Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su abogado interpuso la presente acción de defensa alegando que hasta la presentación de dicha acción no se resolvió su solicitud de libertad condicional; debido a que, el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, no devolvió el expediente pese a que ya se resolvió la apelación formulada por el Ministerio Público respecto a la Resolución que otorgó el beneficio de libertad condicional respecto a otro condenado dentro del mismo proceso. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 15 de diciembre, cursante a fs. 27 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en la modalidad innovativa; y, 2° Exhortando al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandado a que en futuras solicitudes en las que se encuentren a su cargo, que involucre el derecho a la libertad; en resguardo del principio de celeridad, guíe sus actuaciones con la diligencia que el caso amerita.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2025-S4 Sucre, 28 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52592-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 34/2022 de 15 de diciembre, cursante a fs. 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alfredo Cossio Garcia en representación sin mandato de Luis Alberto Suarez Alvares contra Juan Ariel Condori Marcos, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2; y, 20 a 21 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de robo agravado, el 21 de julio de 2020, fue sentenciado a cumplir una condena de tres años y seis meses de reclusión. El 25 de agosto de 2022, solicitó al Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Santa Cruz el beneficio de libertad condicional; sin que el mismo, sea resuelto debido a que el Ministerio Público interpuso apelación contra la Resolución 93/2022 de 20 de abril, que concedió el beneficio de libertad condicional de Adalberto Becerra Vaca, que es otro condenado en el mismo proceso que se encuentra acumulado en el mismo expediente. La apelación planteada fue remitida ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; sin embargo, la audiencia de apelación recién se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2022, después de siete meses debido a las varias suspensiones. En dicho actuado procesal los Vocales confirmaron totalmente la Resolución apelada. Desde el 25 de noviembre de 2022 se resolvió la apelación, empero hasta el 14 de diciembre de igual año, no se remitió el expediente al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, siendo que debido a las vacaciones judiciales dicho Juzgado estaba de turno, habiendo transcurrido catorce días sin que el expediente sea remitido, pese a que el 12, 13 y 14 del citado mes y año, fue a exigir dicha remisión.
El accionante, a través de su representante sin mandato, no señaló derechos vulnerados ni norma constitucional que los contenga.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene al Secretario de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, remita el expediente con Número de Registro Judicial (NUREJ): 70214209 al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de turno.
Celebrada la audiencia pública el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 27, ausentes tanto el solicitante de tutela como la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante así como su abogado, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa.
Juan Ariel Condori Marcos, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 26 y vta., refirió que el expediente fue remitido el 14 de igual mes y año, tal cual consta en el oficio que adjunta.
El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 34/2022 de 15 de diciembre, cursante a fs. 27 y vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento remita el expediente en base al principio de celeridad y de justicia pronta y oportuna, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo al informe del funcionario judicial demandado, la causa ya fue remitida el 14 de igual mes de 2022 a las 16:00, habiendo adjuntado copia del oficio de remisión; b) Si bien se cumplió con la remisión del cuaderno procesal, se lo hizo después de la interposición de la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por lo que, resulta evidente que existió un retraso innecesario en la remisión de la causa al Juzgado de Ejecución Penal de turno; y, c) Ante dicha dilación se llama la atención al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia del Departamento de Santa Cruz, – ahora demandado– ordenándole a actuar con mayor diligencia en el futuro.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, Luis Alberto Suárez Alvares, planteó incidente de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Santa Cruz (fs. 18 y vta.). II.2. Consta acta de audiencia de apelación incidental, desarrollada el 25 de noviembre de 2022, en la que se emitió el Auto de Vista 294 de igual fecha; a través del cual, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmaron totalmente la Resolución apelada 93/2022 de 20 de abril, dictada por el Juzgado de Ejecución Penal Primero del citado departamento (fs. 17 y vta.). II.3. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante oficio de 14 de diciembre de 2022, remitió el expediente relativo al proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Adalberto Becerra Vaca por la presunta comisión del delito de robo agravado ante el Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del citado departamento, el cual fue recepcionado el mismo día a las 16:00 (fs. 25 y vta.).
El accionante, a través de su abogado interpuso la presente acción de defensa alegando que hasta la presentación de dicha acción no se resolvió su solicitud de libertad condicional; debido a que, el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, no devolvió el expediente pese a que ya se resolvió la apelación formulada por el Ministerio Público respecto a la Resolución que otorgó el beneficio de libertad condicional respecto a otro condenado dentro del mismo proceso. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'.
Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).
Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
La SCP 0015/2020-S4 de 5 de marzo, citando a su vez a la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, señaló lo siguiente: “…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)».
Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'.
Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno”.
La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son nuestras).
El accionante, interpuso la presente acción de defensa alegando que hasta la presentación de dicha acción no se resolvió su solicitud de libertad condicional; debido a que, el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, no devolvió el expediente pese a que ya se resolvió la apelación formulada por el Ministerio Público respecto a la Resolución que otorgó el beneficio de libertad condicional respecto a otro condenado dentro del mismo proceso.
Del tenor del memorial de demanda, se colige que el acto lesivo denunciado por el impetrante de tutela a través de la presente acción de libertad, recae en el tiempo en que el funcionario judicial –ahora demandado–, demoró en devolver la apelación, interpuesta por otro coprocesado, al Juzgado de turno –debido a las vacaciones judiciales–, lo que provocó que su solicitud de libertad condicional no sea resuelta.
En ese orden, corresponde precisar que según antecedentes, se evidencia que dentro del proceso penal seguido en su contra y otro por el delito de robo agravado, el 21 de julio de 2020, fue sentenciado a cumplir una condena de tres años y seis meses de reclusión. Es así que, el 25 de agosto de 2022, solicitó al Juzgado de Ejecución Penal Primero del departamento de Santa Cruz el beneficio de libertad condicional.
Por Resolución 93/2022 de 20 de abril, se otorgó el beneficio de libertad condicional a Adalberto Becerra Vaca, que es el otro condenado dentro del mismo proceso; sin embargo, dicho fallo fue apelado por el Ministerio Público; por lo que, se remitieron antecedentes ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; empero, la audiencia de apelación recién se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2022, después de siete meses debido a las varias suspensiones de audiencia. En dicho actuado procesal los Vocales confirmaron totalmente la Resolución apelada.
Desde el 25 de noviembre de 2022 –fecha en que se resolvió la apelación– hasta el 14 de diciembre de igual año, no se remitió el expediente al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, siendo que el mismo estaba de turno debido a las vacaciones judiciales, habiendo transcurrido catorce días sin que el expediente sea remitido, pese a que el 12, 13 y 14 del citado mes y año, fue a exigir dicha remisión, lo que provocó que su solicitud de beneficio de libertad condicional no sea resuelta.
Asimismo, del informe del servidor público –hoy demandado– se tiene que la remisión del expediente al Juzgado de turno se efectuó el 14 de diciembre de 2022, tal cual consta en el oficio de remisión. Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. que antecede, la acción de libertad de pronto despacho; tiene como objeto asegurar que, cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud del cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no solo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que, de no hacerlo se provoca una restricción indebida del citado derecho.
En ese entendido; se tiene que, desde la emisión del Auto de Vista de 25 de noviembre de 2022, respecto a la apelación formulada por el Ministerio Público respecto a la Resolución 93/2022, del beneficio de libertad condicional del otro condenado, hasta la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno a cargo del proceso debido a las vacaciones judiciales, transcurrieron más de dos semanas; lo que provocó que, su solicitud de beneficio de libertad condicional no sea atendida hasta la interposición de la presente acción de defensa el 14 de diciembre del citado año a las 15:43; fecha en la que se realizó la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno, a horas 16:00. Dicho aspecto hace ver la falta de celeridad en la remisión de antecedentes del cuaderno de apelación al juzgado de turno debido a las vacaciones judiciales, por parte del funcionario judicial –ahora demandado–, aspecto que provocó la vulneración al principio de celeridad vinculado al debido proceso del solicitante de tutela, lesionando así su derecho a la libertad; toda vez que, el hecho de no remitir dichos antecedentes al Juzgado de turno; provocó que, su solicitud de beneficio de libertad condicional no sea resuelta, ocasionando de este modo dilación indebida, impidiéndole al prenombrado el acceso a una justicia pronta y oportuna. Asimismo, es preciso señalar que si bien el trámite de la libertad condicional requiere de ciertos formalismos; sin embargo, el mismo no puede ser iniciado si no se cuenta con el expediente original, lo que en el caso de autos aconteció; por lo que, de acuerdo a lo manifestado corresponde conceder la tutela impetrada por lesión al principio de celeridad. Por otra parte, si bien es cierto que a la fecha el acto lesivo desapareció, se debe considerar que la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno a cargo del proceso, debido a las vacaciones judiciales no fue realizado con la celeridad que el caso amerita; aspecto el cual, provocó una dilación indebida respecto a la situación jurídica del –hoy accionante–. En tal sentido, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referida a la acción de libertad innovativa, cuya naturaleza jurídica implica, que aún el acto lesivo haya desaparecido como ocurre en el caso de autos, corresponde conceder la tutela solicitada, esto con el fin de evitar futuras conductas de esa naturaleza que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo expuesto precedentemente, corresponde en el presente caso conceder la tutela impetrada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 34/2022 de 15 de diciembre, cursante a fs. 27 y vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, en la modalidad innovativa; y, 2° Exhortando al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandado a que en futuras solicitudes en las que se encuentren a su cargo, que involucre el derecho a la libertad; en resguardo del principio de celeridad, guíe sus actuaciones con la diligencia que el caso amerita. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0588_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5eecbc140e63e77e30be8603c2f6561a54ae0de9e3c8d5ade1fb2dbf2e8765b7
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