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SCP 0588/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
20 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46843-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 31 de marzo de 2022, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 176/2022 de igual fecha, rechazando dicha pretensión; por tal motivo, en el mismo verificativo interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no transcribió la respectiva resolución ni remitió el legajo procesal ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitiendo el término de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP, sobrepasando incluso el plazo razonable de tres días para tal efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Primero Penal de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; disponiendo que los demandados remitan la apelación incidental ante el Tribunal de alzada -si aún no lo hicieron-; y, 2° Exhortar a Freddy Gastón Choque Cortes, Juez; y, David Jorge Valdivia Orellana, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, que en lo futuro adecúen sus actos conforme a los plazos y principios procesales en vigor, evitando dilaciones indebidas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental contra medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2023-S2 Sucre, 20 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46843-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Luis Gutiérrez Aranda contra Freddy Gastón Choque Cortes, Juez; y, David Jorge Valdivia Orellana, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de abril de 2022, cursante a fs. 1 y 6 a 7, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de cesación de la detención preventiva, el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, mediante Auto Interlocutorio 176/2022 de 31 de marzo, rechazó dicha solicitud; por lo que, en ese verificativo de forma oral interpuso apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y pidió la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada y sea en el plazo de veinticuatro horas; empero, hasta la presentación de esta acción tutelar transcurrieron más de cuatro días, sin que la referida autoridad judicial y el Secretario codemandado haya elaborado el acta de audiencia; por consiguiente, no enviaron el legajo procesal ante la Sala de turno correspondiente, sobrepasando así el plazo de los tres días otorgados por norma para tal efecto.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la remisión del legajo del recurso de apelación incidental interpuesto el 31 de marzo de 2022, a la instancia superior en grado conforme el art. 251 del CPP, adjuntando sus elementos probatorios expuestos en la audiencia de cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 15 a 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó y reiteró el contenido del memorial de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Freddy Gastón Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: a) La línea jurisprudencial estableció que ante una excesiva carga procesal existe el plazo de tres días -se entiende para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental-; por ello, resulta necesario considerar que el 31 de marzo de 2022, fue notificado para ejercer suplencia legal de su similar Tercero, donde ya celebró audiencia virtual; razón por la que vio por conveniente acogerse dentro del plazo mencionado para la remisión del legajo de ese recurso; extremo que es de conocimiento del abogado del accionante, quien pretende que sábado y domingo sean contabilizados como hábiles, cuando sería el 1, 4 y 5 de abril de igual año; es decir, que aún se encuentra dentro del plazo para el reclamado envío ante el Tribunal de alzada; b) La acción de libertad es incongruente; toda vez que, citó un hecho del 31 de diciembre de 2022, data que no tiene relación con lo denunciado, demostrándose la impericia y negligencia del abogado; c) Tiene listo el legajo de la apelación; y, d) Se debe considerar que las “Salas” reciben documentación solo hasta horas 11:00; además, aclarar que cuenta “…hasta el día de mañana…” (sic) para remitir los antecedentes de la impugnación; es así que, al encontrarse dentro del plazo legal -tres días hábiles-, solicitó se deniegue la tutela impetrada. David Jorge Valdivia Orellana, Secretario del referido Juzgado, en audiencia de garantías indicó que, se adhirió a lo manifestado por el Juez demandado; en sentido que, la apelación se encuentra preparada y será remitida “mañana”;

siendo que, la atención para ese efecto es hasta horas 11:00; en consecuencia, solicitó se deniegue la acción de libertad.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La representante fiscal, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 9.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 17 a 19 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0026/2018-S2 de 28 de febrero, sostuvo que si bien conforme al art. 251 del CPP, la autoridad jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas debe remitir al Tribunal de alzada los antecedentes del recurso de apelación incidental, existe un margen de ley sentando en la SCP 0281/2012 de 4 de junio, el cual refiere que, en caso de plantearse apelación en una cesación de la detención preventiva, cuando es de forma escrita tiene el plazo de veinticuatro horas, y al ser en audiencia de manera oral debe hacérselo en el mismo verificativo, así también lo sostuvo la SCP 1907/2012; y, 2) En relación al plazo para la remisión de dicho recurso se tiene una justificación razonable y fundada sobre las recargas laborales de la autoridad judicial demandada; el mismo que puede estar en suplencia o por pluralidad de imputados, este plazo no puede excederse de los tres días, así lo estableció la SCP 0142/2013 de 14 de febrero; por tal razón, y de acuerdo a los antecedentes se pudo advertir que al haberse desarrollado el correspondiente verificativo el 31 de marzo de 2022, el Juez demandado tenía tres días conforme a la jurisprudencia antes mencionada, para remitir obrados del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; es decir, hasta el 5 de abril de similar año; en consecuencia, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, no se acomodó a los actuados procesales que fueron denunciados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 25 de marzo de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, Jorge Luis Gutiérrez Aranda -ahora accionante- solicitó cesación de la detención preventiva y señale fecha y hora de audiencia para su consideración (fs. 2 y vta.). II.2. Mediante decreto de 28 de igual mes y año, el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, señaló audiencia virtual de consideración de dicha solicitud para el 31 de ese mes y año (fs. 3). II.3. Por escrito presentado el 31 de marzo de 2022, el impetrante de tutela, bajo el principio de celeridad pidió remita los antecedentes del recurso de apelación incidental que planteó, ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hasta horas 12:00 del 1 de abril de igual año (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 31 de marzo de 2022, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 176/2022 de igual fecha, rechazando dicha pretensión; por tal motivo, en el mismo verificativo interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no transcribió la respectiva resolución ni remitió el legajo procesal ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitiendo el término de veinticuatro horas que establece el art. 251 del CPP, sobrepasando incluso el plazo razonable de tres días para tal efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental contra medidas cautelares

Al respecto, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…)

Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). A su vez, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, refirió que: “…una vez presentada la impugnación de manera escrita, el juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP. En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP;

momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera el derecho a la libertad del justiciable” (el resaltado nos pertenece). Por su parte, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las siguientes subreglas: “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis fue añadido).

III.2. La legitimación pasiva en las acciones de libertad, respecto al personal de apoyo judicial

El art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la citada Ley. En ese contexto, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, indicó que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. …este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (énfasis y subrayado añadidos).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 31 de marzo de 2022, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 176/2022 de la misma data, rechazando la referida pretensión; por tal motivo, en ese acto procesal interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar dicha autoridad judicial y el Secretario demandado no transcribieron el acta y la Resolución impugnada ni se remitió el legajo procesal ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ignorando el término de veinticuatro horas que dispone el art. 251 del CPP, e incluso se sobrepasó el plazo razonable de los tres días. Ahora bien, considerando que la acción de libertad se dirige contra el Juez y el Secretario del Juzgado Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, con la finalidad de resolver dichas denuncias, a continuación se realizará un análisis individualizado de cada una de las actuaciones cuestionadas por el accionante.

III.3.1. Con relación al Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz

Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como objeto agilizar los trámites que se encuentran vinculados con los derechos a la libertad física o personal, en los casos en los cuales los servidores judiciales, no cumplen con su obligación de verificar los plazos previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Norma Suprema, como ser la demora en la remisión de la apelación de la resolución de detención preventiva ante el Tribunal de apelación. De las conclusiones y antecedentes que informan el expediente, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de homicidio, quien viene cumpliendo la medida cautelar extrema; el aludido mediante memorial solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, a lo que, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 176/2022 de 31 de marzo, rechazó dicho incidente; contra aquella determinación en ese acto procesal el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; además de ello, por escrito de igual fecha, pidió la remisión del legajo procesal al Tribunal de alzada y sea dentro del plazo de veinticuatro horas; sin embargo, hasta la interposición de esta acción tutelar habría transcurrido cuatro días sin que se hayan enviado los actuados al superior en grado. Identificado el problema jurídico, cual es la no remisión de la apelación ante la autoridad competente; en el caso en examen, se evidencia que el Juez demandado al admitir el recurso de apelación incidental planteado el 31 de marzo de 2022, por el impetrante de tutela conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debió remitirlo al Tribunal de alzada de turno dentro de las veinticuatro horas conforme lo establece el art. 251 del CPP. En ese entendido, la autoridad judicial demandada, al no enviar al Tribunal de alzada la reclamada impugnación dentro de ese término legal a efecto de resolver la situación jurídica del solicitante de tutela, incurrió en dilación indebida; dado que, desde el 31 de marzo de 2022, hasta la formulación de la presente acción de defensa -4 de abril del indicado año-, transcurrieron cuatro días sin que exista justificativo alguno para dicha dilación.

Por otra parte, de los argumentos vertidos por el Juez demandado, quien indicó que debido a la excesiva carga laboral optó por aplicar la excepción para la remisión del legajo en el plazo de tres días ante Tribunal de alzada; por cuanto, se encontraba en suplencia legal de su similar Tercero; si bien, es evidente aquella excepción; empero, para que se cumpla aquella situación, debe existir un justificativo razonable y fundado, extremo que en la presente acción de libertad dicha autoridad no acreditó con prueba alguna; por lo que, simplemente mencionarlo no constituye una razón suficiente. Por ello, se considera que la omisión en la que incurrió la autoridad demandada, al no remitir la apelación incidental conforme al plazo previsto en el art. 251 del CPP, generó dilaciones en el proceso, afectando los derechos al debido proceso y a la libertad del impetrante de tutela; por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada.

III.3.2. Con relación al Secretario del Juzgado de Instrucción

Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz

Ahora bien, en cuanto concierne al Secretario codemandado, en su condición de servidor de apoyo judicial, es preciso establecer que este también tiene legitimación pasiva en esta acción de defensa; puesto que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional -conforme se identificó-; sino que, las omisiones de carácter administrativo como ser: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación y el incumplimiento de plazos para la remisión del legajo procesal al superior en grado, entre otras, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas; aspecto que, en el caso en examen efectivamente aconteció; adecuándose su conducta a los dos supuestos previstos por la jurisprudencia constitucional, debido a la demora en el envío de los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, al no haberse transcrito la resolución correspondiente -según lo afirmado por el solicitante de tutela-; puesto que, el aludido servidor judicial debió asumir una actitud diligente y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones, afectando con su actuar el buen desempeño de las labores jurisdiccionales. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada, al encontrarse la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existe demora o dilaciones injustificadas o indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por consiguiente, atañe conceder la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/2022 de 4 de abril, cursante de fs. 17 a 19 vta., pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Primero Penal de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; disponiendo que los demandados remitan la apelación incidental ante el Tribunal de alzada -si aún no lo hicieron-; y, 2° Exhortar a Freddy Gastón Choque Cortes, Juez; y, David Jorge Valdivia Orellana, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, que en lo futuro adecúen sus actos conforme a los plazos y principios procesales en vigor, evitando dilaciones indebidas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0588_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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