B.IA.LEGAL

SCP 0586/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
46780-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La parte accionante alega como lesionado su derecho a la libertad, al haber sido detenidos injustamente por efectivos policiales en la Comunidad Chushuara como resultado de una denuncia falsa y temeraria por los comunarios de Apolo ya que son ellos víctimas de avasallamiento, no se les hizo conocer el motivo de su aprehensión además que entre los mismos se encuentran personas de la tercera edad y no se resolvió su situación jurídica hasta la fecha. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 23 a 24, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos señalados en al presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0586/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46780-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Castaños Poma en representación sin mandato de Marco Antonio Cruz Villamil, Rubén Anagua Torrez, Yeison Carlos Valencia, Luis Endara Ichi, Widman Alborta, Mirta Mercado, Marcos Yarari, Froilan Figueredo Paniagua y Abigail Choquehuanca Cáceres contra Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia y la Policía Fronteriza de Apolo del departamento de La Paz. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memorial presentado el 31 de marzo 2022, cursante de fs. 1 y 4 y vta., los impetrantes de tutela mediante su representante sin mandato manifestaron que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Son miembros de la Comunidad Originaria de Chushuara y el 30 de marzo de 2022, siendo víctimas de avasallamiento fueron detenidos injustamente por la Policía Fronteriza de Apolo, producto de una denuncia maliciosa, falsa y temeraria en su contra, sin recibir explicación del motivo de su “detención” y sin resolver su situación jurídica, situación que motivó el planteamiento de la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La parte accionante, no refirió de manera expresa que derechos considera lesionados tampoco citó norma constitucional alguna. I.1.3. Petitorio No señaló petición específica. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia virtual el 1 de abril de 2022, conforme al acta cursante de fs. 20 a 22, presente la parte accionante y la Fiscal demandada, ausente la Policía Fronteriza de Apolo, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte accionante ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad, ampliando la misma señaló que: a) Los “detenidos” son dieciocho personas; b) El 29 de marzo de 2022, en la Comunidad de Chushuara, donde se encontraban reunidos los comunarios fueron echados de sus terreno, su casa y su familia por unos dirigentes de la Federación de Campesinos de Tupac Katari, de donde es su Comunidad, siendo víctimas de avasallamiento y de golpes y malos tratos, auto incriminados de portar armas de fuego y explosivos, verificando ello en el acta de intervención directa; c) No se cumplió lo establecido en el art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que la Policía tiene el plazo de ocho horas para hacer entrega a la dirección funcional de la investigación, y el Ministerio Público para resolver su situación jurídica el plazo de veinticuatro horas; por lo que, se lesionó su derecho a la libertad, considerando que son parte de una comunidad indígena y son reconocidos por la Constitución Política del Estado; d) Solicitaron que por intermedio de la Fiscalía Departamental, el Ministerio Público sea objetivo en la investigación, ya que son víctimas de avasallamiento, de torturas y fueron amarrados con alambres de púa a un árbol, de lo que se hizo la denuncia por las redes sociales, prueba de ello adjuntaron dos fotografías de personas de la tercera edad como es “Luis Endara a Guille” de sesenta y cinco años, es decir que no se respetó la vida, ya que el art. 232 –se entiende del CPP– prohíbe la “retenciones” de persona de la tercera edad; teniendo que acudir a La Paz, a efectos que paren las persecuciones; es evidente que existe la distancia entre las comunidades; empero, la Policía y el Ministerio Público tienen que tomar sus previsiones; los familiares tuvieron que recurrir ante los canales televisivos para pedir que paren las persecuciones; y, e) Solicitan se defina su situación jurídica, ya que el tema de la distancia no es justificativo; dado que, existen medios electrónicos o digital, considerando que existen personas que tienen niños a su cargo y que dejaron en la Comunidad, y que las personas de la tercera edad no pueden ser “detenidos” y que hasta la fecha no fue resuelta su situación jurídica; por lo que, es viable la acción de libertad de pronto despacho; asimismo, se ha informado que a la Comunidad de Apolo existe grupos armados que están penetrando con la intención de explotación ilegal de la minería, lo que se denunció en La Paz ante el Ministerio Público. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia, por Informe de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 15 a 17 y en audiencia manifestó que: 1) Es menester poner a su conocimiento que el 31 de marzo de citado año a las 21:03 se remitió el informe de intervención policial preventiva de acción directa de 30 de igual mes y año, por José Luis Chávez Condori, Bernardo Santander Quispe y Rene Mamani Choque, efectivos policiales, poniendo a disposición del Ministerio Público a dieciocho ciudadanos en calidad de aprehendidos, los que responden a los nombre de Edgar Escobar Michel, Miguel Supa Games, Rubén Hugo Anagua Torrez, David Choque Mita Nina, Miguel Ángel Choquehuanca Monrroy, Marco Antonio Yarari Chura, Juan Velásquez Espinoza, Rodimir Rodríguez Ruiz, Froilan Gigueredo Paniagua, Pedro Flores Baltazar, Thomas Sharif Jonatan Brocal Da Silva, Jheyson Carlos Valencia Maita, Luis Gabriel Santander Aliaga, Marco Antonio Cruz Villarroel, Luis Endara Ichi y Abigail Choquehuanca Cáceres, Pedro Figueredo y Gastón Pérez Vaca; 2) Entendiéndose que a partir de dicha fecha empieza a correr el plazo de veinticuatro horas para que el Ministerio Público remita ante la autoridad jurisdiccional con la finalidad que se resuelva su situación jurídica procesal, vencido recién dicho plazo el 1 de abril del mismo año a las 21:03; es decir, que se encuentra dentro de plazo para realizar distintos actos investigativos y como resultado emitir la resolución que corresponda, no siendo cierto el incumplimiento de plazos denunciado por el accionante y la lesión del derecho a la libertad; 3) Con relación a lo denunciado por los impetrantes de tutela que desconocen los hechos que se les sindica, se debe considerar que el 1 de abril a horas de la madrugada 01:30 se puso a conocimiento de los aprehendidos los antecedentes y hechos por los cuales se les sindica, los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación, también sus derechos y garantías constitucionales, así se advierte en las declaraciones informativas recepcionadas; 4) Debe considerarse que a momento de emitirse el Informe de acción directa de 30 de marzo de 2022, en su última parte los Oficiales de la Policía Boliviana que intervinieron, hicieron conocer el trayecto que tuvieron que recorrer desde la Comunidad “Chuswaras” a Mayaya en bote que sería en cinco horas; de Mayaya a Caranavi cuatro horas, de Caranavi a La Paz, siete horas y de La Paz hasta Apolo catorce horas y considerando que el traslado fue en bus debido a la cantidad de personas aprehendidas; es decir que, el tiempo trascurrido no es debido a la negligencia de los oficiales de policía, sino a causas naturales como es la distancia; por lo que, se debe considerar la teoría del no plazo; toda vez que, en nuestra legislación la razonabilidad del plazo o por lo menos el parámetro objetivo se encuentra establecido en el art. 130 del CPP, fijándose el límite temporal para la conclusión de los plazos procesales ya sea en días y horas; empero, nos encontramos frente a una eventualidad en cuanto a la remisión de aprehendidos ante el Ministerio Público y Órgano jurisdiccional a efecto del art. 226 del CPP, en su último párrafo estableció que la persona aprehendida debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas ante la autoridad jurisdiccional, plazo que aun no se cumplió para el Ministerio Público; sin embargo, si la Policía demoró en la remisión de los aprehendidos, se debe al largo recorrido que atravesaron para llegar al asiento Fiscal de Apolo, a cuyo efecto la SCP 1907/2011-R de 7 de noviembre, refirió sobre los parámetros que se deben considerar al computo y vencimiento de plazos como ser: i) La complejidad del asunto; ii) La multiplicidad de víctimas y sindicados; y, iii) La conducta de las autoridades judiciales; por lo que, se debe tener presente que el caso presente es complejo, ya que se lesionó derechos a la vida, integridad física y otros, la distancia en la que se suscitaron los hechos y por otra parte la multiplicidad de sindicados y víctimas siendo plenamente justificable; y, 5) De la lectura íntegra del memorial de acción de libertad no se advierte cual fuera el petitorio, solo se limitó a indicar que es en su modalidad traslativa, lo que no puede ser subsanado e ir más allá de lo que no se pidió. Diego Armando Cori Mamani, Encargado de la Jefatura de la Policía Fronteriza de Apolo del departamento de La Paz, mediante Informe de 1 de abril de 2022, cursante de fs. 18 a 19 manifestó que: a) El 30 de marzo del citado año, ingresó un contingente policial de 9 efectivos a cargo de José Luis Chávez Condori a la Comunidad Chushuara a fin de resguardad y precautelar la seguridad de las personas y de acuerdo a la Acción Directa realizada además del que estaba a cargo, Bernardo Santander Quispe y René Mamani Choque se tiene que, en dicha fecha a las 12:30 aproximadamente habrían arribado a la citada Comunidad donde existía pugnas por tierras, es así que en el lugar tomaron contacto con los pobladores en un número de cien a ciento cincuenta personas y sus autoridades que responden a los nombres de, Ermeregildo Salas Chambi, Central Agraria; Magalí Coagera Etema, Secretaria de Justicia; Mabel Coagera Mamani, Ejecutiva Provincial; Humberto Dueñas, Secretario de Justicia; Melchi Oblitas Vaquiera, Secretario de Organización; “Dr. Chavez representante de la CSUTCB” y comunarios del municipio de Apolo quienes se constituyen en denunciantes; b) Los nombrados se encontraban agresivos y molestos por los hechos suscitados el 29 del mismo mes y año a las 18:00; toda vez que, cuando se encontraban en una reunión y de manera sorpresiva fueron emboscados por sujetos con arma de fuego y explosivos atentando contra su vida, existiendo también personas heridas; se advirtió que dieciocho personas fueron de la Comunidad de Chushuara se encontraban en calidad de aprehendidos por particulares, maniatados con pitas y cables ante lo cual el contingente policial exhortó la entrega de los mismos, lo que se hizo a las 15:30 en un total de diecisiete personas del sexo masculino y una de femenino de nombres: Thomas Broncas Da Silva de veinte años; Luis Gabriel Santander de treinta y seis años; Rodimar Rodríguez Ruiz, de treinta y ocho años; Luis Endara Condori de sesenta y cinco años; Froilan Figueredo Paniagua de sesenta y un años; Marco Antonio Yari de treinta y siete años; Juan Velásquez Espinoza de cuarenta años; Rubén Anagua Torrez de cuarenta años; Jherso Carlos Valencia Mayta de veinticinco años; David Choque Mita Nina de cuarenta y cuatro años; Pedro Figueredo de sesenta y dos años; Pedro Flores Baltazar de cincuenta y tres años; Gastón Pérez Vaca de cuarenta años, Miguel Supa Games de cincuenta y cuatro años; Edgar Escobar Michel de veinticinco años; Marco Antonio Yarari Chura de treinta y siete años; ; Miguel Ángel Huanca Monroy de veintiséis años; y, Abigail Chaquehuanca Cáceres de treinta y dos años; siendo esta última identificada por los comunarios como la “cabeza” y responsable de los hechos suscitados; c) A las 15:45 a momento de salir con los aprehendidos con dirección a Mayaya uno de los botes se encontraba desmantelado; toda vez que, fue sacado el motor y la gasolina, lo que obstaculizó la salida, logrando sea restablecido después de una breve charla y negociación, continuando el viaje hasta el municipio de Apolo, que una vez en destino se remitió el caso a conocimiento del Ministerio Público a horas 21 del 31 de marzo de 2022, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves; y, d) Refieren las personas aprehendidas que en la Comunidad Chushuara existe personas secuestradas por los pobladores de Apolo; asimismo, el trayecto recorrido desde la Comunidad de Chushuara a Mayaya en bote fue de cinco horas; de Mayaya a Caranavi de cuatro horas y Caranavi a La Paz de 7 horas y La Paz a Apolo catorce horas. I.2.3. Resolución La Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz constituida en Jueza de garantías, por Resolución 18/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 23 a 24, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes puestos a su consideración y los informes presentados por los demandados, se evidencia que en la Comunidad Originaria de Chushuara se habrían producido enfrentamientos con los comunarios del municipio de Apolo por problemas de tierras, derivando en la aprehensión de los primeros y luego entregados a la Policía que llegó al lugar, conduciéndolos en botes por cuanto no existe carretera; 2) el 31 de marzo de 2022 a las 21:03 son puestos a disposición del Ministerio Público y ya se inició y se efectúa actos de investigación; cabe resaltar que las autoridades a cargo del presente caso tropezaron con dificultades de comunicación, distancias que tuvieron que atravesar para llega a Apolo y el número de personas que fueron parte del supuesto enfrentamiento, situaciones que implican que el caso sea complejo; 3) La parte accionante lo que pide es que se resuelva su situación jurídica dentro de los términos previstos, habiéndose advertido que pese a los problemas mencionados, la Fiscal de Materia se encuentra dentro del plazo para emitir la determinación que corresponda, que será puesta a conocimiento del juez contralor de garantías y los accionantes donde podrán hacer valer todos sus reclamos, correspondiendo por lo tanto denegar con relación a dicha autoridad; y, 4) Con relación a la Policía se advirtió que el solo traslado a la comunidad de Chushuara fue complejo por la distancia y una vez lograron que los comunarios de Apolo entregaran a los aprehendidos, tuvieron que retornar incluso usando botes por que no se tiene acceso a caminos, siendo una situación entendible, por lo que corresponde también denegar al respecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene el Acta de Recepción de Aprehensión por Particulares, en la Comunidad de Chushuara del Municipio de Apolo de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, del 30 de marzo de 2022 a horas 15:15, observándose la identificación de dieciocho personas aprehendidas y recepcionadas por los servidores policiales José Luis Chávez Condori y Bernardo Santander Quiste (fs. 11 y 12). II.2. Cursa el Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa de 31 de marzo de 2022, mediante el cual pone a conocimiento de Blanca Tatiana Zambrana, Fiscal de Materia –ahora demandada– los aprehendidos haciendo saber el trayecto recorrido desde la Comunidad Chushuara, recibido el 31 de igual mes y año a horas 21:05 (fs. 9 a 10). II.3. Mediante decreto de 31 de marzo de 2022, la Fiscal demandada tuvo presente los extremos señalados en el Informe de Intervención policial directa preventiva Acción Directa en el que también hace observaciones y pide sean aclarados (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega como lesionado su derecho a la libertad, al haber sido detenidos injustamente por efectivos policiales en la Comunidad Chushuara como resultado de una denuncia falsa y temeraria por los comunarios de Apolo ya que son ellos víctimas de avasallamiento, no se les hizo conocer el motivo de su aprehensión además que entre los mismos se encuentran personas de la tercera edad y no se resolvió su situación jurídica hasta la fecha. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

La SCP 0030/2022-S4 de 4 de abril, mencionando la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “'La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas'. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: 'El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: «…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos». Además enfatizó que. «…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)»' Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: '…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad, ante demoras injustificadas de personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante refiere que hasta la presentación de la acción de libertad no fue resuelta su situación jurídica, ya que considera que son víctimas de avasallamiento y fueron injustamente aprehendidos, sin explicarles el motivo, encontrándose entre ellos personas de la tercera edad y otros que tienen niños a su cargo, situación que consideran lesiona su derecho a la libertad. De obrados se advierte que, el 30 de marzo de 2022, Funcionarios Policiales José Luis Chávez Condori y Bernardo Santander Quispe, se constituyeron en la Comunidad de Chushuara, se tomó contacto con dirigentes y se les hizo la entrega de dieciocho personas en calidad de aprehendidas por particulares, siendo identificadas cada uno de ellas, entre los cuales se encuentran los ahora accionantes –excepto “Widman Alborta” y “Mirta Mercado”– (Conclusión II.1); seguidamente, mediante Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 31 de igual mes y año se puso a conocimiento de los antecedentes y los aprehendidos ante Blanca Tatiana Zambrana, Fiscal de Materia –ahora demandada– siendo recibido a las 21:05, en dicho informe también se hizo conocer el trayecto recorrido desde la Comunidad Chushuara (Conclusión II.2). Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible la activación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la finalidad de lograr la celeridad necesaria dentro de un proceso en la vía judicial o administrativo ante dilaciones indebidas y que a consecuencia de ello se prolongue la restricción del derecho a la libertad de una persona, buscando reparar tal vulneración frente a demoras injustificadas de personas que se encuentran privadas de libertad.

Ahora bien, en el caso de autos, conforme se analizó los actuados que fueron presentados como lo vertido por la parte accionante y lo informado por las autoridades demandadas, se analizará las actuaciones de las autoridades intervinientes que fueron demandados en la presente acción de libertad.

Con relación a la actuación de los Efectivos Policiales Del Informe presentado dentro de la presente acción de libertad por Diego Armando Cori Mamani, Encargado de la Jefatura Policial de Apolo, refirió que: “…en fecha 30 de marzo del año en curso, ingreso un contingente policial de 9 efectivos a cargo del Sr. Tte. José Luis Chávez Condori a la comunidad Chushuara a fin de resguardar y precautelar la seguridad de las personas y que de acuerdo a la Acción Directa realizado por el Sr. Tte. José Luis Chavez Condori, Sgto. My. Berardo Santander Quispe y Sgt. 1ro Rene Mamani Choque...” (sic); quienes habrían arribado a la Comunidad de Chushura a las 12:30 aproximadamente, donde se observó alrededor de cien a ciento cincuenta personas, tomando contacto con sus dirigentes, quienes le hicieron entrega de 18 personas aprehendidas por particulares a horas 15:30; es así que a momento de intentar salir del lugar a horas 15:45 con dirección a la población de Mayaya, advirtieron que uno de los botes se encontraba sin motor y sin combustible, logrando su restablecimiento luego de una breve charla y negociación, asimismo informan en la parte final que, “…el trayecto a recorrer desde la comunidad de CHUSHUARA a Mayaya en bote es de 5 horas, de mayaya a Caranavi es 4 horas, de Caranavi a La Paz es 7 horas y de La Paz –Apolo 14 horas” (sic); en consecuencia se puso a conocimiento del Ministerio Público el 31 de marzo de 2022 a las 21:00. Si bien la normativa adjetiva penal, en el art. 227 refiere que: “La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas.”; empero, en el presente caso, se advierte que no existe dilación injustificada, considerando la distancia de la Comunidad de donde fueron trasladados los sindicados hasta ser puesto a consideración de la Fiscal de Materia a cargo, es justificable y razonable considerar que, los Funcionarios policiales no incurrieron en dilación indebida conforme detallaron en su Informe, todo lo ocurrido hasta poner a conocimiento del Ministerio Público, e incluso los problemas que atravesaron, como ser el desmantelamiento de un bote, siendo el único acceso, ya que no existe carretera o camino que pudieron tomar alternativamente, situación que no fue negado o refutado por la parte accionante; por lo que, no se advierte la lesión del derecho a la libertad de los accionantes, ya que si bien hubo un atraso en remitir los antecedentes y aprehendidos ante la autoridad Fiscal, dicho retraso se encentra debidamente justificado por la distancia existente desde el lugar donde fueron aprehendidos, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. Con relación a la actuación de la Fiscal de Materia demandada La Fiscal de Materia tuvo conocimiento de los antecedentes y los aprehendidos el 31 de igual mes y año a las 21:05, mediante Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa (Conclusión II.2); considerando que el plazo a efecto del cumplimiento de lo previsto por el art. 226 del CPP (in fine) “…La persona aprehendida será puesta a disposición del Juez, en el plazo de veinticuatro (24) horas, para que resuelva dentro del mismo plazo, sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares previstas en este Código o decrete su libertad por falta de indicios”; en consecuencia, se tiene que al momento del planteamiento de la presente acción de libertad –31 de marzo de 2022 a las 16:03–, es decir que aún no se puso a conocimiento de la Fiscal demandada de los aprehendidos; toda vez que, recién se lo hizo a las 21:05 del mismo día; asimismo, se tiene de lo informado por dicha autoridad que en horas de la madrugada se tomaron las declaraciones informativas de los sindicados y se estaría realizando las diligencias correspondientes de investigación para emitir el requerimiento correspondiente; por lo que, tampoco se advierte dilación indebida por parte de esta autoridad, que conlleve a la lesión del derecho a la libertad de los accionantes, ya que se encuentra dentro de los parámetros legales establecidos, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Finalmente, con relación a lo manifestado por la parte accionante que dentro de los aprehendidos se encontrarían personas de la tercera edad y que sería prohibido su detención por imperio del art, 223 del CPP; de la prueba documental acompañada, específicamente del Informe emanado de Diego Armando Cori Mamani, Encargado de la Jefatura Policial de Apolo, de 1 de abril de 2022, se advierte la identificación de cada uno de los aprehendidos entre los cuales se encontraría Luis Endara Condori de 65 años; sin embargo, se debe considerar que su situación jurídica del mismo será resuelta una vez el Ministerio Público ponga a conocimiento del Juez contralor de garantías, considerando además que es deber tanto del Ministerio Público analizar la situación de cada uno de los aprehendidos a momento de tomar conocimiento y puesta a su disposición, y posteriormente cuando se resuelva su situación jurídica ante la autoridad jurisdiccional competente, más considerando la etapa procesal en la que se encuentra el proceso, correspondiendo por ello denegar la tutela también en relación a este extremo. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 23 a 24, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos señalados en al presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0586_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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