Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y el principio de celeridad, debido a que el Vocal de la Sala Penal Tercera de la Capital del Departamento de La Paz demandado, luego de rechazar el recurso de apelación incidental que presentó, no devolvió el cuaderno procesal al Juez de la causa, incurriendo en una dilación innecesaria de más de treinta días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 361/2022 de 20 de noviembre, cursante de fs. fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Juez Undécimo de Instrucción Penal Cautelar del Tribunal Departamental de la Paz;y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0581/2025-S3 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente 52868-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 361/2022 de 20 de noviembre, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Scharlie Pérez Chura contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1 y 2, el accionante expresó lo siguiente:
El 19 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental, que ratificó la determinación emitida por el Juez a quo; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, el Vocal de la Sala Penal Tercera de la Capital del Departamento de La Paz, no devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de origen, para que prosiga con los actuados correspondientes; vulnerando con dicha omisión el debido proceso y el principio de celeridad.
Denunció la lesión al debido proceso y al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 125, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó, se conceda la presente acción tutelar y se disponga que en el día se remita el cuaderno procesal al Juzgado de origen, además, se remita antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, para su procesamiento por la dilación indebida de la causa.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 7 a 8, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción de libertad; y, ampliándola señaló que: a) Respecto a la subsidiariedad, ofreció como prueba el “libro del litigante”, en el que consta que se efectuaron las solicitudes y reclamos, para que la autoridad demandada, remita el cuaderno procesal; y, b) Transcurrieron más de treinta días, sin que se haya dado curso a la radicatoria del proceso, por lo que se vulneró los principios de inmediatez y celeridad procesal.
David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; pese a su legal notificación según consta de fs. 6 a 7 vta.; no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia programada.
El Juez Undécimo de Instrucción Penal Cautelar del Tribunal Departamental de la Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 361/2022 de 20 de noviembre, cursante de fs. 9 a 10 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El reclamo del accionante, radica en la indebida dilación respecto a la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de origen; además, que la autoridad demandada no hizo caso a los memoriales presentados en distintas fechas; 2) El accionante a la fecha no se encuentra privado de libertad, por lo que no existe relación directa entre los actos denunciados como lesivos, con el derecho a la libertad o la vida y, menos se advierte que el mismo se encuentre en estado de indefensión; y, 3) El impetrante de tutela, no fundamentó de qué manera o en qué forma, sus derechos a la salud, la vida y la libertad hubiesen sido afectados ante la dilación generada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, el 19 de octubre de 2022 se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental presentada por el accionante, la cual fue rechazada por la autoridad demandada, sin que conste en obrados la referida apelación (fs. 7 a 8). II.2. De acuerdo con lo aseverado por el accionante no desvirtuado por la autoridad demandada, el accionante solicitó la devolución del cuaderno de apelación al Juez de primera instancia, con el objetivo de que se continuara con las etapas procesales (fs.1). II.3. Conforme lo evidenciado por el Juez de garantías, el accionante no se encuentra privado de libertad (fs. 7 a 8 y 10).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y el principio de celeridad, debido a que el Vocal de la Sala Penal Tercera de la Capital del Departamento de La Paz demandado, luego de rechazar el recurso de apelación incidental que presentó, no devolvió el cuaderno procesal al Juez de la causa, incurriendo en una dilación innecesaria de más de treinta días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
Razonamientos extraídos de la sistematización desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo. De otro lado, sobre la misma temática, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento en cuanto al alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de acción traslativa de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando:
[Al] respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
El accionante presenta acción de libertad traslativa de pronto despacho por la dilación en la devolución del cuaderno procesal al juzgado de origen, demora incurrida por la Vocal de la Sala Penal Tercera de La Paz, autoridad judicial demandada, dilación que considera lesiva al debido proceso y al principio de celeridad.
Al respecto, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad.
En el presente caso, el accionante denuncia una dilación de más de treinta días en la devolución de los actuados procesales correspondientes a la apelación incidental que planteó dentro del proceso penal seguido en su contra, cuya audiencia de consideración se celebró el 19 de octubre de 2022, la cual fue rechazada por la autoridad demandada; siendo que dichos actuados procesales no fueron devueltos al Juzgado de origen por parte del Vocal; sin embargo, también se advierte, de conformidad con lo evidenciado por el Juez de garantías, (Conclusión II.3) que el accionante no se encuentra privado de libertad; circunstancia que impide que la acción de libertad traslativa proceda, toda vez que sólo se abre el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa respecto de solicitudes de quien se halle privado de su libertad, razón por la cual corresponde que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo.
Ahora bien, si bien de acuerdo a lo aseverado por el accionante, éste solicitó a la autoridad judicial demandada la devolución del cuaderno de apelación al Juez de primera instancia, con el objetivo de que se continuara con las etapas procesales correspondientes, adjuntando a la audiencia de consideración de esta acción de tutela, el “libro del litigante” –se entiende el libro de registro- como prueba de las solicitudes reiteradas; sin embargo, dicha actuación no permite concluir que hubiere agotado los mecanismos intraprocesales previstos por el ordenamiento jurídico, tales como la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa denunciando dichos aspectos; además de ello, se reitera la acción de libertad traslativa opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, situación que no ocurre en el caso presente, porque el accionante no se encuentra privado de libertad.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 361/2022 de 20 de noviembre, cursante de fs. fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Juez Undécimo de Instrucción Penal Cautelar del Tribunal Departamental de la Paz;y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0581_2025-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 34c871d39f9162f1370c385327349278538a65db6ac7a27e50f57b2193cf1919
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