B.IA.LEGAL

SCP 0542/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52509-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso con relación al principio de celeridad, a la libertad y al acceso a la justicia; debido a que, a pesar de estar con detención domiciliaria y con una situación jurídica no definida, la Jueza accionada no remitió el expediente del proceso penal al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba en cumplimiento de la Circular 12/2022; ni tampoco puso dicha causa penal en conocimiento del juez de ejecución penal correspondiente, conforme el art. 238 del CPP, dejándolo en indefensión al no tener una autoridad jurisdiccional disponible a quien acudir. Ante ello, la Jueza accionada señaló que mediante proveído de 5 de diciembre de 2022, señaló audiencia para la resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela, quedando pendiente únicamente la notificación a ser efectivizada por el Secretario de su Juzgado a través de la oficina gestora, así también se dio cumplimiento a lo dispuesto por la instancia de apelación en apego a la Circular 12/2022. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 009/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 91 a 98, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2025-S2 Sucre, 4 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 52509-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 009/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 91 a 98, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luz Daniela Delgadillo Panozo en representación sin mandato de Omar Humberto Terrazas Morales contra Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Actualmente se encuentra con la medida cautelar de detención domiciliaria en el marco de un proceso penal seguido en su contra; en el cual, resolviendo un recurso de apelación incidental respecto a medidas cautelares -personales-, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba determinó que el caso debía remitirse ante la Jueza accionada, a fin de que se resuelva su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, el cuaderno de “investigación” -lo correcto es control jurisdiccional- recién fue remitido el 5 de diciembre de 2022, a menos de veinticuatro horas de que inicie la vacación judicial.

Conforme al punto séptimo de la Circular 12/2022 de 19 de octubre, emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, los juzgados en materia penal, entre otros, que hagan uso de la vacación judicial colectiva deben remitir las causas con detenidos preventivos, detenidos domiciliarios que no tengan autorización de salida al trabajo y apremiados, a los tribunales y juzgados de la materia de turno; siendo que, para el caso de su proceso penal, correspondía la remisión del cuaderno control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del referido departamento, hasta el “día lunes”, antes de las cuatro de la tarde; sin embargo, la remisión no fue realizada y provocó dilación en la resolución de su situación jurídica, haciendo procedente una acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Por otra parte, la Jueza accionada también omitió poner en conocimiento el proceso penal a un juzgado de ejecución penal en atención al art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dejándolo en indefensión total al no tener una autoridad jurisdiccional disponible a quien acudir.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alegó la lesión de sus derechos al del debido proceso con relación al principio de celeridad, a la libertad y al acceso a la justicia; sin citar ningún precepto constitucional al respecto.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el proceso penal se ponga a conocimiento del juez de ejecución penal -de turno- y que en el día se remita el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 90 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó in extenso su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito cursante a fs. 89, señalando que: a) El 5 de diciembre de 2022, recién fue devuelto el legajo de apelación de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; b) Dando cumplimiento a lo determinado por la instancia de alzada, en virtud a la Circular 12/2022, sobre la vacación judicial colectiva, se señaló audiencia a través de proveído de 5 de igual mes y año, quedando a cargo del Secretario de su Juzgado efectivizar la notificación a través de la oficina gestora, para fines legales consiguientes; y, c) Al ser ese el estado de la causa, corresponde se deniegue la tutela solicitada, dado que dio cumplimiento no solo a lo determinado por la instancia de apelación, sino también en apego estricto a la referida Circular.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público solicitó se conceda la tutela impetrada a fin de que se regularice el proceso y se resuelva la situación jurídica del accionante.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 009/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 91 a 98, concedió la tutela solicitada, ordenando que se remitan en el día los antecedentes del proceso penal al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mencionado departamento y al juzgado de ejecución penal de turno, con los fines determinados y bajo responsabilidad disciplinaria de los secretarios y autoridades judiciales que se nieguen a recepcionar el caso; todo esto con los siguientes motivos y fundamentos: 1) La Jueza accionada incumplió materialmente su deber de remitir los antecedentes del proceso penal, pues si bien este extremo fue dispuesto mediante proveído de 5 de diciembre de 2022, no se efectivizó en realidad; 2) No es posible determinar qué funcionario público de apoyo judicial se rehusó a recibir los antecedentes del proceso penal, tampoco se realizó ninguna otra gestión, como reclamar a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba tal situación, lo que importa la existencia de demora injustificada en el cumplimiento del deber legal que vulnera los derechos fundamentales del accionante de acceso a la justicia y a la libertad, al mantener indefinida su situación jurídica; 3) Existe una determinación de la instancia de alzada para que se emita una nueva resolución sobre la medida cautelar -personal-impuesta al impetrante de tutela; 4) Si bien la responsabilidad de la afectación de los derechos fundamentales recae sobre el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del referido departamento, teniendo este la legitimación pasiva, al no haber sido planteada la acción de defensa en contra de esta última persona, igualmente debe ser responsabilizada la Jueza accionada por no haber realizado alguna acción efectiva para supervisar la labor de su subalterno, a fin de evitar la dilación indebida; y, 5) Lo determinado el 12 de octubre de 2022, sobre las medidas cautelares -personales- impuestas al peticionante de tutela, fue puesto a conocimiento de la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del indicado departamento, no siendo evidente de que no exista control al respecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Milagros Ángela, Sandra Elvira y Fernando Luis, todos de apellidos Sillerico Salinas contra Omar Humberto Terrazas Morales -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, por Auto de 17 de noviembre de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segundo, se dispuso que el referido procesado asuma defensa en libertad, cumpliendo otras medidas cautelares personales, entre las que se encuentra la detención domiciliaria con custodio y derecho al trabajo, para lo cual se ordenó extender el mandamiento de detención domiciliaria; asimismo, se dejó sin efecto el anterior mandamiento de detención preventiva y se dispuso la extensión de mandamiento de libertad (fs. 69 a 75). II.2. Consta mandamiento de libertad de 17 de noviembre de 2022 (fs. 76); y, mandamiento de detención domiciliaria con custodio de igual fecha del ahora impetrante de tutela (fs. 77). II.3. Mediante Auto de Vista de 29 de noviembre de 2022, emitido por Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se resolvieron los recursos de apelación incidental formulados contra el Auto de 17 del mismo mes y año, anulándolo y disponiendo que el Juez a quo dicte una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas (fs. 79 a 81 vta.). II.4. Por nota de 5 de diciembre de 2022, la Secretaria de la referida Sala Penal Cuarta devolvió el legajo de apelación incidental al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constando cargo de recepción en la misma data a horas 15:45 (fs. 85 y vta.). II.5. A través de decreto de 5 de diciembre de 2022, Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada-, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de Vista de 29 de noviembre del citado año, señaló audiencia virtual para el 6 de diciembre del aludido año, a llevarse a cabo por su similar Cuarto en suplencia legal, por motivo de la vacación judicial (fs. 86). II.6. Cursa nota de 6 de diciembre de 2022, emitida por Cesar Ariel Rioja Bustamante, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, de remisión del expediente por vacación judicial, aclarando que el imputado se encuentra con detención domiciliaria y derecho al trabajo (fs. 87). II.7. Se tiene informe de 6 de diciembre de 2022, emitido por dicho Secretario, señalando que, en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, se rehusaron a recibir el proceso penal, argumentando que es la Jueza accionada quien debe emitir la nueva resolución y que de acuerdo a los puntos séptimo y octavo de la Circular 12/2022, relativa a las vacaciones judiciales, no está contemplada la remisión en casos de detención domiciliaria con derecho al trabajo; por lo que, no pudo dar cumplimiento al proveído de 5 de diciembre del indicado año (fs. 88).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso con relación al principio de celeridad, a la libertad y al acceso a la justicia; debido a que, a pesar de estar con detención domiciliaria y con una situación jurídica no definida, la Jueza accionada no remitió el expediente del proceso penal al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba en cumplimiento de la Circular 12/2022; ni tampoco puso dicha causa penal en conocimiento del juez de ejecución penal correspondiente, conforme el art. 238 del CPP, dejándolo en indefensión al no tener una autoridad jurisdiccional disponible a quien acudir. Ante ello, la Jueza accionada señaló que mediante proveído de 5 de diciembre de 2022, señaló audiencia para la resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela, quedando pendiente únicamente la notificación a ser efectivizada por el Secretario de su Juzgado a través de la oficina gestora, así también se dio cumplimiento a lo dispuesto por la instancia de apelación en apego a la Circular 12/2022. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…). De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…» (el énfasis es agregado).

III.2. Análisis del caso concreto

Identificado el objeto procesal, de la revisión de los antecedentes procesales aparejados al expediente, y de lo referido por los sujetos procesales, se tiene que por Auto de 17 de noviembre de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segundo, se dispuso que el accionante cumpla, entre otras, la medida cautelar personal de detención domiciliaria con derecho al trabajo (Conclusión II.1); lo cual fue cumplido a través de la emisión y cumplimiento de los respectivos mandamientos de libertad y de detención domiciliaria con custodio (Conclusión II.2). Resolviendo los recursos de apelación incidental en contra del mencionado Auto, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 29 de noviembre de 2022, anulándolo y disponiendo que en primera instancia se dicte una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.3); asimismo, consta que el legajo de apelación incidental fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba el 5 de diciembre del mismo año (Conclusión II.4). Dando cumplimiento al referido Auto de Vista, la Jueza accionada emitió el decreto de 5 de diciembre de 2022, por el cual señaló audiencia para el 6 de igual mes y año, disponiendo que la misma debe llevarse a cabo por su similar Cuarto en suplencia legal, por motivo de la vacación judicial (Conclusión II.5); en ese sentido, el Secretario del indicado Juzgado emitió la nota de 6 del referido mes y año, de remisión del expediente por vacación judicial, aclarando que el imputado se encuentra con detención domiciliaria y derecho al trabajo (Conclusión II.6). Sin embargo, el mencionado Secretario, emitió informe de la misma fecha, señalando que en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, se rehusaron a recibir el expediente con el argumento de que la Juez accionada es quien debe emitir la nueva resolución y que de acuerdo a los puntos séptimo y octavo de la Circular 12/2022 de 19 de octubre, relativa a las vacaciones judiciales, no está contemplada la remisión en casos de detención domiciliaria con derecho al trabajo; por lo que, no pudo dar cumplimiento al proveído de 5 de diciembre de 2022 (Conclusión II.7). En este contexto, se debe considerar que, conforme a lo razonado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa y de pronto despacho se activa, entre otras circunstancias, ante demora o dilaciones indebidas en la definición de la situación jurídica de una persona que se encuentre restringida en su derecho a la libertad, atribuibles a la autoridad judicial o los servidores de apoyo judicial. Ahora bien, de la relación de antecedentes realizada y en el marco del problema jurídico planteado, resulta necesario denotar que, el cuaderno de apelación incidental recién le fue devuelto a la Jueza accionada el 5 de diciembre de 2022, quien dando cumplimiento al Auto de Vista de 29 de noviembre del mismo año, señaló audiencia para el día siguiente con el objeto de definir la situación jurídica del accionante en el plazo de veinticuatro horas, además de prever que la audiencia debe llevarse a cabo por el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, en previsión de la vacación judicial. Bajo tal dinámica jurisdiccional-procesal, no se advierte una actuación u omisión indebida con efecto de dilación atribuible a la Jueza accionada, pues la misma dispuso la remisión correspondiente, no siendo evidente el reclamo formulado por el peticionante de tutela en la presente acción de defensa; sumado a ello, de la revisión de los antecedentes del proceso penal, se advierte que la realización de la referida audiencia de medidas cautelares personales no llegó a concretarse en su momento por causa ajena a la voluntad y responsabilidad de la Jueza accionada, dado que conforme al informe presentado por el funcionario de apoyo judicial -no rebatido por la parte impetrante de tutela- en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, se rehusaron a recibir el expediente con el pretexto de que la Circular 12/2022 no prevé la remisión de casos de detención domiciliaria con derecho al trabajo. Consecuentemente no es posible activar el reproche constitucional de esta acción tutelar bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho respecto a la Jueza accionada, al no constatarse que hubiese incurrido en la denunciada dilación en conexión con los derechos y principio invocados como lesionados por el accionante, correspondiendo en su efecto denegar la tutela impetrada. Asimismo, cabe aclarar que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de revisar la actividad desplegada por los servidores públicos del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, que según el informe del Secretario de su similar Segundo, se rehusaron a recibir el expediente en suplencia legal por vacación judicial (Conclusión II.7), impidiendo que se lleve a cabo la audiencia programada para el 6 de diciembre de 2022; esto debido a que no fueron citados con la presente acción de libertad y no tuvieron la oportunidad de ser oídos por el Juez de garantías, presentando su informe correspondiente y ejerciendo su derecho a la defensa.

Por otra parte, en cuanto a lo alegado por el impetrante de tutela sobre el presunto incumplimiento del art. 238 del CPP, dado que la autoridad judicial accionada no habría puesto a conocimiento de un juez de ejecución penal su causa penal, este es un aspecto que no corresponde ser reclamado a través de este mecanismo de defensa constitucional, dado que no tiene relación o vínculo directo con la resolución de la situación jurídica vinculado con su libertad, ni se constata una evidente circunstancia de indefensión absoluta, por lo que, de igual manera corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 009/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 91 a 98, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0542_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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