Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados el debido proceso y su derecho a la libertad; toda vez que, el Secretario ahora demandado, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no remitió al Tribunal de alzada, antecedentes correspondientes al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2022, que rechazó su solicitud a la cesación de la detención preventiva, incurriendo en dilaciones indebidas.
En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 24 vta. a 29, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, exhortando al demandado a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0611/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47192-2022-95-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 24 vta. a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Iporre Llano en representación sin mandato de Félix Valerio Bernales Yucra contra Guido Lucas Gonzales, Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante a fs. 1 a 2 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en audiencia celebrada el 29 de marzo del señalado año, se declaró la improcedencia de la solicitud de cesación a su detención preventiva, interponiendo en el mismo acto procesal, apelación incidental; recurso que, hasta la fecha de activación de la presente acción, no fue remitido ante la Sala Penal de turno del Distrito Judicial de Potosí, inobservando el plazo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); habiendo transcurrido hasta ahora, catorce días que se encuentra restringido su derecho a la libertad en el Centro de Readaptación de Uyuni del citado departamento; y por ende, al debido proceso.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados el debido proceso y su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada.
Celebrada la audiencia pública el 20 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 24 y vta., presente la parte demandada; y ausente el solicitante de tutela, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela no se hizo presente en la audiencia de consideración de esta acción de defensa.
Guido Lucas Gonzales, Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante a fs. 7 y 8, manifestó lo siguiente: a) Fue posesionado en el cargo de Secretario del referido Tribunal, el 11 de abril del mismo año, fungiendo sus funciones desde el 12 del mismo mes y año; y la agenda de audiencias programadas para ese mes se encuentra saturada, debiendo como parte de sus funciones asistir a las mismas, limitando ello su tiempo; b) Conforme al movimiento de memoriales y sorteo de causas, viene regularizando el despacho de fechas anteriores, que cuenta con una excesiva carga procesal y no tiene suficiente personal de apoyo; y, c) Finalmente refiere que, la apelación hubiese sido remitida el 18 de abril de igual año, según constancia de envío y nota de cortesía a Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia del citado departamento, que adjunta.
El Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 24 vta. a 29, denegó la tutela solicitada; refiriendo que, el actuar del demandado, no se enmarca dentro de una dilación indebida; toda vez que, el mismo asumió funciones en fecha 12 de abril de 2022, catorce días después de haberse desarrollado la audiencia; y la remisión fue dispuesta por el Juez de la causa mediante instrucción de 8 de abril de igual año, encomendando su cumplimiento a la Secretaria en suplencia legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados; se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, dispuso no ha lugar a la cesación de la detención preventiva; interponiendo el hoy accionante, apelación incidental contra dicha resolución (fs. 16 vta. a 19 y vta.). II.2. Consta decreto de 8 de abril, emitido por Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí; a través del cual, se identifican las piezas procesales que debía contener el legajo de apelación y se ordenó a la Secretaria en suplencia legal, su remisión con la debida nota de cortesía, bajo responsabilidad (fs. 20). II.3. Cursa Memorando RRHH-CM. 084/2022 de 11 de abril, emitido por Alejandra Guevara Carreño, Responsable de Recursos Humanos (RR.HH.) del Consejo de la Magistratura de Potosí; por el que, se designó a Guido Lucas Gonzales –hoy demandado–, como Secretario Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí (fs. 9). II.4. Mediante guía de servicio de courier y mensajería de fecha 18 de abril de 2022, consignándose como remitente a Guido Lucas Gonzales; y, destinatario a Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 10). II.5. A través de CITE 80/2022 de 18 de abril de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, se remitió el legajo de la apelación incidental a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Potosí (fs. 23).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados el debido proceso y su derecho a la libertad; toda vez que, el Secretario ahora demandado, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no remitió al Tribunal de alzada, antecedentes correspondientes al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2022, que rechazó su solicitud a la cesación de la detención preventiva, incurriendo en dilaciones indebidas.
En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’.
Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:
Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.
Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
(…)
Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal’” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados el debido proceso y su derecho a la libertad; toda vez que, el Secretario ahora demandado, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no remitió al Tribunal de alzada, antecedentes correspondientes al recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2022, que rechazó sus solicitud a la cesación de la detención preventiva, incurriendo en dilaciones indebidas. Precisada la problemática, corresponde abordar el tema en estudio originado por la presunta dilación procesal que hubiera sido ocasionada por el demandado, en la remisión de la apelación a la Sala de Turno del Tribunal departamental de Justicia de Potosí. En ese entendido, de acuerdo a los antecedentes de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, por Auto Interlocutorio de 29 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Primero – Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni de Potosí, dispuso no ha lugar a la solicitud de cesación de la detención preventiva; interponiendo el impetrante de tutela, apelación incidental contra dicha resolución; al no haberse ordenado la remisión en audiencia; mediante decreto de 8 de abril de igual año, se dispuso que la Secretaria en suplencia legal, remita el legajo al Tribunal de alzada. El 11 de abril del referido año, por Memorando RRHH-CM. 084/2022, el demandado fue designado como Secretario del precitado Tribunal, ejerciendo el cargo desde el 12 de igual mes y año; y, según la guía del cuorier, el legajo de apelación fue remitido el 18 de abril del mismo año, con nota de cortesía con igual data.
Por todo lo manifestado y analizado, se evidencia que el Secretario demandado, incurrió en dilación indebida al no haber remitido del recurso de apelación al Tribunal de alzada dentro del plazo procesal determinado por ley; pues corresponde computar la demora desde que inició el ejercicio de sus funciones en el cargo; es decir, desde el 12 de abril de 2022, hasta la fecha de su remisión 18 de igual mes y año, incurriendo en una dilación de seis días, denotando que el plazo legal de veinticuatro horas fue superado; que si bien, el prenombrado expresó y demostró su reciente designación; desconocimiento de la no remisión del expediente, al existir bastante carga procesal, sumado a ello la saturada agenda de audiencias programadas que dificultaron el cumplimiento de los plazos procesales señalados en el art. 251 del CPP y que el legajo de la apelación ya fue remitido al Tribunal de alzada; sin embargo, éstos no representan justificativos válidos para la demora de seis días, que el Secretario demandado ocasionó que la situación jurídica del solicitante de tutela; por lo tanto, el hecho de no haber remitido los antecedentes de la causa en impugnación dentro las veinticuatro horas, conforme a la normativa, constituye una dilación indebida que vulnera el debido proceso y el derecho a la libertad del imputado –hoy impetrante de tutela–, vinculados con la necesidad de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
No obstante, considerando que el legajo extrañado ya fue remitido ante el Tribunal de alzada, corresponde la concesión de tutela solicitada, en la modalidad innovativa. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 24 vta. a 29, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, exhortando al demandado a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0611_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): fc0ab5789040ec820697f0f20524a2dfa2ea8979ed61a35b544dbf6266503007
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