B.IA.LEGAL

SCP 0593/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52887-2023-106-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante considera lesionado su derecho al debido proceso y a la libertad; alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de hurto de minerales; el 27 de diciembre de 2022, por la Oficina de la Gestora de Procesos, mediante memorial, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demanda, extrañamente señaló audiencia quince días después al plazo previsto en art. 239 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 21 a fs. 22 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en los fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional.

2° Exhortar a la autoridad demandada, que en lo sucesivo señale las audiencias de cesación de detención preventiva, cumpliendo los plazos legales, para evitar dilaciones injustificadas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencia de modificación de medida cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0593/2025-S3 Sucre, 18 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52887-2023-106-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 06/2022 de 31 de diciembre, cursante a fs. 21 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Manuel Velásquez Nina en representación sin mandato de Jhon Alvino Viscarra, contra Erika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Quinto ambos de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de hurto de minerales, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva, motivo por el que el 27 de diciembre del 2022, por la Oficina de la Gestora de Procesos, presentó memorial de solicitud de cesación de la medida extrema; sin embargo, la Jueza -ahora demanda-, extrañamente señaló audiencia quince días después del plazo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: “…LA JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL QUINTO DE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE ORURO - BOLIVIA, SEÑALE AUDIENCIA DE CESACION A LA ‘DETENCIÓN PREVENTIVA’ EN EL PLAZO DE 24 HORAS A PARTIR DE SU LEGAL NOTIFICACION…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 31 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar; y ampliándolos señaló que: a) La autoridad demandada, manifestó que se hubiera corregido de oficio el señalamiento de audiencia; sin embargo, hasta el 30 de diciembre del 2022 a horas 16:00, el expediente aún no se encontraba en su despacho, ni se habría notificado con esa corrección, al efecto citó la SCP 0639/2018-S4; b) Se vulneró el derecho a la libertad y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación a una justicia pronta y oportuna; c) El informe, refiere que debió optar por el recurso de reposición; y, manifestó que los plazos establecidos por el art. 239 de CPP, modificado por la Ley 1173, son de carácter obligatorio tratándose de la libertad de una persona; d) La Jueza demandada, señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 11 de enero de 2023; y como consecuencia de la acción planteada, enmendó dicho error; y, e) Alegó que, se habría realizado dicho señalamiento, bajo el precepto del art. 130 del CPP.

I.2.2. Informe de la demandada

Erika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Quinto ambos de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito de 31 de diciembre del 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., señaló que: 1) Por la providencia aludida, fijó audiencia de cesación para el 11 de enero de 2023, actuado que debió llevarse en el Juzgado de origen. Alegó los motivos de su señalamiento al amparo del art. 130 del CPP, en su parte in fine, por el recargado cronograma de audiencias que tenía; y que no es Jueza de la causa, ya que alternativamente cumplía suplencia del Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; 2) Por la vacación judicial, cumplió ambas funciones, además fue humanamente imposible señalar audiencias dentro los plazos establecidos, ante la programación en ambos Juzgados con anterioridad a la petición del accionante; 3) Se encontraba en suplencia legal, hasta el 30 de diciembre del 2022, además que estaba obligada a remitir las carpetas a los juzgados de origen sin pendientes (resoluciones, autos etc.) al primer día hábil de la gestión, 3 de enero de 2023; 4) El accionante, al haber considerado alejada de la realidad la providencia referida, debió hacer uso del recurso reposición previsto por el art. 401 del CPP; y, al no haber presentado el mismo aceptó tácitamente el señalamiento de audiencia, no agotó el principio de subsidiariedad en la vía ordinaria; 5) Ante la preocupación y desesperación del accionante, en virtud al art. 168 del CPP, corrigió de oficio el señalamiento de audiencia para el 5 de enero de 2023 a horas 15:30; y, 6) Solicitó denegar la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., concedió la tutela impetrada, recondujo la acción de libertad de pronto despacho a innovativa, sin disponer ninguna medida, en razón de haberse corregido el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE establece que, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese a la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; ii) Señaló las SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0044/2010-R de 20 de abril y la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre; iii) El accionante, el 27 de diciembre de 2022, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue señalada para el 11 de enero de 2023; existió un señalamiento fuera del plazo de cuarenta y ocho horas, previsto por el art. 239 del CPP; iv) La autoridad demandada, adjuntó el decreto de 30 de diciembre de 2022, por el cual en virtud del art. 168 del CPP, corrigió la fecha de audiencia, para el 5 de enero de 2023, a efectivizarse en el Juzgado de origen; v) La vacación judicial de la Autoridad titular, concluyó el 30 de diciembre de 2022; sin embargo, disponer que de manera inmediata, señale audiencia, materialmente no fue posible, no tendría competencia; y que el cuaderno de control jurisdiccional debió ser remitido al Juzgado de origen de la localidad de Huanuni, que iniciaría actividades el 3 de enero 2023; y, haciendo cómputos para que se fije nuevo señalamiento de audiencia, se llegaría a lo mismo; la Jueza ahora demandada, con el decreto de corrección, entendió reparado el derecho vulnerado; y, vi) Al haberse corregido el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva, no es posible tutelar bajo acción de libertad de pronto despacho como fue planteado; bajo el principio de informalismo corresponde reconducir a una acción de libertad innovativa, con el propósito de evitar que en lo sucesivo, se reiteren situaciones como el caso analizado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa el decreto de 30 de diciembre de 2022; a través del cual, la autoridad demandada, corrigió la fecha de audiencia para el 5 de enero de 2023, actuado judicial que debía llevarse a efecto en el Juzgado de origen (fs. 18).

II.2. Consta el cronograma de audiencias del mes de enero de 2023, firmada por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionado su derecho al debido proceso y a la libertad; alegando que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de hurto de minerales; el 27 de diciembre de 2022, por la Oficina de la Gestora de Procesos, mediante memorial, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demanda, extrañamente señaló audiencia quince días después al plazo previsto en art. 239 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, sostuvo que: «… la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE” (las negrillas son nuestras).

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: ‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1)

Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencia de modificación de medida cautelar

Al respecto , la SCP 0233/2025-S4 de 8 de abril, sostuvo que: «… la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis respecto a la celerídad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia de cesación a la detención preventiva, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada con relación a la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.

(…)

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.

En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; (..) corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’.

Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva,…

(…)

…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que (…) resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertad”.

Precepto que a su vez fue modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres–, cuyo texto vigente estipula lo siguiente: “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

(…)

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

(…)

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de hurto de minerales; el 27 de diciembre de 2022, por la Oficina de la Gestora de Procesos, mediante memorial, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la Jueza ahora demanda, extrañamente señaló audiencia quince días después al plazo previsto en art. 239 del CPP.

De la revisión de los antecedentes plasmados en conclusiones, se tiene el decreto de 30 de diciembre de 2022; a través del cual, la autoridad demandada corrigió la fecha de audiencia para el 5 de enero de 2023, actuado judicial que debió llevarse a efecto en el Juzgado de origen (Conclusión II.1); y, consta cronograma de audiencias del mes de enero de 2023, firmada por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro (Conclusión II.2).

En ese contexto, conforme el Fundamento Jurídico III.1, del presente fallo constitucional, debe tenerse en cuenta que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando existan dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona; en este caso el accionante se encuentra privado de su libertad, cumpliendo una medida cautelar personal de detención preventiva; se tiene que la Jueza ahora demanda, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva fuera del plazo previsto por el art. 239 del CPP.

Asimismo, de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo constitucional; una solicitud de cesación a la detención preventiva, debe tramitarse con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación de tal solicitud.

En ese entendido, el accionante habiendo presentado su memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva el 27 de diciembre de 2022, la Autoridad demandada, señaló audiencia para el 11 de enero de 2023; y, en virtud al art. 168 del CPP, corrigió la fecha para el 5 de enero de 2023, dos señalamientos distintos, más allá de las cuarenta y horas previsto como máximo para llevar a cabo dicho acto procesal, conforme establece el art. 239 del CPP, asimismo no resulta justificativo referir que las funciones asumidas en suplencia legal de otro juzgado y el cronograma de audiencias señaladas con anterioridad le impidieran cumplir los plazos; por cuanto lo peticionado merecía una atención prioritaria de su parte.

Entonces de lo manifestado, es posible concluir que la Jueza ahora demandada incumplió con la normativa procesal aplicable al presente caso, incurriendo en una dilación indebida en el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva y, la resolución de la situación jurídica del accionante; lo que vulneró el debido proceso vinculado directamente con su derecho a la libertad; y, por lo mismo estando dentro del ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, corresponde conceder la tutela.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 31 de diciembre, cursante de fs. 21 a fs. 22 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en los fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional.

2° Exhortar a la autoridad demandada, que en lo sucesivo señale las audiencias de cesación de detención preventiva, cumpliendo los plazos legales, para evitar dilaciones injustificadas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0593_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): e079eb4ebe6b5bad87768f84b5e5c743d29451dbbe23f2ff1fc29b854741bb05

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →