Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso -en sus elementos presunción de inocencia, defensa, igualdad procesal, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba-, a la salud, a la vida, a la dignidad, a la imagen, a la seguridad jurídica y a un trato diferenciado; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público: 1) El Juez codemandado llevó a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, el 3 de agosto de 2022, donde, pese a que a través del Auto Interlocutorio 588/2022, primigeniamente declaró ilegal la aprehensión de la que fue objeto; mediante el Auto Interlocutorio 589/2022, después de valorar nuevos hechos, agravar los riesgos procesales y sosteniendo que las medidas cautelares pueden ser modificadas incluso de oficio, le impuso detención preventiva, la cual cumple en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, sin considerar su edad y que ya contaba con medidas cautelares personales; y, 2) El Vocal demandado, pese a que a través del Auto de Vista 904/2022, declaró procedente en parte la apelación incidental de medidas cautelares que planteó contra el Auto Interlocutorio 589/2022, mantuvo vigente la detención preventiva que se le impuso. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 204 a 210, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos y motivos desarrollados precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0545/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52714-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 204 a 210, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Rubén Javier Salinas contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 171 a 190, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, inicialmente fue imputado por la presunta comisión del delito de aborto forzado. A razón de ello, a través del Auto Interlocutorio 368/2021 de 21 de noviembre, se le impuso detención domiciliaria, arraigo, fianza, entre otras medidas cautelares personales, que cumplió a cabalidad; resolución judicial que quedó confirmada por Auto de Vista 229/2022 de 4 de abril. En el desarrollo de las investigaciones, la Fiscal de Materia del caso, también le sindicó la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, por lo que, ordenó su aprehensión y exposición ante los medios de comunicación, para posteriormente, expedir en su contra, requerimiento de ampliación de imputación formal por ese delito. Actuados que pasaron a conocimiento del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, quien en consecuencia, llevó a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, el 3 de agosto de 2022, en la que, pese a que a través de Auto Interlocutorio 588/2022, primigeniamente declaró ilegal la aprehensión de la que fue objeto; mediante Auto Interlocutorio 589/2022, después de valorar nuevos hechos, agravar los riesgos procesales y sosteniendo que las medidas cautelares pueden ser modificadas aún de oficio, le impuso detención preventiva, que a la fecha -se entiende a la presentación de la acción de defensa que se analiza-cumple en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, sin considerar su edad y que ya contaba con medidas cautelares personales. Última resolución judicial contra la que planteó apelación incidental, cuyos antecedentes fueron remitidos al Tribunal de alzada después de más un mes, sólo por influjo de haber interpuesto una acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Dicho medio de impugnación se resolvió por Auto de Vista 904/2022 de 23 de noviembre, emitido por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, quien declaró su procedencia en parte, empero mantuvo vigente la detención preventiva que se le impuso, pese a que fue advertido de la existencia de un procesamiento penal a) “…RAZONA A MEDIAS, CONFIRMANDO LA TEORIA DE NUESTROS defectuoso; incurriendo así -según alega-, en las siguientes irregularidades: AGRAVIOS, LIMITANDOSE A INGRESAR A VALORA LOS OTROS AGRAVIOS EN CUANTO A LA MUTILACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, LA GENESIS DE LA ILEGALIDAD DE LA MISMA QUE DESPRENDE DE UNA APREHENSIÓN ILEGAL QUE PESE A QUE FUE CONSTITUIDO COMO JUEZ CONSTITUCIONAL, NO VALORA, POR LO QUE LA DECISIÓN QUEDA A MEDIAS…” (sic); y, b) “…SI BIEN REVOCA EN PARTE LA DECISIÓN JUDICIAL DECIDE MANTENER Y DESCONOCER A MEDIAS LO QUE ANTES YA ESTABA DISPUESTO, TODA VEZ QUE PARA QUE SEA UNA MODIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, TIENEN QUE PRESENTARSE NUEVOS ELEMENTOS Y RIESGOS PROCESALES, (…), SIN EMBARGO EL MISMO RECONOCE QUE LA RESOLUCÓN 589/2022 ESTA ERRADA, SIN EMBARGO DECIDE MANTENER LA VULNERACION DE [SUS] DERECHOS…” (sic). Decisión judicial con la que se pone en riesgo su salud y, por ende, su vida; puesto que, padece de aflicciones por artrosis degenerativa en la rodilla típica a razón de la edad, presión arterial y próstata, que hacen que necesite ambientes higiénicos, un sanatorio a disposición y fisioterapia constante. Por lo que, como persona perteneciente a un sector vulnerable, estima estar ilegalmente detenido y sufriendo una condena anticipada. Por otro lado, el Juez ahora codemandado, tampoco remitió al Tribunal de alzada, la apelación incidental que planteó el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio 588/2022, conforme a los arts. 130, 403, 404 y 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP); pese a que, también se tiene una resolución constitucional que le obliga a proceder en consecuencia. Con lo que -según alega-, se lo coloca en un estado de indefensión al haberse incumplido plazos procesales. Omisión que se mantiene por más de cuatro meses y diez días, a pesar de los reclamos que hizo al respecto ante el Juez de garantías, que llega a ser el mismo Vocal ahora demandado; con lo que, ambas autoridades jurisdiccionales lesionan doblemente sus derechos.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso -en sus elementos presunción de inocencia, defensa, igualdad procesal, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba-, a la salud, a la vida, a la dignidad, a la imagen, a la seguridad jurídica y a un trato diferenciado; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) El restablecimiento del procesamiento penal defectuoso, hasta la emisión de la orden de aprehensión y mandamiento de detención preventiva; manteniendo vigentes las medidas cautelares personales impuestas, diferentes a la detención preventiva; y, 2) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, a fin que se inicien los procesos disciplinarios correspondientes, conforme al art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 199 a 203, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, reiteró íntegramente los términos de su demanda constitucional y ampliándola manifestó que: i) Se interpuso acción de libertad con el propósito de denunciar la irregular aprehensión que ejecutó el Ministerio Público contra una persona de setenta y un años de edad, ya privada de libertad. Actuado por el que ahora, se cumple una detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Lo que demuestra que se lesionaron los derechos a la presunción de inocencia, a la defensa y a la fundamentación de las resoluciones, que están legal y constitucionalmente reconocidos; ii) En audiencia de medidas cautelares, la aprehensión que ejecutó el Ministerio Público fue declarada ilegal por el Juez codemandado, a través del Auto Interlocutorio 588/2022, al constatar que se aprehendió a una persona que ya cumplía con medidas cautelares personales, lo que hace aplicable la teoría del fruto del árbol envenenado. Sin embargo, dicha autoridad judicial, posteriormente pasó a dilucidar de oficio una supuesta revocatoria de medidas cautelares, cuando la audiencia de 3 de agosto de 2022 no fue programada para ello. Error procesal que no corrigió, pese al pedido formal que se le hizo, lo que desembocó en la emisión del infundado e inmotivado Auto Interlocutorio 589/2022; iii) Los Autos Interlocutorios 588/2022 y 589/2022, este último con el que se impuso su detención preventiva, en su momento fueron apelados incidentalmente; empero, después de más de dos meses, los antecedentes correspondientes a cada medio de impugnación no se remitieron al Tribunal de alzada, hasta que se vio en la necesidad de interponer una acción de libertad traslativa o de pronto de despacho. Lo que da cuenta que, los demandados lesionaron los derechos a un justicia pronta y oportuna, y a la seguridad jurídica; iv) A través del Auto de Vista 904/2022, el Vocal demandado revocó en parte el Auto Interlocutorio 589/2022, señalando incluso que el Juez codemandado revalorizó los riesgos procesales. Aun así, no reparó los derechos lesionados y mantuvo vigente la detención preventiva impuesta, pese a lo resuelto a través del Auto Interlocutorio 368/2021 y Auto de Vista 229/2022. Con lo que, también lesionó el derecho a la presunción de inocencia; v) Ninguno de los demandados consideró, al momento de imponer y confirmar la detención preventiva, el estado de salud y la situación vulnerabilidad en la que se encuentra una persona de setenta y un años de edad. Lo que demuestra que no efectuaron una ponderación de derechos pese al trato diferenciado que se merecía, más aún cuando se está en tiempos de COVID-19; vi) El Vocal demandado, al complementar y enmendar el Auto de Vista 904/2022, recién desarrolló los fundamentos y motivos para mantener vigente la detención preventiva impuesta. Empero, haciendo solo mención al requerimiento de ampliación de imputación formal del Ministerio Público, convalidando así, la aprehensión ilegal que ejecutó la Fiscal de Materia del caso; vii) Se lesionaron los derechos a la imagen y a la dignidad al permitirse que una persona aprehendida, de profesión médico, sea presentada ante los medios de comunicación; viii) Si las medidas cautelares personales inicialmente impuestas fueron revocadas de oficio, el Juez codemandado no debió siquiera considerar el requerimiento de ampliación de la imputación formal del Ministerio Público. Sin embargo, al no haber procedido en ese sentido, es que lesionó el derecho a la libertad; ix) No podría señalarse que se cometió un acto consentido, ya que no se promovió ninguna acción que haga entrever aquello. Lo que demuestra que, una persona de la tercera edad está privada de libertad sólo por capricho de los demandados; x) El Vocal demandado convalidó de forma irregular los actos ejecutados por el Juez codemandado y el Ministerio Público; por lo que, corresponde se repare el estado de cosas, manteniendo vigente las medidas cautelares personales inicialmente impuestas, mismas que fueron cumplidas a xi) Siendo que los demandados no presentaron sus informes dentro de éste proceso cabalidad y en su debida oportunidad; y, constitucional, deben darse por acreditados los hechos denunciados y, en consecuencia, concederse la tutela solicitada.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, no presentaron sus respectivos informes escritos, ni concurrieron a la audiencia de tutela, pese a que fueron notificados para el efecto, según consta de las diligencias cursantes de fs. 191 a 192.
El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-, a través de la la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El impetrante Resolución 21/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 204 a 210, denegó de tutela no presentó un sólo elemento de prueba que demuestre que, por los hechos que denunció, sus derechos a la salud y a la vida se encuentran en riesgo de ser lesionados; b) No podría suponerse que el accionante se encuentra ilegalmente perseguido o privado de libertad, puesto que se expidió un requerimiento de ampliación de imputación formal en su contra, por el que se le impuso en audiencia detención preventiva, ejecutada por medio del respectivo mandamiento emitido por autoridad jurisdiccional competente; c) La jurisdicción constitucional se ve impedida de pronunciarse respecto a la aprehensión del impetrante de tutela, la cual habría sido declarada ilegal por el Juez codemandado a través de Auto Interlocutorio 588/2022, puesto que contra dicha resolución judicial se planteó apelación incidental que a la fecha -se entiende a la presentación de la acción de defensa que se analiza-, se encuentra pendiente de resolución. Por otro lado, en este proceso constitucional no se constató que el accionante se haya encontrado dentro del caso en estado de indefensión absoluta; pues en todo momento habría contado con defensa técnica. Por ello, no puede suponerse que existe un procesamiento d) Ninguno de los hechos denunciados por el impetrante de tutela se adecua a los supuestos de procedencia de la acción de libertad, ya sea en su modalidad correctiva o reparadora. penal defectuoso; y, Posteriormente, el accionante, por intermedio de su abogado, solicitó aclaración, complementación y enmienda, respecto a la resolución constitucional emitida a fin de que se explique si: 1) En la etapa preparatoria del proceso penal se investigan hechos o tipos penales, considerando que en el caso, el Ministerio Público expidió requerimiento de ampliación de imputación formal por un único hecho; 2) Lo concerniente a la falta de resolución de la aprehensión ilegal, declarada así a través del Auto Interlocutorio 589/2022, se debe o no al accionar del que ahora solicita tutela; 3) Amerita o no, alguna consideración el trato diferenciado que merece una persona de la tercera edad, independientemente de la prueba que pueda presentarse para demostrar tal situación; y, 4) Los hechos denunciados se adecuan o no, a los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad reparadora.
A lo que el Juez de garantías señaló que: i) En la etapa preparatoria del proceso penal se investigan hechos y no tipos penales, los cuales, en el caso, se ampliaron. En ese orden, el Ministerio Público primero imputó al impetrante de tutela la presunta comisión del delito de aborto forzado y después, el de lesiones gravísimas; ii) Nuevamente se resalta que, la jurisdicción constitucional se ve impedida de pronunciarse sobre la aprehensión de la que fue objeto el accionante, al existir un apelación incidental que resolverá la controversia en torno a tal cuestión; iii) No se puede contrastar la supuesta lesión de los derechos a la salud y vida del impetrante de tutela, con la sola mención de los hechos que denuncia en instancia constitucional, ya que no presentó ningún elemento de prueba que demuestre tales aspectos; y, iv) Si en el caso de origen el accionante identificó otras irregularidades que le generaron perjuicios, puede incoar los mecanismos legales que vea pertinentes a fin de procurar su corrección.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela, inicialmente por la presunta comisión del delito de de noviembre, se le impuso detención domiciliaria, arraigo, fianza, entre otras medidas cautelares personales; al haberse acreditado aborto forzado, a través del Auto Interlocutorio 368/2021 de 21 lo preceptuado en los arts. 233 núms. 1 y 2; 234 núms. 6 y 7; y, 235.2 del CPP (fs. 2 a 8 vta.). Resolución judicial que quedó confirmada por Auto de Vista 229/2022 de 4 de abril (fs. 10 y vta.). II.2. El 3 de agosto de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-, llevó a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, donde:
a) A través del Auto Interlocutorio 588/2022, primigeniamente declaró ilegal la aprehensión de la que fue objeto el accionante. Resolución judicial contra la que el Ministerio Público planteó apelación incidental (fs. 75 a 102); y después, b) A través del Auto Interlocutorio 589/2022, revocó las medidas cautelares personales inicialmente impuestas al accionante y en su lugar le impuso detención preventiva por el plazo de seis meses, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al haberle ampliado el Ministerio Público la presunta comisión del delito lesiones gravísimas y acreditarse lo preceptuado por los arts. 233 núms. 1, 2 y 3; 234 núms. 1, 2, 6 y 7; y, 235.2 del CPP (fs. 61 a 66).
II.3. El Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, por Auto de Vista 904/2022 de 23 de noviembre, resolvió la apelación de medidas cautelares planteada por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 589/2022, declarándolo procedente en parte. Es así que confirmó en parte la resolución judicial impugnada y dejó sin efecto solo lo preceptuado por el art. 234 núms. 1 y 2 del CPP (fs. 129 a 135 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso -en sus elementos presunción de inocencia, defensa, igualdad procesal, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba-, a la salud, a la vida, a la dignidad, a la imagen, a la seguridad jurídica y a un trato diferenciado; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público: 1) El Juez codemandado llevó a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, el 3 de agosto de 2022, donde, pese a que a través del Auto Interlocutorio 588/2022, primigeniamente declaró ilegal la aprehensión de la que fue objeto; mediante el Auto Interlocutorio 589/2022, después de valorar nuevos hechos, agravar los riesgos procesales y sosteniendo que las medidas cautelares pueden ser modificadas incluso de oficio, le impuso detención preventiva, la cual cumple en el Recinto Penitenciario San Pedro de La Paz, sin considerar su edad y que ya contaba con medidas cautelares personales; y, 2) El Vocal demandado, pese a que a través del Auto de Vista 904/2022, declaró procedente en parte la apelación incidental de medidas cautelares que planteó contra el Auto Interlocutorio 589/2022, mantuvo vigente la detención preventiva que se le impuso. Incurriendo así, en las siguientes irregularidades: i) “…RAZONA A MEDIAS, CONFIRMANDO LA TEORIA DE NUESTROS AGRAVIOS, LIMITANDOSE A INGRESAR A VALORA LOS OTROS AGRAVIOS EN CUANTO A LA MUTILACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, LA GENESIS DE LA ILEGALIDAD DE LA MISMA QUE DESPRENDE DE UNA APREHENSIÓN ILEGAL QUE PESE A QUE FUE CONSTITUIDO COMO JUEZ CONSTITUCIONAL, NO VALORA, POR LO QUE LA DECISIÓN QUEDA A MEDIAS…” (sic); y, ii) “…SI BIEN REVOCA EN PARTE LA DECISIÓN JUDICIAL DECIDE MANTENER Y DESCONOCER A MEDIAS LO QUE ANTES YA ESTABA DISPUESTO, TODA VEZ QUE PARA QUE SEA UNA MODIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, TIENEN QUE PRESENTARSE NUEVOS ELEMENTOS Y RIESGOS PROCESALES, (…), SIN EMBARGO EL MISMO RECONOCE QUE LA RESOLUCÓN 589/2022 ESTA ERRADA, SIN EMBARGO DECIDE MANTENER LA VULNERACION DE [SUS] DERECHOS…” (sic). Decisión judicial con la que, se pondría en riesgo su salud y, por ende, su vida; debido a las aflicciones que padecería a razón de la edad. Por lo que, como persona perteneciente a un sector vulnerable, estima estar ilegalmente detenido y sufriendo una condena anticipada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, el art. 398 del CPP establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Siguiendo ese marco normativo, la SCP 0513/2024-S2 de 21 de agosto, precisó que: [Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”». Asimismo, la SCP 0317/2022-S3, de 22 de abril, citando a su vez la jurisprudencia desarrollada respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP en relación a la actuación de los Tribunales de alzada, señaló que: «Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: “…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’”.
De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad;
circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP»] (el resaltado es añadido).
Sobre este tema, la SCP 0209/2024-S2 de 31 de mayo, señaló que: «…la SCP 0017/2019-S2, desplegó los primeros criterios de protección de los derechos de la víctima en caso de violencia en razón de género, equiparando un equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado dentro de las acciones de defensa, repasando lo entendido en la SCP 0815/2010-R de 2 de agosto, al sostener que: “…el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ‘…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política’. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental. En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que, en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento”. Más adelante, el mismo fallo constitucional, a tiempo de considerar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, desplegó una interpretación conforme a los tratados internacionales de Derechos Humanos, precisando los siguientes estándares aplicables: la violencia contra la mujer; establecer medidas de protección de las actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar víctimas de violencia y agresión contra la mujer; mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género; y, el cumplimiento de una reparación integral y compensación justa del daño causado. “(…) En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”» (el resaltado es añadido).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra el impetrante de tutela, este, inicialmente fue imputado por la presunta comisión del delito de aborto forzado. A razón de ello, a través del Auto Interlocutorio 368/2021, se le impuso detención domiciliaria, arraigo, fianza, entre otras medidas cautelares personales, al haberse acreditado lo preceptuado en los arts. 233 núms. 1 y 2, 234 núms. 6 y 7, y 235.2 del CPP. Resolución judicial que quedó confirmada por Auto de Vista 229/2022 de 4 de abril (Conclusión II.1). En el desarrollo de las investigaciones, la Fiscal de Materia del caso expidió contra el accionante requerimiento de ampliación de imputación formal, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas. Razón por la que el Juez codemandado llevó a cabo una nueva audiencia de medidas cautelares, el 3 de agosto de 2022; donde emitió dos resoluciones judiciales: El Auto Interlocutorio 588/2022 de 3 de agosto, a través del que declaró ilegal la aprehensión fiscal del impetrante de tutela; determinación que fue apelada por el Ministerio Público. Y, el Auto Interlocutorio 589/2022 del mismo mes y año, a través del que revocó las medidas cautelares personales inicialmente impuestas al accionante; y en su lugar, le impuso detención preventiva por el plazo de seis meses, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al haberse acreditado lo preceptuado en los arts. 233 núms. 1, 2 y 3; 234 núms. 1, 2, 6 y 7; y, 235.2 del CPP. Decisión judicial ultima, contra la que, como afectado, planteó apelación de art. 251 de igual cuerpo normativo (Conclusión II.2). medidas cautelares en el marco del El recurso apelación planteado por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 589/2022, fue resuelto por el Vocal demandando mediante Auto de Vista 904/2022 de 23 de noviembre; declarando procedente en parte dicho medio de impugnación, pasando a confirmar en parte la resolución judicial recurrida. Consecuentemente, dejó sin efecto solo lo preceptuado por el art. 234 núms. 1 y 2 del CPP (Conclusión II.3). En ese contexto, la problemática identificada será analizada de forma disgregada, distinguiendo los actos que habría ejecutado cada uno de los demandados.
El solicitante de tutela denuncia que fueron lesionados sus derechos, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de aborto forzado, ampliado al de lesiones gravísimas. Puesto que el Juez codemandado, en una nueva audiencia de medidas cautelares de 3 de agosto de 2022, a través del Auto Interlocutorio 589/2022 revocó las medidas cautelares personales que inicialmente se le impuso mediante Auto Interlocutorio 368/2021, ratificado por Auto de Vista 229/2022; y, en su lugar, se le pasó a imponer detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Decisión que, dicha autoridad judicial habría adoptado -según alega- indebidamente, pese a que primigeniamente declaró ilegal su aprehensión a través del Auto Interlocutorio 588/2022 y con el sólo argumento de que las medidas cautelares personales pueden ser modificadas aún de oficio; sin hacer ninguna consideración respecto a su edad, ni de que ya contaba con otras medidas legales consolidadas restrictivas de su derecho a la libertad. De todo ello, se arriba al entendimiento que, si el accionante estimaba que con la emisión del Auto Interlocutorio 589/2022, el Juez codemandado incurrió en supuestas irregularidades que le generaron agravios, desembocando en la lesión de sus derechos; en tiempo y forma oportuna, al tratarse de un tema de medidas cautelares personales, debió interponer contra esa resolución judicial recurso de apelación incidental en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. Al ser ese un medio de impugnación idóneo y regulado por ley, orientado a que un Tribunal de alzada pueda evaluar y reparar -de corresponder- los aspectos que en instancia constitucional se vienen reclamando. Ahora bien -de acuerdo a los antecedentes-, siendo evidente que el impetrante de tutela sí interpuso aquel recurso ordinario, que llegó a ser resuelto a través del Auto de Vista 904/2022 (resolución judicial que en el presente proceso también es objeto de cuestionamiento), la jurisdicción constitucional se ve impedida de abrir su competencia y efectuar el respectivo control constitucional sobre las supuestas irregularidades en las que habría incurrido el Juez codemandado al emitir el Auto Interlocutorio 589/2022. En vista de que, este último actuado judicial ya fue sometido a examen por otra autoridad jurisdiccional con plena competencia para ello; y, principalmente, a razón del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, el cual que mereció un amplio desarrollo por la jurisprudencia constitucional.
En ese sentido, la revisión constitucional a llevarse a cabo en el presente caso se circunscribirá únicamente a lo resuelto a través del Auto de Vista 904/2022. Resolución judicial que se constituye en la decisión de cierre evacuada en vía incidental, con la que se tuvo posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las supuestas irregularidades incurridas por el Juez codemandado. Por ello, respecto a esta autoridad jurisdiccional, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.
El accionante también expresó que, el Vocal demandado lesionó sus derechos a través del Auto de Vista 904/2022. Puesto que, al resolver la apelación de medidas cautelares que planteó contra el Auto Interlocutorio 589/2022 y declarar su procedencia en parte; mantuvo vigente la detención preventiva que se le impuso, pese a que la existencia de un procesamiento penal defectuoso. Habiendo incurrido así, en las siguientes irregularidades: a) “…RAZONA A MEDIAS, CONFIRMANDO LA TEORIA DE NUESTROS advirtió AGRAVIOS, LIMITANDOSE A INGRESAR A VALORA LOS OTROS AGRAVIOS EN CUANTO A LA MUTILACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, LA GENESIS DE LA ILEGALIDAD DE LA MISMA QUE DESPRENDE DE UNA APREHENSIÓN ILEGAL QUE PESE A QUE FUE CONSTITUIDO COMO JUEZ CONSTITUCIONAL, NO VALORA, POR LO QUE LA DECISIÓN QUEDA A MEDIAS…” (sic); y, b) “…SI BIEN REVOCA EN PARTE LA DECISIÓN JUDICIAL DECIDE MANTENER Y DESCONOCER A MEDIAS LO QUE ANTES YA ESTABA DISPUESTO, TODA VEZ QUE PARA QUE SEA UNA MODIFICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, QUE PRESENTARSE NUEVOS ELEMENTOS Y RIESGOS TIENEN PROCESALES, (…), SIN EMBARGO EL MISMO RECONOCE QUE LA RESOLUCÓN 589/2022 ESTA ERRADA, SIN EMBARGO DECIDE MANTENER LA VULNERACION DE [SUS] DERECHOS…” (sic). Decisión judicial con la que -según alega-, se estaría poniendo en riesgo su salud y, por ende, su vida; debido a las aflicciones que padecería a razón de la edad.
En ese orden y siguiendo una sola lógica, los hechos identificados como denunciados que son objeto de este aparatado, serán evaluados de forma separada a fin de dotarle orden al presente fallo constitucional; tal como se sostuvo precedentemente.
1) Sobre el primer reclamo:
Se entiende que el impetrante de tutela denuncia que el Vocal demandado emitió el Auto de Vista 904/2022, sin supuestamente haberse referido a todos los temas que abordó en la apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 589/2022. Específicamente sobre lo concerniente a que la referida autoridad judicial no habría efectuado ninguna valoración sobre la aprehensión “ilegal” de la que hubiese sido objeto, como consecuencia de la ampliación del delito de lesiones gravísimas que dispuso el Ministerio Público en su contra. Al respecto, de la revisión íntegra del Auto de Vista 904/2022, se establece que no es evidente lo denunciado por el accionante. El Vocal demandando, en el apartado denominado “IV. FUNDAMENTOS DE HECHO, DERECHO Y JURISPRUDENCIA” (sic) [“punto 3.1”] de dicha resolución judicial, sí se pronunció sobre el extremo ahora reclamado. Es así que señaló lo siguiente: “…con relación a la Resolución No. 588/2022 que habría dispuesto la ilegalidad de la aprehensión esa resolución no puede ser sujeto de análisis de este Tribunal de Alzada, porque la misma ha sido apelada tiene que resolverse mediante una apelación incidental resuelta por el Tribunal de Alzada, conformada mínimamente por dos Vocales, situación que en este caso no ocurre, puesto que en este caso, este Tribunal de Alzada ha convocado a una audiencia de consideración de apelación de medida cautelar sobre la Resolución No. 589/2022 (…), en consecuencia la Resolución No. 588/2022 debe seguir su trámite correspondiente (…) vía apelación incidental” (sic). Razonamiento que llega a ser correcto, tomando en cuenta los antecedentes cursantes en obrados. De donde se tiene que el tema de la aprehensión del impetrante de tutela, ejecutada como consecuencia de habérsele ampliado la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, fue objeto de un incidente de actividad procesal defectuosa, dentro de la misma audiencia de medidas cautelares de 3 de agosto de 2022. Motivo por el que, a través del Auto Interlocutorio 588/2022, el Juez codemandado declaró su ilegalidad; resolución judicial que únicamente ha sido apelada incidentalmente por el Ministerio Público. De lo que se entiende, que al momento de ser emitido el Auto de Vista 904/2022, el recurso ordinario correspondiente al merituado incidente procesal estaba siendo tramitado de acuerdo a lo previsto por los arts. 404 y siguientes del CPP, de forma independiente o separada a la controversia suscitada posteriormente en torno al Auto Interlocutorio 589/2022, también dictado en la mencionada audiencia de medidas cautelares.
Queda establecido entonces, que el Vocal demandado materialmente se vio impedido de pronunciarse respecto a lo resuelto por el Auto Interlocutorio 588/2022; lo que explicó con claridad al emitir el Auto de Vista 904/2022, resaltando que se circunscribiría a la revisión del Auto Interlocutorio 589/2022, que sólo resolvió lo atinente a la aplicación de una medida cautelar personal -detención preventiva-. Por ello, este Tribunal llega a la conclusión, de que la autoridad judicial demandada no incurrió en ninguna irregularidad en cuanto al reclamo que se examina. Por ende, no lesionó ningún derecho del impetrante de tutela; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada en lo que respecta a este tópico. 2) Sobre el segundo reclamo: Se entiende que el solicitante de tutela denuncia, que el Vocal demandando, por Auto de Vista 904/2022, mantuvo vigente la detención preventiva que se le impuso a través del Auto Interlocutorio 589/2022. Sin tenerse nuevos elementos de prueba que demuestren la existencia de riesgos procesales, desconociendo las medidas cautelares personales que le fueron inicialmente impuestas y, pese a que declaró expresamente que la resolución judicial impugnada presentaba errores. Al respecto y conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde evaluar si el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 904/2022, cumplió o no con su función jurisdiccional de efectuar una revisión integral del Auto Interlocutorio 589/2022. Resolución judicial que fue apelada incidentalmente por el accionante, a través del cual, el Juez codemandado dispuso que debía cumplir detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Pedro de La Paz por el plazo de seis meses, al supuestamente haberse acreditado lo preceptuado en los arts. 233 núms. 1, 2 y 3; 234 núms. 1, 2, 6 y 7; y, 235.2 del CPP. En ese sentido, del examen exhaustivo del mencionado Auto de Vista 904/2022, se establece que el Vocal demandado señaló lo siguiente: i) Apartado “5.1.”: “…revisado minuciosamente el legajo de apelación y puede establecer que contra el imputado Mario Rubén Javier Salinas existe una imputación formal por el delito de Aborto Forzado por el que se le ha aplicado medidas cautelares y entre ellas la detención domiciliaria y toda vez que este proceso está en etapa investigativa, posteriormente el Ministerio Publico le ha ampliado la imputación formal por el delito de Lesiones Gravísimas, previsto en el art. 270 núm. 1 y 6 del CP motivo por el que esa ampliación, donde solicita el Ministerio Publico la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y entre ellas la detención preventiva se le ha puesto en conocimiento a la parte imputada en fecha 3 de agosto de 2022 a efectos de que asuma su correspondiente defensa, eso significa que, con la notificación de la ampliación de la imputación formal el imputado ha tenido conocimiento para poder ejercer su derecho constitucional a la defensa, tanto material como técnica” (sic). Lo que da cuenta que, el Vocal demandando explicó claramente al impetrante de tutela, que se modificaron las medidas cautelares que inicialmente se le impusieron, a solicitud del Ministerio Público y no de oficio; y que, en su contra fue ampliada la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas conforme a procedimiento, al ser ello potestad del titular de la persecución penal. Actuados de los que, habría tomado conocimiento en su momento, a fin que pueda ejercer su derecho a la defensa. ii) Apartado “5.2”: “…en el desarrollo de la investigación la ley faculta al Ministerio Publico poder ampliar la imputación formal por otros hechos que tengan los elementos de convicción y también le facultan solicitar que se modifique las medidas cautelares de carácter personal que será resuelto ante la autoridad jurisdiccional y en este caso al ahora imputado se le ha ampliado la imputación formal, aumentando el delito de Lesiones Gravísimas, porque la victima al presente está en estado de coma, emergente de los hechos del aborto forzado y por ese nuevo hecho ha solicitado la detención preventiva, situación que está dentro de las competencias que tiene el Ministerio Publico y lógicamente la autoridad jurisdiccional en audiencia ha resuelto esa petición…” (sic). De lo que se establece, que el Vocal demandado explicó las nuevas circunstancias fácticas por las que el accionante ha sido considerado por el Ministerio Público y por el Juez codemandado, presunto autor de la comisión del delito de lesiones gravísimas. Delito que se le amplió en el desarrollo de las investigaciones, ya que se habría evidenciado que la víctima, producto del aborto forzado de la que fue objeto, llegaría actualmente a manifestar secuelas irreversibles en su salud -“estado de coma”-. Lo que demuestra que, la autoridad demandada razonablemente sentó los respectivos criterios para dar por concurrente lo preceptuado por el art 233 núm. 1 del CPP. iii) Apartado “6.1.”: “…la Resolución Primigenia No. 368/2021 la autoridad A quo ha establecido que el imputado al tener una familia estable, un domicilio y una actividad ilícita no concurre el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 1 y 2 del CPP porque tendría un arraigo natural, social y económico, motivo por el que se ha dispuesto su detención domiciliaria sin salidas laborales que ha estado cumpliendo (…), pero la autoridad jurisdiccional ha señalado que no va trabajar porque se le ha impuesto una detención domiciliaria las 24 horas, entonces es ilógico que ahora la autoridad A quo indique que por su detención domiciliaria no tiene trabajo y se le imponga el riesgo procesal de falta de actividad lícita, ese es un criterio y fundamento totalmente errado porque el imputado ha demostrado tener una actividad lícita, de profesión médico, pero lógicamente no puede practicar la misma porque la autoridad A quo le ha indicado que no tiene derecho a salidas laborales, entonces esa aplicación de medida cautelar personal no puede ser usado en su contra para imponerle ese riesgo procesal, cuando en este proceso ya se ha demostrado que él tiene domicilio, familia y actividad lícita, no podemos retrotraer lo que ha indicado la resolución primigenia y mucho más aún que por Auto de Vista 229/2022 dicha resolución primigenia 368/2021 ha sido confirmada…” (sic). De lo desarrollado se tiene que, el Vocal demandado explicó las razones por las que corrigió el error de interpretación que se efectuó en el Auto Interlocutorio 589/2022. Resaltando las contradicciones en las que incurrió el Juez codemandado; quien, señaló que el accionante no tendría actividad lícita y que por ello concurrían los riesgos procesales preceptuados en el art. 234 núms. 1 y 2 del CPP. Cuando lo concerniente al aspecto laboral del impetrante de tutela quedó corroborado a través del Auto Interlocutorio 368/2021, ratificado por el Auto de Vista 229/2022. Lo que da cuenta que, el demandado correctamente dio por no concurrentes los referidos riesgos procesales; al tratarse de aspectos que en su oportunidad ya fueron sometidos a evaluación y probanza. iv) Apartado “8.1.”: “…este Tribunal de Alzada ha podido establecer que la autoridad A quo ha impuesto este riesgo procesal, porque el imputado va influenciar negativamente a los testigos Juan Carlos Terceros Pérez y Tania Mamani para que declaren a su favor, así también va influenciar negativamente en los familiares de la víctima, entorpeciendo la investigación con la promesa que realiza de financiar el tratamiento de la víctima; asimismo, existen cámaras de video que habrían realizado el congelamiento de imágenes donde se evidencia que el imputado estaría botando elementos que habrían servido para practicar los hechos de aborto a la víctima aún que los testigos Juan Carlos Terceros Pérez y Tania Mamani a la fecha no han presentado declaraciones, inclusive en esta audiencia virtual por el sistema Cisco Webex se ha demostrado el comportamiento del imputado y las imágenes del imputado, entonces este riesgo procesal está clara y coherentemente incorporado (…), este fundamento del riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 2 del CPP no es el mismo que se ha impuesto en la resolución primigenia por el delito de aborto forzado, porque en esa resolución primigenia, se ha indicado que el imputado va influenciar negativamente a Brayan Oropeza y también a la víctima, entonces no es cierto que sean los mismos fundamentos, lo que si es cierto, es que el ahora imputado está siendo procesado por los hechos de aborto forzado y lesiones gravísimas y que lógicamente por esos aspecto el Ministerio Publico ha solicitado la incorporación de los riesgos procesales…” (sic). En este punto, el Vocal demandando describió con precisión, haciendo mención a elementos de prueba (Testigos: “Juan Carlos Terceros Pérez” y “Tania Mamani”; Prueba material: “congelamiento de imágenes”; y, el comportamiento manifiesto en las audiencias), las razones por las que consideró que en el caso penal se presenta el riesgo procesal de obstaculización con relación al impetrante de tutela. Por otro lado, también resaltó que, si bien la concurrencia de tal extremo ya quedó acreditada inicialmente a través del Auto Interlocutorio 368/2021 y del Auto de Vista 229/2022; los motivos que ratificaron su vigencia mediante el Auto Interlocutorio 589/2022, son diferentes; empero, igualmente acreditables con prueba objetiva. Por lo que, queda claro que la autoridad demandada correctamente dio por concurrente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, desarrollando los argumentos que sustenta sus conclusiones en el marco de sus facultades. v) Apartado “7.1.”: “…tanto en la Resolución primigenia y la presente resolución, este peligro efectivo para la victima previsto en el art. 234 núm. 7 del CPP y en la resolución ahora apelada no se le ha impuesto porque ha habido un acercamiento, en el fondo se ha impuesto porque estamos hablando de hechos, donde la víctima es una mujer y que lógicamente estos hechos están inmersos en la Ley 348, lo que significa que cuando existen victimas mujeres se debe juzgar con perspectiva género, lo que significa que se le debe dar una protección reforzada a la mujer víctima de estos hechos y cuando juzgamos con perspectiva de género se debe tomar en cuanto los hechos por los que está siendo procesado, en este caso, como lo indica la autoridad A quo, en primera instancia por el hecho de aborto forzado y que ahora lastimosamente la victima está mal de salud, en estado de coma, entonces en estos casos, cuando hay juzgamiento con perspectiva de género este riesgo procesal inmediatamente se activa porque se toma en cuenta los hechos donde la victima mujer ha sufrido en este caso aborto forzado y también lesiones gravísimas, motivo por el que está en estado vegetativo y en estado de coma, la diferencia existente entre la víctima imputado…” (sic).
Al respeto, se establece que el Vocal demandando explicó con claridad, que los hechos en el caso penal variaron. Razón por la que, al accionante, al margen de atribuírsele la presunta comisión del delito de aborto forzado -incorporado por la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia)-, se le amplío la supuesta comisión del delito de lesiones gravísimas. Lo que da cuenta que, existirían nuevos hechos que merecieron una valoración desde un enfoque de perspectiva de género, en mérito a la situación de vulnerabilidad de la víctima; la cual, producto del aborto forzado del que hubiese sido objeto, presentaría recientemente secuelas en su salud aparentemente irreversibles. En ese sentido, este Tribunal arriba a la conclusión de que los fundamentos de la autoridad demandada encuentran sustento en los razonamientos jurisprudenciales sentados por la jurisdicción constitucional, vinculados a temáticas de perspectiva de género y vulnerabilidad. Así se tiene, por ejemplo, a lo señalado por la SCP 0708/2023-S4 de 8 de agosto, en cuyo Fundamento Jurídico III.5, expresó en torno a lo preceptuado por el art. 234 núm. 7 del CPP, lo siguiente: “a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 [numeral 7] del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante…” (sic). Por lo que queda establecido, que el Vocal demandado razonable y correctamente sentó los criterios con los que dio por concurrente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. vi) Apartado “9.1.”: “…en este caso, el imputado al pertenecer a la tercera edad, pertenece también a un sector vulnerable de la sociedad, pero la víctima, al ser mujer, también pertenece a un sector vulnerable de la sociedad, pero la mujer conforme al juzgamiento con perspectiva de género, merece una protección reforzada, lo que significa que tiene mayor prevalencia en sus derechos a los del imputado porque existe una diferenciación total entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, peor aún que la víctima se encuentra en estado vegetativo, en estado de coma, entonces en este caso tiene que prevalecer los derechos de la víctima, en este caso, la aplicación de las medidas cautelares conforme a la posible autoría y los riesgos procesales que la autoridad A quo ha identificado dan lugar a que el imputado este en detención preventiva por el tiempo que ha estipulado la autoridad A quo…” (sic).
De ese tópico, se evidencia que el Vocal demandado, en la parte final del Auto de Vista 904/2022, efectuó una ponderación de los derechos de la víctima y del imputado -ahora accionante-, quien por su edad también pertenece a un sector vulnerable de la sociedad -persona de la tercera edad-. Donde, correctamente resalta que los derechos de la parte afectada -víctima-merecen una protección reforzada, a razón de la vulnerabilidad en la que se encontraría como consecuencia del hecho investigado en el proceso penal. Razonamiento que, como se explicó precedentemente, encuentra sustento en los criterios sentados por la jurisprudencia constitucional; lo que da cuenta que, la autoridad demandada consideró la condición del impetrante de tutela. Extremos con los que también justificó el plazo de la detención preventiva impuesta al accionante. En ese sentido, se llega la conclusión de que, con fundamentos razonables, el demandado dio por acreditados los supuestos legales preceptuados en los arts. 233.3 y 234. 7 del CPP. vii) Finalmente, revisado el Auto Interlocutorio 589/2022, se tiene que el Juez codemandado, para imponer detención preventiva al impetrante de tutela, determinó, entre otras cosas, dar por concurrente el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP. Aspecto sobre el cual, el Vocal demandado no emitió ninguna consideración, pese a que era su obligación evaluar todos los extremos por los que se dispuso imponer al accionante la medida cautelar de última ratio; ya que, ese es el propositivo legal del recurso de apelación incidental que resolvió -art. 251 del CPP-. Lo que pone de manifiesto, que la resolución judicial ahora cuestionada presenta una irregularidad de carácter omisiva. De todo lo precedentemente expuesto, este Tribunal llega a la conclusión que el Vocal demandando, al emitir el Auto de Vista 904/2022, realizó una revisión integral del Auto Interlocutorio 589/2022. Sentando los fundamentos suficientes que justifican la imposición de la detención preventiva al impetrante de tutela; independientemente de la omisión en la que incurrió, al no pronunciarse sobre uno de los tópicos abordados por el Juez codemandado. Lo que debe sopesarse considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que, en el caso penal de origen existe una mujer -víctima- que se encuentra en un evidente estado de vulnerabilidad a razón de los hechos que son investigados. Que, por su condición merece una protección reforzada en sus derechos por todo el sistema de administración de justicia. En consecuencia, queda evidenciado que el Vocal demandado, al emitir la resolución sometida a control de constitucionalidad, no lesionó los derechos del accionante; quien, por otro lado, tampoco presentó un sólo elemento de prueba que demuestre que su salud y, por ende, su vida, se encuentran en riesgo de ser conculcados, producto del actuar reclamado. Por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
Por otro lado, de la demanda constitucional examinada, también se establece que, el impetrante de tutela denuncia que sus derechos a la dignidad, al debido proceso -en su elemento presunción de inocencia-, a la imagen, a la seguridad jurídica y a un trato diferenciado, fueron lesionados; en vista de que, dentro del proceso penal seguido en su contra, habría sido presentado ilegalmente en calidad de aprehendido ante diversos medios de comunicación. Con lo que -según entiende-, se le hubiese generado “muerte civil”. Al respecto, cabe referir que el accionante indicó de forma textual en el presente proceso, que aquel acto lesivo supuestamente lo habría ejecutado el Ministerio Público y no las dos autoridades judiciales que fueron demandadas con la acción de defensa que ahora se examina. Extremo que imposibilita a este Tribunal realizar el respectivo control constitucional sobre lo reclamado, específicamente, ante la presencia de una evidente falta de legitimación pasiva de los ahora demandados con el hecho denunciado. Por ello, no corresponde emitir ningún pronunciamiento sobre el particular. Finalmente, el solicitante de tutela manifestó que el Juez ahora codemandado, tampoco remitió al Tribunal de alzada la apelación incidental que planteó el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio 588/2022, conforme a los arts. 130, 403, 404 y 405 del CPP. Pese a que, existiría una resolución constitucional que le obligaría a proceder en consecuencia. Con lo que -según comprende-, se lo estaría colocando en un estado de indefensión, al estar siendo incumplidos plazos procesales. Omisión que se mantendría vigente por más de cuatro meses y diez días, a pesar de los reclamos que hubiese efectuado ante el Juez de garantías, que llegaría a ser el mismo Vocal ahora demandado. Por lo que estima que ambas autoridades jurisdiccionales lesionan doblemente sus derechos.
Sobre tal aspecto, cabe señalar que, si el accionante considera que viene siendo incumplida una resolución tutelar, emitida dentro de un proceso constitucional diferente al presente, que habría tenido como objeto de controversia la falta de remisión del Auto Interlocutorio 588/2022 al Tribunal de alzada, a efectos de su revisión. Debió incoar ante la instancia correspondiente, la acción legal permitente -queja- tendiente a que se repare tal situación y, no presentar una nueva demanda constitucional -como es la que viene siendo objeto del presente fallo constitucional- con aquel propósito, por no ser la vía idónea. Así lo razonó la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0107/2025-S3 de 18 de marzo, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, señaló lo siguiente: “…la jurisprudencia de este Tribunal, estableció de manera reiterada que, las acciones de defensa no son la vía o mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de acciones tutelares, así como tampoco a efectos de corregir supuestas irregularidades procesales que se hubieran presentado en las mismas, o a fin de asegurar o cuestionar lo decidido en una resuelta con anterioridad; supuestos en los que, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada” (lo resaltado es añadido). Motivos por los que, no corresponde emitir ningún pronunciamiento en cuanto a lo reclamado. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 204 a 210, pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos y motivos desarrollados precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 Sobre el particular, se tiene a la SC 0160/2005-R de 23 de febrero (entre otras), que señala: “No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la
lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el resaltado es agregado).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0545_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): baa7fcd0f87f63cf9f7939fa9b90fae83d87367893bdba3a9ab123f8ea01da61
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