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SCP 0559/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Segunda · 13 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de Libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46599-2022-94-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, toda vez que habiendo presentado la apelación incidental contra Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022 que determinó su detención preventiva en la Carceleta de Arani de Cochabamba, hasta la presentación de esta acción tutelar, dicha impugnación no habría sido remitida a la Sala Penal de turno correspondiente para que se pronuncie. En consecuencia, solicitó que se ordene el inmediato envió de la citada apelación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela con relación a la dilación indebida en la remisión de la apelación de medidas cautelares, conforme a los fundamentos del presente fallo, disponiendo que se remita el legajo correspondiente en los mismos términos que el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos ante el silencio de la autoridad demandada. Jurisprudencia reiterada.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0559/2023-S2 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de Libertad Expediente: 46599-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gilmar Benjamín Illanes Torrico en representación sin mandato de Jherson Ovando Cabezas contra Alexei Fernando Orellana Romero, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, cursante de fs. 3 a 6, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue denunciado por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, previsto por el art. 272 bis del Código Penal (CP), debido a ello, se le imputó formalmente y se realizó una audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares el 26 de enero de 2022 de manera presencial en el Juzgado Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba. Es así que ante la concurrencia de los requisitos previstos en los arts. 233, 234 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) por Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022 se determinó su detención preventiva en la Carceleta de Arani de Cochabamba, por lo que conforme establece el art. 251 del Código Adjetivo Penal planteó recurso de apelación incidental de manera oral; sin embargo, a la fecha de interposición de esta acción tutelar el expediente no fue remitido a la instancia superior y tampoco se señaló audiencia para su consideración, no obstante el vencimiento de los plazos legales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló la lesión de su derecho a la libertad y los principios de celeridad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 117.I, 119.II, 120.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la remisión inmediata del expediente a “LA SALA SUPERIOR” con la finalidad de resolver la apelación formulada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 9 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ni su representante se hicieron presentes a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, a pesar de su legal notificación cursante a fs. 8.

I.2.2. Informe del demandado

Alexei Fernando Orellana Romero, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar tampoco presentó informe escrito alguno a pesar de su legal notificación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., concedió la tutela impetrada disponiendo que la autoridad demandada en el día cumpla con la remisión del cuaderno procesal de la apelación incidental a la Sala Penal de turno. Decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: a) En la audiencia de aplicación de medidas cautelares se determinó la detención preventiva del ahora accionante el 26 de enero de idéntico año; b) El Juez demandado incumplió el mandato procesal previsto en el art. 405 del CPP, incurriendo en una dilación indebida respecto al principio de celeridad procesal; c) Uno de los principios que rigen a la administración de justicia es el de celeridad o pronto despacho, a efecto de brindar a los sujetos procesales una tutela jurisdiccional efectiva; d) La demora injustificada alejada de toda norma procesal es considerada una dilación ilegal; que encuentra su reparación procesal vía acción de libertad; y, e) Los hechos denunciados en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho resultaron evidentes, correspondiendo otorgar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de la acción tutelar donde se señala que por Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022 se determinó la detención preventiva de Jherson Ovando Cabezas -ahora accionante- en la Carceleta de Arani de Cochabamba, situación por la cual, el aludido planteó apelación incidental de manera oral conforme al art. 251 del CPP. Sin embargo, a la fecha de interposición de esta acción tutelar el expediente no fue remitido a la instancia superior (fs. 3 a 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denunció la vulneración de su derecho a la libertad y a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica, toda vez que habiendo presentado la apelación incidental contra Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022 que determinó su detención preventiva en la Carceleta de Arani de Cochabamba, hasta la presentación de esta acción tutelar, dicha impugnación no habría sido remitida a la Sala Penal de turno correspondiente para que se pronuncie. En consecuencia, solicitó que se ordene el inmediato envió de la citada apelación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, estableció que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado nos pertenece). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, precisó que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis agregado). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Sobre la presunción de veracidad de los hechos ante el silencio de la autoridad demandada. Jurisprudencia reiterada.

La SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, señaló que: “En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: ‘…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido’. El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley’. Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: ‘…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: «Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos»’. Partiendo del marco jurisprudencial referido, y de lo señalado por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos” (el resaltado fue añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante denuncia que a pesar de haber interpuesto apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022 que determinó su detención preventiva en la Carceleta de Arani de Cochabamba, hasta la presentación de la acción tutelar, dicha impugnación no habría sido remitida a la Sala Penal de turno para su pronunciamiento. Así que presentó una denuncia por la vulneración de su derecho a la libertad, puesto que se habría afectado los principios a la seguridad jurídica y celeridad. Por lo tanto, solicitó que se ordene la remisión inmediata del caso a la Sala Penal turno correspondiente. El impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho a la libertad dado que, habiendo presentado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022 que dispuso su detención preventiva en audiencia conforme menciona el memorial de la demanda tutelar (Conclusión II.1), hasta la presentación de esta acción tutelar no fue remitido a la Sala Penal de turno para que se pronuncie, incumpliendo lo establecido por el art. 251 del CPP, a pesar que la autoridad demandada tenía el deber de remitir el expediente en el término de veinticuatro horas. La jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 estableció que el principio de celeridad procesal presupone una justicia pronta y oportuna y que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo idóneo y efectivo en caso de existir vulneración por dilación indebida respecto a trámites judiciales o administrativos, vinculados directamente con el derecho a la libertad. De los antecedentes aparejados y conforme señaló el accionante en su memorial de la presente acción tutelar se tiene que el prenombrado se encontraría detenido en la Carceleta de Arani del departamento de Cochabamba, por consiguiente, a efecto de lograr que se levanten las medidas cautelares impuestas en su contra presentó apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 26 de enero de 2022, que no fue remitido a la Sala Penal de turno correspondiente. Asimismo, conforme al citado memorial se establece que se presentó el indicado mecanismo de impugnación en la audiencia efectuada en la indicada data; empero, a la fecha de presentación de esta acción no se remitió el cuaderno de apelación.

En este caso, ante la falta de informe que demuestre la acción o diligencia del Juez demandado en corregir la demora indebida en la remisión de la apelación de las medidas cautelares pese haber sido notificado legalmente, se presume la veracidad de los hechos denunciados, puesto que el prenombrado no asistió a la audiencia ni remitió su informe, en ese sentido, la SCP 0027/2018-S4, referida en el Fundamento Jurídico III.2 estableció que en caso de omisión por parte de la autoridad demandada de presentar su informe en las acciones tutelares, se tendrán por probados los extremos denunciados. Toda vez que la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, corresponde presumir la veracidad de los hechos denunciados.

De tal manera, en cuanto a la negligencia denunciada por la falta de diligencia del Juez demandado en el cumplimiento de sus labores, se le atribuye responsabilidad por no cumplir con sus funciones y obligaciones. En cuanto, a la lesión del principio de seguridad jurídica, corresponde establecer que este no se encuentra dentro del alcance del petitorio y la tutela de la presente acción tutelar. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela con relación a la dilación indebida en la remisión de la apelación de medidas cautelares, conforme a los fundamentos del presente fallo, disponiendo que se remita el legajo correspondiente en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0559_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): c7a3c85f0d7f1e6176907abd6af77aa9164d246053378f77b299203c9566a7e1

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