Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia que la Vocal y el Secretario demandados vulneraron su derecho al debido proceso; afirmando que, apeló el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva, y que radicada la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se dispuso la devolución de obrados para corregir la observación advertida; empero, pese a que transcurrieron más de cuatro días desde dicha orden, los demandados no devolvieron el expediente, poniéndolo en un estado de indefensión debido a la retardación de justicia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 04/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 13 a 20, pronunciada El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad innovativa respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la dilación incurrida en la devolución de antecedentes al Juzgado de origen; y, 2º DENEGAR la tutela contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la citada Sala.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0587/2023-S2 Sucre, 19 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46823-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 13 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacinto Capajeño Surco contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal y Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario, ambos de la Sala Penal Segunda Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 2, el accionante expuso que:
Se encuentra en conocimiento de la Vocal de la Sala Penal Segunda Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, la apelación incidental que interpuso contra la fallo que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva que viene cumpliendo, señalándose audiencia de consideración para el 18 de marzo de 2022, oportunidad en la que la aludida autoridad observó la documentación remitida por el Juez de instancia; por lo que, dispuso la devolución del legajo procesal; no obstante, desde la indicada fecha, habiendo transcurrido más de cuatro días aquello no se acató; poniéndolo en un estado de indefensión, lesionando su derecho al debido proceso por retardación de justicia.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que “en el día” se devuelva el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 10 a 12, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliándolos manifestó que: a) La autoridad demandada señaló para el 18 de marzo de 2022, audiencia a fin de para la considerar la apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio que determinó rechazar la cesación de la detención preventiva; empero, dicho verificativo no pudo llevarse adelante; debido a que, el expediente no contaba con todos los actos procesales necesarios para su resolución; por lo que, el prenombrado dispuso la devolución de obrados para su complementación por parte del Juzgado de origen; b) Lo ordenado no fue efectivizado pese a que transcurrieron más de cuatro días; aspecto que desconoció el principio de celeridad y la forma expedita en que debe tramitarse las impugnaciones relacionadas a medidas cautelares; situación que, lesionó su derecho al debido proceso; y, c) Corresponde conceder la tutela y disponer que “en el día” se devuelvan los antecedentes observados al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 25 de marzo de 2022, cursante a fs. 9, señaló que: 1) Se encontraba en comisión cumpliendo funciones en otro departamento; 2) Ordenó el retorno del legajo procesal remitido para resolver la apelación incidental planteada por el accionante, al no haberse arrimado prueba indispensable para su resolución; por lo que, dispuso la devolución del mismo al Juzgado de origen; y, 3) La responsabilidad del retorno del expediente es de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, quienes informaron que cumplieron con esa obligación; por ello, al no existir lesión a ningún derecho o garantía constitucional, corresponde denegar la tutela requerida.
Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito de 25 de marzo de “2021”, cursante a fs. 8, alegó que: i) Se dio cumplimiento a la devolución del legajo remitido para la resolución de la apelación incidental planteada por el impetrante de tutela; y, ii) Al ser el trámite de la acción de libertad sumarísimo, corresponde denegar la tutela solicitada; debido a que, no se vulneró derecho o garantía alguna establecido en la Constitución Política del Estado.
El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 13 a 20, concedió en parte la tutela impetrada, respecto al Secretario codemandado; y, denegó la tutela con relación a la Vocal demandada; con base en los siguientes fundamentos: a) En el momento que la mencionada autoridad dispuso la devolución de obrados, al nombrado personal de apoyo judicial recién -24 de marzo de 2022- este remitió el legajo; es decir, luego de transcurridos siete días, aspecto que constituye una lesión al principio de celeridad por parte del aludido servidor público, más aun si no existió resolución pendiente o acta que se hubiese requerido elaborar; b) La autoridades judiciales tienen el deber de tramitar con la mayor celeridad solicitudes donde se encuentre involucrado el derecho a la libertad física; aspecto que, no fue observado por el Secretario codemandado; c) La citada Vocal cumplió con su función de señalar dentro del plazo audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el peticionante de tutela contra el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva; y, d) El codemandado no puede desconocer sus obligaciones y deberes impuestos por la Ley del Órgano Judicial; por lo que, al evidenciarse que no remitió oportunamente el legajo para su subsanación por el Juez de instancia era sujeto de responsabilidad por dicho incumplimiento.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia del cargo de remisión de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se puede advertirse la expedición al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento, en “fs. 44”, piezas del expediente relativo a la causa seguida por el Ministerio Publico contra el peticionante de tutela por la supuesta comisión del delito de “TRÁFICO”, y cargo de recepción del aludido Tribunal el 25 de marzo de 2022, a horas 8:30 (fs. 7).
El accionante denuncia que la Vocal y el Secretario demandados vulneraron su derecho al debido proceso; afirmando que, apeló el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva, y que radicada la causa en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se dispuso la devolución de obrados para corregir la observación advertida; empero, pese a que transcurrieron más de cuatro días desde dicha orden, los demandados no devolvieron el expediente, poniéndolo en un estado de indefensión debido a la retardación de justicia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (el resaltado es nuestro). En ese orden respecto a la devolución de antecedentes por el Tribunal de alzada por requerir se complemente la documentación necesaria para resolver la apelación de una medida cautelar o un rechazo a una cesación de la detención preventiva la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional señaló en la SCP 0282/2018-S2 de 25 de junio que: “…la determinación de devolver el legajo del recurso de apelación para que la Jueza a quo subsane la omisión en que incurrió, otorgándole el plazo de 24 horas para el efecto y una vez cumplido debía devolver el legajo para señalar nueva audiencia para considerar la apelación interpuesta, sin necesidad de sorteo. Este proceder, de ninguna manera puede considerarse como dilatorio en el trámite de la apelación, al contrario, privilegia de manera práctica el acceso a la justicia y el respeto de los derechos y garantías de la parte imputada, como lo exige la norma constitucional y Código de Procedimiento Penal en su art. 168, otorga al juez o tribunal, a solicitud de parte o de oficio y advertido un defecto, que deberá subsanarlo inmediatamente, facultad que se aplicó en el caso presente, pues ante la evidencia de un error subsanable fue obligación de la autoridad judicial disponer su subsanación para poder proseguir con la audiencia de apelación y resolver conforme corresponda” (énfasis adicionado).
A la vista de lo afirmado por el peticionante de tutela, y aceptado por los demandados, se puede concluir que se remitieron a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, antecedentes del trámite de apelación incidental que interpuso el aludido contra la decisión que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, y una vez radicada la causa el 18 de marzo de 2022, la Vocal demandada dispuso la devolución de los antecedentes; debido a que, no se remitieron las piezas procesales pertinentes para resolver el mencionado recurso; empero, dicha orden no fue cumplida pese a que transcurrieron más de cuatro días hábiles, desconociendo que debe actuarse con la mayor celeridad en los actos que se encuentren vinculados al derecho a la libertad personal. Consecuentemente, la problemática planteada en la causa en concreto, se circunscribe a verificar si los demandados dilataron indebidamente la devolución de los antecedentes de apelación al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, lesionando los derechos y garantías constitucionales del impetrante de tutela. En ese orden, conforme se manifestó de manera precedente, no existe discusión ni cuestionamiento sobre la orden de la Vocal demandada de 18 de marzo de 2022, de devolver obrados de la apelación al Juzgado de instancia; siendo la problemática analizada la dilación en el cumplimiento de dicha instrucción, que de acuerdo a los antecedentes que cursan en el proceso, y especialmente en la copia del cargo de remisión de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, se advierte que fue realizada el 25 del indicado mes y año, a horas 8:30 (Conclusión II.1); lo cual, demuestra que efectivamente se incurrió en una dilación indebida en la devolución del legajo procesal, cuando ese acto debió ser realizado el mismo día en el que se dictaminó y máximo en el plazo de veinticuatro horas; el retardo injustificado lesionó los derechos del peticionante de tutela, pues el trámite del indicado recurso no pudo ser concretado dentro de los plazos que establece el Código de Procedimiento Penal, y siendo que se encuentra vinculado a la libertad del prenombrado, debió ser dilucidado con mayor diligencia; aspecto que, impele a este Tribunal a conceder la tutela en la modalidad innovativa; debido a que, los antecedentes de apelación para su subsanación fueron devueltos el 25 de marzo de 2022. No obstante de ello, este Tribunal coincide con el Tribunal de garantías; en sentido de que, la responsabilidad por la remisión del expediente se encontraba a cargo del Secretario codemandado y es contra ese funcionario que debe concederse la tutela, con la finalidad de que en posteriores oportunidades observe la diligencia debida en la tramitación de apelaciones vinculadas al derecho a la libertad; y, denegarse respecto a la Vocal demandada, toda vez que, la devolución del expediente escapa a su responsabilidad. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 04/2022 de 25 de marzo, cursante de fs. 13 a 20, pronunciada El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad innovativa respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la dilación incurrida en la devolución de antecedentes al Juzgado de origen; y, 2º DENEGAR la tutela contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la citada Sala. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0587_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): bd2ef2c53b1999811e3603badcadbcfa42ab38cad4ebafb2b85264403f09e6f7
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