Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso toda vez que solicitaron a los Fiscales de Materia que fijen audiencia de ampliación de declaración informativa, la notificación a la Trabajadora Social, a la Dirección de la FELCC de Oruro y la extensión de fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación, a objeto de promover posteriormente la cesación a su detención preventiva. En respuesta, los demandados negaron los requerimientos formulados bajo el argumento que la etapa investigativa había concluido con la emisión de la acusación formal, pese a haberse dispuesto una audiencia que no se realizó por su inasistencia injustificada; por lo que solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que los prenombrados emitan los requerimientos exhortados en el plazo de veinticuatro horas y sea con la debida fundamentación y motivación.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinta de la Capital del Departamento de Oruro, y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0550/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52665-2023-106-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 022/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adán Montero Juchatuma y Fidel Mejía Baltazar contra Wilson Aruquipa Torrez y William Paredes Chire, Fiscales de Materia de Huanuni del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 22, los accionantes, manifestaron que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión de los delitos de hurto de minerales, allanamiento de domicilio y sus dependencias y asociación delictuosa, todos estos delitos vinculados a la sustracción de minerales; el 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que se determinó su detención preventiva; el 19 del mismo mes y año, presentaron memoriales solicitando al Fiscal de Materia asignado, señale día y hora de audiencia de ampliación de declaración informativa, además de la notificación a la trabajadora social, a la Dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de Oruro; y la remisión de fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigación; en respuesta a su requerimiento, el 22 de igual mes y año, el representante del Ministerio Publico negó lo solicitado, toda vez que el caso ya contaba con acusación formal.
Habiendo reiterado su petición el 25 de noviembre de 2022, mediante decreto de 26 del referido mes y año, se ordenó el señalamiento de día y hora de audiencia, para el viernes 2 de diciembre del citado año; la cual se suspendió por la inasistencia de los Fiscales, sin haber presentado ningún justificativo; el 6 de diciembre de 2022, formularon nuevo requerimiento con el mismo tenor; respuesta que se materializó el 9 del mes y año mencionados negándoles la extensión de fotocopias legalizadas, previamente debían acreditar la pertinencia de su solicitud, una vez cumplido dicho requisito se dio trámite a la entrega de copias simples del cuaderno de investigación; hechos que consideraron vulneratorios, puesto que en reiteradas oportunidades, manifestaron que la finalidad de las mismas es para solicitar posteriormente la cesación de su detención preventiva.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto el art. 231 de la Constitución Política de Estado (CPE).
Solicitaron se les conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que los Fiscales de Materia, emitan los requerimientos exhortados, en un plazo de veinticuatro horas de manera fundamentada motivada y conforme a derecho.
Celebrada la audiencia pública el 14 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 39 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestaron que: a) Se presentaron varios requerimientos que fueron denegados, con un argumento carente de fundamentación y motivación; b) Los Fiscales de Materia no justificaron el porqué de su inasistencia a la audiencia de ampliación de declaración informativa, máxime cuando la misma fue dispuesta por dichas autoridades; y, c) Acreditaron que los requerimientos formulados, no fueron requeridos para fines investigativos, sino para interponer una futura cesación de su detención preventiva; en tal sentido, el argumento esgrimido por las autoridades demandadas no resulta procedente.
Wilson Aruquipa Torrez y William Paredes Chire, Fiscales de Materia de Huanuni; no presentaron informe escrito y en audiencia señalaron que, no corresponde la interposición de la presente acción, en mérito a que los accionantes no solicitaron previamente el control jurisdiccional; por lo que, resulta inviable su acción tutelar, en mérito a que no concurren los elementos previstos en el art. 125 de la CPE.; añadiendo además, que los peticionantes de tutela debieron acudir a la acción de amparo constitucional, por considerar la vulneración al debido proceso; solicitando en consecuencia, se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Ejecución Penal Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinta de la Capital del Departamento de Oruro en suplencia legal, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 022/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación, los Fiscales de Materia demandados, emitan los requerimientos solicitados de manera fundamentada, motivada y conforme a derecho; bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad carece de formalidades, por lo que basta con acreditar la concurrencia de cualquiera de sus elementos, según lo dispuesto por el art. 125 de la CPE; 2) Se vulneró el debido proceso por la falta de fundamentación y motivación en los requerimientos emitidos por las autoridades demandadas; 3) En atención a la solicitud de señalamiento de audiencia de ampliación de declaración informativa, los Fiscales fijaron audiencia para el 2 de diciembre de 2022; empero, sin ninguna explicación ni fundamentación, mediante requerimiento de 9 del citado mes y año, vuelven a negar la misma, generando una dilación innecesaria en el presente caso; hecho que contraviene la línea jurisprudencial respecto a la aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuyo objeto es garantizar la restitución de los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad; y, 4) Inobservancia del principio de celeridad, cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 19 de noviembre de 2022, Adán Montero Juchatuma, solicitó, señalamiento de día y hora de audiencia de declaración informativa, además de que se notifique a la Trabajadora Social, Ruth Leslie Plaza Garvizu, para que extienda informe social, respecto a su domicilio y actividad económica (fs. 3 y vta.); dicha solicitud fue respondida por el Fiscal William Paredes Chire, mencionando que ya no se podrían generar elementos de investigación, porque esa etapa concluyó con la emisión de la acusación formal (fs. 4); ante esta negativa, el 25 de similar año, reiteró su petición que fue respaldada con la jurisprudencia contenida en la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril; además de reiterar que el objeto de su requerimiento fue para interponer con posterioridad la cesación de su detención preventiva (15 y vta.); el Fiscal de Materia prenombrado, respondió con el decreto de señalamiento de audiencia para el 2 de diciembre de 2022; misma que no se llevó a cabo por la inasistencia de las autoridades demandadas. II.2. Fidel Mejía Baltazar el 19 y 25 de noviembre de 2022, solicitó el señalamiento de audiencia y otros requerimientos; dichas solicitudes fueron atendidas por la autoridad jurisdiccional, la cual señaló audiencia de ampliación de consideración informativa para el 2 de diciembre del mismo año (fs. 14 y vta., y 17 a 18).
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso toda vez que solicitaron a los Fiscales de Materia que fijen audiencia de ampliación de declaración informativa, la notificación a la Trabajadora Social, a la Dirección de la FELCC de Oruro y la extensión de fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación, a objeto de promover posteriormente la cesación a su detención preventiva. En respuesta, los demandados negaron los requerimientos formulados bajo el argumento que la etapa investigativa había concluido con la emisión de la acusación formal, pese a haberse dispuesto una audiencia que no se realizó por su inasistencia injustificada; por lo que solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que los prenombrados emitan los requerimientos exhortados en el plazo de veinticuatro horas y sea con la debida fundamentación y motivación.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Entendimiento extraído de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril.
“La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: ‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.
Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’.
La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas pertenecen al texto original).
Corresponde a la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre.
Los accionantes, denunciaron la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad, toda vez que, los Fiscales de Materia asignados les negaron dar curso a sus solicitudes de señalamiento de día y hora de audiencia de ampliación de su declaración informativa, notificación a la dirección de la (FELCC) de la ciudad de Oruro; y la extensión de fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigación, a pesar de haber dejado claro que su petición era exclusiva para que en un futuro puedan tramitar la cesación de su detención preventiva; contradictoriamente los demandados fundaron su denegatoria en la previsión contenida en el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, que el caso ya contaba con acusación formal, razón por la cual ya no se encontrarían facultados, para generar actos investigativos (Conclusiones II.1 y 2). En observancia de la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1, respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se advierte que el derecho a la libertad física exige a las autoridades competentes resolver con celeridad toda solicitud vinculada a la situación jurídica de las personas en privadas de libertad; la omisión o demora en su atención constituye una restricción indebida al ejercicio de dicho derecho. Asimismo, conforme a los criterios establecidos en las Sentencias Constitucionales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.2, las resoluciones y requerimientos fiscales deben encontrarse debidamente motivados y fundamentados, toda vez que la ausencia de razonamiento jurídico convierte la decisión en arbitraria, vulnerando los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; en el mismo sentido, el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) dispone que las actuaciones fiscales deben regirse por los principios de legalidad, objetividad y celeridad, entre otros, ejerciendo sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En esa línea, y conforme al análisis efectuado por la Jueza de garantías, la acusación formal no constituye un argumento válido para que las autoridades fiscales omitan pronunciar los requerimientos solicitados, máxime cuando éstos se encuentran estrechamente vinculados con el derecho a la libertad personal; además, se evidencia que fueron las propias autoridades fiscales quienes generaron la indefensión de los accionantes, al incurrir en contradicciones en sus decisiones. Si bien la acusación formal pone fin a la etapa preparatoria y da inicio a la etapa de juicio; ello no les exime de cumplir con sus obligaciones constitucionales, entre ellas, el respeto al debido proceso y la celeridad procesal de los demandantes de tutela; afirmación que además se encuentra respaldada en la amplia línea jurisprudencial desglosada por este Tribunal, al establecer que toda resolución o requerimiento fiscal -incluso en etapa posterior a la acusación formal- debe ser debidamente motivado y fundamentado, más aún cuando éstas solicitudes se encuentran vinculadas a la libertad física y podrían modificar la situación jurídica del imputado. En consecuencia, se advierte que el acto lesivo denunciado mediante la presente acción tutelar radica en la falta de fundamentación y motivación de los requerimientos emitidos, así como en la dilación indebida en el señalamiento de la audiencia de declaración informativa, la cual fue solicitada por primera vez al día siguiente de haberse materializado la detención preventiva; por lo que, en mérito a lo expuesto en este fallo constitucional y conforme a los hechos esgrimidos, procede la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como un medio constitucional idóneo y efectivo. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 022/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinta de la Capital del Departamento de Oruro, y en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0550_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1372d5e6d4586cc7003daa00e67977019ff42348b8daf95d059391b0314935b5
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