B.IA.LEGAL

SCP 0597/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46485-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

La impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la vida por cuanto: a) La Psicóloga del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -ahora coaccionada- a partir del Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22, evacuado de su parte, emitió criterios sobre la peligrosidad del imputado y sus niveles de impulsividad al establecer: “‘indicadores de riesgo de violencia ausente”’ (sic) e “‘indicadores de impulsividad ausente”’ (sic), aspecto que se encuentra fuera de sus competencias y facultades, dando lugar a un informe ultra petita que pone en riesgo su vida pues el mismo será utilizado por el imputado en la audiencia de cesación a la detención preventiva a fin de desvirtuar el peligro existente para la víctima; y, b) El Director del señalado establecimiento penitenciario, permitió la remisión de dicho Informe, sin considerar que el Requerimiento Fiscal no instruyó se establezca niveles de peligrosidad, además de no tener en cuenta que el indicado Informe no observó los lineamientos establecidos a las competencias de un Psicólogo, previstas en el art. 97 de la LEP.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los requisitos para la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0597/2023-S3 Sucre, 15 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46485-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Verónica Marisol Quiroga Pando y Heidy Pamela Gil Pattzi en representación sin mandato de Doris Elia Choque Alejo contra José Luis Morales del Castillo, Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; y, Ana Rocío Limachi Suxo, Psicóloga del citado establecimiento penitenciario.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 17 a 21 vta., la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra Marco Germán López Huanca por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia patrimonial, se determinó la detención preventiva del antes nombrado a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, quien para obtener su cesación a dicha medida cautelar de carácter personal solicitó un informe psicológico, dando lugar al Informe INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22 de 27 de enero de 2022, emitido por la ahora coaccionada Ana Rocío Limachi Suxo, Psicóloga de dicho establecimiento penitenciario, mismo que pretende ser utilizado por el imputado para desvirtuar el peligro de fuga, inserto en el numeral 7 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en lo referente al peligro efectivo para la víctima. En dicho Informe Psicológico, la antes nombrada, a pesar de que el requerimiento fiscal que instruyó su emisión claramente señaló que los puntos a evaluar convergían en establecer “…el Estado y su valoración…” (sic) -siendo lo correcto la valoración psicológica sobre el estado en el que se encuentra el imputado, y su comportamiento-, fuera de todas las competencias y funciones del departamento de psicología del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, emitió criterios como los siguientes: ‘“indicadores de riesgo de violencia ausente”’ (sic) e ‘“indicadores de impulsividad ausente”’ (sic); en ese sentido, si bien el art. 97 de la Ley de Ejecución Penal (LEP) expresa que se debe otorgar apoyo y tratamiento psicológico a los internos; sin embargo, no se encuentra entre sus facultades el poder determinar niveles de riesgo o peligro de los mismos. Bajo ese parámetro, si bien el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece como un deber de garantía de los Estados que los privados de libertad cuenten con un equipo multidisciplinario para precautelar su integridad en todo sentido; empero, en ningún momento determina que los informes puedan establecer un posible peligro para la ciudadanía o víctimas, menos aún establecer niveles de impulsividad. En ese marco, refirió que la Psicóloga coaccionada emitió su informe sobre puntos que no le fueron solicitados, menos con criterios o juicios de valor, estableciendo el grado de peligrosidad de un interno, aspecto a partir del cual, sostuvo, pone en riesgo su vida, por cuanto dicho informe fue presentado por el imputado ante la autoridad jurisdiccional a efectos de desvirtuar el peligro para la víctima establecido a partir de la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP “…por lo que con el informe pone en riesgo mi vida al ser una prueba para desvirtuar el peligro para la vida” (sic). Con relación al Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, señaló que si bien el Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22, se constituye en una respuesta al requerimiento fiscal presentado, la señalada autoridad permitió su remisión, cuando en ningún momento se solicitó se establezca los niveles de peligro que el imputado pudiera tener con relación a la víctima, además de no considerar que dicho Informe no corresponde a los lineamientos y competencias de un Psicólogo, previstas en el art. 97 de la LEP.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela denuncia como lesionado su derecho a la vida; citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22; b) Se emita un nuevo informe de conformidad a lo solicitado por el Fiscal de Materia y las competencias establecidas en la Ley de Ejecución Penal; c) Se disponga las sanciones disciplinarias correspondientes; y, d) Se califique los daños y perjuicios incluido el costo de la acción de libertad de conformidad al arancel del Colegio de Abogados, monto calificado que debe ir en donación para material escolar de los menores de edad que viven en las cárceles junto a su padres.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 27 a 30, presente las abogadas de la peticionante de tutela, así como la Psicóloga coaccionada y el actual Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de sus abogadas y representantes sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y puntualizando que el Informe Psicológico -INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22- fue malicioso, porque a partir del mismo se estaría estableciendo que el imputado ya no es impulsivo y que ni siquiera es un hombre violento. Por otra parte, modificó su petitorio en relación al Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz eximiendo al mismo del establecimiento de sanciones disciplinarias, considerando el principio de defensa, y que los “cargos” y las “acciones” son institucionales y no personales. En respuesta a la consulta de la Jueza de garantías respecto al resultado de la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el imputado, manifestó que dicha pretensión fue rechazada por la Jueza de la causa; empero, que en función a la acción de libertad innovativa se ratifica en el petitorio efectuado en la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

David Machicado, actual Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, en audiencia manifestó: 1) Lo único que hizo el anterior Director fue derivar el requerimiento fiscal por conducto regular al área especializada, y posteriormente devolver el mismo por igual conducto al Fiscal de Materia; 2) De manera alguna, como Director del citado establecimiento penitenciario, podría observar, refutar y menos aún refrendar un informe psicológico como falazmente argumenta la parte impetrante de tutela; y, 3) Del Informe Psicológico no se advierte la firma del anterior Director del referido Centro Penitenciario; por lo que, la parte peticionante de tutela falta a la verdad. Ana Rocío Limachi Suxo, Psicóloga del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) En respuesta al requerimiento fiscal presentado se emitió el Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22, mismo que realizó una valoración psicológica con base a entrevistas y test para dicha evaluación, describiéndose lo que es el área cognitiva afectiva y conductual a fin de que sea legible para cualquier autoridad que tenga en su mano el informe, describiéndose los instrumentos de valoración que se han tomado en cuenta y posteriormente su resultado; ii) Las pruebas valorativas reflejan lo que la persona evaluada está pasando al momento que nos da una referencia de lo que hace o lo que está pasando a nivel efectivo y conductual; y, iii) En ningún momento se hace referencia de que la persona no es un riesgo, no existiendo ninguna palabra referente a la peligrosidad, y si bien se ha tomado la escala de imposibilidad de riesgo de violencia, estas son pruebas valorativas que nos dan parámetros referenciales; asimismo, en la parte final del informe existe una nota donde se indica que las conclusiones que se formulan se refieren únicamente a lo fenomenológico que existía al momento de realizarse la evaluación y por ello “…los resultados no pueden extrapolarse a condiciones ambientales portal caso en razón de una valoración sustancial, modificación y tales circunstancias debería efectuarse una nueva evaluación un nuevo análisis del espectro fenomenológico y he estado psicológico de la persona Entendiendo que el momento de la entrevista que el Señor viene se presenta y hace o un vistazo del de momento que está dándose se responde en virtud de lo mismo y en ningún momento en la parte conclusiva te indica que el Señor sea o no sea un peligro para la víctima o para la sociedad entendiendo que tampoco se nos ha pedido lo mismo lo que indican las señoras abogadas qué es en la cuestión de las pruebas aplicadas dónde será simplemente una referencia es en el marco a nuestro protocolo que tenemos de atención psicológica a nivel nacional donde nosotros de acuerdo a nivel de escolaridad de la persona nos dan instrumentos de valoración que debemos usar la momento de hacer una evaluación psicológica…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 28/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 31 a 35 vta., denegó la tutela, bajo los siguientes fundamentos: a) No se evidencia que la vida de la accionante se encuentre en peligro, sea ilegalmente perseguida ni que se encuentre privada de su libertad personal, por cuanto, llevada a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva del imputado, dicha solicitud fue rechazada, al igual que el Informe Psicológico - INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22- motivo de la presente acción tutelar; b) Si se tiene en cuenta que el objeto de la acción de libertad es proteger aquellos derechos que ilegalmente estarían siendo vulnerados o que existe una amenaza respecto a su lesión, en el caso, ello conllevaría a la falta de este elemento, al no ingresar dentro del ámbito de la tutela que brinda este mecanismo de defensa; y, c) Se debe considerar que en la etapa preparatoria del proceso penal es el Juez de Instrucción Penal quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías constitucionales que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente esta vía, o de manera simultánea a la jurisdicción constitucional, correspondiendo en ese entendido aplicar el principio de subsidiariedad. Vía complementación y enmienda, la parte impetrante de tutela solicitó se complemente la Resolución con relación a su solicitud de aplicar la acción de libertad innovativa; asimismo, se manifieste y señale si efectivamente el Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y la Psicóloga -coaccionados- han actuado conforme a derecho en función a lo establecido en el art. 97 de la LEP. A lo que la Jueza de garantías, respondió que la Resolución emitida de su parte fue clara; sin embargo, puntualiza que en el caso no se encuentra vulnerado el derecho a la libertad personal de la peticionante de tutela; por lo que, no se puede activar la acción de libertad innovativa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento Fiscal de 14 de enero de “2021” -lo correcto es 2022-emitido por el Fiscal de Materia dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Doris Elia Choque Alejo -ahora accionante-contra Mario Germán López Huanca, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia patrimonial, dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, en el que se solicitó que por el área o departamento de Psicología “EXTIENDA VALORACION PSICOLOGICA SOBRE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CIUDADANO MARCO GERMAN LOPEZ HUANCA (…) ASI MISMO EL COMPORTAMIENTO QUE TUVIERA” [sic (fs. 14)]. II.2. En respuesta al requerimiento descrito ut supra, Ana Rocío Limachi Suxo, Responsable del Área de Psicología de la Dirección General del Régimen Penitenciario del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -ahora coaccionada- mediante el Director del señalado establecimiento penitenciario, dio a conocer el Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22 de 27 de enero de 2022 (fs. 15 a 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la vida por cuanto: a) La Psicóloga del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz -ahora coaccionada- a partir del Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22, evacuado de su parte, emitió criterios sobre la peligrosidad del imputado y sus niveles de impulsividad al establecer: “‘indicadores de riesgo de violencia ausente”’ (sic) e “‘indicadores de impulsividad ausente”’ (sic), aspecto que se encuentra fuera de sus competencias y facultades, dando lugar a un informe ultra petita que pone en riesgo su vida pues el mismo será utilizado por el imputado en la audiencia de cesación a la detención preventiva a fin de desvirtuar el peligro existente para la víctima; y, b) El Director del señalado establecimiento penitenciario, permitió la remisión de dicho Informe, sin considerar que el Requerimiento Fiscal no instruyó se establezca niveles de peligrosidad, además de no tener en cuenta que el indicado Informe no observó los lineamientos establecidos a las competencias de un Psicólogo, previstas en el art. 97 de la LEP.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los requisitos para la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad

La SCP 0229/2020-S3 de 13 de julio, recogiendo la jurisprudencia emitida respecto a la procedencia de la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad, concluyó que: «…la SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio, citando a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sostuvo que: ‘“…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”’. Del entendimiento jurisprudencial citado, se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar; por cuanto, las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con su derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo (en ese mismo sentido las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0278/2018-S1 y 0418/2018-S1), contrastando los hechos denunciados con los elementos fácticos que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conceder la tutela solicitada” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática a ser analizada en la oportunidad, centra su examen en la denuncia de la vulneración del derecho a la vida de la peticionante de tutela a partir de la emisión del Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22 de 27 de enero de 2022, evacuado por la profesional de dicha área del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, quien -a decir de la parte accionante-, fuera de toda competencia y facultad, y además de forma ultra petita, habría emitido criterios de peligrosidad e impulsividad del imputado, a partir de los cuales este último pretendería la cesación de su detención preventiva con el consiguiente riesgo para la vida de la impetrante de tutela; asimismo, identifica dentro de la legitimación pasiva de la presente acción tutelar al entonces Director del señalado establecimiento penitenciario, sosteniendo que la indicada autoridad permitió la remisión de dicho informe, sin considerar que el Requerimiento Fiscal no instruyó se establezca niveles de peligrosidad, además de no tener en cuenta que el mencionado Informe no observó los lineamientos establecidos a las competencias de un Psicólogo, previstas en el art. 97 de la LEP. De lo expuesto, y conforme se advierte de los antecedentes del caso se tiene que dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a instancia de la peticionante de tutela contra Mario Germán López Huanca por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia patrimonial, el Fiscal de Materia asignado al caso, requirió al Gobernador del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz que por el Área de Psicología se proceda a la realización de un informe sobre la valoración psicológica del estado en que se encuentra el imputado así como respecto a su comportamiento, lo que dio lugar al Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22, evacuado por la coaccionada en su calidad de Responsable del Área de Psicología de la Dirección General del Régimen Penitenciario del indicado Centro Penitenciario (Conclusiones II.1 y II.2), a partir del cual, como se puntualizó en el objeto procesal, la accionante identifica la vulneración de su derecho a la vida; puesto que, en el mismo se habría establecido criterios de peligrosidad e impulsividad que el imputado pretendía utilizar para el establecimiento de la cesación a su detención preventiva con el consiguiente riesgo sobre su persona. A partir de lo enunciado, y de conformidad con el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es insoslayable considerar que si bien el derecho a la vida, dado su carácter primario y básico del cual emergen el resto de los derechos, puede ser protegido mediante la acción de libertad; sin embargo, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar, pues las características particulares que conciernen al resguardo del derecho a la vida, no eximen a la parte impetrante de tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o evidenciar la relevancia del reclamo en directa vinculación con el derecho mencionado, considerándose que la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre su lesión a fin de tutelarlo y protegerlo. En el marco de razonamiento expuesto, se advierte que en el presente caso, no obstante de que la parte peticionante de tutela pretendió establecer la vulneración de su derecho a la vida sosteniendo que el Informe Psicológico INF. DEPTO.PSICO.R.P.S.P. 050/22, emitido por la Responsable del Área de Psicología del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y remitido por el entonces Director de dicho establecimiento penitenciario, contendría criterios que supuestamente establecerían la falta de peligrosidad e impulsividad del imputado al haberse señalado dentro del mismo referencias como: ‘“indicadores de riesgo de violencia ausente”’ (sic) e ‘“indicadores de impulsividad ausente”’ (sic); en función a lo cual, el imputado pretendería desvirtuar el peligro para la víctima logrando de este modo obtener la cesación a su detención preventiva, con lo que se pondría en riesgo la vida de la accionante, lo manifestado no demuestra que en efecto dicho informe constituya un acto que ponga en real peligro el derecho a la vida de la impetrante de tutela, pues al margen de que dicho Informe pudiera o no sustentar una probable cesación de la detención preventiva del imputado, ello por si solo tampoco se constituye un aspecto determinante a fin de establecer una efectiva lesión a derecho a la vida de la peticionante de tutela, debiéndose tener en cuenta que todo lo relacionado al establecimiento y vigencia de la medida cautelar de extrema ratio, tiene sus propios marcos de consideración y evaluación; por lo que, un razonamiento contrario que sostenga la vulneración del derecho a la vida a partir de la procedencia de la cesación a la detención preventiva del imputado que pudiera o no darse en función al Informe Psicológico que ahora se cuestiona, necesariamente implicaría el desconocimiento a la presunción de inocencia que ostenta el imputado. En ese sentido, no habiéndose acreditado que lo alegado por la parte accionante tenga una directa vinculación con la efectiva y real vulneración del derecho a la vida de la impetrante de tutela, no existiendo certeza acerca de su lesión a fin de que la jurisdicción constitucional pueda determinar su resguardo y protección a partir de esta acción tutelar, simplemente corresponde denegar la tutela. Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0597_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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