Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a la defensa; y, a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces y tribunales de justicia y garantías constitucionales…” (sic); puesto que, al haber sido condenado a tres años de privación de libertad por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 5 de diciembre de 2022 solicitó se señale audiencia de aplicación de sanciones alternativas ante la autoridad demandada, quien al encontrarse en vacación judicial, no dispuso la remisión del expediente al Juzgado de turno hasta la fecha de presentación de la acción tutelar que antecede. Por su parte, la Jueza demanda no presentó informe escrito alguno ni participó de la audiencia de garantías a pesar de su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2025-S2 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52617-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 2/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Neljer Jhasmany Vásquez Quispe en representación sin mandato de Roberto Flores Pérez contra María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacani del departamento Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el “16” de diciembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 3 y vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal signado con Código Único de Denuncia (CUD) 704302282200, fue condenado a tres años de privación de libertad, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica. En ese marco, mediante memorial de 5 de diciembre de 2022, solicitó ante María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacaní del departamento Santa Cruz -ahora demandada-, el señalamiento de día y hora para la celebración de audiencia destinada a la aplicación de una sanción alternativa a objeto de obtener su libertad; sin embargo, debido a la vacación judicial colectiva, hasta la fecha de la presentación de esta acción tutelar, la autoridad judicial demandada, no dispuso la remisión del expediente al Juzgado de turno, situación que, vulnera sus derechos y garantías constitucionales.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a la defensa; y, a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces y tribunales de justicia y garantías constitucionales…” (sic), citando al efecto los arts. 115, 116 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo la remisión del expediente al Juzgado de turno durante la vacación judicial, para que esta, atienda su petición de audiencia de aplicación de sanciones alternativas y así pueda obtener su libertad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y en audiencia añadió que se vulneró su derecho a la libertad.
María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacani del departamento Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni participó de la audiencia de garantías a pesar de su notificación cursante a fs. 5.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 2/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que de manera inmediata la Jueza demandada remita el expediente con CUD 704302282200 al Juzgado de turno durante la vacación judicial, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad jurisdiccional demandada hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió el expediente concerniente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante para que su solicitud de audiencia de aplicación de sanciones alternativas sea atendida; b) Ante esta omisión se está vulnerando el derecho a la libertad del impetrante de tutela, puesto que, la eventual concesión de este beneficio, podría otorgarle libertad; y, c) A pesar de que la Jueza demandada tomó conocimiento de esta acción de libertad, no emitió ningún informe al respecto, por lo que, rige la presunción de veracidad del contenido de la referida acción de defensa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, Roberto Flores Pérez -ahora accionante- solicitó ante María Luisa Saavedra Rioja, Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacaní del departamento Santa Cruz -ahora demandada-, el señalamiento de día y hora de audiencia de aplicación de sanciones alternativas (fs. 2). II.2. Por informe de 9 de diciembre de 2022, Rossy Yannis Aguilar, Gestora de la Oficina Gestora de Procesos 7 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señaló que la autoridad demandada fue notificada con el memorial de la acción de libertad y Auto de admisión de la misma fecha vía WhatsApp “…quedando legalmente notificada el 09/12/2022 a horas 19:06 pm.” (sic [fs. 10]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a la defensa; y, a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces y tribunales de justicia y garantías constitucionales…” (sic); puesto que, al haber sido condenado a tres años de privación de libertad por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 5 de diciembre de 2022 solicitó se señale audiencia de aplicación de sanciones alternativas ante la autoridad demandada, quien al encontrarse en vacación judicial, no dispuso la remisión del expediente al Juzgado de turno hasta la fecha de presentación de la acción tutelar que antecede. Por su parte, la Jueza demanda no presentó informe escrito alguno ni participó de la audiencia de garantías a pesar de su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE que, conforme al entendimiento desarrollado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (el énfasis es agregado).
Del contenido de la presente acción tutelar, el accionante busca acceder a una sanción alternativa conforme prevé el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, con el fin de obtener su libertad, en virtud de haber sido condenado a tres años de privación de libertad por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica. A tal efecto, el 5 de diciembre de 2022, presentó memorial solicitando el señalamiento de día y hora para la celebración de audiencia de aplicación de sanciones alternativas en la que se considere su pretensión (Conclusión II.1). Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yapacani del departamento de Santa Cruz ante el cual fue interpuesta dicha solicitud, ingresó en vacación judicial colectiva, y hasta la fecha no habría dispuesto la remisión del expediente al Juzgado de turno, circunstancia que -según sostiene- afecta su derecho a la libertad.
En ese contexto, es necesario tomar en cuenta que en atención al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho como una de las modalidades de esta acción de defensa, se encuentra relacionada al principio de celeridad, en ese entendido, su objeto de protección es el cumplimiento de los plazos procesales por las autoridades judiciales o la tramitación de las causas con la debida celeridad, más aún, cuando se encuentren vinculadas a la libertad de las partes o una de ellas; puesto que, su incumplimiento, demora o dilación indebida, pone en riesgo de afectación el derecho fundamental señalado. Es así que, la falta de remisión del expediente sobre el proceso penal seguido contra el impetrante de tutela -que incluye su solicitud de audiencia de aplicación de sanciones alternativas- hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, configura una vulneración a su derecho fundamental a la libertad, en conexión con el principio de celeridad procesal. Dicho principio impone la obligación de impulsar los actos procesales de manera sencilla, eficaz y sin dilaciones indebidas. En tal sentido, la vacación judicial colectiva no puede constituirse en un impedimento para la continuidad del trámite de causas que involucren derechos fundamentales -como el caso de la libertad-, ya que, la administración de justicia debe ser pronta, oportuna y sin obstáculos formales que dilaten injustificadamente su desarrollo. Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Por otro lado, corresponde señalar que, la autoridad demandada no puede alegar indefensión, toda vez que, la Oficina Gestora de Procesos procedió a la notificación con los actuados correspondientes a través de la Oficial de Diligencias del Juzgado a su cargo, quien, a su vez, proporcionó el número de teléfono celular de la Jueza demandada, remitiéndose por dicho medio, los actuados relativos a la presente acción tutelar (Conclusión II.2). En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/2022 de 10 de diciembre, cursante de fs. 11 vta. a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0557_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 478d072c66fee38e9ef39c4302c5f993073a8f2a4344421d41fa3f07e5f4524f
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