Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora coaccionado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no fijó la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, a pesar de que se hubiese suspendido una vez y posteriormente haberse solicitado en dos oportunidades la referida cesación, tampoco remitió su cuaderno procesal al Juzgado de turno de acuerdo a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre; por lo que, no cuenta con control jurisdiccional dónde pueda acudir. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; iv) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; v) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, vi) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 64 vta. a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la vulneración de los derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y al principio de celeridad; y sin ordenar su libertad de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz remita inmediatamente el proceso penal de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, ante el Juez de turno de acuerdo a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación jurídica del accionante hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela respecto a Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con relación a los derechos a la dignidad, a una justicia plural, gratuita y transparente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0586/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52616-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 5/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 64 vta. a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic contra Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital de dicho departamento.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 23 a 26, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Nicolás Ricardo Loayza Yaksic- por la presunta comisión del delito de “lesiones graves y leves, y otros”. Se encuentra detenido preventivamente por un plazo ya vencido, tenía señalada la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva para “noviembre” -se entiende de 2022-, la cual se suspendió por falta de notificaciones. Asimismo, solicitó en dos ocasiones la cesación de su detención preventiva, así como la remisión de actuados al Juez de turno en cumplimiento a la Circular de “presidencia” -del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-; puesto que, “a la fecha” no tiene autoridad donde acudir para el control jurisdiccional.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 9, 13, 15, 22, 23, 115, 120 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se restablezcan las formalidades legales y se disponga “AL RECURRIDO” remitir en el día “EL EXPEDIENTE” al Juez de turno a efectos de poder ser escuchado por autoridad competente, y en caso de no enviarlo en el lapso de veinticuatro horas se libre el mandamiento de libertad; ya que, no tiene donde acudir para ser escuchado y se tramite su cesación de la detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El 30 de noviembre de 2022, tenía una audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, la cual fue suspendida por el Juez hoy coaccionado; puesto que, se encontraba con otras audiencias; ya que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, cuando se suspende una audiencia por motivos no atribuibles al imputado se debió señalar de oficio; b) De manera posterior se presentaron dos memoriales solicitando la cesación de su detención preventiva, el primero, el 1 de diciembre de ese año, y el segundo, el 5 de igual mes y año; c) Así también presentó dos memoriales solicitando la remisión del cuaderno procesal al Juez de turno; ya que, tiene derecho a que se tramite su causa y a una autoridad judicial que pueda escucharle; empero, “hasta la fecha” no existe un control jurisdiccional; d) El Juez ahora coaccionado que tenía conocimiento de la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, no se presentó a la audiencia -de consideración de la acción de libertad- ni remitió informe alguno; por lo que, solicitó se conceda la tutela respecto al Juez hoy coaccionado, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas remita el “expediente” al Juez de turno e informe sobre dicha remisión; e) En cuanto al Presidente ahora accionado solicita se deniegue la tutela; puesto que, de manera oportuna emitió la referida Circular que fue incumplida por el Juez ahora coaccionado, tomando en cuenta la presunción de veracidad; y, f) Son cinco días sin que pueda ser oído por un Juez competente, vulnerándose su derecho a la celeridad y a la libertad.
Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante a fs. 31, señaló que de manera oportuna se publicó la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022, aprobada por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo garantizar la continuidad del servicio judicial en todas las materias durante la programación de las vacaciones judiciales de los Tribunales Departamentales de Justicia, culminando así sus obligaciones competenciales y las de la Sala Plena del referido Tribunal al momento de disponer la citada Circular. Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación vía WhatsApp cursante a fs. 28.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 5/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 64 vta. a 66, concedió -en parte- la tutela solicita respecto al Juez ahora coaccionado y denegó en cuanto al Presidente hoy accionado; bajo los siguientes fundamentos: 1) El citado Juez no informó nada al respecto y el mencionado Presidente hizo conocer que emitió la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022, de manera oportuna para que los juzgados con detenidos preventivos remitan los cuadernos procesales a los Juzgados de turno; y, 2) Al ser evidente y no tener ninguna prueba que demuestre lo contrario, el “expediente” con Formulario Único de Denuncia (FUD) 701102022101334, relativo al proceso del accionante, corresponde conceder la tutela en su vertiente de acción de libertad traslativa o de pronto despacho únicamente en cuanto al Juez hoy coaccionado, quien de manera inmediata debe remitir al Juzgado de turno el referido “expediente”, y denegando en cuanto al Presidente ahora accionado ante la falta de legitimación pasiva.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, emitida por el entonces Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en la cual, se estableció la vacación judicial colectiva del 6 al 30 de diciembre de 2022 y el rol de las Salas, Tribunales, Juzgados y Servidores Públicos que permanecerían de turno. Además, de determinar que los Tribunales y Juzgados penales que gocen de vacación judicial con detenidos preventivos, con mandamientos de aprehensión y condena, deberán remitir los cuadernos procesales en el orden establecido en dicha Circular, en el caso del Juzgado de Instrucción Penal Tercero, Quinto y Séptimo, al Juzgado de su similar Decimocuarto (fs. 4 a 14). II.2. Consta decreto de 22 de noviembre de 2022, emitido por Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionado-; por el que, se fijó la audiencia de cesación de la detención preventiva de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic -hoy accionante- para el 30 de ese mes y año (fs. 16). II.3. Por memoriales presentados el 1 y 5 de diciembre de 2022, ante el Juez ahora coaccionado; el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó se fije día y hora de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, “…CONSIDERANDO QUE LA SALA PENAL…”(sic), dispuso anular el “…AUTO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022…”, emitido por el citado Juez, ordenando que señale la referida audiencia de cesación de la detención preventiva, sea esta virtual para el accionante y presencial para los demás sujetos procesales (fs. 21 a 22 vta.). II.4. Mediante memoriales presentados el 1 y 5 de diciembre de 2022, ante el Juez hoy coaccionado; el accionante solicitó la remisión de actuados al Juez de turno, en cumplimiento a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que determinó que los cuadernos procesales con detenidos preventivos sean remitidas al Juez de turno (fs. 18 a 19).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora coaccionado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no fijó la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, a pesar de que se hubiese suspendido una vez y posteriormente haberse solicitado en dos oportunidades la referida cesación, tampoco remitió su cuaderno procesal al Juzgado de turno de acuerdo a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre; por lo que, no cuenta con control jurisdiccional dónde pueda acudir. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de una nueva audiencia por la suspensión de una anterior; iv) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; v) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, vi) Análisis del caso concreto.
La SCP 0280/2020-S1 de 7 de agosto, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la citada SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama qhilla, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios tienen el deber procesal de dirigir y resolver sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de detenciones preventivas. Por su parte, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, en el Fundamento Jurídico III.3, determina que el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciado dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme al siguiente razonamiento: Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento. La SCP 0112/1012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácter normativo y vinculante, como su necesaria aplicación en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida.” (las negrillas son nuestras).
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1., sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
La SCP 1045/2022-S1 de 21 de septiembre, expresó que: “…Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…)
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.
En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, expresa que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: ‘…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.”
La SCP 1335/2022-S1 de 15 de noviembre, señala que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.
Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional ” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora coaccionado hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no fijó la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, a pesar de que se hubiese suspendido una vez y posteriormente haberse solicitado en dos oportunidades la referida cesación, tampoco remitió su cuaderno procesal al Juzgado de turno de acuerdo a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre; por lo que, no cuenta con control jurisdiccional dónde pueda acudir. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, emitida por el entonces Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en la cual, se estableció la vacación judicial colectiva del 6 al 30 de diciembre de 2022 y el rol de las Salas, Tribunales, Juzgados y Servidores Públicos que permanecerían de turno. Además, de determinar que los Tribunales y Juzgados penales que gocen de vacación judicial con detenidos preventivos, con mandamientos de aprehensión y condena, deberán remitir los cuadernos procesales en el orden establecido en dicha Circular, en el caso del Juzgado de Instrucción Penal Tercero, Quinto y Séptimo, al Juzgado de su similar Decimocuarto (Conclusión II.1). Por otra parte, consta decreto de 22 de noviembre de ese año, emitido por el Juez ahora coaccionado, por el que se fijó audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 30 de igual mes y año (Conclusión II.2.). Además, mediante memoriales presentados el 1 y 5 de diciembre de 2022, ante el Juez ahora coaccionado; el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó se fije día y hora de audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, “…CONSIDERANDO QUE LA SALA PENAL…”(sic), dispuso anular el “AUTO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022”, emitido por el citado Juez, ordenando que señale la referida audiencia de cesación de la detención preventiva, sea esta virtual para el accionante y presencial para los demás sujetos procesales (Conclusión II.3.); asimismo, a través de memoriales presentados el 1 y 5 de diciembre de 2022, ante el Juez hoy coaccionado; el accionante solicitó la remisión de actuados al Juez de turno, en virtud a la mencionada Circular emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que determinó que los cuadernos procesales con detenidos preventivos sean remitidas al Juez de turno (Conclusión II.4.) Se debe tener en cuenta que conforme a lo citado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del indicado derecho. Por cuanto, la jurisprudencia constitucional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad. Para la resolución del presente caso, se evidencia que el Juez hoy coaccionado no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni remitió informe alguno, para desvirtuar los argumentos planteados por el accionante; por lo que, corresponde aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, misma que determina que cuando las autoridades accionadas no asisten a la audiencia ni presentan el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones del accionante, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la acción de defensa; razón por la cual, el Juez hoy coaccionado al no presentar el informe correspondiente ni asistir a la audiencia de consideración de la acción tutelar, consintió tácitamente lo afirmado por el accionante, respecto a que si bien ya tenía una audiencia de cesación de su detención preventiva fijada para el 30 de noviembre de 2022, la misma habría sido suspendida sin señalarse una nueva fecha, aquello se colige con meridiana claridad en el hecho de que el accionante solicitó posteriormente la cesación de la detención preventiva en dos oportunidades, lo que dejó en incertidumbre al nombrado al incumplirse con la obligación establecida en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; por lo que, el Juez hoy coaccionado debió fijar una nueva fecha y hora de la audiencia pretendida por el accionante, sin necesidad de que se presente nuevas solicitudes. Situación que fue agravada, cuando el nombrado con la finalidad de que se celebre y se fije su indicada audiencia reiteró su petición mediante los memoriales de 1 y 5 de diciembre de 2022; sin embargo, no obtuvo respuesta por parte del Juez hoy coaccionado, generando de esa manera dilación en su tramitación, más aún cuando dicho actuado procesal, de acuerdo a los mencionados memoriales, presuntamente deviene de un auto de vista que dispuso anular el “AUTO 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022”. Sumado a ello, el accionante presentó memoriales de 1 y 5 de diciembre de 2022, esta vez solicitando que conforme a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 su causa sea remitida al Juez de turno -ante la vigencia de la vacación judicial-; empero, dichos memoriales tampoco obtuvieron respuesta por el Juez ahora coaccionado, más aun cuando de acuerdo a dicha Circular establecía que la vacación colectiva judicial se cumplía a partir del 6 de diciembre de 2022; es decir, que el referido Juez hasta esa fecha tenía la competencia y la obligación de responder a las cuatro solicitudes del accionante presentadas el 1 y 5 de igual mes y año, e incluso de celebrar la audiencia de cesación a la detención preventiva que se pretendía, lo que evidencia una dilación en la resolución de la situación jurídica del nombrado, que fue agravada con la no remisión del cuaderno procesal del accionante ante el Juez de turno por las vacaciones judiciales, como se tiene en la citada Circular, los Juzgados en materia penal que gocen de vacación judicial y que cuenten con detenidos preventivos, entre otros, debían remitir sus cuadernos procesales a los Juzgados de turno de acuerdo a la lista establecida en la referida Circular; por lo que, también resulta evidente que el accionante carecía de control jurisdiccional desde el 6 de diciembre de 2022, que inició la vacación judicial; por consiguiente, no tuvo la oportunidad de que su situación jurídica fuese considerada por alguna autoridad judicial. Por todo lo expuesto se advierte una flagrante vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y al principio de celeridad; en ese entendido, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otro lado, se debe señalar que conforme el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional; para la procedencia de ésta acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra la persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida; en concreto, la legitimación pasiva en la acción tutelar, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados, y es aquélla contra quien se dirige la acción, consecuentemente, en aplicación de esta línea jurisprudencial, la demanda erróneamente se dirigió contra el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a quien no se endilgó responsabilidad alguna; por lo que, el mencionado Presidente en la presente acción de libertad carece de legitimación pasiva, razón por la cual corresponde denegar la tutela. Finalmente, con relación a la denuncia de la vulneración de los derechos a la dignidad, a una justicia plural, gratuita y transparente, el accionante se limitó a citarlos sin identificar de qué manera dichos derechos se hubiesen vulnerado, o en su caso, se encontraría amenazado, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 5/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 64 vta. a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la vulneración de los derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso vinculado a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y al principio de celeridad; y sin ordenar su libertad de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic.
a) Disponer que el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz remita inmediatamente el proceso penal de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic, ante el Juez de turno de acuerdo a la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que la situación jurídica del accionante hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela respecto a Freddy Larrea Melgar, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con relación a los derechos a la dignidad, a una justicia plural, gratuita y transparente, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0586_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2b54d1758ae6b5a1cc47da662983c6d4c05ad7bab05a02bcb21f79204ac3eb6e
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