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SCP 0537/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 22 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
22 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
49432-2022-99-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces…” (sic); puesto que, ante su solicitud reiterada de aplicación de sanciones alternativas, la respectiva audiencia de consideración fue suspendida en cinco oportunidades, sin que exista un debido justificativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114 de 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite y resolución de salidas alternativas
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2024-S3 Sucre, 22 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49432-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 114 de 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 18 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Mario Miranda Tubo en representación sin mandato de Alejandra “Cordán” -siendo lo correcto Cardón”- Villanueva contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que motivan la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 1 de agosto de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta., manifestó que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Oriana Guzmán Cardón contra su persona por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Bajo esos antecedentes, en reiteradas ocasiones solicitó la aplicación de sanciones alternativas; sin embargo, la audiencia para la consideración de dicha solicitud fue suspendida en cinco oportunidades; dejándola sin acceso a ser oída y atendida por el Juez ahora accionado, asimismo, se le impidió el acceso a una justicia pronta y sin dilaciones. En consecuencia, esa supuesta vulneración fue ratificada en la audiencia de consideración de esta acción de defensa de 2 de ese mes y año, como se puede advertir del acta cursante de fs. 13 a 16 vta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces…” (sic); citando al efecto los arts.

115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene al Juez ahora accionado señale día y hora de audiencia, así como que la celebre sin suspensión para la restitución de sus derechos constitucionales.

I.2. Informe de la autoridad accionada

Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 9.

I.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 114 de 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 18 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo que el Juez ahora accionado señale y celebre la audiencia de “salida alternativa” en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas; bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 328 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señaló que al encontrarse ante una solicitud de “salida alternativa”, la misma debe tramitarse y resolverse en el plazo de diez días al tratarse de personas en libertad y en el plazo de cuarenta y ocho horas cuando la persona se encuentre privada de libertad; y, b) En el presente caso, se suspendieron audiencias para la consideración de la solicitud de la accionante sin justificación alguna que pudiesen ser valederas; por ese motivo se configura una acción de libertad traslativa o de pronto despacho, para garantizar el estricto cumplimiento de la precitada norma.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Suspensión de Audiencia de Sanciones Alternativas de 27 de julio de 2022, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Oriana Guzmán Cardón contra Alejandra Cardón Villanueva -ahora accionante- por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica en la cual Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, señaló nueva audiencia para el 29 de dicho mes y año, a las 8:00 horas (fs. 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces…” (sic); puesto que, ante su solicitud reiterada de aplicación de sanciones alternativas, la respectiva audiencia de consideración fue suspendida en cinco oportunidades, sin que exista un debido justificativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el trámite y resolución de salidas alternativas

El art. 328.II del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala que: “La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0197/2020-S1 de 29 de julio, señaló que: “…la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad” (las negrillas son nuestras). Con ese razonamiento, toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables; puesto que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la vulneración del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la “…atención eficaz y oportuna por los jueces…” (sic); puesto que, ante su solicitud reiterada de aplicación de sanciones alternativas, la respectiva audiencia de consideración fue suspendida en cinco oportunidades, sin que exista un debido justificativo. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene la Nota de 15 de julio de 2022, suscrita por la Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la que hizo constar que la suspensión de la audiencia -de consideración de aplicación de sanciones alternativas- fue debido a un corte de energía eléctrica; en consecuencia, se reprogramó dicho acto procesal para el 22 de igual mes y año, a las 10:30 horas (fs. 3); sin embargo, en esa fecha tampoco pudo celebrarse la indicada audiencia. Por otro lado, se tiene el acta de suspensión de audiencia de 27 del citado mes y año; puesto que, las partes procesales no se encontraban debidamente notificadas por lo que se dispuso nuevamente su suspensión, señalándose una nueva para el 29 de julio de 2022 (fs. 4); evidenciándose que, se programaron y se suspendieron las referidas audiencias en cuatro oportunidades. Ahora bien, de lo señalado precedentemente, se infiere que el Juez ahora accionado, incumplió con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional y el Código de Procedimiento Penal; toda vez que, no observó el plazo previsto en el art. 328.II del mencionado Código, de señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su planteamiento conforme se refirió en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por otro lado, la autoridad judicial hoy accionada, suspendió en tres oportunidades la audiencia de consideración de sanciones alternativas, siendo que no podía obrar de esa manera al existir ya audiencias programadas conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, en virtud de que toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, debe tramitarla con la mayor celeridad posible; por lo que la solicitud efectuada por la accionante está directamente relacionada con el derecho a la libertad; puesto que, de acuerdo al art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en delitos de violencia hacia las mujeres, es posible aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando se cumplan con los requisitos establecidos. En ese contexto, suspendiéndose de manera reiterativa las audiencias programadas para la consideración de la aplicación de una sanción alternativa, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad; es decir, hasta el 1 de agosto de 2022, se evidencia la existencia de dilación indebida por transcurrir más de quince días desde su petición. Por todo lo expuesto, se concluye que el Juez ahora accionado, al no programar la audiencia de consideración de aplicación de sanción alternativa, soslayó sus funciones y atribuciones, apartándose de la norma procesal penal que garantiza una justicia pronta y oportuna; evidenciándose, con ello que recayó en una dilación indebida en la tramitación de la referida solicitud, provocando la evidente vulneración de los derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al debido proceso de la accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114 de 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0537_2024-S3.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0bb467248f83fcf46ec4aefad615f639368ec700d652e48a3b39fe22eb7a9bb7

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