Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo solicitado el 22 de diciembre de 2022, cesación a la detención preventiva y la aplicación de procedimiento abreviado, hasta la fecha de interposición de la acción de tutelar, la autoridad demandada no dio respuesta alguna, por lo que solicita se conceda la tutela, y se ordene a la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva y de salida alternativa.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 33/22 de 30 de diciembre 2022, cursante de fs. 7 vta., a 9 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en los mismos términos que la Jueza de garantías. 2° Exhortar a la autoridad demandada a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad. 3°. Llamar la atención a Lilian Moreno Cuellar, Juez de Sentencia Penal, Decimocuarta del departamento de Santa Cruz - constituida en Jueza de garantías-, por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 29 del CPCo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0584/2025-S3 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52944-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/22 de 30 de diciembre, cursante de fs. 7 vta. a 9 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María José Herrera Ribera, Luis Rene Alejandro Sauciri Urrelo, en representación sin mandato de Juan Kama Vallejos contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz
Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante a fs. 4 y vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 22 de diciembre de 2022, solicitó la cesación a su detención preventiva y la aplicación de una salida alternativa; no obstante, hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar, la autoridad demandada no emitió pronunciamiento alguno respecto a dicha solicitud.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de consideración a su solicitud de cesación de la detención preventiva y de salida alternativa.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 7 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de sus representantes, en audiencia virtual ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) Fue detenido por la autoridad demandada a consecuencia de un incidente familiar pese a que no existían los indicios suficientes que demostraran la existencia del hecho denunciado, toda vez que la denuncia presentada por su esposa carecía de respaldo en atención a que no se elaboraron los informes sociales ni psicológicos; y, b) Ante esta situación, solicitó una audiencia de cesación a la detención preventiva y planteó la posibilidad de una salida alternativa, incluida la conciliación, conforme lo previsto en los arts. 45 y 46 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 348 de 9 de marzo de 2013, sin embargo la autoridad demandada no respondió a sus solicitudes, ni justificó su silencio pese al vencimiento de los plazos procesales.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; no presentó informe escrito y tampoco acudió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, -no existe constancia de la notificación a la autoridad demandada con el señalamiento de audiencia para la consideración de la presente acción tutelar.
El Juez de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 33/22 de 30 de diciembre, cursante de fs. 7 vta. a 9 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, la autoridad demandada señale en el plazo de cuarenta y ocho horas, día y hora de audiencia de consideración de la solicitud de la cesación de la detención preventiva y/o de salida alternativa. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante presentó el 22 de diciembre del 2022,solicitud de cesación a la detención preventiva y de salida alternativa; sin embargo, dicha petición no fue atendida por la autoridad demandada ni mediante decreto ni providencia; 2) Esta omisión vulneró lo dispuesto por el art. 239 del CPP, modificado por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 y 1226 de 18 de septiembre de 2019, que establece la obligación de señalar audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, conforme lo establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0014/2021-S3 de 19 de febrero; y, 3) Como consecuencia de dicha inacción, se puso en estado de incertidumbre jurídica al impetrante de tutela, evidenciando que la autoridad demandada incumplió con su deber de garantizar el derecho a la libertad, en el marco de un trámite oportuno y sin dilaciones indebidas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Kama Vallejos –accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 22 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó cesación a la detención preventiva y consideración de la aplicación de procedimiento abreviado (fs.1). II.2. No existe constancia de ningún actuado procesal que acredite el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva y de aplicación de salida alternativa por parte de la autoridad demandada (fs.7 y vta.).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo solicitado el 22 de diciembre de 2022, cesación a la detención preventiva y la aplicación de procedimiento abreviado, hasta la fecha de interposición de la acción de tutelar, la autoridad demandada no dio respuesta alguna, por lo que solicita se conceda la tutela, y se ordene a la autoridad demandada señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva y de salida alternativa.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad I. personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239 que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.
Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. Entendimiento extraído de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, encontrándose con detención preventiva, solicitó el 22 de diciembre de 2022, su cesación y la aplicación de procedimiento abreviado; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad, la autoridad demandada no señaló la audiencia correspondiente para considerar su solicitud. Conforme los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión, se advierte que el accionante solicitó la cesación a la detención preventiva el 22 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1), memorial que no tuvo pronunciamiento por parte de la Jueza demandada, incumpliendo lo establecido en el art. 239 del CPP, que señala: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”, por lo que con este accionar, la Jueza demandada incumplió lo establecido en el adjetivo penal, contraviniendo de igual forma lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, puesto que lo que busca la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. En consecuencia, el transcurso de siete días desde que se presentó la solicitud de cesación a la detención preventiva y aplicación de salida alternativa, sin que la autoridad demandada haya realizado el señalamiento de la audiencia correspondiente, generó una demora injustificada en la tramitación del proceso, vulnerando el derecho a la libertad del accionante, toda vez que conforme a lo dispuesto por el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, planteada la solicitud de cesación a la detención preventiva, la jueza demandada debió señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, aspecto que no ocurrió, precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición vinculada con la libertad del accionante. En el presente caso, la solicitud del accionante no fue siquiera providenciada, lo cual configura un incumplimiento normativo y vulnera directamente el derecho a la libertad personal, al mantener en incertidumbre jurídica al accionante.
De otra parte, es menester recordar a la Jueza de garantías que conforme se establece en el art. 29 del Código Procesal Constitucional (CPCo), referido a las reglas generales de tramitación de las acciones de tutela:
4. El expediente constará por escrito y estará integrado por:
a) El memorial o documento en el que se halle transcrita la pretensión oral, en caso de la Acción de Libertad. b) El auto de admisión y las providencias que se emitan. c) Las notificaciones que correspondan. d) El informe o contestación a la acción. e) Los documentos que contengan elementos de prueba. f) El acta de audiencia. g) La resolución de la Jueza, Juez o Tribunal en Acción de Defensa. En la presente causa, el Juez de garantías omitió verificar que el expediente remitido a este Tribunal Constitucional Plurinacional, contenga todos actuados procesales referidos, concretamente la diligencia de notificación con el señalamiento del día y hora de consideración de la presente acción tutelar a las partes, especialmente a la autoridad demandada, a efectos de tener constancia que se aseguró el debido proceso constitucional y no se generó ningún indefensión, y fue ella que en forma voluntaria decidió no asistir a la audiencia programada, no siendo suficiente que se hubiere adjuntado la nota de remisión a la Oficina Gestora de Procesos, conforme consta a fs. 6, pues dicha documentación no permite verificar la fecha y hora exacta en que la autoridad demandada fue debidamente notificada En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 33/22 de 30 de diciembre 2022, cursante de fs. 7 vta., a 9 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en los mismos términos que la Jueza de garantías. 2° Exhortar a la autoridad demandada a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad. 3°. Llamar la atención a Lilian Moreno Cuellar, Juez de Sentencia Penal, Decimocuarta del departamento de Santa Cruz - constituida en Jueza de garantías-, por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 29 del CPCo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
4 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).
5 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
6 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0584_2025-3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f81abaddfa5216c667bc4adec025cb30cc818a4301e9961880c66b94d569ad66
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