Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la dignidad humana y al debido proceso, así como a los principios de celeridad e inocencia; puesto que, el Juez ahora accionado no señaló audiencia de cesación de la detención preventiva; debido a que, el memorial de solicitud, fue firmado por su abogado defensor y no así por su persona en calidad de privado de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 59/2022 de 30 de julio, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo vigente lo dispuesto por dicha Jueza de garantías, por el tiempo transcurrido, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0538/2024-S3 Sucre, 22 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49482-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 59/2022 de 30 de julio, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yeymmy Mendoza Copeticora en representación sin mandato de Marco Germán López Huanca contra Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 8 a 9 vta., y ampliando en audiencia virtual de consideración de esta acción de defensa de 30 de igual mes y año, cursante de fs. 21 a 22 vta., manifestó que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Doris Elia Choque contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por más de nueve meses. Bajo esos antecedentes, su abogado defensor en su representación solicitó la cesación de la detención preventiva; no obstante, el Juez ahora accionado, quien debió excusarse ante la denuncia que interpuso en su contra y el consiguiente proceso disciplinario que se encuentra en trámite, fue quien observó la falta de su firma en el respectivo memorial de la indicada solicitud, impidiendo de esta manera que la cesación de su detención preventiva sea considerada.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la dignidad humana y al debido proceso, así como a los principios de celeridad e inocencia; citando al efecto los arts. 7, 8.I, 22, 23.I, 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.1 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.1 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se celebre la audiencia de cesación de la detención preventiva en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho horas; asimismo, que el Juez ahora accionado se excuse.
Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 29 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 17, así como en audiencia manifestó que: a) La acción de libertad no puede constituirse en un medio adicional o supletorio a ser activado cuando no se hizo uso oportuno de los mecanismos ordinarios de defensa, siendo necesario el agotamiento de las instancias respectivas en la jurisdicción ordinaria; b) Los arts. 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen el recurso de reposición con la finalidad de que la autoridad judicial que emita un decreto de manera errónea, lo revoque o modifique a petición de parte; en ese sentido, el accionante no interpuso recurso alguno contra el decreto de 27 de dicho mes y año; c) La observación de la falta de firma del accionante en el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva no constituye una negativa a referida solicitud; asimismo, se hizo notar que únicamente los defensores estatales se encuentran facultados para actuar sin mandato de acuerdo a lo previsto por los arts. 107 y 109 del citado Código; d) El principio de informalismo que rige en la acción de libertad, no es aplicable para materia ordinaria; puesto que, el solicitante debe manifestar su consentimiento por algún medio, siendo la firma uno de los elementos que demuestran tal voluntad; e) El abogado Raúl Sánchez Bolaños, que firmó el memorial observado, no figura como abogado defensor en la Acusación Fiscal, sino otro abogado; y si bien solicitó audiencias de cesación de la detención preventiva del accionante en etapa de instrucción; empero, no se conectó a esas audiencias, dando a entender la falta de consentimiento por parte del accionante; y, f) En cuanto a la solicitud de excusa, desconoce la existencia de una denuncia o proceso disciplinario contra su persona o una resolución sancionatoria; tampoco se advierte una causal de excusa prevista por el art. 316 del referido Código. En consecuencia, pide que la tutela solicitada sea denegada.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 59/2022 de 30 de julio, cursante de fs. 23 a 24, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado señale audiencia de cesación de la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas; debido a que, no es necesaria la activación de un mecanismo intraprocesal previo por parte del accionante; por lo que, era obligación del Juez hoy accionado, señalar audiencia de medidas cautelares -cesación de la detención preventiva- dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, de conformidad con la acción de libertad de pronto despacho que busca acelerar los trámites administrativos y judiciales por acciones indebidas que causan a un privado de libertad.
Mediante el Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 26 de julio de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, por el cual, Marco Germán López Huanca -ahora accionante- solicitó la cesación de su detención preventiva; a pesar de que, no se advierte la firma del nombrado, sino solo de Raúl Sánchez Bolaños como su abogado (fs. 18 a 19 vta.). II.2. Mediante decreto de 27 de julio de 2022, Javier Rubén Cahuasa Torrez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -hoy accionado-, dispuso “Al tratarse de un nuevo causídico, ante la falta de la firma del impetrante y al no depender del SEPDEP el abogado que registra su firma; previo a su consideración venga con la firma de Marco Germán López Huanca, elemento que acredita su consentimiento…” (sic [fs. 20]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la dignidad humana y al debido proceso, así como a los principios de celeridad e inocencia; puesto que, el Juez ahora accionado no señaló audiencia de cesación de la detención preventiva; debido a que, el memorial de solicitud, fue firmado por su abogado defensor y no así por su persona en calidad de privado de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La modalidad de la acción de libertad busca que toda autoridad, ya sea administrativa o judicial, que tenga bajo su conocimiento una solicitud o trámite que se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad, deberá actuar bajo el principio de celeridad evitando dilaciones indebidas, buscando su efectivización y materialización en procura de evitar una vulneración de dicho derecho. La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que:“…este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la dignidad humana y al debido proceso, así como a los principios de celeridad e inocencia; puesto que, el Juez ahora accionado no señaló audiencia de cesación de la detención preventiva; debido a que, el memorial de solicitud, fue firmado por su abogado defensor y no así por su persona en calidad de privado de libertad. De lo expuesto, se advierte que, el acto lesivo denunciado por el accionante se encuentra constituido por una supuesta dilación indebida del Juez hoy accionado, al no dar curso a su solicitud de cesación a la detención preventiva, observando el memorial presentado por su abogado defensor, quien hubiese firmado en su lugar el referido memorial de dicha petición, quebrantando de esta manera uno de los principios que sustentan la actuación del Órgano Judicial y a la jurisdicción ordinaria, como es el de celeridad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el memorial presentado el 26 de julio de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, por medio del cual el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva; a pesar de que, no se advierte la firma del nombrado, sino solo del abogado Raúl Sánchez Bolaños, como abogado (Conclusión II.1.); memorial que mereció como respuesta el decreto de 27 de julio de 2022, pronunciado por el Juez ahora accionado que dispuso “Al tratarse de un nuevo causídico, ante la falta de la firma del impetrante y al no depender del SEPDEP el abogado que registra su firma; previo a su consideración venga con la firma de Marco Germán López Huanca, elemento que acredita su consentimiento…” (sic [Conclusión II.2.]). En ese contexto, se advierte que la pretensión del accionante respecto a que se señale audiencia de cesación de la detención preventiva, fue observada por el Juez hoy accionado, quien mediante decreto de 27 de julio de 2022, exigió que al tratarse de un nuevo abogado defensor el que suscribía el memorial de solicitud de audiencia y no ser miembro del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), previamente el accionante debía cumplir con la formalidad de efectuar su petitorio con su firma, para acreditar su consentimiento a los fines consiguientes de ley, observación que resulta razonable; toda vez que, se observó que el abogado firmante no pertenecía a dicha entidad y era nuevo en la tramitación del proceso penal al no figurar como abogado defensor del accionante en el pliego acusatorio fiscal, sino otro abogado; y si bien solicitó en la etapa de instrucción audiencias de cesación de la detención preventiva; sin embargo, no se conectaba a las mismas, dejando en evidencia la falta de consentimiento por parte del accionante. En ese sentido, se tiene también que la decisión asumida por el Juez ahora accionado, es acorde con lo previsto por los arts. 9.12 concordante con el 31 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA) -Ley 387 de 9 de julio de 2013-, que establecen, entre otros aspectos, la prohibición de patrocinar una causa que previamente fue encomendada a otro abogado.
De lo expuesto, se tiene que la observación realizada por el Juez hoy accionado podía ser subsanada por el accionante para evitar dilación en la tramitación de su solicitud, o por el contrario presentar una nueva con el cumplimiento de las formalidades exigidas por la citada autoridad judicial; es decir, con su firma; consiguientemente, dicha circunstancia no acredita una dilación indebida que merezca la protección de los derechos reclamados a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en el marco del entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; puesto que, una vez cumplido lo extrañado, el Juez ahora accionado podría resolver lo solicitado de manera oportuna; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en el marco de lo establecido por la jurisprudencia constitucional y el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde dimensionar los efectos del fallo emitido por la Jueza de garantías, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la interposición de esta acción tutelar y la emisión del presente fallo constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de excusa del Juez ahora accionado, no corresponde emitir pronunciamiento alguno; puesto que, para ello existen los mecanismos ordinarios, y debido a que ese reclamo no guarda correspondencia con los presupuestos de activación de la presente acción de libertad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 59/2022 de 30 de julio, cursante de fs. 23 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, manteniendo vigente lo dispuesto por dicha Jueza de garantías, por el tiempo transcurrido, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0538_2024-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 571e1d808681dc1a4b2cac457963d3377eea62243840b739e6a16d43e9d80be3
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