Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Concede la tutela
El impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, a pesar de que la autoridad jurisdiccional a cargo dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo la principal la detención domiciliaria con custodio policial permanente; pero, el Director del referido Centro a pesar de tener conocimiento del mandamiento hasta la fecha no cumplió con dicha orden. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0603/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55273-2023-111-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulino Limachi Mamani contra Alexander Adalid Vargas Calani, Director del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí.
Por memorial presentado el 28 de abril de 2023, cursante de fs. 50 a 52 vta., el accionante expresó que:
En el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por el delito de abuso sexual agravado, el 11 de octubre de 2022 se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí; mediante Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, la autoridad jurisdiccional a cargo de su caso le concedió la cesación de la detención preventiva, aplicándole medidas cautelares de carácter personal como la presentación al Ministerio Público, arraigo nacional, fianza personal y detención domiciliaria con un custodio. A ese fin, el 26 de abril de 2023 se notificó al Director del Centro Penitenciario para que provea al custodio, pero hasta la fecha de presentación de la acción tutelar no cumplió con la orden judicial, encontrándose ilegalmente detenido.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 21 inc. 7, 22 y 23.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, otorgándosele la libertad y determinar que se ejecute de forma inmediata el mandamiento de detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia pública el 28 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 61 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad y lo amplió en los siguientes términos: a) Habiendo cumplido con todas las medidas correspondientes, el 26 de abril de 2023, se notificó al Director del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí para que provea el guardia policial, habiendo transcurrido cuarenta y ocho horas sin acreditar al policía custodio, aún se encuentra detenido indebidamente; b) La autoridad demandada no presentó el informe correspondiente a la acción tutelar incumpliendo a sus deberes; y, c) Corresponde la acción de libertad de pronto despacho ante el incumplimiento de órdenes judiciales, debiendo otorgarse la tutela constitucional, ordenando ser trasladado inmediatamente a su domicilio para cumplir con la detención domiciliaria.
Alexander Adalid Vargas Calani, Director del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, no presentó informe, ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal citación cursante a fs. 56.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, mediante Resolución de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que de manera inmediata una vez notificado se cumpla con el mandamiento de detención domiciliaria de 24 de abril de 2023 que “…ordena al Director de seguridad del Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, ponga en detención domiciliaria al acusado ahora accionante Paulino Limachi Mamani, inclusive refiriendo siempre y cuando no este detenido por otra causa, mandamiento que es librado que también refiere su parte final en el domicilio cito en la Calle Bustillos No. 154, Zona San Roque de esta ciudad de Potosí, habiéndose otorgado la detención domiciliaria con un Custodio policial permanente…” (sic); basándose en los siguientes fundamentos: 1) Encontrándose el accionante privado de libertad, la autoridad jurisdiccional determinó la cesación de la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, otorgándole medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria con autorización de ir a trabajar con un custodio; 2) El 21 de abril de 2023, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí dispuso la emisión del mandamiento de detención domiciliaria con custodio permanente para el ahora impetrante de tutela, acto notificado a las partes y al Director del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, librándose el actuado el 24 del mismo mes y año; 3) Se notificó al Director demandado, el 26 de abril de 2023, con el oficio que ordena la designación de custodio para el accionante y hasta la fecha no se cumplió con la orden judicial; 4) De la revisión del cuaderno procesal, cursa informe de 27 de abril de 2023, referido por verdad material, que menciona que no hay personal policial para cumplir con la orden judicial, lo cual según la SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero, no es causal para el incumplimiento de la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria; y, 5) Se vulneró el derecho a la libertad al incumplir la orden emanada por la autoridad jurisdiccional y no otorgar el custodio policial para dicho cumplimiento, habiendo transcurrido más de cuarenta y ocho horas de detención injustificada del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023, emitido por la autoridad jurisdiccional, se dispuso rechazar la solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva y aplicó medidas cautelares de carácter personal de conformidad al art. 231 bis del Código Procesal Penal (CPP), entre ellas la detención domiciliaria con custodio (fs. 17 a 21). II.2. Cursa mandamiento de detención domiciliaria, de 24 de abril de 2023, a favor de Paulino Limachi Mamani -ahora accionante- librado por Geraldine Bacilia Urdininea Vilaseca, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí (fs. 47). II.3. A través de nota con CITE: JSP. 1 No 50/2023 de 24 de abril, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Potosí, se solicitó custodio policial al “DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE READAPTACIÓN DE SANTO DOMINGO DE CANTUMARCA” (sic), en cumplimiento al Auto Interlocutorio de 4 de enero del mismo año (fs. 48).
II.4. Según notificación de 26 de abril de 2023, se pone en conocimiento el acta de audiencia de 21 del mismo mes y año, al Director del Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí -ahora demandado-que dispuso la emisión del mandamiento de detención domiciliaria con custodio permanente a favor del accionante (fs. 49). II.5. Informe de 27 de abril de 2023 emitido por el Director demandado, mencionado en la Resolución del Tribunal de Garantías de 28 del mismo mes y año, señalando: “…que no dispone de efectivos policiales para cumplir la orden expedida por la Juez …(…)… adjunta una lista de privados de libertad, que gozan con detención domiciliaria” (sic [fs. 61 vta. a 65 vta.]).
El impetrante de tutela, alegó la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, a pesar de que la autoridad jurisdiccional a cargo dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo la principal la detención domiciliaria con custodio policial permanente; pero, el Director del referido Centro a pesar de tener conocimiento del mandamiento hasta la fecha no cumplió con dicha orden. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0560/2021-S4 de 13 de septiembre, estableció que: «En la clasificación doctrinal de la acción de libertad, respecto a la finalidad que esta persigue, la traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es por ello que, la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); por tanto, un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, previsto en el art. 23.I de la Ley Fundamental.
Así, con relación a la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre, reiterando la línea jurisprudencial emitida sobre el particular; señaló que: “Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente:
‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. (…) Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones”». (las negrillas corresponden al texto original).
Al respecto, la SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, manifestó que: “Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo, una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas, pues no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia.
Si bien ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; pues, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria. La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad.”. (las negrillas son nuestras)
La SCP 1349/2013-S3 de 15 de agosto, estableció que: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el prolibertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, se concluye que cualquier dilación en la ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que dispongan detenciones domiciliarias o la libertad de personas privadas de libertad; o cualquier dilación en la procura y diligencia del cumplimiento eficaz de una decisión judicial en el marco del principio pro-libertatis, implicará una afectación al derecho a la libertad, la cual podrá ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad expeditiva o de pronto despacho en el marco de los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, debe señalarse que en caso de verificarse una dilación indebida en cuanto a la ejecución y cumplimiento de una decisión judicial por parte de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, aun cuando se haya dado cumplimiento a las decisiones judiciales de manera tardía, el análisis de la problemática a través de la acción de libertad, implicará además establecer los efectos disciplinados por la teoría constitucional para la acción de libertad innovativa, es decir que el efecto de la concesión de tutela implicará la responsabilidad de la autoridad que indebidamente dilató la inmediata ejecución de un mandamiento de detención domiciliaria o de libertad ” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
El accionante alegó la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí, a pesar de que la autoridad jurisdiccional a cargo dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo la principal la detención domiciliaria con custodio policial permanente; pero, el Director del referido Centro a pesar de tener conocimiento del mandamiento hasta la fecha no cumplió con dicha orden. En la problemática planteada, conforme a los antecedentes que motivaron la interposición de esta acción tutelar, se advierte que la autoridad jurisdiccional, rechazó la solicitud de ampliación de plazo de la detención preventiva y determinó medidas cautelares de carácter personal según Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2023 (Conclusión II.1.), siendo el impetrante de tutela beneficiado con detención domiciliaria con custodio permanente; por lo que, el 24 de abril del mismo año la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí libró el mandamiento correspondiente a su favor (Conclusión II.2.) y solicitó custodio policial mediante nota de la misma fecha al “DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE READAPTACIÓN DE SANTO DOMINGO DE CANTUMARCA” (sic), en cumplimiento al auto antes señalado (Conclusión II.3.), adjuntando el mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, pese a que se cumplió con la respectiva notificación, el 26 de abril de la misma gestión al Director penitenciario (Conclusión II.4.), no dio cumplimiento a lo dispuesto en el plazo previsto por ley, incurriendo de esa manera en una tardanza injustificada. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes expresados precedentemente, el accionante considera vulnerado su derecho a la libertad personal, identificado en el ámbito de protección de esta acción de defensa, en tal sentido, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y eficaz en la vía constitucional, para reclamar en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad, producto de demoras indebidas; pues, su dilación conlleva a la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional señaló de manera reiterada, que los servidores públicos deben cumplir sus tareas con agilidad y mayor prontitud (Fundamento Jurídico III.1), más aún, cuando hay una orden judicial que está íntimamente ligada con el derecho a la libertad, como se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Así también, en el Fundamento Jurídico III.3, citado con relación al cumplimiento y ejecución de las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, señaló: “…que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales…”; “…en caso de verificarse una dilación indebida en cuanto a la ejecución y cumplimiento de una decisión judicial…implicará la responsabilidad de la autoridad que indebidamente dilató la inmediata ejecución de un mandamiento de detención domiciliaria o de libertad”; el Director -ahora demandado- tenía la obligación de dar cumplimiento a la orden emanada por la autoridad jurisdiccional y cumplir con la designación del efectivo policial para el impetrante de tutela en su domicilio real situado en calle Bustillos No. 157, zona San Roque, ocasionando una demora indebida e injustificada, ni la falta de personal policial informada por el demandado se constituye en un impedimento o causal para incumplir con la ejecución de la orden judicial (Conclusión II.5.). Finalmente, teniéndose por ciertos los hechos alegados por la parte accionante, al no haber presentado el informe exigido por la Norma Suprema ante el Juez de garantías, ni asistir a la audiencia de consideración de la acción de defensa presentada en su contra para desvirtuarla, según SCP 0322/2025-S3 de 30 de abril que asume el entendimiento de la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, se presume como ciertos los hechos denunciados, tal como sucede en el presente caso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, por la dilación en el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria, debiéndose otorgar el custodio policial en favor del impetrante de tutela de manera inmediata; en ese sentido, es imperante otorgar la tutela en favor del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28 de abril de 2023, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0603_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): df26b7965ef8c680b5e1691fd0e51b8c3e51bf71f5e52972d0c3e19d7430edf5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →