Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por parte de los Jueces demandados; toda vez que, hasta la interposición de la presente acción de libertad, no resolvieron el recurso de reposición que formuló el 3 de febrero de 2022, contra el decreto de 28 de enero del mismo año, por el que se le rechazó ejercer control jurisdiccional sobre la negativa del Ministerio Público de extenderle requerimientos tendientes a obtener pruebas para poder solicitar cesación a su detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0551/2023-S2 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46395-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Adrián Espinoza Limachi contra Iván Elmer Perales Fonseca y José Luis Quiroga Flores, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 13 a 14 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, se encuentra detenido preventivamente por los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es así que, a efectos de contar con elementos de prueba para desvirtuar el peligro de obstaculización contemplado en el art. 235.2 del citado Código, al amparo de la SCP 0562/2020-S4 de 16 de octubre, presentó memoriales ante el Fiscal de Materia asignado al caso, que fueron respondidos “ESTESE A LOS DATOS DEL PROCESO” (sic), pese a que la causa no cuenta con sentencia ejecutoriada; ante esa negativa, el 28 de enero de 2022, acudió al Tribunal de Sentencia mencionando, solicitando control jurisdiccional sobre la actuación del Ministerio Público; sin embargo, los Jueces ahora demandados, por decreto de la misma fecha, refirieron que el medio idóneo para objetar la negativa del Fiscal estaba regulado por el art. 306 del CPP en concordancia con los arts. 34.3 y 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); por ello, mediante memorial de 3 de febrero del mismo año, interpuso recurso de reposición; no obstante, a la fecha de interposición de la acción de libertad, ninguna de las dos autoridades judiciales demandadas resolvieron la reposición planteada, dejándolo en incertidumbre en cuanto a si podrá contar con control jurisdiccional sobre la negativa del Ministerio Público de otorgar requerimientos para la obtención de pruebas y poder solicitar cesación a su detención preventiva o sí deberá activar otro mecanismo.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto a los arts. 115.II, y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar a las autoridades demandadas resuelvan el recurso de reposición planteado contra el decreto de 28 de enero de 2022 y que la notificación sea en el día y se les llame la atención ante la dilación mal intencionada.
Celebrada la audiencia pública el 9 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos expuestos en su demanda tutelar y ampliando la misma señaló que formuló acción de libertad por pronto despacho, por la omisión de las autoridades demandadas de no dar respuesta a un recurso de reposición desde el 3 de febrero de 2022, vulnerando los derechos al debido proceso de un privado de libertad al negar el control jurisdiccional en su causa.
Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en audiencia refirió que el recurso de reposición debe ser resuelto de acuerdo a los arts. 401 y 402 del CPP; en tal razón el mismo fue resuelto en plazo; por lo que, los Jueces demandados carecen de legitimación pasiva, puesto que el auto extrañado ya estaba anexado al expediente; sin embargo el abogado del accionante, afirmó que el 4 de febrero de 2022, el mismo no existía, lo que evidencia que ni siquiera revisó el cuaderno procesal; más aún cuando después del Auto de reposición no existe petición alguna que requiera la emisión extrañada; por lo que, no se puede activar una acción de libertad por la sola versión de una persona. José Luis Quiroga Flores, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, señaló que, en grado de impugnación a través de recurso de reposición, ratificó la decisión asumida por el Juez del mismo Tribunal; en tal razón, no se ha restringido el derecho a la libertad del accionante, pues desde el inicio del juicio oral, su Tribunal ha sometido a comprobación los hechos a efectuar y la valoración de la culpabilidad acusada; por lo que, la problemática expuesta no se encuadra dentro de la acción de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 26, denegó la tutela impetrada, expresando los siguientes fundamentos: a) De la revisión del cuaderno procesal remitido por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento, se establece que mediante Auto de 4 de febrero de 2022, las autoridades demandadas resolvieron el recurso de reposición contra el decreto de 28 de enero del mismo año, ratificando la decisión asumida en dicho acto; de lo que desprende que se resolvió el recurso deducido por el accionante dentro de los plazos y términos previstos por ley; b) Debe tenerse en cuenta que la acción de libertad se rige por el principio de certeza, lo que implica que la parte impetrante de tutela debe demostrar de manera objetiva y fehaciente el acto ilegal que vulneraria el derecho a la libertad; extremo que no fue acreditado, al haberse comprobado que los Jueces demandados sí resolvieron el recurso de reposición aludido; y, c) En tal razón la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no se ajusta a los alcances del art. 125 de la CPE.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iván Adrián Espinoza Limachi -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación, el prenombrado presentó memorial el 28 de enero de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, pidiendo se ordene al Fiscal de Materia cumpla con el lineamiento constitucional de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0134/2018-S4 de 16 de abril y 0528/2019-S3 de 2 de septiembre y le otorgue los requerimientos que solicitó para la obtención de prueba y poder acceder a una audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 7 a 10). II.2. Por decreto de 28 de enero de 2022, Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, hoy demandado, señaló que, al existir una negativa del Ministerio Público, el medio idóneo de reclamo se encuentra regulado por el art. 306 del CPP, en concordancia con los arts. 34.3 y 20 de la LOMP y no el control jurisdiccional (fs. 11). II.3. Cursa memorial presentado el 3 de febrero de 2022; por el que, el accionante interpuso recurso de reposición contra el decreto de 28 de enero de igual año, solicitando se deje sin efecto y dé lugar al control jurisdiccional (fs. 12 y vta.). II.4. Mediante Auto de 4 de febrero de 2022, José Luis Quiroga Flores, Juez del Tribunal mencionado, ahora demandado, en relación al recurso de reposición formulado por el impetrante de tutela, ratificó la determinación asumida mediante decreto de 28 de enero de igual año (fs. 21).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por parte de los Jueces demandados; toda vez que, hasta la interposición de la presente acción de libertad, no resolvieron el recurso de reposición que formuló el 3 de febrero de 2022, contra el decreto de 28 de enero del mismo año, por el que se le rechazó ejercer control jurisdiccional sobre la negativa del Ministerio Público de extenderle requerimientos tendientes a obtener pruebas para poder solicitar cesación a su detención preventiva. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el tema, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (el subrayado nos corresponden).
El accionante denunció que los Jueces ahora demandados lesionaron sus derechos a la libertad y al debido proceso; habida cuenta que, hasta la presentación de esta acción de defensa, no resolvieron el recurso de reposición que planteó el 3 de febrero de 2022, contra el decreto de 28 de enero de ese año, por el que se le rechazó ejercer control jurisdiccional ante la negativa del Ministerio Público de extenderle requerimientos para obtener pruebas para poder solicitar cesación a su detención preventiva. Bajo ese contexto, conforme los antecedentes que dan a conocer la problemática en examen, se tiene que el accionante mediante memorial presentado el 28 de enero de 2022, ante las autoridades demandadas, solicitó se ordene al Fiscal de Materia, que en virtud de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0134/2018-S4 de 16 de abril y 0528/2019-S3 de 2 de septiembre, le extienda los requerimientos que pidió para la obtención de prueba y poder acceder a una audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1); ante ello, el demandado, Iván Elmer Perales Fonseca, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, emitió decreto de la misma fecha, refiriendo que el medio idóneo de reclamo ante la negativa del Ministerio Público, se regulaba por el art. 306 del CPP, en concordancia con los arts. 34.3 y 20 de la LOMP y no por el control jurisdiccional (Conclusión II.2), determinación que fue impugnada vía recurso de reposición planteado por el impetrante de tutela a través de memorial de 3 de febrero de ese año (Conclusión II.3); a su vez cursa, Auto de 4 de igual mes y año, pronunciado por José Luis Quiroga Flores, Juez del mismo Tribunal, también demandado, por el que ratificó el decreto recurrido en reposición (Conclusión II.4). Ahora, siendo que en la demanda de acción de libertad se acusa que las autoridades demandadas no resolvieron el recurso de reposición que planteó el accionante el 3 de febrero de 2022; debe puntualizarse que, si bien según lo descrito en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional, consta Auto de 4 de febrero de 2022, dictado por los Jueces demandados respecto al recurso de reposición citado, la presunta omisión que derivaría en la lesión de derechos, no fue desvirtuada por las autoridades demandadas; toda vez que, no acreditaron que el nombrado Auto, haya sido legalmente notificado a las partes procesales en el proceso penal del cual emerge esta acción de defensa, entre ellos al hoy accionante, de forma anterior a la formulación de esta acción tutelar o previamente a su citación con el Auto de admisión; consiguientemente, no se puede llegar a la convicción que la emisión del Auto que resolvió el recurso de reposición al decreto de 28 de enero de 2022, se hubiera efectuado previamente a la interposición de esta acción tutelar o que se materializó como consecuencia de la formulación de la presente acción de libertad. En tal sentido, con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso relativo al principio de celeridad, acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el impetrante de tutela activó la vía constitucional idónea para reclamar la infracción de los derechos reclamados, dado que, como se estableció precedentemente los Jueces demandados no desvirtuaron los hechos acusados y que no hayan afectado los derechos del accionante, al no poder mejorar su situación jurídica mediante los mecanismos legales pertinentes, estando en incertidumbre ante la omisión alegada; en tal razón, corresponde conceder la tutela impetrada, ante el incumplimiento de lo establecido en el citado Fundamento Jurídico, pues va en contra del principio de celeridad que debe regir respecto de las solicitudes de las cuales dependa la libertad personal de un imputado, lo que deriva en la vulneración al derecho a la libertad y el desconocimiento de las reglas y garantías del debido proceso. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0551_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0bad246c82df341d5519d4a0ad17ba2b05af25b405e062c8398f9240bc6ef5d6
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