Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0590/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54919-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alberth Burton Cortez en representación sin mandato de José Luis Gutiérrez Yupanqui contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo solicitado modificación de la medida cautelar, la autoridad demandada se negó a considerar la misma con el argumento de haber perdido competencia, debido a que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra; por lo que, solicita se ordene al Juez demandado dé respuesta al memorial antes mencionado y señale fecha y hora de audiencia de modificación de medida cautelar. Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación, cursante a fs. 8 y vta. El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 16, concedió la tutela impetrada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas, desde su notificación, la autoridad demandada señale audiencia de consideración de modificación de las medidas cautelares. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Se evidenció que el Juez demandado fue notificado con el Auto de admisión de la presente acción de defensa el 6 de abril del citado año; sin embargo, no presentó ningún informe sea oral o escrito, lo que hace aplicable la presunción de veracidad de los hechos denunciados por el accionante, en virtud de la SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo; y, b) Por memorial de 30 de marzo de 2023, el accionante solicitó la modificación de medida cautelar; empero, hasta la fecha la autoridad demandada no dio respuesta a la misma, ni señaló audiencia, omisión que provoca la lesión del debido proceso del impetrante de tutela en su vertiente del derecho a ser oído, a la petición y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO III.
Sobre el particular, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que:
…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparece a la audiencia ni presten su informe de ley.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas).
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:
Toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre.
De los antecedentes del presente fallo constitucional, se establece que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se dispuso su detención preventiva, medida que fue modificada en apelación incidental dictándose el Auto de Vista 980/2022 de 23 de diciembre que determinó su detención domiciliaria sin salida laboral, presentación periódica ante el Juzgado, prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas o sustancias controladas, prohibición de salir del país y fianza económica de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos). Devuelto el cuaderno procesal al Juzgado de origen, el procesado solicitó la modificación de las medidas cautelares mediante memorial de 30 de marzo de 2023, al Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz; asimismo, refirió que, si bien existe acusación formal presentada en su contra, este no cuenta con auto de radicatoria; por lo que, dicha autoridad es la competente para conocer dicha solicitud (fs. 2 y vta.). En aplicación al principio de veracidad que rige la acción de libertad, cuyos razonamientos fueron glosados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; y, toda vez que, la autoridad demandada no presentó informe escrito ni compareció a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación, se tienen por ciertos los hechos descritos por el impetrante de tutela, relativo a que la solicitud de modificación de medidas cautelares solicitada mediante memorial de 30 de marzo de 2023, no fue atendida por el Juez ahora demandado, alegando falta de competencia por haberse presentado acusación formal contra el solicitante de tutela. En consecuencia, en el caso de autos se tiene que, si bien dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, se presentó acusación formal en su contra, no existía aún auto de radicatoria; por consiguiente, la autoridad demandada al momento de la presentación de la solicitud de modificación de medidas cautelares del accionante, contaba con la competencia para resolver dicha solicitud, tal como determina la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de éste fallo constitucional, al señalar que cuando se presenta la acusación fiscal y la causa aún no fue radicada formalmente, el control del proceso y sus emergencias continúan bajo su competencia; sin embargo, el Juez -ahora demandado- obró de manera contraria, alegando no tener competencia ante la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público sin tener la certeza de la radicatoria del caso en el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal; por lo que, incurrió en una dilación indebida e injustificada en el marco de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que, al tratarse de una persona privada de libertad, sus solicitudes debieron ser atendidas con diligencia y celeridad; por consiguiente, dicha autoridad ocasionó un perjuicio y una dilación injustificada que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de celeridad y defensa vinculados a la libertad del accionante, provocando que el nombrado, hasta la presentación de la presente acción de defensa, no tenga definida su situación jurídica; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada, a efectos de que se señale y celebre la audiencia de control jurisdiccional y se resuelva la situación jurídica del accionante conforme corresponda en derecho, siempre y cuando la misma no haya cambiado por el transcurso del tiempo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 12 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0590_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): d5d17bb50c18985879a6e9c93566a0d97a2e066de0b4ab5a8e775371ea86782b
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