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SCP 0595/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46653-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia puesto que la mencionada Sala Penal Segunda en cumplimiento de la Resolución 015/2022 de 4 de marzo, dictada por Eduardo Quispe Copa, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, quien dispuso por decreto de 8 de marzo de 2022 que las autoridades ahora demandadas, remitan las fotocopias legalizadas del referido proceso penal para que la mencionada Sala pueda atender lo solicitado y definir la situación procesal del detenido preventivo; toda vez que, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se habría dado cumplimiento al citado requerimiento. En consecuencia, solicitó que se ordene la remisión inmediata del cuaderno de apelación incidental a la anteriormente referida Sala Penal Segunda para que resuelva el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 39/2022 de 11 de enero, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela con relación a la dilación indebida en la remisión del cuaderno de apelaciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo, disponiendo que se remita el legajo correspondiente en los mismos términos establecidos por la Jueza de garantías; 2° DENEGAR la tutela con relación al derecho de acceso a la justicia, y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido en el presente fallo constitucional; y, 3° Llamar la atención a René Eduardo Foronda Escobar, Juez y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos ante el silencio de la autoridad demandada. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2023-S2 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46653-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Valentín Pari Alanoca contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2022, cursante a fs. 1, 21 a 22 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Estuvo detenido preventivamente desde el 2 de septiembre de 2021, por una resolución emitida en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz dentro del proceso signado con el número 201502022106099. La detención preventiva había sido dispuesta en primera instancia por el lapso de tres meses, y luego ampliada mediante Auto Interlocutorio 355/2021 de 2 de diciembre, por un mes adicional. El 11 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que solicitó la cesación a su detención preventiva al amparo del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en cambio, la Fiscalía solicitó la ampliación por el plazo de veintitrés días adicionales. Mediante Auto Interlocutorio 39/2022 de 11 de enero, se otorgó la cesación a la detención preventiva y medidas sustitutivas menos extremas como la detención domiciliaria y otros, como también se rechazó la ampliación del plazo de la detención preventiva. Posteriormente, pese a haberse dispuesto la cesación a la detención preventiva a su favor no pudo cumplirse con las medidas cautelares impuestas, porque el citado Auto Interlocutorio fue revocado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que determinó ampliar el plazo de la detención preventiva por un mes. En contra del citado Auto Interlocutorio presentó una acción de libertad, que mediante Resolución 015/2022 de 4 de marzo, emitida por el Juez de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 113/2022 del 16 de febrero, y se ordenó que la citada autoridad en el plazo de veinticuatro horas emita nuevo fallo. A tal efecto, la mencionada Sala Penal Segunda por decreto de 8 de marzo de 2022 en cumplimiento al fallo constitucional dispuso que las autoridades ahora demandadas, remitan las fotocopias legalizadas del proceso; siendo notificados tanto el Juez y Secretaria el mismo día a horas "11:42 p.m.”, sin que hasta la fecha den cumplimiento al precitado decreto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116, 117 y "1191" de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene el cumplimiento al decreto de 8 marzo de 2022 y la remisión inmediata del cuaderno de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 039/2022 de 11 de enero con la finalidad de resolver el recurso de apelación incidental solicitado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 12 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó su fundamentos contenidos en la demanda tutelar y amplió señalando: a) se ordenó que se dicte un nuevo fallo; b) La referida Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ante la notificación con la resolución de la acción tutelar requirió fuera remitido el cuadernillo de apelación para dar cumplimiento a la Resolución 015/2022, a efecto de que emitieran nuevo fallo sobre la situación jurídica del patrocinado; y, c) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para procesamiento disciplinario contra los dos demandados por no dar cumplimiento a la orden de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.2.2. Informe de los demandados

René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó su informe y menos asistió a la audiencia a pesar de su legal citación cursante a fs. 24. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó su informe y menos asistió a la audiencia a pesar de su legal citación cursante a fs. 26.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías mediante Resolución 04/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 31 a 33, concedió la tutela impetrada, disponiendo que se conmine tanto al Juez como a la Secretaria del citado Juzgado remitan la documentación solicitada del proceso a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: 1) El habeas corpus o acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituiría en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a los trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que impliquen retardación o eviten resolver la libertad, constituyéndose en una situación jurídica totalmente perjudicial; 2) Puesto que las vulneraciones y amenazas de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, no necesariamente debían ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales sino que las acciones y omisiones de carácter administrativo también podían tener la misma cualidad para lesionar tales derechos; 3) Los servidores de apoyo judicial cuyas funciones y particularmente en sus obligaciones se encontraban establecidas en los arts. 83 al 106 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); así que para determinar la responsabilidad debe emerger del incumplimiento o inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por la autoridad jurisdiccional; 4) El acto lesivo es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, pero también existen omisiones de carácter administrativo, como la falta de cumplimiento a las órdenes emanadas por autoridades superiores para la remisión de los antecedentes en este caso al superior en grado, la falta o inoportuna diligencia de realizar sus especificas funciones tanto del Juez, como de la Secretaria; y, 5) La inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional tenía la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable, si bien no tendría facultades jurisdiccionales; estaría obligado a cumplir órdenes del Juez. En audiencia, el abogado del accionante solicitó en vía de complementación y enmienda pronunciamiento sobre la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura para que sea esta institución quien previa auditoría determine la responsabilidad disciplinaria, o penal si correspondiera. La Jueza de garantías en la vía de complementación ordenó la remisión de la presente Resolución al Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura a objeto de que se pronuncie sobre la falta disciplinaria que corresponda.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp dirigido a "Jharmila Yara Z...'' (sic) en el cual se podría leer el decreto de 8 de marzo de 2022 emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se le "notifica con la información adjunta” (sic) a horas 11:43 (fs. 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia puesto que la mencionada Sala Penal Segunda en cumplimiento de la Resolución 015/2022 de 4 de marzo, dictada por Eduardo Quispe Copa, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, quien dispuso por decreto de 8 de marzo de 2022 que las autoridades ahora demandadas, remitan las fotocopias legalizadas del referido proceso penal para que la mencionada Sala pueda atender lo solicitado y definir la situación procesal del detenido preventivo; toda vez que, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no se habría dado cumplimiento al citado requerimiento. En consecuencia, solicitó que se ordene la remisión inmediata del cuaderno de apelación incidental a la anteriormente referida Sala Penal Segunda para que resuelva el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 39/2022 de 11 de enero, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, estableció que: "...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad" (el resaltado es nuestro). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, precisó que: "...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad'' (énfasis agregado). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: "...no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites Judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el Juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares" (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos ante el silencio de la autoridad demandada. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, señaló que: “En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: ‘…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido’. El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´. Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: ‘…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: «Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos». Partiendo del marco jurisprudencial referido, y de lo señalado por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos’” (énfasis añadido).

III.3. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0575/2021-52 de 27 de septiembre, señaló que: “…la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados: ‘...si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (...); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’.

En ese mismo orden de razonamiento la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, sostuvo que: ‘De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como sub regla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta sub regla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva’” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al acceso a la justicia; debido a que, habiendo sido notificadas las autoridades demandadas con el decreto de 8 de marzo de 2022, estas no habrían dado cumplimiento al mismo, a pesar de que serían necesarios estos antecedentes para que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita un nuevo auto conforme a lo determinado dentro de otra acción de libertad. En tal sentido, solicitó se ordene la remisión inmediata del cuaderno de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 39/2022 de 11 de enero, para definir su situación procesal. Habiendo presentado una acción de libertad, por la cual le habría concedido la tutela, mediante Resolución 015/2022 de 4 marzo, ordenando que dicte un nuevo fallo. Así que en ejecución de la misma, la citada Sala Penal Segunda habría solicitado a las autoridades ahora demandadas que remitan el cuaderno de apelación, a fin de que pueda resolver nuevamente el recurso de apelación incidental (Conclusión II.1), hasta la presentación de la acción tutelar no habrían remitido para que cumpla el citado fallo constitucional. La jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que el principio de celeridad procesal presupone una justicia pronta y oportuna; y, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo idóneo y efectivo en caso de existir vulneración por dilación indebida respecto a trámites judiciales o administrativos, vinculados directamente con el derecho a la libertad. En particular, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, había efectuado un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad y había realizado el siguiente entendimiento: no sería necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, así que se entendería que un acto dilatorio tendría vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongara por sí misma la privación de libertad de una persona, como acontece en el presente caso. La tutela concedida en otra acción de libertad ordenó revocar el Auto de Vista 113/2022 de la mencionada Sala Penal Segunda que determinó ampliar el plazo de la detención preventiva por un mes adicional, al revocar el Auto Interlocutorio 039/2022, que habría determinado la cesación a la detención preventiva y otorgar medidas cautelares menos extremas como la detención domiciliaria y otros, además de rechazar la ampliación del plazo de la detención preventiva. En tal caso, cualquier demora, inclusive la de no cumplir el decreto de 8 de marzo de 2022 que ordena al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, remitir el cuaderno de apelación, y no hacerlo constituye un acto dilatorio ilegal o indebido que podría ser justificado por la autoridad jurisdiccional. En este caso, ante la falta de informe que demuestre la acción o diligencia del referido Juez en corregir la demora indebida en la remisión del cuaderno de apelaciones en cumplimiento del decreto de 8 de marzo de 2022. Además, que la autoridad jurisdiccional le compete ejercer su función de dirección sobre su personal de apoyo, y en consecuencia, asumir conocimiento de todos los actos que se generan en el despacho a su cargo; siendo que, como máxima autoridad del Juzgado se encuentra compelido a efectuar el seguimiento de los procesos que son puestos a su conocimiento. En el mismo sentido, la Secretaria del citado Juzgado tampoco presentó ningún informe oral o escrito, en consideración, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional tendría el deber, conforme al art. 94.I.1 de la LOJ: “Pasar en el día, a despacho los expedientes en los que se hubiera presentado escritos y otros actuados para su providencia, así como cualquier otro libramiento". Entendiendo que el decreto de 8 de marzo de 2022 debió ser pasado en el día al Juez de la causa para que esté en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, ordene la remisión en el día del citado cuaderno de apelaciones.

Ante la ausencia de los informes de los demandados quienes no asistieron ni remitieron y menos establecieron un justificativo que permita justificar la dilación, en tal caso, la SCP 0027/2018-S4, referida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, estableció que en caso de omisión por parte de la autoridad demandada de presentar su informe en las acciones tutelares, se tendrán por probados los extremos denunciados; toda vez que, la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, presupone la veracidad de los hechos denunciados. De tal manera, en cuanto a la negligencia del Juez y Secretaria en el cumplimiento de sus labores, se les atribuye responsabilidad por no cumplir con sus funciones y obligaciones, y dar trámite al decreto de 8 de marzo de 2022, puesto que la remisión del cuaderno de apelaciones sería necesaria para que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz cumpla con un fallo constitucional en el cual se determinará la situación procesal del ahora accionante. En cuanto, al derecho de acceso a la justicia, el impetrante de tutela no justificó o sustentó como la retardación o la dilación habría lesionado este derecho considerando que la SCP 0839/2012 de 20 de agosto "En este sentido, '... el derecho fundamental de acceso a la Justicia no se satisface si el Juez deja de pronunciarse sobre el asunto sometido a su decisión, quedando éste imprejuzgado’...”; por lo que, no corresponde conceder la tutela solicitada.

III.5. Otras consideraciones

Con relación a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura del Juez demandado, el accionante no proporcionó ninguna prueba que si lo demuestre e inclusive señaló "Perfecto Sra. Juez haremos conocer a su Autoridad todas las acciones de libertad que vienen presentando en contra de los funcionarios, asimismo, haremos conocer el cuaderno de control jurisdiccional a su Autoridad para su remisión a la Autoridad disciplinaria del Consejo de la Magistratura ello en un plazo máximo de 48 horas para que su Autoridad pueda remitir estos antecedentes ante la Autoridad disciplinaria” (sic). En tal sentido, el propio impetrante de tutela en audiencia señaló que no presentó ninguna prueba de lo solicitado por lo que no se podría disponer la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura sin contar con las pruebas que demuestren la inconducta de la autoridad, puesto que la presunción solo versa sobre los hechos acreditados hasta la audiencia por la parte solicitante de tutela; por lo que, no se puede ordenar lo solicitado.

Independiente de lo anterior, sí corresponde llamar la atención de ambos demandados por no remitir ningún informe a pesar de haber sido legalmente notificados. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2022 de 12 de marzo, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela con relación a la dilación indebida en la remisión del cuaderno de apelaciones, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo, disponiendo que se remita el legajo correspondiente en los mismos términos establecidos por la Jueza de garantías; 2° DENEGAR la tutela con relación al derecho de acceso a la justicia, y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido en el presente fallo constitucional; y, 3° Llamar la atención a René Eduardo Foronda Escobar, Juez y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0595_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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