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SCP 0589/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Amalia Laura Villca
Expediente
55763-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, así como de los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, en su condición de detenido preventivo, solicitó la aplicación del procedimiento abreviado para beneficiarse con sanciones alternativas; sin embargo, dicha solicitud no se resolvió y el Ministerio Público presentó la acusación fiscal de 26 de abril de 2023 en su contra; pese a ello, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, el Juez y la Secretaria ahora accionados, no remitieron la causa ante el juzgado o tribunal de sentencia penal competente, conforme prevé el art. 352 del CPP, generando una dilación indebida en su tramitación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 37/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, únicamente con relación a la remisión reclamada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, a que en futuras actuaciones ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometida la definición de la situación jurídica de un privado de libertad, obren con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso, absteniéndose de incurrir en dilaciones indebidas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0589/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55763-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Alanoca Alcon en representación sin mandato de Ángel Julio Larico Quispe contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 8 a 10, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ángel Julio Larico Quispe -accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en ese marco, pidió la aplicación de procedimiento abreviado a efecto de concluir el proceso y beneficiarse de sanciones alternativas; así, el Fiscal de Materia presentó acusación formal en su contra el 26 de abril de 2023, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del citado departamento; por lo que, de acuerdo a lo previsto por el art. 325.del Código de Procedimiento Penal (CPP), debió remitirse ante el juez o tribunal de sentencia respectivo dentro del plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; empero, hasta el 16 de mayo del citado año, la causa seguía en el Juzgado indicado, ocasionando una dilación de más de veinte días en su remisión.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, así como de los principios de celeridad y seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) La remisión inmediata del expediente judicial al juez de sentencia correspondiente; y, b) Siendo evidente la dilación atribuible al Juez y Secretaria ahora accionados, se envíe antecedentes al Consejo de la Magistratura para el respectivo proceso disciplinario y sanción.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que, según lo que se le informó por parte de su personal de apoyo jurisdiccional, la remisión reclamada ya fue realizada. Safir Campero Roca, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que, la acusación ya fue remitida ante el juzgado de sentencia respectivo.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 37/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 20 a 21, denegó la tutela solicitada, fundamentando que, de lo vertido por las partes procesales, los aspectos reclamados en la presente acción de libertad, ya fueron atendidos; por lo que, no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través de memorial presentado el 16 de mayo de 2023, ante Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, Sergio Vicente Alanoca Alcon en representación sin mandato de Ángel Julio Larico Quispe -accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con el Código Único 201502022211150, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado; a cuyo objeto, se señale día y hora de audiencia (fs. 2). II.2. Por oficio de 17 de mayo de 2023, Safir Campero Roca, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionada-, remitió ante el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento, el expediente correspondiente al proceso penal del accionante, en cumplimiento a lo ordenado por decreto de 2 del mes mismo y año; constando el cargo de recepción de 19 de igual mes y año, del referido juzgado de sentencia (fs. 17vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, así como de los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, en su condición de detenido preventivo, solicitó la aplicación del procedimiento abreviado para beneficiarse con sanciones alternativas; sin embargo, dicha solicitud no se resolvió y el Ministerio Público presentó la acusación fiscal de 26 de abril de 2023 en su contra; pese a ello, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, el Juez y la Secretaria ahora accionados, no remitieron la causa ante el juzgado o tribunal de sentencia penal competente, conforme prevé el art. 352 del CPP, generando una dilación indebida en su tramitación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán, los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reiterando el criterio señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).

III.3. La legitimación pasiva en acción de libertad de los funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, al respecto establece que: “…la SCP 0055/2012 de 9 de abril, estableció que: ʽ…se entiende que la acción de libertad se deberá plantear contra: a) La autoridad o funcionario público que amenace, restrinja o suprima los derechos fundamentales tutelados. b) La persona particular que amenace, restrinja o suprima los derechos tuteladosʼ. En ese mismo contexto, la SC 0691/2001-R de 9 de julio concluyó que la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; entendimiento que fue asumido por las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y 1651/2004-R, entre otras; posteriormente, siguieron ese lineamiento las SSCC 0039/2010-R de 20 de abril y 0192/2010-R de 24 de mayo, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0714/2013 de 3 de junio, 0427/2015-S2 de 29 de abril y 0244/2016-S2 de 21 de marzo, entre otras; así la antedicha SCP 0244/2016-S2, citando a la SCP 0427/2015, expresa: ʽ…la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemploʼ. Bajo esa línea, el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: ʽ…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicialʼ (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras. En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: ʽampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completoʼ. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ʽ…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccionalʼ. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, así como de los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, en su condición de detenido preventivo, solicitó la aplicación del procedimiento abreviado para beneficiarse con sanciones alternativas; sin embargo, dicha solicitud no se resolvió y el Ministerio Público presentó la acusación fiscal de 26 de abril de 2023 en su contra; pese a ello, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, el Juez y la Secretaria ahora accionados, no remitieron la causa ante el juzgado o tribunal de sentencia penal competente, conforme prevé el art. 352 del CPP, generando una dilación indebida en su tramitación. Precisada la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP, signado con el Código Único 201502022211150, a través del memorial presentado el 16 de mayo de 2023, el accionante solicitó, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, la aplicación de procedimiento abreviado y se señale día y hora de audiencia para su consideración (Conclusión II.1.); posteriormente, por Oficio de 17 del mismo mes y año, la Secretaria ahora accionada, en atención a la acusación fiscal, remitió el expediente del proceso penal de referencia ante el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del señalado departamento, en cumplimiento a lo ordenado por decreto de 2 del indicado mes y año; constando el cargo de recepción de 19 de igual mes y año, en el referido Juzgado de destino (Conclusión II.2.). En ese marco, de acuerdo a lo expresado por el accionante -y no controvertido por el Juez y la Secretaria ahora accionados-, el 26 de abril de 2023, se presentó acusación fiscal en su contra; y, posteriormente, el 16 de mayo de igual año, el accionante solicitó la aplicación de procedimiento abreviado -sin constar la atención oportuna de dicha pretensión dentro del plazo dispuesto por el art. 325.II y III del CPP-; constando solamente, el oficio de remisión a raíz de la indicada acusación fiscal al Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, que fue efectivizado recién el 19 del precitado mes y año; en cuyo marco, se evidencia que el Juez ahora accionado, incumplió el plazo de veinticuatro horas previsto para la remisión de obrados ante el Juez o Tribunal de Sentencia competente, según lo ordenado por el art. 325.I del adjetivo penal, lo que además ocasionó que no se atienda en tiempo legal el procedimiento abreviado planteado, lo que evidentemente se encuentra vinculado a la definición de la situación jurídica del accionante, tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que instituyó que cuando el procesado se encuentre con restricción de libertad por la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el señalamiento de audiencia y la resolución del procedimiento abreviado, se relaciona directamente con la definición de la situación jurídica de este; y, por consiguiente, debe tutelarse vía acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, priorizando el principio de celeridad vinculado a su derecho a la libertad. De este modo, si bien mediante la presente acción de defensa se pidió la remisión inmediata del expediente judicial al juez de sentencia penal correspondiente; de lo analizado previamente, se tiene que, al haberse presentado antes de la solicitud de procedimiento abreviado el requerimiento conclusivo de acusación, la falta de remisión de obrados ante el juez o tribunal de sentencia competente, y, el hecho de no haberse atendido la merituada solicitud, ocasionó la demora indebida en la definición de la situación jurídica del accionante; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al Juez ahora accionado, como autoridad jurisdiccional a cargo de la causa; y, también respecto a la Secretaria ahora accionada, al poseer legitimación pasiva, al haberse evidenciado que la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emergen del incumplimiento de sus funciones (Fundamento Jurídico III.3.), según lo establecido por el art. 56.I. inc. 1) del adjetivo penal, el cual determina que, dentro de sus obligaciones está la de controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; siendo esta concesión de tutela bajo la modalidad innovativa (Fundamento Jurídico III.2.), al haberse efectuado -mediante Oficio de 17 de mayo de 2023- la remisión reclamada en la presente acción tutelar. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 37/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 20 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa, únicamente con relación a la remisión reclamada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, a que en futuras actuaciones ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometida la definición de la situación jurídica de un privado de libertad, obren con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso, absteniéndose de incurrir en dilaciones indebidas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0589_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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