Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a ser oído, al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se dictó la Sentencia 012/2022 de 25 de julio -condenatoria-, que fue leída solo en su parte resolutiva, fijando audiencia de lectura íntegra para el 28 de igual mes y año, acto procesal en el que no se le permitió solicitar explicación, complementación y enmienda, tampoco se le proporcionó copia de dicho fallo para así poder impugnarlo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 37 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2024-S2 Sucre, 5 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 49388-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 38/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 37 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Zavaleta Durán contra Claudio Tórrez Fernández, Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta y Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante señaló que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz dictó la Sentencia 012/2022 de 25 de julio -condenatoria-; Tribunal que dio lectura íntegra de ese fallo el 28 de igual mes y año; momento en el que a su abogado no le permitió solicitar explicación, complementación y enmienda, sino se le indicó que podría hacerlo una vez que sea notificado de forma física con el mismo, privándole de ejercer sus derechos a recurrir y a la libertad, inobservando el art. 361 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece, “…la sentencia se notificará por su lectura íntegra y las partes recibirán copia de ella” (sic). Como antecedente, señaló que presentó “…apelación contra la resolución No. 121/2021 de (…) 18 de octubre de 2021, habiendo interpuesto complementación y enmienda conforme el Art. 125 del código de procedimiento penal, además de fundamentar en audiencia oral los agravios sufridos tal como lo establece el Art. 251 del código de procedimiento penal” (sic), siendo lesionados sus derechos al no poder impugnar y ser escuchado por la autoridad judicial competente.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a ser oído, al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 115, 117, 119, 120 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se corrija procedimiento y en el fondo se le notifique “en el día” de forma física con la Sentencia 012/2022, siendo que se encuentra ilegalmente procesado.
Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 35 a 36 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) Los Jueces demandados en audiencia virtual no le permitieron fundamentar su solicitud de complementación y enmienda, contraviniendo el principio de oralidad, alegando que la Sentencia aún no estaba transcrita; por ello, se le haría conocer una vez esté redactada, incumpliendo el art. 361 del CPP que señala, la sentencia se notificará con su lectura íntegra y las partes recibirán copia física de ella; en tanto, dicha literal no le sea entregada no podrá activar los recursos que la ley le franquea, como la apelación restringida; y, b) La SCP 0026/2018-S2 de 28 de febrero, establece que no podía privársele de la notificación con la sentencia condenatoria en audiencia de manera oral; así como, entregarle una copia de la misma a efectos de utilizar los recursos de impugnación; por lo que, interpuso la acción de libertad de pronto despacho, pidiendo se corrija procedimiento y sea notificado “en el día” de forma física con la Sentencia 012/2022.
Claudio Tórrez Fernández, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 27 a 28, sostuvo que: 1) Se desarrolló el juicio oral, público y contradictorio contra el accionante por la presunta comisión del delito de “homicidio”; 2) El 25 de julio de 2022, por la complejidad del caso, solo se emitió la parte dispositiva de la Sentencia; por lo que, se fijó acto procesal virtual de lectura de la misma para el 28 de igual mes y año; razón por la cual, no pudo cumplir con el tercer párrafo del art. 361 del CPP -entrega física de la sentencia-; y, 3) El art. 163.3 del referido Código modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece que se notificarán de manera personal a las partes con las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo; en ese sentido, la Sentencia 012/2022 al ostentar esa calidad debe ser notificada en persona; empero, el abogado del peticionante de tutela indicó que se apersonó al Tribunal para notificarse, pero al no ser parte ello no le correspondía; razones por las que, pidió se deniegue la tutela solicitada. Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 29 de julio de 2022, cursante a fs. 29 y vta., indicó que: i) Su persona no hizo uso de la palabra en el acto procesal de lectura de la Sentencia 012/2022, conforme advirtió del Disco Compacto (CD) hora 1:38:50, sino solo intervino su homólogo Claudio Tórrez Fernández, quien en calidad de Juez Presidente del referido Tribunal de Sentencia dirigió el proceso penal; ii) El accionante sostuvo que le dijeron que sería notificado con la Sentencia “2/2012”; empero, ante dicha determinación asumida solo por “presidencia”, el nombrado no formuló el recurso de reposición conforme el art. 401 del CPP, que prevé: “'El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique'” (sic); y, iii) La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que la naturaleza de la acción de libertad se constituye en la protección efectiva de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad ante procesamientos indebidos que supriman o restrinjan esos derechos; asimismo, estipuló que en caso de que la norma prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de esos derechos, deben ser utilizados previamente a la justicia constitucional; en ese sentido, en el caso concreto es evidente que no se agotaron los recursos que la instancia ordinaria franquea (arts. 401 y 402 del CPP); por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 6.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 38/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 37 a 38, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante adujo que no se le permitió interponer solicitud de explicación, complementación y enmienda, tampoco se le franqueó fotocopias de la sentencia como prevé la norma; en ese sentido, lo que correspondía era que el nombrado con carácter previo agote la vía ordinaria; b) La SCP 0293/2018-S4 de 27 de junio, reiteró la línea jurisprudencial de la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que estableció dos presupuestos para la viabilidad de la acción de libertad por procesamiento indebido, cuando el acto lesivo esté directamente vinculado con la libertad, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la posibilidad de impugnar los supuestos actos transgresores dentro del proceso; en ese mérito, la acción de libertad no procede en todos los casos de procesamiento indebido; ya que, al no concurrir dichos presupuestos, corresponde acudir a la acción de amparo constitucional; c) En el presente caso advirtió causal de improcedencia excepcional de esta acción tutelar; por cuanto, los fundamentos expuestos por el peticionante de tutela no están directamente vinculados con la restricción del derecho a la libertad; si bien, el nombrado se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, los actos denunciados como vulneradores atribuidos a los Jueces demandados, no tienen relación directa con la medida extrema; puesto que, la detención preventiva fue dispuesta a través de una decisión judicial como emergencia de la aplicación de medidas cautelares, aspecto al cual, el abogado del impetrante de tutela no hizo referencia alguna, tampoco refleja si los antecedentes de la privación de libertad del peticionante de tutela tenga relación con el hecho de que se le impidió formular explicación, complementación y enmienda; así como, por no habérsele entregado las fotocopias de la sentencia “el día de ayer”; y, d) El solicitante de tutela debió agotar los mecanismos intraprocesales en la vía ordinaria, pudiendo interponer recurso de apelación restringida, para posteriormente, activar la acción de amparo constitucional, pero no la acción de libertad, constituyendo la misma causal de improcedencia excepcional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 121/2021 de 18 de octubre, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandados-, rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuesta por Javier Zavaleta Durán -ahora accionante- (fs. 31 y vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 817/2021 de 8 de noviembre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el peticionante de tutela, confirmando el Auto Interlocutorio 121/2021 (fs. 33 a 34). II.3. Cursa acta de registro de audiencia audiovisual de juicio oral de 25 de julio de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela ahora accionante, en la que, el Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, señaló que por razones de tiempo se emitió solo la parte dispositiva de la Sentencia 012/2022 de 25 de julio, a través de la cual “…FALLA declarando por decisión UNÁNIME de sus tres miembros, al acusado de Javier Za[v]aleta Durán (…) AUTOR de la comisión del delito previsto en el artículo 252 Asesinato del Código Penal, sin derecho a indulto…” (sic), fijando fecha para la audiencia de lectura íntegra de la indicada Sentencia para el 28 de julio de 2022, haciendo constar que con la notificación de la misma correrán los plazos a fin de que las partes puedan hacer uso de los recursos que la ley les franquea (fs. 21 a 25 vta.). II.4. Se tiene acta de registro de audiencia – lectura de la Sentencia 012/2022, celebrada el 28 de julio de 2022, en la cual, el abogado del accionante pidió de forma oral complementación y enmienda a dicho fallo, a lo que el Juez Presidente manifestó que “…LA NOTIFICACIÓN LEGAL SE VA HACER CON EL TEXTO ESCRITO A LAS PARTES EN LEGAL FORMA PARA NO INCURRIR EN OBSERVACIONES QUE PUEDEN HACER POSTERIORMENTE VAMOS ACLARAR QUE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN CON EL TEXTO ESCRITO DE LA SENTENCIA QUE ACABA DE DARSE LECTURA EN ESTA AUDIENCIA RECIÉN CORRE EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 408 DEL CPP” (fs. 26).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a ser oído, al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se dictó la Sentencia 012/2022 de 25 de julio -condenatoria-, que fue leída solo en su parte resolutiva, fijando audiencia de lectura íntegra para el 28 de igual mes y año, acto procesal en el que no se le permitió solicitar explicación, complementación y enmienda, tampoco se le proporcionó copia de dicho fallo para así poder impugnarlo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tema, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, sostuvo que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. (…) …para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”’ (las negrillas son nuestras).
En el caso objeto de estudio, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a ser oído, al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, se dictó la Sentencia 012/2022 de 25 de julio -condenatoria-, que fue leída solo en su parte resolutiva, fijando audiencia de lectura íntegra para el 28 de igual mes y año, acto procesal en el que no se le permitió solicitar explicación, complementación y enmienda, tampoco se le proporcionó copia de dicho fallo para así poder impugnarlo. Conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que, para invocar procesamiento indebido a través de la acción de libertad, deben necesariamente concurrir dos presupuestos: 1) Que el acto denunciado de lesivo se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad, debiendo ser esta la causa directa que originó su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión. En este contexto y en el marco de la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico precedente, se establece que, respecto a las denuncias referidas al procesamiento indebido, la protección que otorga la acción de libertad, solamente podrá materializarse en aquellos casos en los cuales el alegado procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los derechos que tutela, previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional; no obstante, no todas las vulneraciones al debido proceso, pueden ser restauradas por medio de este mecanismo de defensa; dado que, a través de este no es posible analizar actos o decisiones denunciados como ilegales, cuando no guardan estricta relación con aquellos derechos protegidos por esta acción tutelar, debiendo tenerse presente además, para que opere su ámbito de acción respecto al debido proceso, es indispensable que de manera concurrente se demuestre que el acto denunciado como lesivo, se constituya en la causa directa para la restricción del derecho a la libertad y que hubiera existido un absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos acusados de vulneratorios por su desconocimiento; caso contrario, corresponde su reclamación a través de la acción de amparo constitucional. En el presente caso y conforme se tiene establecido de los antecedentes cursantes en el expediente, cabe señalar que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, este pidió cesación de la detención preventiva, mereciendo el Auto Interlocutorio 121/2021 de 18 de octubre, mediante el cual, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandados- rechazaron dicha solicitud por subsistir los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, fallo que impugnó y mereció el Auto de Vista 817/2021 de 8 de noviembre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró inadmisible el recurso de apelación y confirmó el mencionado Auto Interlocutorio; de ello, se evidencia que el impetrante de tutela se encontraba bajo la aplicación de la citada medida extrema; debido a que, no fueron desvirtuados dichos riesgos procesales. Ahora bien, en virtud a los citados antecedentes, corresponde señalar que los actos reclamados como lesivos, concernientes al hecho de no permitírsele al abogado del accionante interponer la solicitud de explicación, complementación y enmienda en la audiencia de lectura de la Sentencia 012/2022, ni proporcionarle fotocopias de la indicada Resolución condenatoria para posteriormente presentar su apelación, no pueden ser analizados a través de esta acción tutelar, pues dichos actos considerados por el impetrante de tutela como vulneradores de sus derechos invocados, que en el peor de los casos podrían constituir una omisión procedimental; empero, no son la causa directa de privación de libertad del nombrado, misma que se funda en la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, dispuesta por la autoridad jurisdiccional, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la comisión del delito de asesinato, que cuenta con Sentencia condenatoria, dentro del cual el peticionante de tutela estuvo interviniendo, y ejerció su defensa a través de los medios legales previstos en el ordenamiento jurídico; por lo que, no se encuentra en estado de indefensión, máxime si se tiene en cuenta que el Presidente del citado Tribunal, aclaró a las partes que a objeto de no incurrir en observaciones, se les proporcionaría una copia de la referida Sentencia, para que posteriormente puedan activar los recursos que franquea la ley, actuación que independientemente de su cuestionamiento en cuanto a la oportunidad o no de las notificaciones, debe ser conocida y resuelta, agotados los mecanismos intraprocesales, a través del amparo constitucional, como medio idóneo para ello. Consecuentemente, siendo que los actos denunciados como lesivos no son la causa directa de su privación de libertad, además, el impetrante de tutela no se encontraba en absoluto estado de indefensión, pues tuvo conocimiento y estuvo activo durante la tramitación del proceso seguido en su contra, no se cumplen los presupuestos exigidos para analizar las denuncias de lesión al debido proceso a través de la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela solicitada, debiendo el accionante, de considerarlo pertinente, formular la acción de amparo constitucional a efectos de expresar los argumentos que hoy pretenden sean analizados por esta justicia constitucional. Finalmente, cabe hacer alusión a que el Juez de garantías señaló que el accionante pudo interponer el recurso de apelación restringida ante el objeto de la presente acción tutelar; sin embargo, una vez agotado dicho mecanismo intraprocesal, y si sus derechos no fueron restituidos, tiene expedita la vía para activar la acción de amparo constitucional, mas no así la acción de libertad; argumento que se comparte, pues es evidente que el peticionante de tutela activó la vía inidónea; por lo que, no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 37 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0565_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): cbf853bb2b1b19150610ddd18438d03a287bbd677a2b93bb357b7a57acbcb97a
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