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SCP 0553/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46462-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La parte accionante consideró lesionado su derecho a la vida; sin embargo, en el contenido de la demanda tutelar señaló que Marcelo Torrelio Rodríguez, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, la conversión de acciones, autoridad que pidió al Fiscal de Materia ahora demandado informe si existe alguna objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021 de 8 de octubre; no obstante, notificada la autoridad fiscal el 4 de noviembre de 2021, hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad de carácter instructivo, no respondió. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, debiendo observar los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, en casos similares que sean de su conocimiento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:
  2. III.2. Acción de libertad en su modalidad instructiva
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0553/2023-S2 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46462-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 7/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Torrelio Rodríguez “en representación sin mandato del menor AA” contra Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2022, cursante a fs. 1; y, 9 a 10 vta., la parte accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la denuncia de violencia familiar o doméstica que interpuso contra Gina Alison Rosales Bascope, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012104171-2, a cargo de Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia, a pesar de los informes y evaluaciones psicológicas que concluyeron la existencia de daño psicológico por los hechos de violencia, la autoridad fiscal demandada “…de forma oscura emitió resolución de rechazo de esta causa penal” (sic). Es así que ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, solicitó la conversión de acciones, autoridad judicial que mediante decreto -no señaló de que fecha- pidió informe sobre la existencia o no de objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021 de 8 de octubre y remita copias simples de las diligencias del mismo, providencia con la cual, la Oficina Gestora de Procesos Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, notificó a la autoridad fiscal el 4 de noviembre de 2021, al número de celular del ahora demandado.

Desde la fecha indicada, pasaron cuarenta y nueve días hábiles, sin que el representante del Ministerio Público informe al citado Juez lo solicitado, circunstancia por la cual, presentó memorial pidiendo se conmine al Fiscal, actuación con la que considera que agotó la subsidiariedad, por lo que conforme al art. 75 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, refirió que puede recurrir a acciones de defensa, abstrayéndose del principio de subsidiariedad. Finalmente refirió que el Fiscal de Materia demandado, obstaculizó la conversión de acciones, negándole el acceso a la justicia oportuna, dejándolo en indefensión ante la violencia que sufre por parte de su exesposa y familiares, considerando que el ahora demandado es cómplice en el atentado contra su vida; asimismo, señaló que la presente acción de libertad es de carácter instructivo, y que “…desconozco la situación actual de la vida de mi hija y que hasta la fecha no se ha podido dar con su paradero…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la vida, citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Ordene al Fiscal de Materia demandado, cumplir inmediatamente lo requerido por el Juez de control jurisdiccional mediante decretos de 22 de octubre de 2021 y 13 de enero de 2022, remitiendo el informe solicitado; b) Conmine a la autoridad fiscal demandada, cumplir los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal; y, c) Se remita antecedentes al Ministerio Público para iniciar el proceso disciplinario correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 23, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo -de manera ininteligible- que: 1) El Ministerio Público, cometió el error de apreciación, ya que la alerta migratoria no se impuso como una medida cautelar, además, acudió ante el Juez de la causa para que levante esa medida, que obedece solo al ahora demandado; 2) Con el informe del Fiscal de Materia demandado, se advirtió que la investigación preliminar se inició en enero de 2021, por lo que existe un año de persecución y preparación preliminar, ya que no está imputado; 3) No se escuchó en el informe del Ministerio Público, cuál es el parámetro legal para esa medida restrictiva -alerta migratoria-; 4) La única medida en Bolivia que impide la libre locomoción, es el arraigo y no la alerta migratoria, siendo que esta última se ordenó hace más de un año en su contra; 5) No existe posibilidad de concurrir a otra autoridad, ya que el Juez cautelar no impuso esa medida, ni fue una medida cautelar, no obstante, el demandado no quiere levantar esa orden fiscal; 6) Es incongruente que exista una alerta migratoria, cuando de acuerdo al art. 239 y ss. del Código Adjetivo Penal se establece cómo debe aplicarse una medida cautelar; y en un año de investigación preliminar, no se tiene nada; 7) Con la medida de alerta migratoria, no dejan salir a “Leonardo Marcelo Riveros Aramayo”, afectando su derecho a la locomoción y mientras no existe un mandato legal “…se ha permitido que ese mandato dure un año desde enero del 2020 perdón 21…” (sic), actualmente en febrero de 2022; 8) Conforme al art. 125 de la CPE, se está vulnerando el derecho a la libertad de locomoción; y, 9) La intención de la acción de libertad es solo una acción de pronto despacho; peticionando por lo expuesto, se conceda la tutela y ordene a la autoridad fiscal levantar la alerta migratoria.

I.2.2. Informe del demandado

Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 8 de febrero de 2022, cursante a fs. 19 y vta., solicitó se deniegue la tutela con los siguientes argumentos: i) “…de acuerdo a los antecedentes del cuaderno de investigaciones MARCELO TORRELIO RODRÍGUEZ CONTRA GINA ALISON ROSALES BASCOPE por el delito de Violencia Familiar o Domestica Art. 272 bsi del C.P., cursa decreto de 4 de noviembre de 2021, para que se informe si existe OBJECIÓN AL RECHAZO…” (sic); ii) De la revisión del cuaderno de investigaciones se tiene que Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia, habría informado al Juez de la causa “…en fecha 21 de octubre QUE NO CURSA OBJECIÓN A LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO N° 206/21” (sic); y, iii) El 1 de febrero de 2022 se dio cumplimiento al oficio de 28 de enero de idéntico año, toda vez que se remitió copia de la notificación con la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021 a Marcelo Torrelio Rodríguez y Gina Alison Rosales Bascope.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 7/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 24 a 25, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: a) Existe una conminatoria a objeto que el Fiscal demandado, cumpla con la providencia de 22 de octubre de 2021, que exigió informe sobre la existencia o no de objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021, del ahora demandante de tutela; b) Se tiene documentación de la autoridad fiscal demandada consistente en el memorial de Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia dirigida al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, presentada en la Oficina Gestora de Procesos el 21 de octubre de 2021, que señaló “…de la revisión del cuaderno de investigaciones no cursa objeción a la resolución de Rechazo No. 206/21 presentada en fecha 08 de octubre de 2021” (sic), estableciéndose de ello que el informe solicitado por el ahora accionante, ya se evacuó el 21 de ese mes y año; c) El Fiscal demandado, elevó informe el 1 de febrero de 2022 dirigido al Fiscal Departamental de La Paz, adjuntando el referido memorial -de Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia-dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, haciendo conocer que ya existía respuesta a lo impetrado; y, d) Todos esos aspectos evidencian que el accionante no cuenta con respaldo probatorio, además de no concurrir los presupuestos legales para que se active la presente acción tutelar, ya que no se encuentra privado de libertad, ni con un riesgo inminente a su vida, resultando que no revisó el cuaderno de control jurisdiccional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta informe de Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia, presentando el 21 de octubre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público a instancia de Marcelo Torrelio Rodríguez -hoy accionante- contra Gina Alison Rosales Bascope, por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica que en atención al decreto de 14 de igual mes y año señaló: “…cabe informar que de la revisión del cuaderno de investigación no cursa objeción a Resolución de Rechazo No. 206/21 presentada en fecha 08 de octubre de 2021” (sic [fs. 18]). II.2. Cursa Formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), respecto a notificación procesal con CUD 201102012104171-2 dirigido a Wilfredo Nina Arispe, Fiscal de Materia de 4 de noviembre de 2021 a horas 9:06, con memorial de 21 de octubre de 2021 y decreto de 22 de igual mes y año (fs. 5 y vta.). II.3. Se tiene decreto de 13 de enero de 2022, que dispuso: “…En atención a la solicitud que antecede, por el fiscal de materia de bajo alternativa de emitir Oficio a Fiscalía Departamental de La Paz, cumpla con providencia de fecha 22 de octubre de 2021” (sic [fs. 7]). II.4. Por Informe de 28 de enero de 2022, Kevin Wilson Mendoza Pinto, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, dirigido al Juzgado de Sentencia Penal Segundo del mismo asiento judicial, que en su punto uno señaló: “…aclarar que el suscrito no es secretario del Juzgado 2° de instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer (…) En cuanto a la notificación para la conminatoria, se tiene dicha notificación realizada por lo que el suscrito cumple con sus funciones y se adjunta dicha notificación (…) informar q el abogado accionante realiza llamadas telefónicas al suscrito en fechas 26 de enero de 2022 y 27 de enero de 2022, y anteriormente ya había hablado con el donde hace amenazas y así también con agresiones utilizando palabras como ‘(…) quiero esa notificación’ intentando intimidarme, cuando ya le había indicado que en el cuaderno cursa la notificación. Es por la agresión en cuanto a las palabras que sufro ya no contesto a las llamadas por parte del accionante” (sic [fs. 6]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante consideró lesionado su derecho a la vida; sin embargo, en el contenido de la demanda tutelar señaló que Marcelo Torrelio Rodríguez, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, la conversión de acciones, autoridad que pidió al Fiscal de Materia ahora demandado informe si existe alguna objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021 de 8 de octubre; no obstante, notificada la autoridad fiscal el 4 de noviembre de 2021, hasta la fecha de la interposición de la acción de libertad de carácter instructivo, no respondió. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad

Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora, desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, dispone que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). De las normas constitucionales glosadas, se determina claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar, por ende que, para la procedencia de este tipo de acción tutelar, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intraprocesales de reclamo regulados a dicho efecto.

III.2. Acción de libertad en su modalidad instructiva

Al respecto la SCP 0709/2016-S2 de 8 de agosto, refiere que: “La SCP 0034/2014-S1 de 6 de noviembre, a tiempo de asumir los razonamientos expresados en la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en relación a la acción de libertad y el derecho a la vida, señaló: `…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva’. Conforme a ello, la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas mediante la justicia constitucional, a través del presente mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los antecedentes traídos en revisión, del contenido de la demanda tutelar en su modalidad instructiva, se tiene que la misma se hubiere formulado “…en representación sin mandato del menor de edad…” (sic), empero, en la problemática se denuncia la dilación respecto a un informe solicitado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz dentro de la denuncia penal formulada por Marcelo Torrelio Rodríguez contra Gina Alison Rosales Bascope, ya que el querellante peticionó conversión de acciones y en mérito a esa solicitud, requirió al Fiscal demandado, eleve informe si existía alguna objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021 de 8 de octubre, no obstante, a pesar que fue notificado por la Oficina Gestora de Procesos, el 4 de noviembre de 2021, hasta la fecha de la interposición de la demanda tutelar, no cumplió con lo requerido por el Juzgador. Previo a ingresar al análisis de la problemática, es necesario efectuar algunas aclaraciones respecto a la presente acción de libertad: 1) Se interpuso esta acción de defensa en su modalidad instructiva, en representación sin mandato del menor AA; 2) La relación de hechos de la demanda tutelar versa respecto a la denuncia formulada por Marcelo Torrelio Rodríguez contra Gina Alison Rosales Bascope, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; 3) No obstante, en el acta de audiencia de esta garantía constitucional, cursante de fs. 20 a 23, se señaló como accionante a Leonardo Marcelo Riveros Aramayo y demandada a Mirtha Mejía Salazar, Fiscal adscrita a la División de Persecución de Delitos de Corrupción; habiendo el abogado del prenombrado accionante fundamentado su problemática sobre la “alerta migratoria”, emitida por la Fiscal demandada, además, de la falta de respuesta del Fiscal demandado, solicitando se levante la alerta migratoria; y, 4) La Resolución 7/2022 pronunciado por la Jueza de garantías -Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz- definió la problemática de esta acción tutelar respecto al informe solicitado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz al Fiscal demandado referente a la existencia o no de alguna objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021, habiendo resuelto denegar la tutela impetrada por Marcelo Torrelio Rodríguez, sin pronunciarse sobre la representación sin mandato del menor AA, quién sería el accionante. Con esas aclaraciones, se ingresa al análisis del caso traído en revisión. En relación a la acción de libertad en su modalidad instructiva, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida; en el caso de examen se tiene: i) La acción tutelar de carácter instructivo fue interpuesta en representación sin mandato del menor AA, de quién no se fundamentó absolutamente nada, menos en la audiencia, por lo que no se advierte ninguna amenaza que ponga en riesgo su vida; ii) Si la problemática tratara de la falta de respuesta por parte del Fiscal demandado, respecto al informe solicitado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz a la autoridad fiscal demandada dentro del caso penal por violencia familiar o doméstica seguido por Marcelo Torrelio Rodríguez contra Gina Alison Rosales Bascope, donde el querellante en mérito a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021, solicitó la conversión de acciones, motivo por el cual se pidió el informe al Fiscal sobre la existencia o no de objeción a ese rechazo de la denuncia; conforme a lo desarrollado en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, en su oportunidad Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia, ya habría informado a la autoridad judicial sobre la inexistencia de objeción al rechazo de la denuncia; y, iii) En relación a Leonardo Marcelo Riveros Aramayo y Mirtha Mejía Salazar, Fiscal adscrita a la División de Persecución de Delitos de Corrupción (problemática expuesta en la audiencia de esta acción de libertad), no existe ningún antecedente en el expediente, menos fundamentación alguna respecto a las personas que fueron citadas en dicho actuado procesal. En ninguno de los casos descritos, esta Sala advirtió riesgo o amenaza a la vida, ya sea del menor representado sin mandato AA, Marcelo Torrelio Rodríguez o Leonardo Marcelo Riveros Aramayo, debiendo denegarse la tutela, sin ingresar el fondo. En relación a la acción de libertad de pronto despacho o traslativa, desarrollado en el acta de audiencia, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, ese mecanismo de defensa se activa por retardación o dilación indebida, ilegal o innecesaria, en desmedro del derecho a la libertad y de locomoción; en el caso en revisión: a) No se advierte ningún fundamento respecto al menor AA, a quien Marcelo Torrelio Rodríguez “representa sin mandato”; menos se evidencia en el caso penal, alguna forma de dilación con relación a su libertad o locomoción, tratándose de un menor, de quien no se tiene ningún antecedente en el expediente; b) En el caso de Marcelo Torrelio Rodríguez -denunciante en el proceso penal por violencia familiar o doméstica- su libertad no está en riesgo en ese proceso investigativo penal, encontrándose en libertad, además que el informe que aparentemente el Fiscal de Materia demandado no remitió al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, sobre la existencia o no de objeción a la Resolución de Rechazo de Denuncia 206/2021, ya fue remitido el 21 de octubre de 2021, por Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia (Conclusión II.1); no correspondiendo atender la acción de libertad de pronto despacho, al no estar vinculada a la libertad del demandante de tutela; y, c) En relación a lo expuesto por Leonardo Marcelo Riveros Aramayo contra Mirtha Mejía Salazar, Fiscal adscrita a la División de Persecución de Delitos de Corrupción, como se señaló en el párrafo anterior, no se tiene ningún antecedente de esas personas en el expediente, extrañándose que se los nombre en el acta de audiencia cursante de fs. 20 a 23, menos existe antecedentes de “alerta migratoria” dispuesta por la autoridad fiscal demandada, que afecten a la libertad del accionante -sea AA (menor representado) o Marcelo Torrelio Rodríguez- si el problema en análisis, trata sobre un informe no remitido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento. En ninguno de los casos descritos y aclarados de acuerdo a los antecedentes en revisión, esta Sala advirtió dilación en la tramitación que afecte el derecho a la libertad del o los accionantes; ya que el caso bajo examen, es indeterminado; por lo cual, en virtud a la aclaración efectuada precedentemente, corresponde denegar la tutela solicitada, sin haber ingresado al fondo del problema planteado, por la falta de vínculo directo con el derecho a la libertad y a la defensa, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En relación a la conversión de acción citada por el accionante en su demanda tutelar, como parte de la problemática traída en revisión, conforme al informe de Juana Elizabeth Zambrana Mercado, Fiscal de Materia (Conclusión II.1); no concierne a la jurisdicción constitucional su tratamiento en la acción de libertad interpuesta, siendo el medio idóneo la acción de amparo constitucional, después de agotados los recursos ordinarios, debiendo denegarse en este sentido lo solicitado por el accionante.

III.4. Otras consideraciones

Aún cuando la acción de libertad, es de tramitación especial porque no admite incidentes dilatorios ni plazos probatorios, por ser un medio para reparar o restablecer derechos lesionados vinculados a la vida, a la libertad, a la libertad de locomoción, persecución ilegal y procesamiento indebido, con las características de inmediación e informalismo de esta acción tutelar; sin embargo, la Jueza de garantías debió observar los mínimos requisitos de procedencia, legitimación activa, aún sea admitida la acción de libertad bajo el principio de informalismo, debiendo ser aclarada y fundamentada en la audiencia. En el caso que nos ocupa, la Jueza de garantías inobservó estas prerrogativas, objeto de la aclaración efectuada, motivo por el que se llama la atención a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, debiendo observar los Fundamentos Jurídicos desarrollados precedentemente. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2022 de 17 de febrero, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al fondo, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, debiendo observar los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional, en casos similares que sean de su conocimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0553_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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