declaró improcedente la apelación, confirmando la Sentencia S-51/2020; y, iii) De la documentación remitida al Juzgado de garantías, se puede evidenciar la existencia de un proceso penal seguido por el Ministerio Público, donde se dictó una sentencia condenatoria por parte del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y se presentó una apelación restringida en contra de la citada sentencia, siendo resuelta la impugnación mediante la Resolución 085/2021 confirmando la resolución de primera instancia, del contenido del memorial de acción de libertad se solicitó que la precitada Sala Penal dicte la resolución precedentemente señalada; sin embargo, del informe de la autoridad demandada se tiene que cumplió dictando el Auto de Vista el 5 de agosto de 2021 encontrándonos al presente en 3 de agosto de 2022, habiéndose dictado con mucho tiempo anterior esa resolución y de la misma intervención de la parte impetrante de tutela en audiencia señaló que ya fue notificado con el Auto de Vista, correspondiendo en consecuencia aplicar la línea jurisprudencial señalada en el Considerando III de la presente resolución “…como es, uno la oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad y dos la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, señalados en las Sentencias Constitucionales 0444/2022-S3 de 02 de septiembre y S.C. 0103/2012 de abril de 2012” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto de Vista 085/2021 de 5 de agosto, suscrito por Silvia Maritza Portugal Espinoza -ahora demandada- y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ariel Choquehuanca Chino -ahora accionante- por la comisión del delito de abuso sexual, que declaró la admisibilidad de los recurso de apelación restringida planteada por el ahora peticionante de tutela y Verónica Choquehuanca Quispe y en el fondo confirmó la Sentencia S-051/2020 de 4 de marzo emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del El Alto del departamento de La Paz (fs. 17 a 24). II.2. En el desarrollo de la audiencia de esta acción de libertad de 3 de agosto de 2022, el ahora impetrante de tutela mediante su abogado manifestó que:

“...en honor a la verdad (…) el auto de vista emitido por la vocal de la sala penal primera nos ha sido notificado el día de ayer, a las 9 de la mañana (…) e inmediatamente nos han notificado con dicho auto de vista, que era el motivo por el que se a hecho esta acción de libertad, inmediatamente los suscritos abogados han presentado un memorial (…) retirando la acción de libertad, empero señor magistrado nos informan que dicho proceso a sido sorteado primeramente al juzgado primero de sentencia de El Alto, donde se ha presentado este memorial, y justamente después no enteramos de que este caso ya estaría en su digno despacho” (sic [fs. 28 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculados al derecho a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de abuso sexual, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, lo condenó a diez años de presidio; por lo que, planteó el recurso de apelación restringida, impugnación que recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que radicó la causa el 9 de julio de 2021; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad (1 de agosto de 2022) la Vocal ahora demandada, sin que exista justificativo, menos la suspensión de plazos, no emitió el Auto de Vista dentro el plazo que establece el art. 411 del CPP, incurriendo en una dilación de un año y veinticinco días, extremo que no puede justificarse bajo una excesiva carga procesal. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; b) Sobre el retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad; c) Sobre la acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1 Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así: III.1.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .

III.1.2. Por su parte, en cuanto a la acción de libertad traslativa

o de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: a) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; b) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; c) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; d) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; e) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad. Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:

3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

“Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al original de referencia). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las sub reglas advertidas por la jurisprudencia constitucional.

5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad. Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.1.3. Finalmente, sobre la Protección de la dignidad y los

derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.

En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas.

III.2. Sobre el retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0326/2023-S1 de 25 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La Constitución Política del Estado en su art. 126.I, establece la tramitación de la acción de libertad, señalando que:

I. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea

conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. En ausencia del II. demandado, por inasistencia o abandono, se llevará a efecto en su rebeldía.

7 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”

III. Conocidos los antecedentes y oídas las alegaciones, la autoridad judicial, obligatoriamente y bajo responsabilidad, dictará sentencia en la misma audiencia. La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente. En todos los casos, las partes quedarán notificadas con la lectura de la sentencia. IV. El fallo judicial será ejecutado inmediatamente. Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a su emisión.

De la norma transcrita se tiene que la misma Ley Fundamental en la regulación del trámite de la acción tutelar en estudio, instituye en un mismo nivel de trascendencia procesal, la garantía que la audiencia sea llevada a cabo sin demora -dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción-, que la persona o personas accionantes sean conducidas ante la presencia del juez o tribunal de garantías, y que se practique la citación -personal o por cédula- a las autoridades demandadas, deduciéndose que con relación a este último acto procesal, la sumariedad del trámite instituida por la propia Norma Suprema con relación a esta acción, no descuide el derecho a la defensa que involucra dicha citación, con relación a la persona o autoridad demandada; asimismo, en ningún caso podrá suspenderse la audiencia, puesto que obligatoriamente y bajo responsabilidad, el juez o tribunal de garantías dictará sentencia en la misma audiencia, donde quedarán notificadas con la lectura de la sentencia. Por su parte, el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, respecto al momento en que es posible retirar la acción de libertad o presentar el desistimiento, a través de la SCP 1525/2014 de 16 de julio, establece el siguiente razonamiento:

“‘Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva; es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’”. En ese marco, se concluye que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad es hasta antes de señalado el día y hora de audiencia; esto en mérito a que, conforme la configuración del proceso constitucional de la acción de libertad, a diferencia del resto de acciones de defensa, sobre todo por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad, por cuanto el juez o tribunal de garantías, precisamente en razón al principio de informalidad acentuado en el texto constitucional -art. 125 de la CPE-, no está obligado a examinar requisitos de forma y fondo como ocurre con el resto de las acciones tutelares. De ahí que está compelido a indicar directamente día y hora de la audiencia -art. 126.I de la CPE-; asimismo, el desistimiento o retiro de ésta acción de defensa es inadmisible por dos razones, una de orden procesal, que señala que después de cumplidas las formalidades procesales no puede suspenderse en ningún caso, y de orden sustantivo; toda vez que, la acción de libertad pretende evitar conductas reñidas con el orden constitucional. Ahora bien, éste entendimiento respecto a la oportunidad procesal para el retiro de la acción de libertad, es el mismo que siguió la SCP 0082/2017-S1 de 23 de febrero, reiterada por la SCP 0657/2018-S1 de 22 de octubre, entre otras; mismas que conforme las normas constitucionales que disciplinan esta acción de defensa -art. 125 y ss. de la CPE-, reafirman que la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones -retiro o desistimiento- serán inadmisibles después de esta actuación procesal.

III.3.Sobre la acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:

La Ley del Tribunal Constitucional promulgada el 1 de abril de 1998, en su Capítulo IX estableció el marco jurídico del recurso de habeas corpus, señalando más propiamente en su art. 91.VI que “No obstante haber cesado la persecución o la detención ilegales, la audiencia se realizará necesariamente y si el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será condenada a la reparación de daños y perjuicios…” (las negrillas nos pertenecen); redacción a partir de la cual, se fue gestando la institución del habeas corpus innovativo, pues el habeas corpus no solo podía ser interpuesto cuando se encuentre vigente y latente la lesión o amenaza de lesión a los derechos a la libertad sino también cuando los mismos hubieren cesado. En ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional a través del Auto Constitucional 361/99-R de 26 de noviembre de 1999, en revisión de la Sentencia pronunciada el 13 de octubre de ese mismo año por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, determinó revocar dicha Sentencia y declarar procedente el recurso, debiendo el Tribunal de Habeas Corpus aplicar el artículo 91.VI de la Ley del Tribunal Constitucional –Ley 1836 de 1 de abril de 1998– , alegando que: “…el hecho de haberse puesto en libertad al recurrente el mismo día a horas 19 no destruye la ilegalidad de su detención y más bien confirma que la detención fue arbitraria, basada en una simple sindicación…”, determinación que no solo puso en evidencia la procedencia del habeas corpus en su modalidad innovativa sino también generó el cumplimiento del objetivo que es encomendado a las autoridades judiciales que no quede impune el comportamiento de los responsables de la lesión o amenaza de lesión de una persona. En igual sentido, el entonces Tribunal Constitucional pronunció la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, aprobó la Resolución de 5 de noviembre de 2001 -que declaró procedente el recurso de habeas corpus- emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, argumentando que: “…si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, determinación que expresamente asumió lo dispuesto por el art. 91.VI de la Ley 1836. Así también, entre otras, las SSCC 0387/2002-R, 1135/2002-R; 0352/2003- R; y, 1476/2003-R.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1489/2003-R de 20 de octubre, resolviendo un recurso de habeas corpus en el que se denunció la lesión del derecho a la libertad debido a una detención indebida que si bien habría cesado antes de la interposición del recurso; determinó revocar la Resolución 4/2003 de 6 de septiembre, declarando improcedente el aludido recurso, toda vez que, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación del recurso. Sentencia Constitucional en la que, si bien señaló que dicha determinación no implicaba un cambio de línea jurisprudencial, originó una modificación al entendimiento jurisprudencial que se fue aplicando, pues a partir de dicho razonamiento, si la lesión hubiere cesado previo a la presentación del recurso debía ser declarado improcedente, y en caso que el recurso fuere presentado y luego cesaran los actos lesivos se determinaría su procedencia. Razonamiento reiterado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R, 0193/2004-R y otras. Luego, a través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió el entendimiento que fue asumido en las Sentencias Constitucionales citadas en el párrafo precedente, al señalar que:

“Del análisis de los debates parlamentarios desarrollados en el proceso de sanción de la ley aludida, se extrae que la ratio legis del precepto aludido está en la necesidad de que el instituto jurídico en examen brinde protección en aquellos supuestos en los que “…una autoridad legal arbitrariamente detiene a una 11 En el Fundamento Jurídico III.2 se sostuvo que: “Es importante dejar establecido, que, si bien el Fiscal recurrido posteriormente dejó sin efecto los mandamientos de aprehensión, ello no hace desaparecer la ilegalidad de su acto, por lo que debe declararse procedente el hábeas corpus con el objeto de establecer la responsabilidad civil de la autoridad demandada. 12 El Fundamento Jurídico III.1 señaló que: “…siendo la razón esencial del recurso hacer efectiva la protección de la libertad individual, el mismo debe ser planteado en el momento en que están sucediendo tales casos, no siendo pertinente acudir a esta acción tutelar simplemente para identificar a la autoridad que ordenó o ejecutó la medida restrictiva de la libertad”. 13 En el Fundamento Jurídico III.1 se sostuvo que: “…resulta imprescindible plantear el recurso en el momento en el que los derechos a la libertad física o a la locomoción están siendo suprimidos indebida o ilegalmente, a fin de que este Tribunal compulse el acto de la autoridad recurrida y se pronuncie en el fondo ya sea concediendo o negando la tutela, lo que significa, que el recurso planteado luego de que el supuesto agraviado hubiera sido puesto en libertad, debe ser directamente declarado improcedente sin necesidad de ingresarse al fondo de la problemática planteada.” 14 El Fundamento Jurídico III.4 preciso que: “Por otra parte, es necesario referirse a que si bien los recurrentes a tiempo de la realización de la audiencia de hábeas corpus se encontraban en libertad, ello -en este caso- no puede ser causal de improcedencia del recurso, pues consta en obrados que a tiempo de la interposición del mismo estaban privados de su libertad, la que obtuvieron en la audiencia de medidas cautelares realizada con anterioridad a la notificación de los recurridos, diligencia que no se cumplió por la situación de conflicto que se presentó en el país, de manera que la circunstancia señalada no desvirtúa la ilegal actuación ni excluye la responsabilidad de los Fiscales demandados”. 15 El Fundamento Jurídico III.2 sostuvo: “Si bien, la SC 1489/2003-R, de 20 de octubre establece que no se puede determinar la ilegalidad de una detención cuando el recurso de hábeas corpus fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes, en el caso que se examina no es aplicable lo determinado por este fallo porque el representado de la recurrente fue puesto en libertad después de media hora de haberse planteado el hábeas corpus, en virtud de lo que se ingresa al análisis de fondo de la problemática planteada.”

persona sin que haya existido causa que lo justifique y tenemos centenares de casos, finalmente la ponen en libertad se acabó el tema, no hay protección, no hay tutela de los derechos humanos, les digo verdaderamente, no avanzar en el texto en la forma como está propuesta supone volver al viejo judicialismo para eso no cambiamos nada […] yo puedo demandar a una autoridad que me ha detenido ocho días y después me ha puesto en libertad […] ya estoy en libertad y quiero plantear el recurso de hábeas corpus para que la autoridad que ha cometido semejante abuso, que me ha privado de derechos de alimentar a mi familia, de ver a mis hijos, de cumplir con mi trabajo de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional debe ser sancionada y el recurso de hábeas corpus declarado procedente […]’” (Cfr. Redactor, Tomo IV, noviembre de 1997, H. Cámara de Diputados). Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso…” (las negrillas son agregadas). Más adelante, con la SC 0451/2010-R de 28 de junio se recondujo SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado. A través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumiéndose parámetros interpretativos más favorables respecto a la protección de los derechos humanos se recondujo la línea jurisprudencial a lo expresado en la referida SCP 0327/2004-R, determinándose que la acción de libertad procede aún hubiera cesado la privación de libertad, reconociendo a partir 16 El Fundamento Jurídico III.1 señaló que: “…Nuestro ordenamiento jurídico también sugiere la existencia de esta figura, cuando en el art. 68.6 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional y el propio Código Procesal Constitucional, que en su art. 49.6, determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades”.

de ello la acción de libertad innovativa, que tiene un carácter preventivo, con la finalidad de que ya no sucedan los mismos actos ilegales en futuras actuaciones. La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, sin realizar una modulación a la acción de libertad innovativa, estableció la aplicación de la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, señalándose que:

“La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.

Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”. Bajo los lineamientos jurisprudenciales desarrollados precedentemente, considerando la aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, a través de la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio se recondujo la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0744/2015-S3 al entendimiento asumido en la SCP 2491/2012, en consecuencia la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal como causal de improcedencia solamente puede aplicarse en la acción de amparo constitucional.

17 El Fundamento Jurídico III.3 sobre la necesaria reconducción de la línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad innovativa señaló que: “Consiguientemente, en aplicación del estándar más alto de protección de los derechos que tiene su fundamento “…en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (SCP 2233/2013 de 16 de diciembre); se comprenderá que no corresponde asumir en la acción de libertad, una causal de improcedencia prevista expresamente para la acción de amparo constitucional, más aún si no existe un marco normativo constitucional y legal que lo respalde; además que de la interpretación teleológica del art. 49.6 del CPCo, se entiende que la acción de libertad en modalidad innovativa, se encuentra expresamente reconocida y por ende proscrita la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en la misma acción tutelar, por ser un instituto propio de la acción de amparo constitucional que no condice con la naturaleza jurídica de la primera; un entendimiento contrario implicaría desconocer un mandato legal y final previsto en la disposición indicada, además que significaría una regresión en la protección de derechos fundamentalísimos como la vida y la libertad en franca vulneración a lo dispuesto en los arts. 13.I y 22 de la CPE, al asumir un razonamiento restrictivo a través de la cual se permita a las personas demandadas subsanar las lesiones cometidas antes de la audiencia de garantías y por ende dejar sin tutela las vulneraciones cometidas antes de la misma, cuando lo que corresponde en todo caso es asumir una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y no dejar en desamparo a los peticionantes de tutela.

En tal sentido, corresponde reconducir y reasumir el entendimiento desarrollado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en el sentido que procederá la acción de libertad aún hayan cesado las causas que originaron la misma, como establece el art. 46.9 del CPCo y por ende superar el precedente desarrollado por la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, en torno a la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, por no corresponder su aplicación en la acción de libertad”.

Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, respecto a la acción de libertad innovativa, es preciso señalar que, conforme se sostuvo en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en la SCP 2491/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de dicha acción de defensa, evitando que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. Consecuentemente, la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones vinculados al derecho a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de abuso sexual, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, lo condenó a diez años de presidio; por lo que, planteó el recurso de apelación restringida, impugnación que recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que radicó la causa el 9 de julio de 2021; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de libertad (1 de agosto de 2022) la Vocal ahora demandada, sin que exista justificativo, menos la suspensión de plazos, no emitió el Auto de Vista dentro el plazo que establece el art. 411 del CPP, incurriendo en una dilación de un año y veinticinco días, extremo que no puede justificarse bajo una excesiva carga procesal.

Identificada la problemática, corresponde realizar la contextualización de como emerge esta acción de libertad sobre la base de lo señalado en el memorial, los antecedentes adjuntados y todo lo manifestado en el desarrollo de la audiencia de 3 de agosto de 2022; en ese marco, se tiene que el Ministerio Público inició proceso penal contra Ariel Choquehuanca Chino por el delito de violación de niño, niña y adolescente, en dicha causa penal el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, mediante la Sentencia S-051/2020, le impuso la pena de diez años de presidio, declarándole autor del delito de abuso sexual y absuelto por la comisión del ilícito de violación de niño, niña y adolescente, contra dicha decisión el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación restringida, mismo que previo sorteo recayó ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicha instancia emitió la impugnación por Auto de Vista 085/2021, confirmando en el fondo la decisión apelada, esta determinación fue notificada el 2 de agosto de 2022 a horas 09:00 conforme señaló el propio impetrante de tutela por intermedio de su defensa técnica (Conclusiones II.1 y II.2).

Establecidas las Conclusiones dentro del presente Fallo Constitucional, antes de ingresar a compulsar la problemática identificada, corresponde aclarar que el accionante en el desarrollo de la audiencia de esta acción de libertad, el 3 agosto de 2022 por intermedio de su abogado señaló que: “...en honor a la verdad (…) el auto de vista emitido por la vocal de la sala penal primera nos ha sido notificado el día de ayer, a las 9 de la mañana (…) e inmediatamente nos han notificado con dicho auto de vista, que era el motivo por el que se a hecho esta acción de libertad, inmediatamente los suscritos abogados han presentado un memorial (…) retirando la acción de libertad, empero señor magistrado nos informan que dicho proceso a sido sorteado primeramente al juzgado primero de sentencia de El Alto, donde se ha presentado este memorial, y justamente después no enteramos de que este caso ya estaría en su digno despacho” (sic [el subrayado es añadido]), bajo ese contexto corresponde remitirnos a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este Fallo Constitucional, al precisar que: la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad es hasta antes de señalado el día y hora de audiencia; asimismo, el desistimiento o retiro de ésta acción de defensa es inadmisible por dos razones, una de orden procesal, que señala que después de cumplidas las formalidades procesales no puede suspenderse en ningún caso, y de orden sustantivo; toda vez que, la acción de libertad pretende evitar conductas reñidas con el orden constitucional. En el caso de autos, el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías señaló audiencia para el 2 de agosto de 2022 a desarrollarse el 3 del citado mes año a horas 09:50 (fs. 15), y pese a que el accionante señaló haber presentado escrito retirando la acción de libertad en la misma fecha, al no estar adjunto al legajo procesal y al exteriorizar recién su voluntad de retirar la demanda tutelar en el desarrollo de la audiencia, evidentemente resulta ser extemporáneo, conforme señaló el Juez de garantías; por lo que, corresponde ingresar al análisis de la denuncia efectuada por Ariel Choquehuanca Chino.

La denuncia que se invoca en contra de la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Silvia Maritza Portugal Espinoza -ahora demandada- trasunta en que incurrió en una dilación indebida de un año y veinticinco días sin que se haya resuelto el recurso de apelación restringida que interpuso contra la Sentencia Condenatoria S-051/2020, incumpliendo lo dispuesto en el art. 411 del CPP; bajo ese antecedente fáctico corresponde aplicar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al principio de celeridad señaló: por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; el objeto primordial es que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; siendo la acción traslativa o de pronto despacho; como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Ahora bien, dentro el caso que se analiza, se evidencia la existencia de un proceso penal seguido por Ministerio Público contra el ahora accionante por el delito de abuso sexual, emitiéndose la Sentencia Condenatoria S-051/2020; por el que, se le impuso la pena de diez años de presidio por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, declarándolo como autor del delito de abuso sexual y absuelto por el ilícito de violación de niño, niña y adolescente, decisión que fue impugnada mediante el recurso de apelación restringida, siendo remitida ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento, instancia que radicó el proceso el 9 de julio de 2021, emitiendo en consecuencia el respectivo Auto de Vista 085/2021, resolución que conforme señaló el propio impetrante de tutela: “... la sala penal primera nos ha sido notificado el día de ayer, a las 9 de la mañana (…) e inmediatamente nos han notificado con dicho auto de vista…” (sic), hechos que no han sido desvirtuados y por el contrario fueron corroborados mediante el informe presentado la Vocal ahora demandada; por lo que, indudablemente existió una dilación grosera de un año y veinte tres días calendario desde que radicó hasta que se materializó el acto de comunicación, lapso de tiempo que la Vocal Silvia Maritza Portugal Espinoza demoró en resolver el recurso de apelación restringida, en pleno detrimento de Ariel Choquehuanca Chino, quien estuvo sin conocer su situación jurídica; vulnerándose el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, el acceso a una justicia pronta y oportuna, además que incumplió los plazos procesales establecidos en el art. 411 del CPP, que de manera textual señala que: “Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los diez días de recibidas las actuaciones. Concluida la audiencia o si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de veinte días” (el subrayado es añadido); aspectos que en un Estado constitucional de derecho no pueden ser permitidos que la situación de los que ya cuentan con restricciones al derecho a la libertad sean prolongadas indefinidamente. Por otra parte, de la revisión de los antecedentes y conforme señaló el propio accionante es que fue anoticiado con el Auto de Vista 085/2021, el 2 de agosto de 2022 a horas 09:00 y la ahora demandada fue notificada con la demanda de la acción de libertad el 3 de igual mes y año a horas 09:33; es decir, que el acto ilegal cesó al haber emitido el Tribunal de apelación la resolución correspondiente antes de la citación con la acción tutelar; sin embargo, esto no exime de responsabilidad a la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la dilación incurrida; por lo que, es perfectiblemente aplicable la acción de libertad innovativa (Fundamento Jurídico III.3) que es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, todos los aperadores de justicia en el marcos de funciones tienen el deber ineludible de actuar con la debida celeridad y en cumplimiento a los plazos procesales establecidos por la normativa, con base a todo lo razonado corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa. Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías al denegar la tutela, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la dilación incurrida por Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en la tramitación del Recurso de Apelación Restringida interpuesta por el ahora accionante en su modalidad innovativa, conforme a los razonamientos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Se llama severamente la atención a la Vocal Silvia Maritza Portugal Espinoza por la dilación incurrida en la tramitación y resolución del recurso de apelación restringida planteada por Ariel Choquehuanca Chino, bajo advertencia de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura en caso de reincidencia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…)

…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios

2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. “…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”

6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

8 En el tercer Considerando se sostuvo: “…si bien el recurrente fue puesto en libertad después de veinticuatro horas, ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a la recurrida, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley Nº 1836…”

9 En el Fundamento Jurídico III.2 se estableció que: “…el hecho de que el recurrente hubiese sido puesto a disposición del Fiscal dentro del plazo de las 8 horas previstas por el art. 227 CPP, no destruye la detención indebida denunciada, pues por prescripción del art. 91-VI de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), aún el acto de persecución o la detención ilegales hubiera cesado, de igual forma se debe realizar la audiencia del Recurso y para el caso de que los presupuestos del art. 18 y 89-I fuesen evidentes se deberá otorgar la protección”.

10 En el Fundamento Jurídico III.2 se señaló que: “…El hecho de que el recurrente, posteriormente hubiera sido puesto en libertad, no desvirtúa la ilegalidad del acto restrictivo de su libertad en que incurrió la autoridad demandada, por lo que no puede ser eximida de la responsabilidad emergente del mismo”.

18 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 49°.- (Normas especiales en el procedimiento) La Acción de Libertad se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 6. Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0619_2024-S1.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): d15e03f1ddb786930fc01cdd24c27c084fefe651b09b28f97cc960873bea2ef2

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