B.IA.LEGAL

SCP 0575/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52537-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., emitida por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, disponiendo que señale audiencia de inmediato para la atención a la solicitud del accionante; si es que hasta la fecha, no se hubiera resuelto su situación jurídica; exhortándole a que, en lo sucesivo atienda las peticiones de las partes, con la mayor celeridad posible, cumpliendo los plazos legales y con mayor razón, cuando se encuentre de por medio el derecho a la libertad de las partes procesales; y. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto Edwin Quispe Nina, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0575/2025-S4 Sucre, 28 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52537-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Elías Estrada Andia en representación sin mandato de Jerry Nicolás Higueras Zúñiga contra Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz; y, Edwin Quispe Nina, Secretario Abogado del Juzgado señalado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante a fs. 6 a 8 vta., el accionante por intermedio de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de peculado, el cual supuestamente se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, a través de memoriales de 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, solicitó día y hora de audiencia para que se considere su cesación a la detención preventiva que viene cumpliendo por más de un año; sin embargo, desde la presentación del primer memorial transcurrieron 15 días hábiles y del segundo memorial tres días hábiles, sin que el Juez accionado señale la audiencia extrañada o le haya notificado con algún decreto, providencia o Resolución que permita saber qué decisión se asumió respecto a su petición.

Alegó que, pese a las modificaciones insertas en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- tanto el Juez como el Secretario Abogado no entendieron que tienen la obligación de atender de forma pronta y oportuna las solicitudes que les son expuestas y notificar las decisiones judiciales a los sujetos procesales por los medios existentes.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos celeridad y comunicación oportuna y efectiva de las determinaciones judiciales, citando al efecto a los arts. 8.I, 9.4, 15.1 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, disponga atender de forma inmediata su petición de cesación a la detención preventiva y la remisión de antecedentes y responsabilidad ante el Consejo de la Magistratura contra el Juez accionado por no atender de forma oportuna una solicitud vinculada al derecho a la libertad; asimismo, contra el Secretario Abogado coaccionado, por no haber cumplido sus funciones y afectar su derecho a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de “noviembre” de 2022 -siendo lo correcto diciembre-, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el tenor del memorial de acción de libertad y ampliando el mismo, indicó que; no obstante, de no tener señalamiento oportuno de audiencia de consideración de solitud de cesación a su detención preventiva, solo por referencia se tuvo conocimiento que el expediente de la causa penal en su contra hubiera sido remitida al Juzgado de Sentencia y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz, instancia que, el 25 de noviembre de 2022, devolvió actuados por incumplimiento de algunos aspectos; por lo tanto, el Juez accionado seguía teniendo la competencia para atender su solicitud de cesación a la detención preventiva, que fue reiterada el 2 de diciembre del año señalado. Por otra parte, retiró la acción de libertad contra Edwin Quispe Nina, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, refiriendo que solo era responsable de cumplir con las determinaciones del Juez accionado, autoridad que tiene que informar donde se encuentra el cuaderno de control jurisdiccional y señalar audiencia de consideración de solicitud de cesación a la detención preventiva dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas conforme dispone el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario judicial accionados

Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz y Edwin Quispe Nina, Secretario Abogado del citado Juzgado, presentaron informe escrito el 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 14 a 15, expresando lo siguiente: a) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, consta memorial presentado el 2 del mismo mes y año, en el que el accionante solicitó señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, el cual mereció proveído de la misma fecha señalando audiencia para el 5 de ese mes y año; b) En la fecha señalada se instaló la audiencia mencionada; empero, del Informe de Secretaria se estableció que no cursaba la remisión de diligencias de notificación por parte de la “Gestora Nro. 3”, lo que impedía cumplir con el principio de comunicación jurisdiccional al no estar presentes ninguna de las partes procesales; por lo que, teniendo conocimiento de la Circular 19/2022-SP-TDJLP sobre el receso de fin de año, se dispuso la remisión de actuaciones dentro del control jurisdiccional ante el Juzgado de turno por vacación judicial; y, c ) El personal de apoyo jurisdiccional, cumplió a cabalidad la remisión en conjunto de todos los procesos al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; por ello, siendo que el proceso se encuentra en ese juzgado los alcances de la acción de libertad por pronto despacho, no aplican al caso concreto, en tal razón, alegando que no existe lesión de derecho a una justicia pronta y oportuna, piden se deniegue la tutela por incumplimiento al principio de subsidiariedad, ya que el accionante debe acudir al Juzgado de turno por vacación judicial con su petición y no a la jurisdicción constitucional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, mediante Resolución 05/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., denegó la tutela impetrada, fundamentando que: 1) De la prueba aportada es evidente que el 18 de noviembre de 2022, el accionante solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva; posteriormente, según informe del auxiliar del Juzgado de Sentencia y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz, se hicieron algunas observaciones para devolver el proceso al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del mismo departamento; a lo que, el impetrante de tutela nuevamente el 2 de diciembre del mismo año, presentó solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva; lamentablemente el cuaderno procesal no fue puesto a conocimiento de su autoridad para tener mayores elementos, al ser remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; sin embargo, la autoridad judicial accionada en su informe indicó que señaló audiencia para el 5 de diciembre de 2022, la cual no se instaló por que la Gestora 3 no hubiera generado las diligencias de notificación a las partes procesales, aspecto que se da a entender bajo el principio de lealtad procesal; y, 2) Es evidente que, mediante la Circular 19/2022-SP-TDJLP se determinó vacación judicial quedando varios Juzgados de turno, es ese entendido, el 7 de diciembre de 2022, el proceso del accionante fue remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, instancia que tiene competencia para fijar la audiencia extrañada; por lo que, a criterio del Juez de garantías, al existir un señalamiento de audiencia para el 5 del mes y año antes indicados que fue suspendida por negligencia de los funcionarios de la Gestora 3, la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguna dilación; puesto que, fijó audiencia en forma oportuna. Finalmente se dispuso la remisión de antecedentes a la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura para que se proceda a la investigación correspondiente y asuman responsabilidad los funcionarios de la Gestora 3 al no haber cumplido sus funciones relativas a las notificaciones con la audiencia antes mencionada. Ante ello, el accionante en principio pidió copias legalizadas de la Resolución, manifestando que: “…no puede ser que se siga mintiendo por parte de ese Juez, esa audiencia si se llevó a cabo y en efecto el mismo volvió a decir que ya como estaba en Juzgado de Sentencia ya no tenía competencia, esa es una falsedad que la vamos a hacer notar en la vía jurisdiccional y penal…” (sic); posteriormente, se solicitó aclaración y complementación de dos puntos, el primero en relación a que el 18 de noviembre de 2022 ya había una solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva que no tuvo pronunciamiento y el segundo respecto a que solo se resolvió una sola problemática en torno al memorial de 2 de diciembre de ese año, pese a que no era cierto que la causa penal haya estado radicada en un Juzgado de Sentencia. En Auto de la misma fecha, el citado Juez de garantías mantuvo incólume el fallo dictado, refiriendo que, a momento de dictar la Resolución, se hizo notar que no se remitieron los antecedentes para tener mayores elementos de convicción respecto a que si se señaló o no audiencia a la primera petición, si bien este aspecto resulta evidente será dilucidado por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de copia de memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, mediante el cual Jerry Nicolás Higueras Zuñiga -ahora accionante-solicitó al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz -hoy accionado- que en mérito al art. 239.1 del CPP a fin de recobrar su derecho a la libertad, señale día y hora de audiencia para considerar su cesación a la detención preventiva dentro del plazo establecido en el art. 239 parágrafo segundo de la normativa procesal penal (fs. 3 a 4). II.2. Consta copia de memorial presentado por el ahora accionante el 2 de diciembre de 2022, en el que solicita al Juez accionado, señale día y hora de audiencia para considerar su cesación a la detención preventiva dentro del plazo señalado en el parágrafo segundo del art. 239 del CPP, aludiendo que la causa penal sustanciada en su contra no se encontraba radicada en el Juzgado de Sentencia y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz (fs. 4 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El accionante por intermedio de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos celeridad y comunicación oportuna y efectiva de las determinaciones judiciales; toda vez que, habiendo solicitado por memoriales de 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, al Juez accionado señale día y hora de audiencia para que se considere su cesación a la detención preventiva la cual viene cumpliendo por más de un año, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad el citado actuado no fue programado ni tampoco fue notificado con alguna determinación judicial, pese a que desde la presentación del primer memorial transcurrieron quince días hábiles y del segundo memorial pasaron tres días hábiles. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o de denegar la tutela solicitada.

III.1. En cuanto al plazo para señalar audiencia en las solicitudes de cesación a la detención preventiva

Al respecto la SCP 0432/2023-S4 de 5 de junio, señalo que: “El art. 239 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año– marca la diferencia en el trámite de la solicitud de cesación a la detención preventiva de acuerdo a la causal invocada, determinando un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del citado Código. Así, el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone lo siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES).

Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas;

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código” (las negrillas fueron agregadas).

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre el tema, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas y el resaltado son nuestras).

II.3. Análisis del caso concreto

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, activa la jurisdicción constitucional vía acción de libertad, acusando la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos celeridad y comunicación oportuna y efectiva de las determinaciones judiciales; puesto que, la autoridad judicial accionada, no señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva que fue solicitada mediante memoriales de 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, como tampoco fue notificado con alguna determinación judicial; no obstante, que desde la presentación del primer memorial transcurrieron quince días hábiles y del segundo memorial pasaron tres días hábiles.

Establecida la problemática planteada, conforme los antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de peculado, el ahora accionante por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, solicitó al Juez ahora accionando, que en virtud de lo establecido por el art. 239.1 del CPP, se señale día y hora de audiencia para considerar la cesación a su detención preventiva (Conclusión II.1); dicha solicitud fue reiterada el 2 de diciembre del mismo año, puntualizando que el proceso penal en su contra no se encontraba radicado en el Juzgado de Sentencia y Anticorrupción Segundo del departamento de La Paz (Conclusión II.2). Bajo ese contexto, resulta evidente que el 18 de noviembre de 2022, el accionante solicitó al Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Justicia de La Paz, la modificación de su situación jurídica y cese su detención preventiva en mérito a lo determinado en el art. 239. 1 del CPP; por lo tanto, la prenombrada autoridad judicial tenía la obligación legal de señalar audiencia de modificación de medidas cautelares dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, incumplió con la normativa aplicable al caso; situación que impulsó al impetrante de tutela a reiterar el 2 de diciembre del mismo año su solitud de señalamiento de día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva bajo el mismo marco legal -art. 239.1 del CPP-. Ante ello, el Juez accionado en el informe que brindó, no contradijo este último extremo, únicamente se limita a señalar que emitió proveído señalando audiencia para el 5 de diciembre de 2022; es decir, más allá de las cuarenta y ocho horas dispuestas por el art. 239 del CPP, conforme establece la jurisprudencia constitucional antes citada; toda vez que, el memorial de solitud data del 2 del mismo mes y año. Ahora bien, la autoridad judicial accionada refiere que se instaló la audiencia referida; empero, al no cursar diligencias de notificación por parte del Gestora 3, fue suspendida y sin mayor detalle señala que en cumplimiento de la Circular 19/2022-SP-TDJLP de receso de fin de año, se remitieron actuados al Juzgado de turno por vacación judicial, lo que de ninguna manera la libera de responsabilidad; puesto que, la lesión se produjo, al no haber fijado audiencia ante la solicitud de modificación de medida cautelar propuesta por el accionante el 18 de noviembre de 2022; quebrantamiento que tampoco fue reparada posteriormente por la autoridad jurisdiccional accionada, quien mantuvo una actitud dilatoria en cuanto al memorial de 2 de diciembre de ese año, al presuntamente haber fijado audiencia fuera del plazo establecido por el ya citado art. 239.1 del CPP, ocasionando incertidumbre e inseguridad en la definición de la situación jurídica del accionante hasta la interposición de esta acción de libertad. Lo desarrollado precedentemente, permite concluir que la autoridad judicial accionada, incurrió en una dilación indebida en la resolución de la situación jurídica del accionante, apartándose de la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que indica que toda autoridad que conozca de una solicitud efectuada por una persona privada de libertad debe atenderla con la mayor celeridad posible; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a la dilación indebida en resolver la situación jurídica del privado de libertad, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Finalmente, en lo que respecta al Secretario Abogado coaccionado; no obstante, que el accionante retiró la acción de libertad contra éste, sin dejar de lado que la línea jurisprudencial estableció que no resulta razonable admitir el desistimiento o retiro de la acción de libertad, no se evidencia que, dentro de sus labores como funcionario sub alterno, haya incurrido en la lesión de los derechos alegados como quebrantados; por lo tanto, corresponde denegar la tutela impetrada, en cuanto a este servidor de apoyo jurisdiccional. Conforme al razonamiento expuesto precedentemente, corresponde en esta vía, conceder en parte la tutela solicitada, al evidenciarse que la autoridad judicial accionada incurrió en la lesión de los derechos alegados como vulnerados. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., emitida por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, disponiendo que señale audiencia de inmediato para la atención a la solicitud del accionante; si es que hasta la fecha, no se hubiera resuelto su situación jurídica; exhortándole a que, en lo sucesivo atienda las peticiones de las partes, con la mayor celeridad posible, cumpliendo los plazos legales y con mayor razón, cuando se encuentre de por medio el derecho a la libertad de las partes procesales; y. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto Edwin Quispe Nina, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0575_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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