Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la atención eficaz y oportuna de los jueces y tribunales de justicia; puesto que, la Jueza ahora accionada en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, fue condenado a tres años de presidio, habiendo ingresado de vacaciones judiciales, no remitió el cuaderno procesal juntamente con el memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena solicitada el 5 de diciembre de 2022 al juzgado de turno, impidiendo que pueda ser beneficiado con la salida alternativa, y; por consiguiente, obtenga su libertad; proceder contrario a sus derechos y garantías constitucionales invocados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0585/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52603-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 10 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Verónica Aguilera Mendez en representación sin mandato de Iván Mendoza Bravo contra Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta y Cautelar Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante a fs. 7 y vta., manifestó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP) caso signado con el Formulario Único de Denuncia (FUD):701102042101614; en el que fue condenado a tres años de presidio, mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2022 solicitó a la Jueza ahora accionada señale fecha y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena; sin embargo, la citada Jueza habiendo ingresado de vacaciones judiciales, desde esa fecha no remitió aun el cuaderno procesal al juzgado de turno, a objeto que su persona pueda ser beneficiada con la salida alternativa, proceder, que vulnera sus derechos y garantías constitucionales.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la atención eficaz y oportuna de los jueces y tribunales de justicia; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Jueza hoy accionada “…Remita, ENVIE EL EXPEDIENTE EN ORIGINAL AL JUZGADO DE TURNO, PARA PODER PROSEGUIR CON MI SOLICITUD DE AUDIENCIA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, FUD:701102042101614 EXP:78/21, para asi poder asumir defensa material y técnica, Y ASI PODER OBTENER MI LIBERTAD” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 10 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 12, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: “considerando señor Juez que ya ha sido remitido el expediente, no es necesario se prosiga con la presente acción” (sic).
Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitió informe alguno, a pesar de su citación cursante a fs. 6.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 10 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal desarrollada por la SCP “0786/2015” -siendo lo correcto 0786/2015-S3 de 10 de julio-, habiendo efectuando la Jueza ahora accionada la remisión del oficio al Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del referido departamento, con el cuaderno procesal signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 701102042101614, relativo al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, en cumplimento a la circular del Tribunal Supremo de Justicia.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 2 de diciembre de 2022 -aclarado la recepción el 5 del mismo mes y año- dirigido a Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, solicitando audiencia de suspensión condicional de la pena (fs. 3). II.2. Consta Oficio 2730/2022 de 5 de diciembre, emitido por la Jueza ahora accionada; mediante el cual remite el cuaderno procesal en original a “…fs. (33) útiles en Original, debido a la vacación Judicial, dentro del proceso Penal con NUREJ No. 701102042101614, Caso FELCC-466/2022, EXP. 78/21, que sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra MIGUEL ANGEL ARRAYA FERNANDEZ e IVAN MENDOZA BRAVO, por el supuesto delito de ROBO AGRAVADO” (sic), con sello de recepción del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, de 8 de diciembre de 2022 (fs. 11).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la atención eficaz y oportuna de los jueces y tribunales de justicia; puesto que, la Jueza ahora accionada en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, fue condenado a tres años de presidio, habiendo ingresado de vacaciones judiciales, no remitió el cuaderno procesal juntamente con el memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena solicitada el 5 de diciembre de 2022 al juzgado de turno, impidiendo que pueda ser beneficiado con la salida alternativa, y; por consiguiente, obtenga su libertad; proceder contrario a sus derechos y garantías constitucionales invocados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, reiterando los razonamientos de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” .
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la atención eficaz y oportuna de los jueces y tribunales de justicia; puesto que, la Jueza ahora accionada en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, fue condenado a tres años de presidio, habiendo ingresado de vacaciones judiciales, no remitió el cuaderno procesal juntamente con el memorial de solicitud de señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena solicitada el 5 de diciembre de 2022 al juzgado de turno, impidiendo que pueda ser beneficiado con la salida alternativa, y; por consiguiente, obtenga su libertad; procede contrario a sus derechos y garantías constitucionales invocadas. De la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, concernientes al proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de robo agravado, cursa memorial de 2 de diciembre de 2022 -con sello ilegible de recepción- presentado ante la Jueza hoy accionada, solicitando la audiencia de suspensión condicional de la pena (Conclusión II.1.); así también consta Oficio 2730/2022, emitido por la Jueza ahora accionada; mediante el cual remite el cuaderno procesal en original a “…fs. (33) útiles en Original, debido a la vacación Judicial, dentro del proceso Penal con NUREJ No. 701102042101614, Caso FELCC-466/2022, EXP. 78/21, que sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra MIGUEL ANGEL ARRAYA FERNANDEZ e IVAN MENDOZA BRAVO, por el supuesto delito de ROBO AGRAVADO” (sic), con sello de recepción del Juzgado Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, de 8 de diciembre de 2022 (Conclusión II.2.). Con base en esos antecedentes, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos invocados en esta acción de libertad, atribuyendo a la Jueza ahora accionada a tiempo de ingresar de vacaciones judiciales el no haber remitido el cuaderno procesal en el cual se encontraba la solicitud de señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena, solicitada el 5 de diciembre de 2022 ante el juzgado de turno, impidiendo que pueda ser beneficiado con la salida alternativa y por consiguiente obtenga su libertad, actuación contraria a sus derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, delimitado el objeto procesal que nos ocupa, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, prevé los tipos de acción de libertad, entre los cuales se encuentra la traslativa o de pronto despacho (SC 0044/2010-R, de 20 de abril); cuyo objeto supone que opera en procura de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido y, conforme se tiene de los antecedentes cursantes en el cuaderno procesal, se colige que los hechos denunciados surgen dentro del proceso penal, en el que el accionante mediante memorial solicitó el 5 de diciembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el señalamiento de fecha y hora de audiencia de suspensión condicional de la pena, a objeto de beneficiarse con la salida alternativa, identificando como el hecho lesivo la no remisión del cuaderno procesal con dicho requerimiento en original al juzgado de turno en razón al inicio de la vacación judicial; sin embargo, igualmente de los actuados, se tiene constancia de remisión ante el Juzgado Público Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, adjuntando a la misma el cuaderno procesal en original; es decir, fue materializada dicho envió mediante Oficio 2730/2022 de 5 de diciembre, suscrito por la citada autoridad judicial a “…fs. (33) útiles en Original…” (sic), cuya fecha de recepción es de 8 de diciembre de 2022 por el Juzgado de turno, luego de tres días de presentado tal requerimiento, encontrándose dentro de un término prudencial de interpuesta la solicitud. Por consiguiente, se advierte que la pretensión de exigir su remisión ya habría sido cumplida, sin resultar evidente la denuncia del accionante, respecto de la Jueza ahora accionada no hubiera remitido al juzgado de turno en época de vacación judicial los antecedentes del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, caso signado con FUD:701102042101614; más aun, si el nombrado por medio de su abogado en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, advertido de la remisión del cuaderno procesal, expresó que: “…ya ha sido remitido el expediente, no es necesario se prosiga con la presente acción” (sic), actuando la Jueza hoy accionada con la adecuada diligencia y celeridad, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, sin que se evidencie una dilación indebida respecto de la no remisión pedida por el accionante, deviniendo en consecuencia en la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otro fundamento, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 10 de diciembre de 2022, cursante de fs. 12 vta. a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0585_2025-S1.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): dd893b990a8ab71dc51fa4aeb74c9afb971421d5a547153788c8d395895b6668
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