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SCP 0572/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
6 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45546-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, el Tribunal de alzada no señaló audiencia para su conocimiento y resolución, incumpliendo el plazo establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 28 de enero, cursante de fs., 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0572/2023-S1 Sucre, 06 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45546-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 004/2022 de 28 de enero, cursante de fs. 11 a 12, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Edman Saavedra Velásquez en representación sin mandato de Notker Darío Lazarte Castro, contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, cursante a fs. 4 y vta., el impetrante de tutela por medio de su representante sin mandado, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Notker Lazarte Castro por la presunta comisión del delito de abuso sexual debido a la impugnación interpuesta el 17 de enero de 2022, se remitió el cuadernillo de apelación incidental del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz ante los Vocales de la Sala Penal Primera conforme consta la nota de cargo de 18 del mismo mes y año, sin que hasta la fecha de presentación de ésta acción de libertad, dicho Tribunal de alzada -ahora demandado- señale audiencia en el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos y Principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera como lesionado su derecho a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: que las autoridades demandadas señalen audiencia para conocer y resolver la apelación incidental formulada de manera inmediata.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideraciones de la presente acción tutelar se realiza el 28 de enero de 2021, según consta en acta de audiencia cursante a fs. 10 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela por intermedio de su representante sin mandato, en audiencia ratificó memorial de acción de libertad y en el desarrollo de la audiencia señalo que: a) Llamaron en reiteradas oportunidades a la Sala Penal, pero no les indicaron que tenían una observación, y que el caso fue devuelto al juzgado de origen, motivo por el cual no señalaron audiencia de apelación del cual depende su libertad; b) La Sala Penal tiene tres días para señalar audiencia de apelación donde se dilucidará su libertad al encontrarse detenido ilegalmente “desde el 12 de mayo al 28 de enero” (sic) por ocho meses y dieciséis días mucho más de lo que permite la ley, por lo que solicitaron la cesación de su detención preventiva, al haber vencido el plazo de la misma; c) Se conceda la tutela y ordene a la sala que de manera inmediata solicite el cuaderno y señale audiencia sin más dilaciones para la siguiente semana; y d) A solicitud del Juez de garantías aclaró que el recurso de apelación es relativa a una solicitud de cesación de la detención preventiva.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero, Vocal Presidente y Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz respectivamente, mediante informe escrito de 28 de enero de 2022 cursante a fs. 9 señalaron que; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Notker Darío Lazarte Castro, el cuaderno de apelación se encuentra radicando en el juzgado de origen desde el 24 de enero de 2022, debido a que el mismo cuenta con observaciones que deben ser subsanadas por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la capital del departamento de la Paz, sin que hasta la fecha se haya cumplido con lo ordenado siendo el referido Juzgado quien debe remitir el cuaderno a la Sala Penal Primera a su cargo.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 004/2022 de 28 de enero, cursante de fs., 11 a 12, concedió en parte la tutela solicitada, y dispuso que las autoridades demandadas dentro de las setenta y dos horas de su legal notificación señalen audiencia de consideración de apelación incidental, debiendo solicitar inmediatamente la remisión de los antecedentes al juzgado de origen bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica del privado de libertad; 2) El art. 251 del CPP señala que, la Resolución que disponga modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, interpuesto el recurso las actuaciones pertinentes serán remitidos ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad del Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortea la causa resolverá sin más trámites en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones sin recurso ulterior; 3) Al informe de las autoridades demandadas se ha adjuntado una Nota de 19 de enero de 2022 que señala la devolución de obrados en fs. 136 útiles dando estricto cumplimiento a la providencia de 19 del mismo mes y año en el proceso seguido por el Ministerio Público contra Lazarte Castro Notker Darío, por el presunto delito de abuso sexual con referencia: Devolución de obrados, lleva un sello cuadrado que dice: Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la mujer presentada en fecha 24 de enero de 2022; asimismo, se tiene que se adjunta al informe de las autoridades accionadas; fotocopia de un libro que señala “NUREJ 201102032100074, providencia 09 de enero del mencionado año Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción a fojas 136 recibido el expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lazarte Castro Notker, La Paz 24 de enero de 2022” también lleva un sello circular del Juzgado de Sentencia Anticorrupción Violencia Contra Mujer” (sic); y, 4) De lo que se puede establecer que evidentemente se ha remitido el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia y que esta Sala habría procedido a la devolución de obrados al Juzgado de origen, en cumplimiento a un decreto de 19 de enero de 2022, habiéndose devuelto recién el 24 del mismo mes y año, y a la fecha encontrándonos en 28 de enero del mencionado año, sin que tenga los antecedentes para resolver el recurso de apelación interpuesto por el peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Nota de 19 de enero de 2022, de devolución de obrados efectuada por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (en suplencia legal), que remitió en fojas (136) útiles con NUREJ 20110203200074, ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, con fecha y cargo de recepción 24 de enero de 2022 a horas 14:29 (fs. 7). II.2. Consta registro de recepción de 24 de enero de 2022 ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción Contra la Violencia a la Mujer Primero de la capital del departamento de La Paz, que señala que en fs. 136 útiles recibió el expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Notker Darío Lazarte Castro, por el delito de abuso sexual (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, el Tribunal de alzada no señaló audiencia para su conocimiento y resolución, incumpliendo el plazo establecido en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares

Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R3. Los Fundamentos Jurídicos precedentes fueron desarrollados en la SCP 142/2018-S2 de 30 de abril, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, éste fue detenido preventivamente; en esa situación, luego del rechazo de una solicitud de cesación a la detención preventiva, el 17 de enero de 2022 presentó recurso de apelación que fue de conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandada-; sin que a la fecha de presentación de la presente acción tutelar se hubiera señalado audiencia para considerar dicho recurso.

Por el contrario, conforme consta de las Conclusiones II.1 y II.2, los actuados fueron devueltos el 24 de enero de 2022 al Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la mujer de La Paz, a efectos que sea subsanado. De los referidos antecedentes, se advierte que el 24 del referido mes y año, el citado Tribunal de apelación ahora demandado después de aproximadamente cinco días devolvieron el expediente ante el Juzgado de origen con la finalidad que sea subsanado, sin tomar en cuenta el plazo previsto en el art. 251 del CPP para resolver el mismo, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar se hubiera señalado audiencia. Debe precisarse que, si bien los Vocales demandados advirtieron que el expediente debió ser subsanado, dicha observación debió considerar los plazos previstos en la norma; e incluso disponer la devolución inmediata de los actuados al A quo, omisión que dio lugar a que el expediente no sea devuelto después de cuatro días de haberse remitido al juzgado de origen. En ese orden, se tiene que en atención a las consideraciones referidas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los administradores de justicia tienen el deber jurídico y la obligación de atender y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, exigencia que resulta indispensable en aquellos casos vinculados con el derecho a la libertad personal, más aún, si existen plazos máximos establecidos legalmente, los cuales deben ser cumplidos obligatoriamente en observancia del principio de celeridad que caracteriza a la administración de justicia conforme establece el art. 178 de la CPE. Obligación que en el caso fue quebrantada por los Vocales demandados, quienes tienen el deber de pronunciarse con oportunidad; por lo que al no haber obrado en consideración a los plazos procesales, incumplieron la normativa penal, dando lugar a una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad física del demandante de tutela, por consiguiente, corresponde otorgar la tutela a través de la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a objeto que en lo sucesivo las autoridades demandadas observen los plazos previstos en la norma. CORRESPONDIENTE A LA SCP 0572/2023-S1 (viene de la pág. 7). Por lo precedentemente manifestado, el Juez de garantías al “conceder en parte” -Lo correcto es conceder en todo- la tutela solicitada, efectuó una adecuada valoración de los antecedentes del proceso y de las normas aplicables al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 28 de enero, cursante de fs., 11 a 12, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0572_2023-S1.pdf · páginas 1 a 8.

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