Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023
Concede la tutela
La solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados su derecho a la libertad, al debido proceso, legalidad y defensa; en atención a que, en el proceso penal seguido en su contra se encuentra con detención preventiva, ante tal determinación interpuso incidente de cesación a la misma; sin embargo, al haber sido rechazada su solicitud; el 18 de marzo de 2022 en audiencia planteó recurso de apelación incidental a dicha determinación; sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar no se efectuó la remisión del legajo de apelación al Tribunal de Alzada, contraviniendo el plazo de veinticuatro horas reglado por el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23 de 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho; disponiendo que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas, den trámite a la remisión de la apelación incidental impetrada ante el Tribunal de Alzada; siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se haya desarrollado ya, este actuado procesal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46908-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23 de 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia, Jorge Dennis Fernandez, Felipe Ríos y Dagner Guzmán Cuellar, en representación sin mandato de Ana Isabel Mérida Argote contra Santa Cruz Arias Gutiérrez y Juan Pablo Olmos Tapia ambos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta.; la accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Fruto de un de proceso penal seguido en su contra, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “Palmasola” de Santa Cruz; ante tal determinación solicitó cesación a la misma; sin embargo, rechazado el recurso incidental deducido; a este efecto, en fecha 18 de marzo de 2022, en audiencia planteó recurso de apelación en contra de dicha determinación; empero, inclusive hasta la fecha –se entiende de la presentación de esta acción tutelar– no se remitió el legajo de apelación ante el Tribunal de Alzada, contraviniendo el plazo reglado por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas para la remisión de su apelación, sin que se haya labrado y anexado al expediente el acta de audiencia.
La parte impetrante de tutela, alegó como lesionado el derecho a la libertad y al debido proceso, legalidad y defensa; citando al efecto los arts. 166, 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CIDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se restituyan sus derechos a la defensa técnica, material amplia e irrestricta, a ser asistido por sus abogados defensores, “a tener un trato digno como ser humano con todos sus derechos lesionados por las autoridades jurisdiccionales” (sic.), al debido proceso y que el “Tribunal de Sentencia señale día y hora para considerar audiencia de cesación a la detención preventiva” (sic.), –se infiere que quiso señalar que el Tribunal a quo remita obrados en alzada dentro del plazo que estipula el art. 251 del CPP para el respectivo verificativo de audiencia–.
Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 y vta., presente la parte solicitante de tutela asistida por sus abogados y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante; a través de sus abogados en audiencia, ratificó su demanda de acción de libertad; y, ampliando el mismo señaló que: El 18 de marzo de 2022 se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva; misma que, fue objeto de apelación y a la fecha ya han transcurrido diez días; y aún, no se ha elaborado el acta de cesación y menos aún se ha remitido el expediente en alzada; sin considerar que el art. 251 del CPP señala el plazo de veinticuatro horas para la remisión del expediente.
Juan Pablo Olmos Tapia, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia y tampoco presento informe escrito, pese a su notificación cursante a fs. 8. Santa Cruz Arias Gutiérrez, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito; mismo que, fue remitido por medios digitales a la Secretaria-Abogada del Juzgado, cursante a fs. 10 a 12, bajo los siguientes fundamentos: a) Las notificaciones y el diligenciamiento de éstas, y la elaboración del legajo del cuadernillo de apelación de conformidad al art. 56 del CPP y el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, corresponde a las atribuciones de la Secretaria del Tribunal; siendo estas, sus funciones específicas; b) A la fecha de presentación de la presente acción, el acta de cesación ya se encuentra redactada y anexada al cuaderno procesal y a la vez la Secretaria del Tribunal ha procedido a realizar el sorteo en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ), habiendo recaído la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz; c) Señala también que en el proceso penal objeto de la acción tutelar, se emitieron una gran cantidad de oficios judiciales –cuarenta y seis oficios–, dicho aspecto incidió en la remisión del cuadernillo de apelación incidental dentro de plazo; además que, en todos los memoriales se providenció su despacho a la Secretaria del Tribunal; quien, no fue demandada en la presente acción tutelar, señala también que debe considerarse el plazo de “flexibilización del TCP – se entiende Tribunal Constitucional Plurinacional–” que amplia por hasta cinco días la remisión del legajo de apelación; señala a su vez, que la impetrante de tutela debió hacer conocer todos estos extremos al Tribunal; a través, de un “simple” memorial, antes de proceder con el planteamiento de esta acción tutelar; en suma y por no cumplir con estos requisitos de procedencia, solicita se declare improcedente la acción esgrimida.
Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 23 de 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 14 a 16, denegó la tutela impetrada, ello con base en los siguientes fundamentos: 1) Que el art. 251 del CPP a previsto los plazos procesales que se deben cumplir a efecto de evitar la vulneración del derecho a la libertad del “privado de libertad”; asimismo la SCP 0465/2018-S3 de 27 de agosto, estableció que se debe considerar la flexibilidad en torno al plazo de “72 horas previsto en el art. 251 del CPP”; a los fines de, resolver las acciones de libertad de pronto despacho, debiendo considerarse al efecto la carga laboral, suplencias, falta de personal entre otros, para determinar que no necesariamente una demora constituye un acto dilatorio, debiendo valorar los justificativos que se presentan al efecto de no aplicar el art. 251 del Adjetivo Penal de forma literal; sino, en el marco de la valoración de estos aspectos; 2) La redacción del acta, remisión del expediente y sorteo, son atribuciones exclusivas del secretario del Tribunal, de conformidad a lo establecido en el art. 94 de la LOJ; por lo que, las partes procesales en caso de verse afectadas, deben poner en conocimiento del Tribunal de instancia o del Juez encargado del control jurisdiccional; para que estos, tomen las medidas necesarias al efecto de acciones oportunas o se diligencien con rapidez estos aspectos; 3) En ese sentido se tiene que, la SCP 0427/2015-S2 del 29 de abril, ha establecido que los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen la legitimación pasiva para ser demandados en caso de no cumplir sus funciones; 4) Si bien es cierto que no se ha cumplido con el art. 251 del CPP, se debe considerar que tan solo transcurrieron seis días desde la fecha de la audiencia cautelar; es decir, “un plazo razonable” considerando que ese Tribunal tiene carga procesal y no es el único caso que conoce; además es, un juzgado provincial, dichos aspectos constan en el informe emitido por la autoridad demandada, donde además se informa que la remisión del expediente ya fue realizada e inclusive el sorteo de la causa ya fue efectivizado; además, estas dilaciones no fueron puestas en conocimiento de las autoridades hoy demandadas; quienes una vez advirtieron, las mismas realizaron las diligencias correspondientes; pese a que, estas responsabilidades son inherentes a la Secretaria del Tribunal, quien al no cumplir esa obligación tenía la legitimación activa para ser demandada, aspecto que no sucedió; 5) Si bien es cierto, que no se ha cumplido a cabalidad el art. 251 del Código Procesal precitado, se encuentran justificados de forma razonable; en lo que concierne a la demora en la remisión del expediente en el plazo de seis días; motivo por el cual, no se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de defensa pronta y oportuna.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, consta únicamente el acta de fundamentación oral de la presente acción tutelar.
La solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó como lesionados su derecho a la libertad, al debido proceso, legalidad y defensa; en atención a que, en el proceso penal seguido en su contra se encuentra con detención preventiva, ante tal determinación interpuso incidente de cesación a la misma; sin embargo, al haber sido rechazada su solicitud; el 18 de marzo de 2022 en audiencia planteó recurso de apelación incidental a dicha determinación; sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar no se efectuó la remisión del legajo de apelación al Tribunal de Alzada, contraviniendo el plazo de veinticuatro horas reglado por el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto la SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:
Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.
Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
(…)
Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’.
Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal’” (las negrillas nos pertenecen).
En la presente acción de defensa, el impetrante de tutela por medio de su representante sin mandato alegó como lesionados su derecho a la libertad, al debido proceso, legalidad y defensa; debido a que, en el proceso penal que se sigue en su contra se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, ante dicha determinación interpuso incidente de cesación a la misma; en ese estado procesal y después de compulsados los hechos se rechazó la solicitud impetrada; consecuentemente el 18 de marzo de 2022 en audiencia planteó recurso de apelación incidental a dicha determinación; sin que, a la fecha se haya remitido el legajo de apelación al Tribunal de alzada, contraviniendo el plazo reglado por en el art. 251 del CPP; por lo que, habiendo transcurrido más de veinticuatro horas para la remisión de su apelación, sin que siquiera se haya labrado el acta de audiencia que pudo propiciar la remisión con la celeridad que el caso aconsejaba; por todos estos hechos considera vulnerados sus derechos. Por otra parte se tiene que mediante informe escrito presentado en esta acción tutelar (acápite I.2.2) la autoridad demandada sostuvo que es responsabilidad de la Secretaria del Tribunal el diligenciamiento de notificaciones, la conformación del cuadernillo de apelación y su remisión ante el superior en grado; todo ello, considerando lo reglado por el art. 56 del Adjetivo Penal y el art. 94 de la LOJ; siendo estas sus funciones específicas, señala que a la fecha ya se tienen efectuados todos los actuados e inclusive la remisión de antecedentes ante el superior en grado, estando el expediente sorteado y radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz. Por todo lo manifestado y analizado; se evidencia que, las autoridades judiciales demandadas, incurrieron en dilación indebida al no haberse percatado de la efectiva remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada dentro del plazo procesal determinado por ley; pues, desde el 18 de marzo de 2022 hasta el momento de la celebración de la audiencia, el plazo de veinticuatro horas fue superado en diez días; que si bien, una de las autoridades jurisdiccionales en su informe escrito expresó supuestas dificultades para el cumplimiento de los plazos procesales señalados en el art. 251 del mismo Código Procesal Precitado, estos no representan justificativos válidos para el evidente incumplimiento a la ley, denotando que los jueces demandados ocasionaron que la situación jurídica de la solicitante de tutela quedara en un estado de incertidumbre; pues, no presentaron en audiencia de esta acción tutelar, el oficio de remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada que acredite el cumplimiento de la remisión extrañada; en consideración al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se debe considerar que el Código de Procedimiento Penal, dentro del catálogo de recursos que posee, ha previsto el de apelación incidental, contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares; en consecuencia, en el presente caso este no fue atendido en su naturaleza sumaria; dado que, conforme al art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. Por lo que, como se estableció precedentemente, los justificativos que pretende señalar la autoridad demandada son insuficientes para justificar la omisión en la que se incurrió; pues, si bien la remisión del legajo de apelación incidental corresponde a una atribución de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, más precisamente a la secretaria no es menos cierto que las máximas autoridades dentro de los juzgados son precisamente los jueces, siendo quienes se encuentran constreñidos a velar por el efectivo cumplimiento y desarrollo de las labores dentro de sus juzgados o tribunales, según sea el caso; por lo que, corresponde que en cumplimiento a dicha labor, se efectúe un control efectivo sobre la observancia de sus determinaciones, en este caso la remisión de antecedentes ante un tribunal de alzada; por lo tanto, el hecho de no haber remitido los antecedentes de la causa en impugnación dentro las veinticuatro horas, conforme a la normativa antes glosada, constituye una dilación indebida que vulnera el debido proceso y el derecho a la libertad de la imputada –hoy impetrante de tutela–, vinculados adicionalmente con la necesidad de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
En este sentido, la conducta asumida por los Jueces demandados, al no haber remitido la apelación y los antecedentes ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE y en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; 8.1 de la CADH; 14.3 inc. c) del PIDCP, en consonancia con el 30.3 de la LOJ; por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
Sin perjuicio de lo señalado, este Tribunal no puede soslayar el hecho de que la dilación en la remisión de la apelación incidental del ahora accionante, se debió a una displicente labor de la secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; por lo que, si bien no fue demandada en la presente acción tutelar, corresponde también conceder la tutela respecto de esta funcionaria, sin responsabilidad; a fin, de no vulnerar su derecho a la defensa, ello en atención a la legitimación activa de que ostenta, de conformidad a lo señalado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 23 de 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho; disponiendo que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas, den trámite a la remisión de la apelación incidental impetrada ante el Tribunal de Alzada; siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se haya desarrollado ya, este actuado procesal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0576_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): f6c066193dde745836c1d67bb650d82a2c4e61ec5a6a01b492c10ad5542246fd
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