Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud del anticipo de prueba en Cámara Gesell, la audiencia de 14 de noviembre de 2022, programada para tal efecto fue suspendida en dos ocasiones, el 1 y 6 de diciembre de igual año, en razón a la inasistencia de la DIO, el retraso de la “defensoría” y a la falta de remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno por motivo de vacación judicial; no obstante, hasta la interposición de esta acción de defensa el 7 del citado mes y año, no se señaló nuevo día y hora de audiencia para el referido actuado procesal, siendo fundamental que este sea desarrollado al tener relación directa con los fundamentos de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; 3) De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante; 4) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 020/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -en suplencia legal de su similar Quinto-; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a William García Ríos, Juez y a Helen Nilda Antonio Lima, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, a que en futuras actuaciones obren con la debida celeridad y en cumplimiento de las funciones que les fueron conferidas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52443-2023-105-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 020/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado y Jhony Ramos Choque en representación sin mandato de Iván Jesús Quispe Pérez contra William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 7 a 11 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); el 19 de octubre de 2022, se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la que el Juez ahora accionado con base en la declaración de la víctima y en aplicación del principio de veracidad, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, la referida autoridad judicial dejó en claro que era necesaria la realización de la prueba de Cámara Gesell con respecto a la probabilidad de autoría. El 21 de octubre de 2022, solicitó anticipo de prueba en Cámara Gesell, programándose la misma para el 14 de noviembre de igual año; empero, en esa fecha dicho actuado procesal fue suspendido debido a la ausencia del representante de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, programándose nuevamente para el 1 de diciembre de ese año; por consiguiente, en esa fecha la audiencia fue diferida por única vez para el 6 de igual mes y año, debido a que no se contaba con los profesionales correspondientes para desarrollar ese tipo de investigación. El 6 de diciembre de 2022, sin que la audiencia para el anticipo de prueba en Cámara Gesell se instale de manera formal, fue suspendida en razón de que los antecedentes no fueron remitidos ante el Juzgado de turno por motivo de vacación judicial, siendo ese acto vulneratorio a sus derechos; ya que, el Juez ahora accionado teniendo conocimiento del acto programado para la indicada fecha, omitió efectuar la respectiva remisión a fines de la prosecución de la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell, actuado que se encuentra estrechamente vinculado a la materialización de su libertad, no obstante se dilató innecesariamente un acto procesal vinculado a la investigación y que fue el fundamento para que se vea como necesaria su detención preventiva.
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que, el Juez ahora accionado aplique la ley y cumpla con el desarrollo de la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell que requiere el Ministerio Público con la finalidad de materializar los actos de investigación contemplados como necesarios con la finalidad de solicitar su detención preventiva, ya que, el resultado del testimonio en Cámara Gesell fue invocado como un “acto nuclear”; puesto que, se dispuso su detención preventiva por la sola declaración de la víctima y el principio de presunción de veracidad.
Celebrada la audiencia pública el 8 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato y abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: a) En audiencia de 19 de octubre de 2022, de aplicación de medidas cautelares surgió una discusión relacionada a la probabilidad de autoría, la cual nació a partir de una manifestación que hizo la víctima menor de edad a su madre, en la que señaló que la nombrada -menor de edad- inventó todo porque tenía rencor a su padre debido a que ese le quitaba el teléfono celular y le restringía el uso de redes sociales como objeto de castigo; ya que, la mencionada pasaba mucho tiempo en dicho teléfono celular; en ese sentido, el Juez ahora accionado al momento de referirse a la probabilidad de autoría señaló la existencia de un informe psicológico y por ese motivo se entendió que es verdad lo que dice la víctima; sin embargo, se dejó pendiente la producción de la prueba en Cámara Gesell, siendo ésta prueba uno de los actos investigativos que justifican su detención preventiva; b) El 21 de igual mes y año, solicitó el anticipo de prueba en Cámara Gesell, a tal efecto se señaló audiencia para el 14 de noviembre de dicho año; sin embargo, tal actuado procesal fue diferido para el 1 de diciembre del citado año, debido a la inasistencia de la DIO en representación de la víctima; no obstante en esa fecha, nuevamente se suspendió ese acto procesal debido a que la “defensoría” llegó tarde y no se contaba con funcionarios que pudiesen realizar esa prueba; siendo reprogramada para el 6 de ese mes y año; es así que ese día, encontrándose presentes las partes procesales, sin ser instalado formalmente dicho actuado procesal, una vez más fue diferido en razón a que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro no remitió los antecedentes al Juzgado de turno -Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del citado departamento- por vacación judicial; c) Hasta la interposición de esta acción de defensa no se señaló nuevo día y hora de audiencia para proceder con el anticipo de prueba en Cámara Gesell, lo que atenta directamente a su libertad; ya que, dicho anticipo de prueba está directamente relacionado con las “razones” de su detención preventiva; y, d) La acción de libertad, es el medio idóneo a presentarse ante dilaciones indebidas en la materialización del derecho a la libertad, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante a fs. 18, manifestó que: 1) De la lectura del memorial de acción de libertad no se establece cuál es el derecho vulnerado; 2) Su autoridad no negó la solicitud del accionante referente al señalamiento de audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell y si bien las audiencias programadas fueron suspendidas fue debido a la inconcurrencia de las partes procesales; asimismo, indicó que la audiencia de anticipo de prueba ya se tiene fijada; 3) El Ministerio Público se encuentra en plazo para realizar actos investigativos; además, que es el encargado de fijar los horarios para realizar la prueba en Cámara Gesell; y, 4) La víctima en el proceso penal de referencia es una menor de edad y ante una eventual contradicción en Cámara Gesell no se sabe si estaría siendo objeto de presión, motivo por el que se debe determinar los alcances del art. 193 inc. c) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; en consecuencia, pidió se declare “sin lugar” la tutela solicitada.
La Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -en suplencia legal de su similar Quinto-, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 020/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 22 a 25, denegó la tutela solicitada; sin embargo, al tener conocimiento que en la misma acción de defensa se denunció que el cuaderno procesal correspondiente al accionante no hubiese sido remitido al Juzgado de turno; por lo que, se llamó la atención al Juez ahora accionado, como también a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del mencionado departamento; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante indicó que el 21 de octubre de 2022, solicitó un anticipo de prueba en Cámara Gesell, señalándose audiencia para el 14 de noviembre de 2022, a las 11:30 horas; sin embargo, en esa fecha se suspendió dicha audiencia debido a la ausencia del representante de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, difiriéndose tal actuado procesal para el 1 de diciembre de igual año; no obstante, en esa fecha también se suspendió la respectiva audiencia; ya que, no existían los profesionales que coadyuven para el desarrollo de ese tipo de investigaciones; por lo que, nuevamente se programó para el 6 de dicho mes y año, a las 8:30 horas, conminando a la -DIO- a que se presente en esa fecha, en hora exacta y también a la “licencia de cámara GESSEL”, de donde infirió que las referidas suspensiones no son atribuibles al Juez ahora accionado; y, ii) Respecto a la suspensión de audiencia de 1 de diciembre -de 2022-, el accionante pudo interponer recurso de reposición; además, se debe tomar en cuenta que la acción de libertad puede tutelar el derecho al debido proceso siempre y cuando exista procesamiento indebido y que el señalamiento de la audiencia de anticipo de prueba esté directamente ligado al derecho a la libertad. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su representante sin mandato y abogado solicitó que la Jueza de garantías se pronuncie con relación a la audiencia de anticipo de prueba de 6 de diciembre de 2022; ya que, la misma no fue instalada formalmente; por lo que, no tuvo la oportunidad de plantear recurso alguno; asimismo, “hasta la fecha” -se entiende 8 de diciembre de 2022- no fue notificado con el nuevo señalamiento de audiencia para el anticipo de prueba en Cámara Gesell; además, el respectivo decreto “hasta el día de ayer” no cursaba en el cuaderno de control jurisdiccional. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, señaló que: a) El 6 de diciembre de 2022, inició la vacación judicial, por lo que, al no haberse remitido el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de turno se llamó la atención tanto al Juez ahora accionado como a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, b) Se puso en conocimiento que los Juzgados de turno tienen atribuciones específicas que están vinculadas con el derecho a la libertad, como ser la cesación de la detención preventiva o la situación procesal de algún imputado que se encuentre detenido; sin embargo, el pedido del accionante es que se restituyan las formalidades del derecho al debido proceso y se disponga que el Juez hoy accionado aplique la ley y cumpla en el marco de sus funciones, en ese sentido, dicha autoridad judicial se encuentra en vacación judicial y el hecho de que el accionante se encuentre con detención preventiva no está directamente vinculado con el anticipo de prueba, ya que, ese actuado procesal es parte de la etapa preparatoria y no el motivo principal por el cual se encuentra detenido; es decir, que el anticipo de prueba no determinará la libertad del accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2022, ante William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -hoy accionado-, Iván Jesús Quispe Pérez -ahora accionante-, solicitó anticipo de prueba en Cámara Gesell (fs. 3 a 4), mereciendo en respuesta el decreto de 24 de igual mes y año; por el que, se señaló audiencia para el 14 de noviembre de ese año (fs. 5). II.2. Cursa Acta de Registro de Audiencia Pública en Cámara Gesell de 14 de noviembre de 2022, en la que se advierte que a la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell no asistió la defensa técnica de la víctima ejercida por la DIO; además, que faltaba diligenciar una notificación; por lo que, al no contar con las condiciones y tomando en cuenta que la víctima es una menor de edad, se difirió tal actuado procesal para el 1 de diciembre de ese año (fs. 6 y vta.).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud del anticipo de prueba en Cámara Gesell, la audiencia de 14 de noviembre de 2022, programada para tal efecto fue suspendida en dos ocasiones, el 1 y 6 de diciembre de igual año, en razón a la inasistencia de la DIO, el retraso de la “defensoría” y a la falta de remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno por motivo de vacación judicial; no obstante, hasta la interposición de esta acción de defensa el 7 del citado mes y año, no se señaló nuevo día y hora de audiencia para el referido actuado procesal, siendo fundamental que este sea desarrollado al tener relación directa con los fundamentos de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La acción de libertad innovativa; 3) De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante; 4) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
La SC 0465/2010-R de 5 de julio, establece que: “…Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo la citada Sentencia Constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial señalado, concluyó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 255/01-R de 2 de abril de 2001, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001, la que la define señalando que ésta, debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción. En este contexto, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que estableció que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal sea ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales. Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo. Una de ellas está contenida en la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, que establece la posibilidad de ingresar de manera excepcional al análisis fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas fueron añadidas).
El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, ante la solicitud del anticipo de prueba en Cámara Gesell, la audiencia de 14 de noviembre de 2022, programada para tal efecto fue suspendida en dos ocasiones, el 1 y 6 de diciembre de igual año, en razón a la inasistencia de la DIO, el retraso de la “defensoría” y a la falta de remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno por motivo de vacación judicial; no obstante, hasta la interposición de esta acción de defensa el 7 del citado mes y año, no se señaló nuevo día y hora de audiencia para el referido actuado procesal, siendo fundamental que este sea desarrollado al tener relación directa con los fundamentos de su detención preventiva. De los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de abuso sexual, por memorial presentado el 21 de octubre de 2022, ante el Juez ahora accionado, el accionante solicitó anticipo de prueba en Cámara Gesell; mereciendo en respuesta el decreto de 24 de igual mes y año, por el que, se señaló audiencia para el 14 de noviembre de igual año (Conclusión II.1.). Asimismo, cursa Acta de Registro de Audiencia Pública en Cámara Gesell de la referida fecha, en la que se advierte que a la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell no asistió la defensa técnica de la víctima ejercida por la DIO; además, que faltaba diligenciar una notificación; por lo que, al no contar con las condiciones y tomando en cuenta que la víctima es una menor de edad, se difirió tal actuado procesal para el 1 de diciembre del citado año (Conclusión II.2.). Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el mecanismo procesal idóneo ante la vulneración al principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso, cuando tenga relación con la libertad y devenga de dilaciones indebidas que retardan la resolución de la situación jurídica de la persona privada de libertad. Por consiguiente, en el marco de ese entendimiento jurisprudencial, se procederá a revisar la actuación del Juez ahora accionado y de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de constatar si incurrieron en la vulneración de derechos del accionante. Respecto a William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, ahora accionado
De acuerdo con lo manifestado por el accionante en esta acción de libertad, la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell fue programada en una primera oportunidad para el 14 de noviembre de 2022; sin embargo, en esa fecha debido a la inasistencia del representante de la DIO -defensa técnica de la víctima menor de edad- y la falta de diligencias de notificación, fue suspendida para el 1 de diciembre de igual año; posteriormente, en ese día nuevamente se suspendió tal verificativo en razón a que la “defensoría” se atrasó y no se contaba con los funcionarios que puedan llevar adelante el anticipo de prueba en Cámara Gesell; programándola para el 6 de diciembre del citado año; no obstante ese día, una vez más la referida audiencia fue suspendida a causa de que no se remitieron los antecedentes del proceso penal de referencia al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, siendo el Juzgado de turno por motivo de vacación judicial; por consiguiente, se constata una evidente dilación indebida en la realización del anticipo de prueba solicitado por el accionante, misma que como indica el nombrado tiene vinculación con su derecho a la libertad, ya que se dispuso su detención preventiva con base en la declaración de la víctima y el principio de presunción de veracidad. Asimismo, es preciso aclarar que si bien la suspensión de las audiencias de 14 de noviembre y de 1 de diciembre de 2022, fueron por motivos ajenos al Juez ahora accionado; situación que no ocurrió con la audiencia programada para el 6 de diciembre de dicho año, ya que, la misma fue diferida a causa de que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, no remitió los antecedentes del proceso penal correspondiente al accionante al Juzgado de turno por vacación judicial; no obstante, se debe considerar que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad judicial tiene bajo su dirección y supervisión a los funcionarios de apoyo jurisdiccional del juzgado que se encuentra a su cargo, en ese sentido, asume la obligación de impartir instrucciones a ese personal; además, de realizar el respectivo seguimiento a las causas que se encuentran bajo su conocimiento y control jurisdiccional, procurando valerse de todos los medios posibles para que las mismas sean tramitadas sin mayor inconveniente; caso contrario, adquiere responsabilidad conjuntamente con su personal ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, el Juez ahora accionado, tenía conocimiento de la programación de audiencia para el 6 de diciembre de 2022 y que en esa fecha, se encontraría gozando de vacaciones judiciales; por lo tanto, debió procurar que los antecedentes del proceso penal correspondiente al accionante sean remitidos ante el Juzgado de turno con la finalidad de que la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell sea celebrada; más aun al tratarse de un proceso penal en el que la víctima es una menor de edad, y la tramitación de esas causas deben imprimir celeridad y una atención prioritaria; además, de que la solicitud del accionante se encontraba relacionada con su derecho a la libertad; por lo tanto, se concluye que el Juez hoy accionado asumió una actitud pasiva en el seguimiento y supervisión de las funciones del personal de apoyo jurisdiccional, respecto a la remisión de antecedentes al Juzgado de turno por vacación judicial, para que se celebre la audiencia de anticipo de prueba en la Cámara Gesell, ocasionando una dilación indebida e injustificada dentro del proceso penal que se sigue contra el accionante, lo cual conllevó a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de principio de celeridad en vinculación con el derecho a la libertad del accionante, correspondiendo; en consecuencia, conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Por otro lado, cabe añadir que, de acuerdo a lo denunciado por el accionante, hasta la interposición de esta acción de defensa no se tendría fijado un nuevo día y hora de audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell; no obstante, el Juez ahora accionado señaló lo contrario en el informe presentado es esta acción de libertad, situación que tampoco lo exime de responsabilidad; puesto que, corresponde activar la acción de libertad innovativa, la cual conforme al Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene como finalidad evitar que en el futuro se reiteren conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad; correspondiendo exhortar al Juez ahora accionado a que no vuelva a incurrir en dilaciones indebidas que impidan tramitar y celebrar las audiencias programadas dentro de las solicitudes que se encuentren relacionadas con el derecho a la libertad del accionante, al igual que en causas en las que se encuentren como víctimas menores de edad. En cuanto a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro Con carácter previo, es preciso mencionar que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, en aplicación del principio de informalismo que rige en las acciones de libertad, se presenta la posibilidad que de manera excepcional se ingrese a un análisis de fondo de la problemática planteada, a pesar de no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, cuando se constate una evidente vulneración de derechos; en ese sentido, se tiene que si bien la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, no fue accionada mediante ésta acción de defensa; sin embargo, de acuerdo a lo mencionado se ingresará al análisis de la actuación de la nombrada frente a la denuncia de vulneración de los derechos del accionante; además, que el nombrado en el Otrosí 1º de su memorial de acción de libertad solicitó que dicha Secretaria sea notificada a objeto de que informe las razones de la suspensión de audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell de 6 de diciembre de 2022. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, se establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva en las acciones de libertad en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, si no que incluye también las omisiones de diligencias administrativas, entre éstas, la respectiva remisión de antecedentes ante la emergencia de una vacación judicial, entre otras circunstancias.
En ese sentido, de lo manifestado por el accionante en esta acción de defensa, se advierte que el diferimiento de la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell, fue debido a que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, omitió remitir los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del indicado departamento, que se constituyó en el Juzgado de turno por vacación judicial; ocasionando con ello una dilación indebida e injustificada, más aun bajo el entendido de que se trata de un proceso penal en el que la víctima es una menor de edad y el accionante se encuentra con detención preventiva; aspectos que requieren de una atención prioritaria, debida diligencia y celeridad. Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, advierte que la mencionada funcionaria de apoyo jurisdiccional al incumplir con su obligación de remitir los antecedentes del proceso penal correspondiente al accionante, ocasionó que la audiencia de anticipo de prueba en Cámara Gesell no sea desarrollada, sin considerar que éste actuado procesal tenía vinculación con el derecho a la libertad del accionante; razón por la cual a la luz del principio de informalismo que rige a la acción de libertad, corresponde activar la legitimación pasiva de la nombrada funcionaria de apoyo jurisdiccional ante el evidente desconocimiento del principio de celeridad como elemento del debido proceso en vinculación con el derecho a la libertad del accionante, correspondiendo igualmente, respecto a dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional conceder la tutela solicitada. Finalmente, se aclara que el alcance de la concesión de la tutela solicitada, únicamente es en el ámbito de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, a efecto de que el Juez ahora accionado y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, en futuras actuaciones eviten incurrir en dilaciones innecesarias o indebidas en procesos que tienen personas privadas de libertad, más aun cuando la víctima es una menor de edad, lo que no implica que se disponga la libertad del accionante, ya que, ello dependerá de las actuaciones procesales correspondientes a ser producidas en la tramitación del proceso penal de referencia. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 020/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -en suplencia legal de su similar Quinto-; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Exhortar a William García Ríos, Juez y a Helen Nilda Antonio Lima, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, a que en futuras actuaciones obren con la debida celeridad y en cumplimiento de las funciones que les fueron conferidas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0542_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7e73c18adee31d7ffd242d65964cd286dcba5485b72522e68af9ea213736bf7d
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