Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra, pese a existir conminatoria de parte del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, la Fiscal de Materia no dio lugar a las solicitudes de requerimiento fiscal, aun sabiendo que la documentación requerida era necesaria para tramitar la solicitud de cesación de la detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso ya contaba con acusación formal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 304/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la negativa de la autoridad fiscal de emitir los requerimientos fiscales solicitados, bajo el justificativo de haberse presentado acusación formal, conforme los términos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al condicionamiento efectuado por la autoridad fiscal demandada, a la solicitud de requerimiento fiscal relacionado con la víctima, conforme lo fundamentado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estando la autoridad demandada facultada para analizar su pertinencia a efectos de dar curso o no a lo solicitado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0554/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52718-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 304/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Salinas Mamani contra Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 54, 57 y vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de trata de personas, corrupción de niña, niño o adolescente y pornografía, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 243/2022 de 27 de mayo, dispuso su detención preventiva al evidenciarse la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro efectivo para la víctima previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 365/2022 de 12 de agosto, la autoridad jurisdiccional antes mencionada ratificó la subsistencia de dicho riesgo procesal, decisión que fue confirmada por el Auto de Vista 619/2022 de 24 de igual año; motivo por el cual, permaneció detenido preventivamente. El 7 de noviembre de 2022, solicitó a la Fiscal de Materia, que emita un requerimiento fiscal dirigido a la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, para que se ordene medidas de protección a favor de la víctima y su entorno cercano; sin embargo, el mismo mereció providencia de 10 del citado mes y año, a través del cual, la autoridad demandada respondió que debía estarse al estado del proceso antes de determinar lo que correspondiera en derecho, sin emitir pronunciamiento de fondo ni dar curso a lo solicitado. Frente a lo acontecido, el 22 de noviembre de 2022, presentó memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, solicitando que se conmine a la Fiscal de Materia -ahora demandada- a dar curso a sus requerimientos y que fundamentara bajo qué normativa los rechazó; lo que, mereció providencia de 23 del referido mes y año, a través del cual, el citado Tribunal dispuso que la Fiscal de Materia asignada debía emitir el requerimiento solicitado, otorgándole un plazo perentorio para el cumplimiento de dicha orden. El 8 de diciembre de 2022, reiteró su solicitud ante la autoridad fiscal, dirigiendo requerimiento a distintas autoridades, entre ellas, funcionarios policiales y nuevamente a la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, insistiendo en la pertinencia probatoria de tales actuaciones con el propósito de ejercer adecuadamente su defensa; lo que mereció providencia de 9 de igual mes y año, a través del cual la Fiscal de Materia respondió que para el primer punto debía adjuntarse resolución judicial con homologación de medidas de protección, y que respecto a los demás puntos debía estarse a los antecedentes del proceso y aclarar la pertinencia, dado que ya se había presentado requerimiento conclusivo. Hasta la interposición de la presente acción tutelar -21 de diciembre de 2022-, el accionante señaló que la Fiscal de Materia demandada, le impidió tramitar la cesación a su detención preventiva al negarse a emitir los requerimientos fiscales solicitados; toda vez que, sin dichos documentos no pudo obtener nuevos elementos idóneos para desvirtuar los riesgos procesales, lo que considera una afectación indirecta a su derecho a la libertad; pues pese a que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, ordenó a la autoridad demandada requiriera lo solicitado; sin embargo, la autoridad fiscal mantuvo su negativa bajo el argumento de que ya existía requerimiento conclusivo.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia demandada la inmediata autorización y elaboración de todos los requerimientos fiscales reiterados mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, sea en el plazo de veinticuatro horas, a partir de su notificación en la audiencia a desarrollarse.
Celebrada la audiencia pública de 22 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 63 a 65, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó los términos expuestos en su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) Dentro del proceso penal que se le sigue, la autoridad de control jurisdiccional mediante Auto interlocutorio 243/2022, dispuso su detención preventiva; más adelante dicha autoridad rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva por falta de nuevos elementos que desvirtúen los riesgos procesales; b) Con el fin de obtener dichos elementos, solicitó al Ministerio Público la emisión de requerimientos fiscales; sin embargo, la autoridad demandada, los rechazó con el argumento de que la causa ya contaba con acusación formal; c) Ante dicho rechazo, el impetrante de tutela acudió ante el Tribunal de Sentencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, instancia que ordenó a la -Fiscal demanda-, dar curso a los requerimientos en un plazo perentorio; empero, mediante providencia de 9 de diciembre de 2022, la autoridad fiscal mantuvo su negativa argumentando que debía adjuntarse resolución judicial de homologación de medidas de protección y que debía estarse a los antecedentes del proceso por existir requerimiento conclusivo; d) La autoridad demandada al no autorizar los oficios solicitados, impidió la tramitación de la cesación de su detención preventiva; puesto que, sin dichos requerimientos fiscales, no pudo obtener documentación idónea para sustentar su solicitud; e) Las SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril y SCP 0505/2019-S3 de 26 de agosto, establecen que el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos aun cuando exista acusación formal; y, f) Finalizó solicitando se conceda la acción traslativa o de pronto despacho por vulneración al debido proceso en su vertiente de celeridad, y que se ordene a la Fiscal demandada a autorizar y elaborar los requerimientos solicitados mediante memorial de 8 de diciembre de 2022, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación.
Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia, en audiencia señaló lo siguiente: 1) Dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas y corrupción de menores, en el cual existe una víctima en situación de doble vulnerabilidad; la acusación formal, fue presentada el 28 de noviembre de 2022, siendo extemporáneo que el impetrante de tutela haya solicitado requerimientos fiscales después de presentada dicha acusación; 2) Bajo el argumento de control jurisdiccional, le hicieron llegar copias simples de memoriales; sin embargo, no se adjuntaron notificaciones oficiales que acreditaran que el asunto haya sido puesto formalmente en conocimiento del Tribunal competente; 3) El accionante en ningún momento hizo referencia expresa a una solicitud de cesación a la detención preventiva en sus memoriales, ni la finalidad de los oficios como medio para sustentar dicha cesación; 4) Durante la etapa preparatoria el impetrante de tutela tuvo la posibilidad de recabar elementos; empero, no consta que lo haya hecho en su momento; 5) Si bien la “SC 0505/2005” estableció la posibilidad de solicitar requerimientos fiscales para pedir la cesación a la detención preventiva; sin embargo, sostuvo que en la solicitud presentada no se estableció que los oficios fueran para tramitar la misma, sino que se mencionaron como actos investigativos; y, 6) Por lo antes mencionado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, argumentando que la petición del accionante no fue clara ni precisa y que no podía invertirse la condición de víctima ni revictimizarla.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 304/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 66 a 68, concedió la tutela solicitada disponiendo que se otorgue una respuesta a las peticiones de requerimientos solicitados por el accionante mediante memorial presentado el 8 de igual mes de 2022. Decisión que se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El accionante a través de la presente acción de defensa, reclama que la autoridad fiscal no atendió los requerimientos que presentó con la finalidad de tramitar la cesación a su detención preventiva, situación que está directamente vinculada con su derecho a la libertad; por lo que, se cumplieron los presupuestos para la interposición de la presente acción de libertad; ii) De las solicitudes de requerimiento de 27 de octubre y 4 de noviembre de 2022, se evidenció que el impetrante de tutela, señaló que los requerimientos tenían como finalidad desvirtuar riesgos procesales y sustentar una cesación de la detención preventiva; en ambas ocasiones, la Fiscal dispuso que debía estarse al estado actual del proceso; iii) El 7 de diciembre de igual año, presentó otro memorial ante la Fiscalía Especializada reiterando requerimientos para enervar riesgos procesales; asimismo, presentó memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, solicitando que se conmine al Ministerio Público, disponiéndose que la Fiscal demandada debía atender lo solicitado por el acusado; lo que provocó que la autoridad fiscal emita un decreto determinando que, para el primer punto, debía adjuntarse resolución judicial con homologación de medidas de protección, y respecto a los puntos dos al seis debía estarse a los antecedentes del proceso por existir requerimiento conclusivo; iv) La Fiscal conocía que los requerimientos solicitados estaban vinculados a una futura cesación de la detención preventiva; sin embargo, la misma a momento de responder dicha solicitud argumentó que ya existía acusación formal, sin tomar en cuenta que la SC 0505/2019-S3, entre otras, que establece que el Ministerio Público, aun habiendo presentado acusación, no queda impedido de emitir requerimientos fundamentados para la obtención de elementos destinados a una cesación de la detención preventiva; por lo que, el Ministerio Público tenía el deber de emitir requerimientos para permitir al imputado reunir los requisitos necesarios, pese a existir acusación formal; y, v) No obstante la autoridad demandad, argumentó que algunos requerimientos podían implicar revictimización, ésta no estaba impedida de emitirlos; asimismo, debió fundamentar adecuadamente su respuesta, ya sea para dar vialidad o no a dicho requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 243/2022 de 27 de mayo, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Miguel Salinas Mamani -accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el lapso de cuatro meses; asimismo, se señaló audiencia para la consideración de su situación jurídica, para el 27 de septiembre de 2022, a horas 10:00 (fs. 16 a 18 vta.).
II.2. El Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 365/2022 de 12 de agosto, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante (fs. 19 a 20 vta.).
II.3. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 619/2022 de 24 de agosto, confirmó el Auto Interlocutorio 365/2022, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del citado departamento (fs. 26 a 28).
II.4. Por Auto Interlocutorio 453/2022 de 28 de septiembre, El Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mantuvo la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en tanto no se desvirtúen los motivos y fundamentos que dieron lugar a la imposición de dicha medida, fallo contra el cual el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación (fs. 22 a 25).
II.5. Por memorial de 27 de octubre de 2022, el accionante con la finalidad de desvirtuar el riesgo procesal de peligro para la víctima, solicitó a la autoridad Fiscal demandada, requiera a la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público, para que mediante su Unidad de Protección a Víctimas y Testigos ordenen las medidas de protección a favor de la víctima, con la finalidad de otorgarle un resguardo a su integridad y seguridad y a la de su entorno familiar cercano (fs. 4 y vta.).
II.6. El accionante por memorial presentado el 28 de octubre de 2022, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, oficios con el fin de enervar riesgos procesales en su vertiente peligro para la víctima, y a través del Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, suscriban actas y garantías unilaterales de no acercamiento y contacto de su persona con los testigos del caso, quienes deberán señalar: a) si en algún momento fue amenazado, influido negativamente para que informe o se comporte de manera reticente, por parte de su persona; y, b) si tiene algún obstáculo o impedimento, de volver a declarar y testificar en la causa penal seguida en su contra; asimismo, solicitó por la Dirección de Protección a las Víctimas ordene las medidas de protección a favor de la víctima para otorgarle un resguardo a su integridad y seguridad y a la de su entorno familiar cercano; por decreto 31 de octubre de 2022 el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, dispuso que el accionante acuda al Ministerio Público (fs. 11 a 12 vta.).
II.7. Mediante memorial de 4 de noviembre de 2022, el accionante solicitó a la Fiscal demandada la emisión de requerimientos dirigidos al Director de la FELCC de El Alto, a fin de que autorice la elaboración de actas y garantías unilaterales de no acercamiento ni contacto por parte del imputado a favor de Gabriel Choque Mamani, Luis Enrique Blanco Callisaya, Néstor Hidalgo Chara y Justo Germán Leandro Quispe -testigos en el proceso penal-; solicitando además, que dichas garantías se hicieran extensivas a todos los familiares de las personas mencionadas (fs. 3 y vta.). II.8. Por memorial de 22 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela acudió nuevamente al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, para que en la vía de control jurisdiccional, conmine al Ministerio Público a que informe las razones de su negativa a no dar curso a sus solicitudes de requerimientos; instancia que aclaró no ser un juzgado de control de garantías y que debía acudir a la fiscal asignada para requerir lo solicitado (fs. 14 a 15 vta.). II.9. Cursa memorial de 8 de diciembre de 2022, donde el impetrante de tutela reitera a la Fiscal demandada, la solicitud de requerimientos, con la finalidad de enervar los riesgos procesales (5 y 6 vta.).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra, pese a existir conminatoria de parte del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, la Fiscal de Materia no dio lugar a las solicitudes de requerimiento fiscal, aun sabiendo que la documentación requerida era necesaria para tramitar la solicitud de cesación de la detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso ya contaba con acusación formal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, a partir del análisis vertido en la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, moduló la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos: «De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales. En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’. La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (…) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (…) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’. La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál es el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución…’.
Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral» [negrillas nos corresponden]
La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a la violencia contra la mujer, y considerando las normas internacionales e internas, en especial las medidas de protección a la mujer, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, a las que está obligado el Estado Boliviano, ha establecido que las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:
i) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y, en general, mujeres, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, (…) ».
ii) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, iii) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP [ahora 234.7 del CPP], se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.
Por su parte, de manera específica la SCP 0351/2025-S3 de 15 de mayo, en su Fundamento Jurídico III.3.3 ha realizado expresa vinculación a los componentes y elementos de la debida diligencia reforzada relacionada con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual a efectos de cumplir con los compromisos internacionales de lucha y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes. Entre esos componentes se encuentra la obligación de que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática de la víctima; aspecto adquiere especial relevancia en el caso de niñas, en virtud de la diligencia reforzada del Estado y de la situación agravada de vulnerabilidad en la que se encuentran. Así la citada Sentencia, refiriéndose a la aplicación de la debida diligencia reforzada y específicamente al componente de prohibición de revictimización expresó lo siguiente:
La aplicación de la debida diligencia reforzada en casos de violencia o violación sexual, se sustenta, en: i.a) Los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; prioridad absoluta; corresponsabilidad; ejercicio progresivo de sus derechos; especialidad; no discriminación, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y, de respeto a la opinión y a su derecho a ser oído; i.b) Los derechos a su desarrollo integral, a su integridad personal, que comprende la integridad física, psicológica y sexual y el respeto a su vida y dignidad; i.c) La protección especial y reforzada contra cualquier forma de violencia; i.d) La adopción de un enfoque interseccional que tenga en cuenta su condición de género, edad y la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir este sector poblacional, en razón a su minoridad de edad -perspectiva de género y niñez-; i.e) La aplicación de componentes diferenciados, asumiendo que no se encuentran en las mismas condiciones que un adulto, tomando en cuenta sus capacidades en evolución, su edad, el grado de madurez y el nivel de compresión, sin discriminación alguna; i.f) La sensibilidad por la experiencia sumamente traumática que conlleva un acto de violencia o violación sexual, que se agrava severamente en las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un trauma emocional diferenciado de los adultos; más cuando, se genera dentro del entorno familiar; i.g) La aplicación de un criterio reforzado de celeridad en las tramitaciones administrativas y judiciales; i.h) La atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en todos los niveles estatales tanto administrativos como judiciales; i.i) En dotar de efectividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de estos delitos de violencia o violación sexual, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos; i.j) En evitar la revictimización o reexperimentación en todas las esferas de la familia, la sociedad y el Estado, sobre la profunda experiencia traumática de la víctima por su situación agravada de vulnerabilidad; y, i.k) En evitar la violencia institucional. La debida diligencia reforzada, contiene los siguientes elementos: […] ii.15) Ninguna de las instancias estatales administrativas ni judiciales deben cometer actos revictimizantes; de lo contrario, se convertiría en un segundo agresor, generando violencia institucional, que implica en un trato, cruel, inhumano, degradante y de revictimización contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o violación sexual; lo cual, genera responsabilidad internacional. Consecuentemente, es evidente que en virtud de la jurisprudencia constitucional se ha establecido la posibilidad que en los casos de solicitudes de cesación de la detención preventiva, a efectos de desvirtuar los riesgos procesales, el Ministerio Público puede emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado para presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin embargo, tratándose de delitos de violencia en razón de género, esta posibilidad deberá ser analizada y aplicada a la luz de la debida diligencia. Por lo tanto, en los casos de violencia en razón de género, entre ellos, violencia sexual, trata y tráfico de personas, tanto las autoridades fiscales o judiciales a tiempo de dar curso a solicitudes de requerimientos orientados a desvirtuar los riesgos procesales de la parte imputada o acusada, no pueden dejar de lado, su deber de verificar si los requerimientos o peticiones impetradas pueden generar situaciones de revictimización a las víctimas, razón por la cual deberán valorar la pertinencia de la solicitud y, en su caso, a través de una decisión debidamente fundamentada rechazarla a efectos de evitar toda reexperimentación traumática a las víctimas.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra pese a existir conminatoria de parte del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, la Fiscal de Materia no dio lugar a las solicitudes de requerimiento fiscal, aun sabiendo que la documentación requerida era necesaria para tramitar la solicitud de cesación a su detención preventiva, bajo el argumento de que el proceso ya contaba con acusación formal. De la revisión de antecedentes se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de de trata de personas, corrupción de niña, niño o adolescente y pornografía, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 243/2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz por el lapso de cuatro meses, al evidenciarse la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro efectivo para la víctima; más adelante, dicha autoridad por Auto Interlocutorio 365/2022, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante ratificando la subsistencia de dicho riesgo procesal, decisión que fue confirmada por el Auto de Vista 619/2022, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El Juez a quo por Auto Interlocutorio 453/2022, decidió mantener la detención preventiva del accionante, en tanto no se desvirtúen los motivos y fundamentos que dieron lugar a la imposición de dicha medida; contra dicho fallo, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación;
asimismo, por memorial de 27 de octubre de 2022, el peticionante de tutela solicitó requerimiento ante la autoridad Fiscal demandada, pidiéndole medidas de protección a favor de la víctima, con la finalidad de otorgarle resguardo a su integridad, seguridad, y a la de su entorno familiar más cercano (Conclusión II.5); posteriormente, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, igual pretensión; además, pidió que dicho Tribunal autorice la suscripción de actas y garantías unilaterales de no acercamiento y contacto de su persona con los testigos, pedido que fue rechazado por el mencionado Tribunal, mismo que por decreto de 31 de octubre de 2022, refirió que acuda al Ministerio Público (Conclusión II.6). Por memorial de 4 de noviembre de 2022, el accionante solicitó a la Fiscal demandada la emisión de requerimientos dirigidos al Director de la FELCC de El Alto, con el objetivo de que dicha autoridad ordenara la elaboración de actas y garantías unilaterales de no acercamiento ni contacto por parte del ahora impetrante de tutela a favor de Gabriel Choque Mamani, Luis Enrique Blanco Callisaya, Néstor Hidalgo Chara y Justo Germán Leandro Quispe -testigos en el proceso penal-; y que además, dichas garantías se hicieran extensivas a los familiares de las personas mencionadas, reiterando se ordene las medidas de protección a favor de la víctima (Conclusión II.7); y de acuerdo a lo manifestado por el accionante a través de memorial de 8 de noviembre de 2022, solicitó a la Fiscal de Materia demandada que emita requerimiento fiscal dirigido a la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos para que se ordene medidas de protección a favor de la víctima y su entorno más cercano; empero, dicha autoridad por providencia de 10 de igual mes y año, dispuso que debía estarse al estado del proceso antes de determinar lo que correspondiera en derecho, sin dar curso a lo peticionado. Ante lo cual, el 22 del citado mes y año, presentó memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, solicitando se conminara a la autoridad demandada a dar curso a sus requerimientos y que fundamente bajo qué normativa los rechazó, lo que mereció providencia de 23 del mencionado mes y año; a través del cual, dicha instancia dispuso que acuda a la Fiscal de Materia para la emisión de los requerimientos solicitados (Conclusión II.7). Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, el impetrante de tutela reiteró su solicitud de requerimientos ante la autoridad fiscal, dirigiendo sus requerimientos a funcionarios policiales y nuevamente a la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos, lo que mereció providencia de 9 de igual mes y año; a través del cual, la Fiscal de Materia respondió que para el primer punto debía adjuntarse resolución judicial con homologación de medidas de protección, y que respecto a los demás puntos debía estarse a los antecedentes del proceso y aclarar la pertinencia, dado que ya se había presentado requerimiento conclusivo. En ese entendido, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, consolida el criterio jurisprudencial respecto a la facultad del Ministerio Público de emitir requerimientos orientados a la obtención de documentación necesaria para sustentar una solicitud de cesación a la detención preventiva, aun cuando el Fiscal de Materia haya presentado acusación formal y asuma la posición de parte contraria del imputado, no obstante este nuevo escenario, de acuerdo con la jurisprudencial constitucional, no le exime ni le impide al Ministerio Público emitir requerimientos debidamente fundamentados que permitan al acusado acceder a los documentos indispensables para promover la cesación de dicha medida extrema; toda vez que, se trata de un trámite accesorio al proceso principal, en el cual no se debate la culpabilidad del imputado, sino únicamente la subsistencia de las causales previstas en el art. 239 del CPP; además, en caso de declararse procedente la solicitud, la decisión no incide en el fondo del proceso, dado que las medidas cautelares poseen carácter excepcional, instrumental y necesario, orientadas exclusivamente a evitar riesgos de fuga u obstaculización, sin generar efectos definitivos; en tal sentido, bajo el principio de favorabilidad, el Ministerio Público tiene el deber de facilitar al imputado los medios idóneos para la interposición de este incidente, incluso con posterioridad a la presentación de la acusación formal. Ahora bien, este Tribunal advierte que el acto lesivo que se denuncia a través de la presente acción tutelar, recae en la falta de diligencia en la que incurrió la autoridad fiscal demandada ante las solicitudes de requerimientos fiscales a través de los cuales el accionante pretendía obtener documentación necesaria para la tramitación y sustentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva; motivo por el cual, al encontrarse su petición relacionada al régimen de las medidas cautelares, se evidencia una vinculación directa con su derecho a la libertad.
En dicho contexto, según los datos del expediente, se evidencia dilación en el presente caso, pues como ya se tiene señalado, desde el 27 de octubre de 2022, el accionante solicitó la emisión de requerimientos fiscales ante el Ministerio Público, con la intención de desvirtuar el riesgo procesal de peligro a la víctima, previsto en el art. 234.7 del CPP, para luego acudir ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, solicitando se conmine a la Fiscal de Materia demandada a dar curso a sus requerimientos o en su defecto que fundamentara bajo que normativa los rechazó; instancia que mediante providencia de 23 de noviembre del referido año, dispuso que el accionante acuda a la Fiscal de Materia para que emita el requerimiento solicitado; por lo que, el 8 de diciembre de igual año, reiteró su solicitud ante dicha autoridad, que mereció providencia de 9 del citado mes y año, a través del cual la Fiscal demandada respondió que para el primer punto debía adjuntarse resolución judicial de homologación de medidas de protección, y que respecto a los demás puntos debía estarse a los antecedentes del proceso y aclarar la pertinencia; toda vez que, ya se había presentado requerimiento conclusivo. En este sentido, es evidente que por un lado, el argumento de la Fiscal de Materia demandada, traducido en el proveído de 9 de diciembre de 2022, de haber negado la emisión de los requerimientos solicitados bajo el argumento de haberse presentado la acusación formal, mismo que se constituye en un acto dilatorio, contrario al entendimiento jurisprudencial en vigencia, que dejó en incertidumbre al accionante, pues como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 aun exista acusación formal, el Ministerio Público no se encuentra impedido de emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal; por lo que, en el caso presente, teniendo en cuenta, que uno de los argumentos de la negativa de la Fiscal de Materia para emitir los requerimientos solicitados fue precisamente la presentación de acusación formal contra el accionante, provocando dilación innecesaria; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. No obstante lo anterior, no puede dejarse de lado, y corresponde tomar en cuenta que el accionante tiene acusación formal por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas y pornografía, en la que existe una niña y/o adolescente víctima; razón por la cual, debe ser analizada a la luz de los estándares de protección nacional e internacional a las víctimas de violencia, que exigen una tutela reforzada para los casos en los que existen niñas, niños y adolescentes víctimas. Entre esos estándares se encuentra la obligación de las autoridades fiscales y judiciales de evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática sufrida por las víctimas por su situación agravada de vulnerabilidad, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Consecuentemente, si bien es evidente que el accionante con su solicitud de requerimientos fiscales, pretendía desvirtuar el riesgo procesal a la víctima, no es menos cierto que la Fiscal de Materia, al condicionar que el accionante aclare la pertinencia respecto de uno de los requerimientos solicitados, concretamente el referido a su pedido de ordenarse “medidas de protección a favor de la víctima y su entorno familiar”, no ha cometido un acto ilegal, pues tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas, conforme se ha advertido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; este cuidado, debe mantenerse también en los supuestos de solicitudes de requerimientos fiscales para desvirtuar los riesgos procesales que soliciten los imputados o acusados con la finalidad de evitar ante todo, procesos de revictimización o experimentación, conforme exigen los estándares; razón por la cual, el condicionamiento expresado por la Fiscal de Materia en cuanto a que el accionante aclare la pertinencia de la solicitud relacionada con la víctima, no puede ser considerado un acto dilatorio o ilegal, pues es la normativa nacional e internacional la que obliga tanto a fiscales como jueces a evitar procesos de revictimización a las víctimas. Consiguientemente, en el marco de una debida diligencia reforzada, tratándose de casos de violencia, entre ellos, violencia sexual, trata y tráfico de personas, tanto las autoridades fiscales o judiciales a tiempo de dar curso a solicitudes de requerimientos orientados a desvirtuar los riesgos procesales de la parte imputada o acusada, no pueden dejar de lado, su deber de verificar si los requerimientos o peticiones impetradas pueden generar situaciones de revictimización a las víctimas; razón por la cual, deberán valorar la pertinencia de la solicitud y, en su caso, a través de una decisión debidamente fundamentada rechazarla a efectos de evitar toda reexperimentación traumática; en mérito a lo cual, la Fiscal de Materia demandada no ha cometido ningún acto ilegal al solicitar al accionante mediante providencia de 9 de diciembre de 2022, que con carácter previo adjunte la resolución judicial de homologación de las medidas de protección, teniendo en cuenta que este condicionamiento obedecía a controlar si lo solicitado por el impetrante de tutela podía generar un proceso de revictimización, según los datos del proceso; por lo que, por este aspecto, debe denegarse la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 304/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 66 a 68, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la negativa de la autoridad fiscal de emitir los requerimientos fiscales solicitados, bajo el justificativo de haberse presentado acusación formal, conforme los términos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto al condicionamiento efectuado por la autoridad fiscal demandada, a la solicitud de requerimiento fiscal relacionado con la víctima, conforme lo fundamentado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estando la autoridad demandada facultada para analizar su pertinencia a efectos de dar curso o no a lo solicitado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Angulo Losada Vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 sobre Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Serie C N° 475, entendimiento del párrafo 108.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0554_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): bde4c1bc78bb9069d7177d9c49972833efbaafe523a9695653d59b56e4e72a9a
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