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SCP 0544/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52514-2023-106-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; señalando que, la Jueza, Secretario y Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no atienden sus constantes solicitudes para considerar su cesación a la detención preventiva dándole evasivas indebidas. Los demandados, no remitieron informe escrito, tampoco se presentaron en audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21 de 1 de diciembre 2022, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. 2º DENEGAR la tutela con relación a Miguel Huaigua Saunero, Secretario y Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Oficial de Diligencias, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados
  2. III.2. Principio de celeridad, acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La necesidad de programar audiencia de cesación de la detención preventiva sin que medie nueva petición, cuando es suspendida
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2025-S2 Sucre, 4 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52514-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21 de 1 de diciembre 2022, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gonzalo Edmundo Benavides Flores y Luis Alberto Salces Velasco en representación sin mandato de Luis Antonio Suares Añez contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza; Miguel Huaigua Saunero, Secretario; y, Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Oficial de Diligencias, todos del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 12 a 15, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio público, desde el 12 de julio de 2021, se encuentra con detención preventiva impuesta por la “…jueza 1ro de instrucción penal del Plan 3000…” (sic), por un periodo de seis meses; es decir, hasta el 12 de diciembre de 2021, plazo superabundantemente vencido. Pese a sus constantes solicitudes de cesación de la detención preventiva al “…juez 14° de instrucción en lo penal de la Pampa de la Isla…” (sic), únicamente obtuvo respuestas evasivas de sus funcionarios, quienes indicaron que el expediente se encuentra con el Juez, y que la suspensión de las audiencias se debe a la falta de notificaciones; asimismo, el 11 de octubre de 2021, presentó un último memorial, ante la falta de respuesta decidió apersonarse al juzgado, en el que, el Secretario le comunicó que su audiencia no se llevaría a cabo porque se habría presentado acusación y el expediente sería remitido al juez de sentencia penal; sin embargo, tampoco se le informó si se realizó la referida remisión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que los demandados cumplan sus funciones y se señale audiencia de cesación a la detención preventiva dentro el plazo establecido por ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos su acción de defensa y ampliando los mismos, señaló que: a) Desde el 12 de julio de 2021, se encuentra con detención preventiva, por Auto Interlocutorio 160/2021 emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, que actuó en suplencia legal del “Juzgado 14°”; y, b) El 13 de julio, 11 de octubre y 10 de noviembre, todos de 2022, presentó diferentes solicitudes de cesación a la detención preventiva, sin obtener respuesta efectiva.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza; Miguel Huaigua Saunero, Secretario; y Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Oficial de Diligencias; todos del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no remitieron informe escrito, tampoco se presentaron en audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 18 a 20.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 21 de 1 de diciembre 2022, cursante de fs. 25 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que, en un máximo de veinticuatro horas la autoridad demandada resuelva todas las solicitudes realizadas, referentes a la cesación de la detención preventiva; con base en los siguientes fundamentos: 1) Dando aplicación al principio de presunción de veracidad debido la falta de informes y antecedentes, considera que el accionante se encuentra procesado por cometer presuntamente el delito de tentativa de robo, sobrepasando superabundantemente el período de seis meses impuesto por la autoridad jurisdiccional, que pese a mantener acusación no lo sustrae de un posible procesamiento indebido; y, 2) Se vulneró el principio de celeridad, tutelable por la acción de libertad de pronto despacho, debido a la ausencia de señalamiento de audiencia para considerar su cesación de la detención preventiva, pese a que -conforme lo afirma el accionante- se puso a disposición de la autoridad jurisdiccional todas las literales para vencer los riesgos procesales impuestos.

II. CONCLUSIONES

No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; señalando que, la Jueza, Secretario y Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no atienden sus constantes solicitudes para considerar su cesación a la detención preventiva dándole evasivas indebidas. Los demandados, no remitieron informe escrito, tampoco se presentaron en audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados

Al respecto, la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre señaló que: “De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público.

Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público”.

III.2. Principio de celeridad, acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual, exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.3. La necesidad de programar audiencia de cesación de la detención preventiva sin que medie nueva petición, cuando es suspendida

De acuerdo lo glosado por la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, se tiene: “En cuanto a la última actuación señalada como ilegal, la Jueza demandada de oficio y acorde al principio de celeridad, puede fijar fecha y hora de audiencia porque resulta lógico el razonamiento de que si el antecedente de la celebración de una audiencia es una solicitud, entonces ya no es preciso reiterarla de forma oral y/o escrita porque se sobrentiende que la autoridad que ejerce el control jurisdiccional a momento de suspender la audiencia expone los motivos para ello y tiene la obligación de programar inmediatamente la fecha y hora para la siguiente audiencia a efectos de volver a considerar la petición de cesación de la detención preventiva a la brevedad posible y en la misma audiencia notificar a las partes; sin embargo, en el presente caso la autoridad demandada de manera errada en su informe indicó que los abogados de la defensa no pidieron nueva fecha y hora de audiencia, pues con dicha afirmación se tiene pleno conocimiento de que efectivamente no se ha fijado una nueva fecha, por lo que la Jueza demandada con dicha omisión indudablemente ha prolongado el proceso de manera ilegal siendo que tiene por objeto, precisamente, examinar la situación jurídica de quien se encuentra privado de libertad”.

III.4. Análisis del caso concreto

De la revisión de obrados, se tiene que, todos los funcionarios judiciales demandados si bien fueron debidamente notificados con esta acción tutelar, no presentaron informe alguno, tampoco se remitió el expediente judicial con las piezas procesales necesarias, que hubiese permitido una adecuada y razonable compulsa de los antecedentes de la causa objeto de revisión; situación que de acuerdo lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, autoriza en ciertos casos la aplicación de la presunción de veracidad, dentro de un margen de razonabilidad vinculado a los hechos, siendo que los demandados no contrarrestaron lo denunciado por el accionante. El impetrante de tutela afirma que, debido al proceso penal instaurado en su contra, se encuentra con detención preventiva desde el 12 de julio de 2021, impuesta por el lapso de seis meses, es decir hasta el 12 de diciembre del mismo año, momento en el que, debió llevarse a cabo audiencia para definir su situación jurídica, la cual no pudo concretarse; circunstancias que lo llevaron a presentar distintas solicitudes a fin de obtener nuevamente señalamiento y se considere su solicitud, cuando la Jueza demandada debía fijarla inmediatamente sin necesidad de petición; sin embargo, conforme señala el accionante únicamente obtuvo evasivas del Secretario de juzgado, quien le informó la suspensión por una supuesta falta de notificación y se negó prestarle el expediente; además se limitó a señalar que debe dirigirse al juzgado de sentencia penal -sin especificarlo- debido a que el Ministerio Público presentó acusación en su contra, ante quien tampoco remitieron el expediente.

De esa manera, la omisión denunciada se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, debido a la vinculación directa con su libertad, puesto que pretende obtener solución efectiva a su solicitud de cesación a la detención preventiva. Conforme lo advertido, resulta que pese a las continuas diligencias realizadas por el accionante para obtener consideración a su solicitud no obtuvo la atención pretendida, omisión atribuible a los demandados; por un lado, la Jueza demandada, de acuerdo el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, advirtiendo la suspensión de la audiencia de cesación de la medida extrema debió señalar nuevo día y hora en el mismo acto de suspensión, y no limitarse a decretar su mera suspensión o peor aún dejar de lado y omitir su pronunciamiento. Bajo ese contexto, se denota que la Jueza demandada incurrió en la omisión denunciada, ocasionando con su actuar dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante, concerniente a la solicitud de señalamiento de audiencia, correspondiendo otorgar tutela respecto la referida Jueza. En cuanto al Secretario y Oficial de Diligencias demandados, conforme lo expuesto, respecto a la negativa de prestar el expediente al representante del accionante, éste cuenta con el derecho de tomar conocimiento de todos los actos procesales e informarse sobre los motivos que tienen las autoridades para considerar sus peticiones, aspectos verificables en el expediente judicial, donde dicha diligencia debe ser cumplida, sin que pueda justificarse; esa actitud pudo ser reclamada ante la Jueza de la causa, previo a interponer la presente acción de libertad, ya que la mencionada autoridad judicial tiene la facultad de poder ordenar, corregir y supervisar a su personal subalterno, por lo que corresponde denegar la tutela respecto a ambos funcionarios de apoyo jurisdiccional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21 de 1 de diciembre 2022, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional. 2º DENEGAR la tutela con relación a Miguel Huaigua Saunero, Secretario y Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Oficial de Diligencias, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0544_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

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