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SCP 0565/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
49417-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, a la libertad personal, a la defensa, a la dignidad humana, a la garantía del debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que habiendo sido beneficiada con medidas sustitutivas a la detención preventiva, como ser la detención domiciliaria entre otras, los accionados no expidieron el mandamiento de libertad, dilatando indebidamente el acceso a su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, -constituido en Juez de garantías-; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que Freddy Gastón Choque Cortes, Juez del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, dentro de las veinticuatro horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita el mandamiento correspondiente –de no haberlo hecho-, a fin de que se efectivice la detención domiciliaria dispuesta a favor de Laura Cecilia Bautista Choque, siempre y cuando se hubieran cumplido las medidas cautelares personales impuestas a esta última; en cuyo mérito el Secretario del mencionado juzgado, David Jorge Valdivia Orellana, debe diligenciar el prenombrado mandamiento de forma inmediata. 2° Llamar severamente la atención, a Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero de El alto del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en otras consideraciones del Caso Concreto III de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Freddy Gastón Choque Cortes, Juez y David Jorge Valdivia Orellana, Secretario; ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, por su actitud dilatoria, contraria a los principios de celeridad y debida diligencia.

4° Disponer la notificación al Consejo de la Magistratura, conforme sus atribuciones en materia de control y fiscalización, a efecto de que, inicie acciones que correspondan contra Maribel Maritza Amaru “pasante” del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. II.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. II.2. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2024-S3 Sucre, 25 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49417-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Sossa Rocha en representación sin mandato de Laura Cecilia Bautista Choque contra Freddy Gastón Choque Cortes, Juez; David Jorge Valdivia Orellana, Secretario; y, Maribel Maritza Amaru “pasante” todos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO

I.1. Identificación del problema jurídico planteado

Por memorial presentado el 15 de julio de 2022, cursante a fs. 1 y de 23 a 37; la accionante a través de su representante sin mandato, refirió que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, se encontraba con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, desde el 8 de igual mes y año; posteriormente, se benefició con cesación a la detención preventiva, disponiéndose la aplicación de medidas menos gravosas, como su detención domiciliaria sin salida laboral, a ese efecto cumplió a cabalidad con lo ordenado por el Juez de la causa; sin embargo, de forma ilegal e indebida el Juez y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, no expidieron el correspondiente mandamiento de libertad, causando dilación en su libertad, encontrándose ilegalmente detenida pese a contar con Resolución de cesación a la detención preventiva. Es así que, acudió a la vía constitucional por la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad que se encuentra estrechamente vinculado a su libertad, solicitando se conceda la tutela y al efecto se disponga que en el día se proceda a librar el respectivo mandamiento de libertad a su favor.

En audiencia de acción de libertad, la peticionante de tutela a través de su representante, al momento de ratificar in extenso los argumentos de su demanda, denunció que Maribel Maritza Amaru -pasante-, también hoy accionada, habría solicitado un monto económico de Bs1 300.- (mil trescientos bolivianos) para poder realizar la diligencia de la expedición del mandamiento de libertad, aspecto que no es coincidente con el actual modelo constitucional, los principios y garantías constitucionales que rigen la administración de justicia, e indicó que tomaría las acciones correspondientes legales ante la instancia ordinaria respecto a los cobros indebidos que se están realizando.

I.2. Resolución del Juez de garantías

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 49 a 51 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) El memorial de acción de libertad señaló como vulnerados el derecho a la libertad y libre locomoción, pero llama la atención cuando dice “…toda vez que mi esposo está siendo ilegalmente procesado debido a la falta de emisión de mandamiento de libertad…” (sic), haciendo referencia a que aparentemente su conyugue sería un tercer representante sin mandato; siendo que, la acción tutelar está representada por el abogado; asimismo, mencionó como lesionado su derecho a la defensa previsto por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) “…toda vez que se me priva de realizar la audiencia de MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES…” (sic); indicó también que, se le está vulnerando el derecho a la libertad en cuanto “ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA YA QUE INCLUSO NO PUDO EJERCER LOS DERECHOS DE APELACIÓN…” (sic); b) De lo descrito precedentemente, se evidencia la contrariedad entre lo solicitado por escrito y lo expuesto oralmente en la presente audiencia de acción de defensa, siendo que, del informe del Secretario accionado se infiere que ya se habría emitido el mandamiento de libertad; y, c) En vía de aclaración y complementación, el abogado de la accionante, solicitó la interpretación respecto al principio de presunción de veracidad y que se manifieste positiva o negativamente sobre el cobro de Bs1 300.- realizado por la “pasante”, siendo menester investigar el hecho en la administración de justicia ordinaria, además de ser una obligación de toda autoridad, máxime al tratarse de una autoridad constitucional el que proceda a remitir antecedentes al Ministerio Público para su investigación; puesto que, estos hechos delictivos constituyen actos de corrupción y solicitó se le franquee fotocopia legalizada del acta y Resolución dictada, ante ello, el Juez de garantías, declaró que conforme a lo señalado, la Resolución fue clara respecto a las contradicciones en cuanto a lo expresado oralmente y la documental presentada; que consideró lo informado por el secretario, respecto a la inexistencia del “juzgado quinto” al cual se hubiera accionado, como lo referente a que se hubiera cumplido con la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, aspecto considerado en su Resolución dictada; respecto a la denuncia de cobro, estableció que, conforme la jurisprudencia constitucional, no se le remitió ningún elemento de convicción respecto a esa situación, existiendo el principio de presunción de inocencia y los mecanismos por los cuales puede actuar la parte afectada, disponiendo que por secretaría se otorgue las fotocopias solicitadas (fs. 51 y vta.).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, a la libertad personal, a la defensa, a la dignidad humana, a la garantía del debido proceso y a la seguridad jurídica; puesto que habiendo sido beneficiada con medidas sustitutivas a la detención preventiva, como ser la detención domiciliaria entre otras, los accionados no expidieron el mandamiento de libertad, dilatando indebidamente el acceso a su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

II.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0465/2010-R de 5 de julio, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…) ´Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad´” (las negrillas son nuestras).

II.2. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional

La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “…respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).

III. CASO CONCRETO

En el caso sujeto a revisión, se denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la libre locomoción, a la libertad personal, a la defensa, a la dignidad humana, a la garantía del debido proceso y a la seguridad jurídica, por parte del Juez, Secretario y la “pasante” del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, la misma se encuentra detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz y ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se emitió la Resolución de 8 de julio de 2022; por la cual, el Juez de la causa dispuso su detención domiciliaria y otras como medidas sustitutivas; empero, se denunció que hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se habría expedido el mandamiento de libertad correspondiente. Ahora bien, identificada la lesión demandada, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; con relación a Freddy Gastón Choque Cortes, Juez del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz.-ahora accionado-, demostró una actitud omisiva con relación a los hechos denunciados; puesto que, pese a su citación con la acción tutelar (fs. 43), no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia pública; por lo que, corresponde a esta Sala, conforme a la basta jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre citando la SC0038/2011-R de 7 de febrero, que señaló: “…cuando un servidor público, no cumple con su deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es posible aplicar el principio de presunción de verdad…” aplicar la presunción de veracidad ante los hechos denunciados con relación a la citada autoridad accionada. Así mismo, David Jorge Valdivia Orellana, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, presentó informe escrito, en el cual señala que el referido mandamiento de libertad ya se hubiera emitido y sería la Oficina Gestora de Procesos de El Alto, la instancia que estaría incumpliendo su función de recepcionar y remitirlo para su materialización en el centro Penitenciario, conforme a las atribuciones conferidas por el art. 56 bis.I.3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que textualmente refiere: “Remitir en el día los mandamientos emitidos por la jueza, el juez o tribunal, a las instancias encargadas de su ejecución”; sin embargo, no adjunta ninguna constancia de la existencia del mandamiento, nota de observación o cualquier otra circunstancia que evidencie el cumplimiento del Juzgado en la emisión del mandamiento extrañado, lo que confirma que éste no ha sido emitido, provocando la vulneración de los derechos de la impetrante de tutela quien es una mujer privada de libertad. De los Fundamentos Jurídicos II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se infiere que el “habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras); es evidente la dilación en el presente caso, considerando que, ante el cumplimiento de las medidas impuestas por parte de la peticionante de tutela, la autoridad jurisdiccional debió emitir el respectivo mandamiento de libertad a favor de la detenida preventiva, supervisando que el Secretario, dé fiel y estricto cumplimiento a lo ordenado, a fin de no provocar demoras innecesarias; empero, éste se mantuvo con una actitud pasiva que llama la atención; puesto que, en calidad de director de la causa y máxima autoridad del Juzgado, en su rol de supervisión, permitió que un funcionario de apoyo judicial, incumpla plazos y principios contemplados en nuestra normativa penal, causando una enorme lesión en los derechos de la accionante, siendo que según las previsiones de la Ley del Órgano Judicial y el Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero del Consejo de la Magistratura, esta autoridad judicial tiene la potestad de aplicar sanciones o en su caso, hacer conocer a las instancias respectivas, la actitud de indisciplina de los servidores a su cargo, lo cual en el presente caso no ocurrió; por cuanto, corresponde conceder la tutela impetrada en relación a los dos funcionarios precitados. Con relación a Maribel Maritza Amaru, “pasante” del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionada-, conforme a los Fundamentos Jurídicos II.2 del presente fallo constitucional se establece “como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos”, mucho más cuando no gozan de la calidad de funcionarios públicos; conforme dispone el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los funcionarios de apoyo judicial “son servidoras o servidores de apoyo judicial; 1.- La conciliadora o el conciliador; 2.- La secretaria o secretario; 3.- La o el auxiliar; y, 4.- La o el oficial de diligencias”, y no así los denominados “pasantes” quienes únicamente realizan prácticas; sin embargo, la accionante refiere que la aludida pasante habría peticionado un pago económico para la remisión del mandamiento de libertad, hecho que contraviene en todas sus formas los valores y principios que sustentan la administración de justicia boliviana, establecidos en nuestra Norma Suprema, la aplicación del principio de gratuidad y celeridad en todas las tramitaciones de las causas, más cuando se trata de privados de libertad, el Consejo de la Magistratura conforme a sus atribuciones en materia de control y fiscalización, tal como lo dispone la LOJ, debe hacer una supervisión minuciosa, inicialmente por la verificación de la vigencia del Acuerdo de Sala que permite el desarrollo de las pasantías, como la acreditación idónea para efectivizar estas labores de conocimiento, debiendo realizar evaluaciones periódicas de su desempeño, que permitan tener certeza que las mismas están dentro del marco legal, y de advertirse irregularidades, debe activar las acciones legales correspondientes. Otras consideraciones

Llama la atención al Tribunal Constitucional Plurinacional, que el Juez de garantías haya desconocido lo previsto en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “Durante el transcurso de la audiencia, la Jueza, Juez o Tribunal, podrá hacer las preguntas que crea oportunas para resolver el caso, controlará la actividad de los participantes y evitará dilaciones innecesarias” (las negrillas y subrayado nos corresponden); toda vez que, tal como se advierte de los argumentos plasmados en el Considerando II de la Resolución 14/2022, estableció como fundamento para denegar la tutela peticionada, el hecho que “…existe contrariedad entre lo solicitado por escrito y lo expuesto oralmente…” (sic), obviando la facultad que tiene como juez de garantías para pedir que el accionante haga las aclaraciones sobre el memorial de acción de libertad y de esa manera, resolver en el fondo lo solicitado, tomando en cuenta la oralidad con la que se desarrolló y resolvió la acción tutelar interpuesta, situación que no ocurrió, y por el contrario basó su resolución en un argumento erróneo y contradictorio a los principios en los que se sustenta la justicia constitucional, aspecto relevante, que en lo sucesivo se le insta a cumplir en las acciones de defensa que sean de su conocimiento, en tal sentido corresponde realizar una severa llamada de atención a Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, -constituido en Juez de garantías-; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que Freddy Gastón Choque Cortes, Juez del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, dentro de las veinticuatro horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita el mandamiento correspondiente –de no haberlo hecho-, a fin de que se efectivice la detención domiciliaria dispuesta a favor de Laura Cecilia Bautista Choque, siempre y cuando se hubieran cumplido las medidas cautelares personales impuestas a esta última; en cuyo mérito el Secretario del mencionado juzgado, David Jorge Valdivia Orellana, debe diligenciar el prenombrado mandamiento de forma inmediata. 2° Llamar severamente la atención, a Pablo Esteban Medrano Claure, Juez de Sentencia Penal Primero de El alto del departamento de La Paz, conforme las razones explicadas en otras consideraciones del Caso Concreto III de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Freddy Gastón Choque Cortes, Juez y David Jorge Valdivia Orellana, Secretario; ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, por su actitud dilatoria, contraria a los principios de celeridad y debida diligencia.

4° Disponer la notificación al Consejo de la Magistratura, conforme sus atribuciones en materia de control y fiscalización, a efecto de que, inicie acciones que correspondan contra Maribel Maritza Amaru “pasante” del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0565_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): c1d76496953a0d3c53077d80313826fb78701b894b084fd14016649f329f123e

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