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SCP 0557/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55068-2023-111-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración a sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que, la autoridad hoy accionada, no ejecutó los mandamientos de libertad, bajo el pretexto de que los nombrados no contaban con sus cédulas de identidad originales, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, ocasionando una dilación indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 5 de “marzo" -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Exhortar a Aldo Jorge Rubín de Celis, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni que, en la tramitación administrativa de las causas sometidas a su conocimiento, dé cumplimiento a las resoluciones y mandamientos que emanen de autoridad competente, conforme a las normas en vigencia; y con mayor razón, cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad innovativa
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55068-2023-111-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 01/2023 de 5 de “marzo” -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Giovana Carol Crespo Figueredo en representación sin mandato de Carlos Guery Manú Gamarra y Luís Alberto Ortíz Yalauma contra Marco Antonio Ugarte, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de abril de 2023, cursante de fs. 1 a 2, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Guery Manú Gamarra y Luís Alberto Ortíz Yalauma -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni; el 31 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, dictándose una sentencia condenatoria de tres años; por lo que, solicitaron la suspensión condicional de la pena, disponiéndose en tal razón el mandamiento de libertad de la misma fecha; empero, desde el 1 de abril de igual año, continuaron retenidos bajo el pretexto de no contar con sus cédulas de identidad, documento que, presentaron al ingresar al referido Centro Penitenciario; por lo cual, no existiría impedimento para que obtengan su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga su libertad pura y simple.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de Garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de “marzo” de 2023 -siendo lo correcto abril-, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo; manifestaron que, los mandamientos de libertad no fueron ejecutados por la autoridad hoy accionada; sino, hasta medio día de la fecha de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar que fueron liberados; debido a que, los accionantes no contaban con cédulas de identidad originales, solo con copias; por lo que, no existiría impedimento para no ejecutar los indicados mandamientos.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Aldo Jorge Rubín de Celis, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni, en audiencia manifestó que, “actualmente” se encontraba ejerciendo el cargo de Gobernador de dicho Centro Penitenciario y que en esa condición fue citado el 3 de abril de 2023, a las 16:43 horas, asimismo indicó que el 4 de igual mes y año los accionantes fueron liberados con la copia de sus cédulas de identidad.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 5 de “marzo" -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 15 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, bajo el siguiente fundamento, el mandamiento de libertad de 31 de marzo de 2023, recién fue notificado por la Oficina Gestora de Procesos el 3 de “marzo” de 2023 -siendo lo correcto abril- de igual año; razón por la cual, los accionantes estuvieron detenidos indebidamente cuarenta y ocho horas; por lo que, la autoridad accionada ejecutó el referido mandamiento el 4 de abril del citado año, constituyéndose estos actos en vulneratorios al derecho a la libertad personal; si bien es cierto, que “actualmente” nombrados se encuentran en libertad; sin embargo, la acción de libertad en su modalidad innovativa tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; al efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de consideración de esta acción de defensa de 5 de “marzo" de 2023 -siendo lo correcto abril-, donde Aldo Jorge Rubin de Celis, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni -hoy accionado- refirió que el 4 de abril de igual año se ejecutaron los mandamientos de libertad, siendo ya liberados Carlos Guery Manú Gamarra y Luís Alberto Ortíz Yalauma -ahora accionantes- con la copia de sus cédulas de identidad, aseveración que fue ratificada por su representante sin mandato y abogada de los nombrados (fs. 13 y 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración a sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; puesto que, la autoridad hoy accionada, no ejecutó los mandamientos de libertad, bajo el pretexto de que los nombrados no contaban con sus cédulas de identidad originales, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, ocasionando una dilación indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad innovativa

La SCP 1099/2025-S1 de 4 de septiembre de 2025, citando a la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, estableció que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.

(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 1099/2025-S1, citando a la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril refirió que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”(las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración a sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; toda vez que, la autoridad hoy accionada, no ejecutó los mandamientos de libertad, bajo el pretexto de que los nombrados no contaban con sus cédulas de identidad originales, vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, ocasionando una dilación indebida.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes elevados en revisión, que a decir de los accionantes a través de su representante sin mandato y abogada, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni; el 31 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, dictándose una sentencia condenatoria de tres años; por lo que, solicitaron la suspensión condicional de la pena, disponiéndose en tal razón el mandamiento de libertad en la misma fecha; empero, desde el 1 de abril de igual año, continuaron retenidos bajo el pretexto de no contar con sus cédulas de identidad originales, documento que, presentaron al ingresar al indicado Centro Penitenciario; razón por la cual, presentan la acción de libertad con el objeto de que se repongan sus derechos vulnerados.

Por otra parte, Aldo Jorge Rubin de Celis, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni -hoy accionado- refirió que el 4 de abril de igual año se ejecutaron los mandamientos de libertad, siendo ya liberados Carlos Guery Manú Gamarra y Luís Alberto Ortíz Yalauma -ahora accionantes- con la copia de sus cédulas de identidad, aseveración que fue ratificada por su representante sin mandato y abogada de los nombrados (Conclusión II.1).

Es así que, conforme a los antecedentes, se hace necesario remitirnos a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídico III.1 y III.2 de este fallo constitucional; por la cual, se establece que, la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa; misma que, procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando esta ya cesó, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien vulneró el derecho a la libertad; puesto que, en el presente caso, el petitorio principal de los accionantes es que la autoridad hoy accionada, otorgue su libertad pura y simple.

Ahora bien, conforme a estos antecedentes en el presente caso, la autoridad ahora accionada si bien afirma que el 3 de abril de 2023, fue notificada por la Oficina Gestora de Procesos con los respectivos mandamientos de libertad; empero, recién los ejecutó el 4 de igual mes y año, exigiendo como requisito la presentación de la cédula de identidad original; empero, al final solo le entregaron en fotocopia simple.

Por lo que, de conformidad a los Fundamentos Jurídico III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde al respecto conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, considerando que la misma procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar perjudicial de quien ha vulnerado el derecho a la libertad, en el entendido de que ya obtuvieron su libertad los accionantes.

Finalmente, se aclara que la concesión otorgada en la presente acción tutelar únicamente contiene un fin exhortativo a objeto de que la autoridad hoy accionada a futuro no incurra en los mismos errores procesales de dilación a tiempo de cumplir con disposiciones que emanan de autoridad competente que resuelven la situación jurídica de personas privadas de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 5 de “marzo" -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Exhortar a Aldo Jorge Rubín de Celis, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni que, en la tramitación administrativa de las causas sometidas a su conocimiento, dé cumplimiento a las resoluciones y mandamientos que emanen de autoridad competente, conforme a las normas en vigencia; y con mayor razón, cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0557_2026-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 28709fcbe710f5b106ab3d31aff3197cbb9f17fc858b2f29769c025a0ce87300

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