B.IA.LEGAL

SCP 0567/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49503-2022-100-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó incidente de redención; empero, la audiencia para su consideración fue suspendida en distintas oportunidades, siendo la última el 11 de julio de 2022, en la cual, la Jueza demandada dispuso la notificación a la víctima por edictos, cumplida tal diligencia el 15 de igual mes y año, dicha autoridad no fijó nueva audiencia; por lo que, el 27 de ese mes y año, nuevamente solicitó fecha y hora para dicho verificativo sin que la referida solicitud hubiese sido respondida hasta la interposición de esta acción tutelar; asimismo, alega -en audiencia de garantías- que su memorial fue respondido el 2 de agosto de 2022, señalando que faltaba la notificación al representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, sin considerar que el SEPDEP no tiene los medios ni recursos para ello, constituyéndose tal dilación, una conducta que vulnera su derecho ya citado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0567/2024-S2 Sucre, 5 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 49503-2022-100-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 06/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Ángelo Zabaleta, Abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Carlos Gualberto Aramayo Gonzales contra Geraldine Bacilia Urdininea Vilaseca, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero- del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 20, el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de abuso sexual, el 8 de junio de 2022, presentó en el incidente de redención, adjuntando todos los requisitos que exige el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), notificándose al representante fiscal con esa solicitud el 28 de igual mes y año. Así, el 7 de julio de 2022, se instaló la audiencia de consideración de dicha solicitud; empero, fue suspendida por su inasistencia resolviéndose también notificar a la víctima; es así que, el 11 de igual mes y año se volvió a reinstalar dicho verificativo; sin embargo, por informe del “secretario”, se estableció que no se notificó a la nombrada; por lo que, la Jueza demandada ordenó se cumpla la misma mediante edicto, que fue expedido el 15 del citado mes y año;

en razón a ello, el 27 de idéntico mes y año, pidió nuevamente se fije fecha y hora de audiencia, que aún no tiene respuesta. El art. 429 Bis al Código de Procedimiento Penal (CPP) incorporado por el art. 3 de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- señala que, “…Todos los incidentes suscitados durante la ejecución de sentencia deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de la víctima, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su pronunciamiento…” (sic); notificaciones que fueron cumplidas el 28 de junio de 2022, al Ministerio Público y el 15 de ese mes y año, a la víctima mediante edicto; siendo que, el plazo para responder al citado incidente -interpuesto para solicitar su libertad condicional- ya feneció y corresponde se señale nueva fecha y hora de audiencia; empero, hasta la presentación de esta acción tutelar no tuvo respuesta, causando un retraso injustificado en el proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se señale fecha y hora de audiencia para considerar el incidente de redención sin dilación alguna.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 70 a 72, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en la acción tutelar, y ampliándolos señaló que: a) El Código Niña, Niño y Adolescente, no establece que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia sea víctima dentro de un proceso penal; y siendo que se notificó a la madre de la víctima no existe otra formalidad que cumplir para que la Jueza demandada señale audiencia; y, b) De manera errónea se le solicitó se notifique también a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza; empero, SEPDEP no cuenta con los recursos para enviar y efectuar dicha notificación hasta ese Municipio, además, dicho actuado seria innecesario y provoca una dilación indebida.

I.2.2. Informe de la demandada

Geraldine Bacilia Urdininea Vilaseca, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero- del departamento de Potosí, mediante informe escrito presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 26 y vta., refirió que: 1) En audiencia de incidente de redención de 11 de junio de ese año, el accionante solicitó la suspensión manifestando se realice la notificación a la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza y a la víctima mediante edicto; 2) Por informe del Secretario del referido Juzgado no se pudo cumplir con la diligencia de notificación a la indicada Defensoría; debido a que, no tiene ciudadanía digital; y mediante decreto de 22 de julio de igual año, ordenó remitir la misma mediante courrier; 3) El solicitante de tutela no tomó en cuenta que existe una víctima menor de edad y se espera la devolución de la orden instruida; siendo que, es obligación de la parte incidentista “…hacer conocer los domicilios reales, digitales y otros…” (sic) de las partes; y, 4) No se tiene certeza del cumplimiento de la citada diligencia y el pronunciamiento en el plazo de cinco días por parte de la mencionada Defensoría; tal aspecto, le impide señalar audiencia del incidente de redención mientras no se cumpla aquello; por lo que, no se advirtió la lesión que reclama el accionante, además, de incumplir el principio de subsidiariedad, existiendo otros medios para hacer valer tales extremos.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 72 a 74, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada a la brevedad posible señale la audiencia correspondiente tomando en cuenta que se cumplió con el art. “329 de la ley 1443”; con base en los siguientes fundamentos: i) La víctima fue legalmente notificada con el incidente de redención de trabajo y estudio; y, en las audiencias de 7 y 11 de julio de 2022, la Jueza demandada dispuso se pueda notificar a la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, sin contar con la ubicación de su domicilio, siendo que, dicha entidad garantiza los derechos de la minoridad, pero su trabajo y atribuciones son dadas de manera activa en audiencia de juicio oral, en etapa preparatoria y no así en incidental “…salvo que la vi tomando en cuenta los alcances de la ley 1443 esté siendo asistida por dicho ente defensorial que lógicamente a la asistencia de una audiencia o eventual oposición a cualquier incidente de beneficio penitenciario la víctima tendría que apersonarse a través de dicho ente defensorial en el caso de autos no sucede…” (sic); ii) No existe ninguna necesidad de notificar a defensorías de la niñez y adolescencia, y ante las circunstancias de dilación que existieron por parte de la autoridad demandada, el accionante solicitó se celebre la audiencia para resolver su incidente, “…la juez en suplencia legal se decreta en la fecha debido a la suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal, pero sin embargo no menos evidente el día 27 caía un día miércoles, jueves 28 y viernes 29 descartando lógicamente el fin de semana nos encontramos con un lunes 01 de agosto y el día martes que recién lo habría providenciado (…) lo que incontrovertiblemente concluye el tribunal que ha existido una lesión al derecho al pronto despacho que tiene este tipo de solicitudes, más aun cuando se trata de una redención de pena por estudio y trabajo que se encuentra en la Ley 2298 y lógicamente se encuentra de por medio se encuentra el acusado privado de libertad…” (sic); y iii) El peticionante de tutela tiene el derecho de solicitar los incidentes que le beneficien en el cumplimiento de su pena.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial presentado el 8 de junio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Potosí, Carlos Gualberto Aramayo Gonzales -accionante- formuló incidente de redención (fs. 16). II.2. Por actas de audiencia de consideración de incidente de redención de 7 y 11 de julio de 2022, Geraldine Bacilia Urdininea Villaseca, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital -en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero- del departamento de Potosí -demandada-suspendió dichos verificativos por la ausencia del impetrante de tutela, disponiendo en la última la notificación de la víctima mediante edictos (fs. 4 a 7). II.3. Se tiene edicto librado el 15 de julio de 2022, en la ciudad de Potosí, por el que se notificó a Carlota Aguilar López -víctima- (fs. 59 a 61 vta.). II.4. Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2022, ante el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Potosí, el peticionante de tutela solicitó fecha y hora para la consideración del incidente de redención, a lo que, la Jueza demandada emitió el decreto de 2 de agosto de ese año, indicando que aún falta la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza en representación de la víctima menor de edad (fs. 67 a 68).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó incidente de redención; empero, la audiencia para su consideración fue suspendida en distintas oportunidades, siendo la última el 11 de julio de 2022, en la cual, la Jueza demandada dispuso la notificación a la víctima por edictos, cumplida tal diligencia el 15 de igual mes y año, dicha autoridad no fijó nueva audiencia; por lo que, el 27 de ese mes y año, nuevamente solicitó fecha y hora para dicho verificativo sin que la referida solicitud hubiese sido respondida hasta la interposición de esta acción tutelar; asimismo, alega -en audiencia de garantías- que su memorial fue respondido el 2 de agosto de 2022, señalando que faltaba la notificación al representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, sin considerar que el SEPDEP no tiene los medios ni recursos para ello, constituyéndose tal dilación, una conducta que vulnera su derecho ya citado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, sostuvo que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). A su vez, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, estableció que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (el resaltado nos corresponde). Por su parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó que: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esa modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, presentó incidente de redención; empero, la audiencia para su consideración fue suspendida en distintas oportunidades, siendo la última el 11 de julio de 2022, en la cual, la Jueza demandada dispuso la notificación a la víctima por edictos, cumplida tal diligencia el 15 de igual mes y año, dicha autoridad no fijó nueva audiencia; por lo que, el 27 de ese mes y año, nuevamente solicitó fecha y hora para dicho verificativo sin que la referida solicitud hubiese sido respondida hasta la interposición de esta acción tutelar; asimismo, alega -en audiencia de garantías- que su memorial fue respondido el 2 de agosto de 2022, señalando que faltaba la notificación al representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, sin considerar que el SEPDEP no tiene los medios ni recursos para ello, constituyéndose tal dilación, una conducta que vulnera su derecho ya citado. De la revisión de los antecedentes del presente proceso constitucional se tiene que, el 8 de junio de 2022, el impetrante de tutela presentó memorial de incidente de redención, ante el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Potosí (Conclusión II.1); celebrándose la audiencia el 7 de julio de igual año, a la que el accionante no asistió; posteriormente, habiéndose reinstalado el acto el 11 del referido mes y año, el prenombrado a través de su defensa técnica solicitó se notifique a la víctima y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza; en virtud a ello, la Jueza demandada dio curso esa solicitud para su notificación a la citada Defensoría mediante ciudadanía digital y a la víctima por edictos (Conclusión II.2); habiéndose librado edicto el 15 de julio de 2022, en la ciudad de Potosí, con el cual se diligenció a la víctima (Conclusión II.3); en tal mérito, el 27 del indicado mes y año, el peticionante de tutela presentó ante la misma autoridad, escrito pidiendo fecha y hora para la consideración del citado incidente; mereciendo por parte de la Jueza demandada el decreto de 2 de agosto de ese año, señalando que aún faltaba la notificación a la referida Defensoría (Conclusión II.4). Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la finalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho importa reprochar la inobservancia del principio de celeridad cuando en los trámites judiciales o administrativos se generan dilaciones indebidas, respecto a la situación jurídica de las personas que se encuentra privada de libertad. Siendo obligación y responsabilidad de la respectiva autoridad materializar el derecho de acceso a una justicia pronta y oportuna. En ese marco, para determinar en el presente caso si la autoridad demandada fue responsable de la suspensión de las audiencias suscitadas, concierne verificar las causas de las mismas: a) La primera fijada para el 7 de julio de 2022, fue suspendida por inasistencia del accionante; y, b) En la segunda señalada para el 11 de igual mes y año, fue el propio solicitante de tutela, quien pidió diferir la audiencia y se notifique a la víctima por edictos y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, mediante ciudadanía digital. Bajo ese contexto, se advierte que la primera audiencia programada para el 7 de julio de 2022, fue diferida por la inasistencia del peticionante de tutela; así mismo, la suspensión del verificativo del 11 del citado mes y año, fue también a solicitud del nombrado para notificar a la víctima y a la referida Defensoría, de acuerdo a procedimiento.

Conforme lo expuesto, el impetrante de tutela si bien afirma haberse cumplido con la notificación a la víctima; sin embargo, no se materializó tal diligencia a la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así se observa de la representación de 21 de julio de 2022 (fs. 63); por lo que, el actuar de la Jueza demandada se encuentra acorde a procedimiento; ya que, si bien no señaló nueva audiencia, fue por la falta de la remisión de la constancia de la diligencia cumplida; sumado al hecho de que fue el mismo accionante que en el verificativo de 11 de ese mes y año, solicitó “...dando cumplimiento a la nueva normativa vigente y no habiéndose cumplido con la notificación a la víctima (…) se proceda a efectuar la notificación a la víctima (…) y a la Abg. Claudia Choqueticlla Maygua quien es Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Tupiza mediante Ciudadanía Digital…” (sic [fs. 6]), evidenciándose que, para la fecha en que el impetrante de tutela reiteró su pedido de señalamiento de audiencia aún quedaba por concluir el citado actuado, al no haber sido remitida la constancia de la citada diligencia; no siendo además cierto que dicha notificación a la referida Defensoría, hubiese sido una exigencia indebida de la autoridad judicial demandada. En ese contexto es pertinente traer a consideración lo expuesto en la SCP 0932/2023-S4 de 2 de octubre, que señaló: “En virtud a lo referido, el art. 60 de la CPE dispone que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, que se ajusta a la Convención de los derecho de niño, por ello, es importante referir que cuando los administradores de justicia tengan que resolver situaciones en las que se encuentren involucradas la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener presente el principio de protección reforzada frente a otros intereses… Los instrumentos internacionales al igual que la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia citada, de manera uniforme privilegian el tratamiento de los menores y sus derechos tanto en los procesos penales en los que pudieran ser motivo de juzgamiento, como en los que pudiesen ser víctimas de delitos, debiendo imponerse en su caso las medidas necesarias que permitan garantizar su cumplimiento y protección”; concluyéndose a mérito de dicho razonamiento jurisprudencial que, era necesario en el caso de autos se materialice la notificación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en resguardo de los intereses y derechos de la víctima, al ser dicha entidad una instancia especializada que acompaña a niños, niñas y adolescentes involucrados en proceso penales. En ese entendido, conforme a lo expresado anteriormente, es inviable activar los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; dado que, se evidencia que la Jueza demandada, si bien no señaló nuevo día y hora de audiencia para la consideración del incidente de redención, fue debido a que se encontraba esperando la devolución de la constancia de notificación a la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, enmarcando su actuar a la normativa vigente y el desarrollo jurisprudencial citado, haciendo prevalecer que existe una menor de edad víctima; por lo que, no se observa una dilación indebida en el tratamiento de la solicitud del accionante; al contrario, el pendiente señalamiento de audiencia se encuentra justificado, sumado a que, como se relacionó precedentemente, los actuados suspendidos no pueden ser atribuidos a la autoridad demandada, que dicho sea de paso actuó en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Potosí, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela pretendida. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0567_2024-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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