Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derechos a la libertad y al principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura del departamento de La Paz en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encontraría cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del precitado departamento, desde el 2 de junio de 2018; es decir, por más de tres años y medio; siendo aplicable en su caso, el art. 133 del CPP, que establece la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Por lo que, pidió la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de lo expuesto en los Fundamento Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46956-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauricio Adolfo Imaña Luna contra Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz; y, Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura del departamento de La Paz en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; desde el 2 de junio de 2018, cumple detención preventiva en virtud a una denuncia referente a un ilícito que no cometió, constando incluso cuatro memoriales de desistimiento presentados por las madres de las supuestas víctimas; habiéndose mellado su dignidad y moral, logrando incluso la desintegración de su familia. Resaltó que, habiéndose cometido una serie de errores por los operadores y/o investigadores del caso, viene soportando abusos y “barbaridades jurídicas legales”; habiéndose cumplido el plazo establecido en el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que prevé que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento salvo el caso de rebeldía; en virtud a lo que, el juez o tribunal de la causa, de oficio o a petición de parte debe declarar la extinción de la acción penal; norma que correspondería aplicarse en su asunto, estando detenido de forma preventiva por más de tres años y medio en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Razones, en virtud a las que, pidió la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
Señaló como lesionado su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 8 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 14 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, “…la apertura de juicio, ya tantas veces se suspende, la cesación a las detenciones nunca se llevó esas audiencias por falta de notificaciones y falta de fiscal, y falta del denunciante…” (sic). Encontrándose detenido preventivamente más de tres años y medio sin sentencia; habiendo superado incluso una enfermedad dentro del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, contando con seis hijos; por lo que, impetró su inmediata libertad para estar con ellos.
Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco consta la presentación de un informe escrito de su parte, pese a su legal citación cursante a fs. 11. No obstante, en la Resolución 05/2022 de 8 de abril, emitida por el Tribunal de garantías, se aludió que la autoridad judicial demandada precitada, habría exhibido informe, señalando lo siguiente: a) El impetrante de tutela no precisó ni puntualizó qué derechos fundamentales le habrían sido lesionados, refiriendo que está detenido preventivamente por más de tres años y medio en el Centro Penitenciado de San Pedro del mencionado departamento; argumentos que no se encontrarían dentro del marco de la jurisdicción constitucional, sino en el ámbito de lo previsto en los arts. 314.III y 344 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que regulan que las partes pueden interponer incidentes o excepciones sobrevinientes; b) El demandante de tutela pretendió sorprender planteando que solo con el transcurso del tiempo procedería “…este incidente o excepción…” (sic); obviando el procedimiento y la jurisprudencia constitucional que establecen que la determinación de la extinción de la acción penal responde a una cuidadosa apreciación en cada caso concreto, en relación a factores concurrentes al plazo previsto por ley, como la complejidad del asunto, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y el accionar de las autoridades competentes; último aspecto a objeto de definir si el comportamiento y actuar de dichas autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; c) Las audiencias de inicio de juicio oral, público y contradictorio, se fueron suspendiendo en la causa penal seguida contra el demandante de tutela, de forma reiterada por la inasistencia de los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ambos del municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, hechos de conocimiento del precitado, realizándose la última audiencia el 7 de abril de 2022, a horas 14:30, en la que se esperó más de media hora la comparecencia de la Defensoría prenombrada, suspendiéndose nuevamente el acto procesal para otra data. No obstante, el abogado del peticionante de tutela, pidió en ese transcurso de tiempo y reiteradas veces, la suspensión de dicha audiencia, faltando a la lealtad procesal “…cuando se tenía antepuesto esta acción tutelar…” (sic); y, d) En el marco de lo expuesto, corresponde denegar la tutela, más si la presentación de la acción de defensa es desleal y fuera del contexto jurídico. Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia, brindó informe oral en audiencia, solicitando se deniegue la tutela, en mérito a que, serían sesenta y tres víctimas menores de edad que habrían sido abusadas por el impetrante de tutela quien debe demostrar su inocencia en juicio. Resaltando que, en el caso de otorgársele libertad, el sindicado se “va fugar”.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 15 a 17 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El demandante de tutela solicitó que por el transcurso del tiempo de más de tres años y seis meses desde su detención preventiva y en aplicación del art. 133 del CPP, referente a la duración máxima del proceso, la jurisdicción constitucional declare la extinción de la acción penal y disponga su libertad, sin considerar que, conforme a la jurisprudencia constitucional emitida al respecto, el imputado debe presentar dicha petición ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento del indicado; y, 2) La instancia ordinaria prenombrada no incurrió en demora alguna y no pudo considerar lo referido debido a que no se interpuso la extinción mencionada a los fines consiguientes; no siendo la acción de libertad un medio sustitutivo de la jurisdicción ordinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura del departamento de La Paz contra Mauricio Adolfo Imaña Luna -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual; conforme a Certificado de Permanencia y Conducta 25430/2021 de 20 de diciembre, el mencionado se encontraría con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del aludido departamento, desde el 2 de junio de 2018, cumpliendo a esa data, tres años, seis meses y dieciocho días de privación de libertad (fs. 5). II.2. No consta solicitud ni interposición por parte del impetrante de tutela, de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso en la jurisdicción ordinaria.
El accionante denuncia la vulneración de su derechos a la libertad y al principio de celeridad; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura del departamento de La Paz en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encontraría cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del precitado departamento, desde el 2 de junio de 2018; es decir, por más de tres años y medio; siendo aplicable en su caso, el art. 133 del CPP, que establece la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Por lo que, pidió la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad Al respecto la SCP 0398/2016-S2 de 3 de mayo, refirió que: “Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional como el medio procesal idóneo para las partes tendiente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que los administradores de justicia están obligados en sus funciones a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad o peticiones de cesación a la detención preventiva-” (las negrillas y el subrayado son nuestras).
Debiendo resaltar, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto.
Sobre el particular, la precitada SCP 0104/2013 de 22 de enero, expresa que: “La excepción de la extinción de la acción penal, por duración máxima del proceso se encuentra legislada en nuestro ordenamiento jurídico vigente en el art. 27 inc. 10) del CPP, norma que está estrechamente vinculada y en armonía con el art. 133 del mismo cuerpo de leyes, que prescribe: ‘Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía’. Asimismo, las disposiciones legales se relacionan directamente con el art. 135 del CPP, que determina que el incumplimiento de los plazos establecidos en ese Código, dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionamiento negligente; es decir, que los plazos legales y su no cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales, acarrea la dilación del proceso, lo que viabiliza la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y conlleva la responsabilidad del juzgador negligente. Es así, que respecto a la naturaleza jurídica de este instituto jurídico, cabe referir que no es sustantiva como la prescripción, sino de índole procedimental, su viabilidad, además del tiempo transcurrido, no requiere del delito ni de la sanción que éste merezca - que como se ha indicado- se traduce en pena privativa de libertad, de ahí su importancia, por cuanto al constituir un derecho fundamental de la persona el ser procesado sin dilaciones y dentro de un plazo razonable, derecho que también se encuentra consagrado en el art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que hace referencia al plazo razonable en la tramitación del proceso. sobre el mismo tópico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó la teoría del ‘no plazo’, en virtud a la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable y cuándo no; de lo que emerge, un plazo establecido en la ley procesal, que constituye un parámetro objetivo, a partir del cual se analiza la razonabilidad del plazo, en base a: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales, criterios asimilados en la SC 0101/2004 de 14 de septiembre, y el AC 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes y año. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa. (…) entendiéndose precisamente que, la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones indebidas, lo cual sucede cuando se producen actos o se emiten resoluciones de carácter inoportuno por los funcionarios jurisdiccionales o administrativos encargados del proceso” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). En ese orden, la SCP 0026/2015-S3 de 16 de enero, señala que el procesado que solicite la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, debe demostrar que la mora procesal es de responsabilidad del Órgano Judicial o del Ministerio Público; a cuyo efecto, haciendo cita a su vez de otros fallos constitucionales, indicó que: “El Tribunal Constitucional a través de la SC 0033/2006-R de 11 de enero, señaló que: ‘…es necesario referir que el trámite de extinción de la acción penal está sujeto a que el recurrente demuestre que fundamentó su pedido mencionando las piezas procesales con las que acreditó la demora o dilación del proceso atribuible al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público, conforme a lo determinado por la SC 101/2004, de 14 de septiembre y el AC 0079/2004, de 29 de septiembre, pues quien pretende solicitar la extinción de la acción penal, debe fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada, lo que no implica ni se traduce en la necesidad de que el solicitante tenga que ofrecer y producir nueva prueba, cuando la misma se encuentra en el expediente del proceso, sino únicamente individualizarla; fallos que son de cumplimiento vinculante y obligatorio y tienen la debida fundamentación jurídica, doctrinal y constitucional relativa al tema tratado. En partes salientes el AC 79/2004-E CA, señala textualmente lo siguiente: (…) (...) De otro lado, pero en conexión y coherencia con lo anotado, corresponde volver a precisar que lo que la Constitución persigue ‘…es evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema procesal penal' lesione el derecho que tiene el imputado a la conclusión del proceso dentro de los plazos establecidos en el Código de procedimiento penal; consiguientemente, no habrá lesión a tal derecho, cuando a consecuencia del uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema legal le dispensa; el imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del proceso, quien -dada la capacidad de previsión inherente a todo ser humano- asume las consecuencias de sus actos; no correspondiendo, en tal circunstancia, la extinción de la acción penal; al no ser atribuible al órgano judicial o al Ministerio Público la dilación del proceso; únicos supuestos en los que se puede vulnerar el derecho que tiene el procesado a la conclusión del juicio dentro de un plazo razonable. Con relación al segundo punto, partiendo del análisis del art. 133 del CPP y de la Disposición Transitoria Tercera del CPP y su compatibilización con el art. 116.X de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la exigencia constitucional de celeridad procesal y las normas internacionales sobre derechos humanos, el concepto de plazo razonable debe ser apreciado en cada caso concreto, tomando en cuenta, «la complejidad del litigio, la conducta del imputado y de las autoridades judiciales…»; dejando claramente establecido que este plazo, en ningún caso puede exceder el límite de lo razonable'. Respecto a los casos en que existe pluralidad de encausados y la situación de aquellos que no provocaron la retardación de justicia; cabe precisar que solamente se viola el derecho que tiene el procesado a la conclusión del juicio dentro de un plazo razonable, cuando la dilación del proceso es atribuible al órgano judicial o administrativo y no a los imputados; consiguientemente, el presupuesto relevante para la extinción de la acción penal, es la constatación de que fue el Estado, a través de sus órganos competentes de la justicia penal, el que provocó la dilación del proceso; por tanto, será el juez de la causa el que constate esta situación (…). Consiguientemente, quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público (en la etapa preparatoria), precisando de manera puntual en qué partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Ahora bien, sobre el cómputo para determinar la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, la SCP 0172/2018-S2 de 14 de mayo, refiriéndose también a fallos constitucionales anteriores, indicó que: “…la SCP 0275/2016-S2 de 23 de marzo; señaló: ‘…respecto a la afirmación de que la Jueza a quo a momento de realizar el cómputo para establecer las responsabilidades a las partes procesales con relación a la dilación no consideró las vacaciones judiciales ni los feriados nacionales, cabe referir que la SCP 0981/2015-S3 de 12 de octubre y el Auto Supremo 389/2009 de 22 de julio, establecieron que para efectos del cómputo de plazo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (tres años) se debe aplicar el art. 130 del CPP, que establece la suspensión del plazo por vacaciones judiciales, es decir por veinticinco días calendario -norma procesal que concuerda con el art. 126.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)-; consecuentemente, no resulta factible lo aseverado por los Vocales demandados en el entendido de que el art. 130 del CPP, prevé que para el cómputo de los plazos solo se deben considerar los días hábiles, habida cuenta que dicha regla o razonamiento solo es aplicable para los términos determinados por días, como ser para la formulación de algún incidente, recurso de apelación, casación, plazo para resolver los recurso citados, etc., cuyo plazo está fijado en días, (razonamiento recogido por el Auto Supremo 387/2015-RRC-L de 22 de julio), consecuentemente solo se deben descontar las vacaciones judiciales’ (…). Entendimiento jurisprudencial que determina con relación al cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, el descuento de las vacaciones judiciales y no así los días feriados e inhábiles” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
Sobre el particular, la SCP 1309/2022-S2 de 3 de octubre, citando fallos constitucionales anteriores, estableció inicialmente en cuanto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad que: “…la SC 1774/2011-R de 7 de noviembre, concluyó que: ‘…en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional (…)’. En la misma línea, la SCP 0534/2019-S4 de 23 de julio, aludiendo al principio de subsidiariedad que debe observarse en esta acción de defensa, sostuvo que: ‘El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este su derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías’” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).
Lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, es aplicable a la problemática de exégesis, en la que el accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; conforme a los hechos fácticos debidamente precisados en el apartado correspondiente, ceñidos en lo esencial a que, en la causa penal instaurada en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, desde el 2 de junio de 2018; es decir, por más de tres años y medio; resultaría aplicable el art. 133 del CPP, que regula la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. En ese orden, pide la viabilidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Al respecto, en el presente asunto se tiene que, en el proceso penal seguido por el por el Ministerio Público a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura del departamento de La Paz contra el demandante de tutela, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; conforme al Certificado de Permanencia y Conducta 25430/2021 de 20 de diciembre, el precitado se encontraría con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del nombrado departamento, desde el 2 de junio de 2018, cumpliendo a esa fecha, tres años, seis meses y dieciocho días de privación de libertad (Conclusión II.1). En ese marco, el mencionado solicita que emergente de la interposición de su acción de defensa, se le conceda su libertad inmediata, por aplicación del art. 133 del CPP. Conforme a lo expuesto, resulta claro que, el peticionante de tutela obviando la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, pretende que la jurisdicción constitucional actúe como un tribunal ordinario; desconociendo que, la aplicación del art. 133 del CPP, norma que regula: “(Duración máxima del proceso).- Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido. Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”, debe ser considerada por los jueces y tribunales en materia penal que conocen la causa penal instaurada en su contra, en el caso, siguiendo el procedimiento establecido en los arts. 314.III y 344 del CPP, a quienes les compele obrar en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución Constitucional. En ese marco, al no existir constancia de presentación alguna de solicitud de extinción de la acción penal dentro de la jurisdicción ordinaria penal (Conclusión II.2); resulta innegable que, el impetrante de tutela desconoció la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad que exige que en caso de existir mecanismos intra procesales efectivos y oportunos de defensa de los derechos fundamentales, estos sean utilizados previamente a activarse la tutela constitucional; por lo que, los justiciables están compelidos a agotar dichos mecanismos de defensa en el ordenamiento procesal común (Fundamento Jurídico III.3); razón que motiva la denegatoria de la tutela requerida por el demandante de tutela, no siendo viable la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuyo desarrollo según el Fundamento Jurídico III.1, procede en caso de retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias en desmedro de los derechos a la libertad física y locomoción, de quienes presenten solicitudes vinculadas con dichos derechos; pedido inexistente, se reitera, en el caso, habiendo acudido el accionante de forma directa a la presente garantía constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de lo expuesto en los Fundamento Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0612_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d75296b5d723fa07ea0e9a6686ebcea2964493760a5cc434d903e11559bf5cc
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