B.IA.LEGAL

SCP 0537/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
66388-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia que la lesión de sus derechos a libertad personal y de locomoción, persecución indebida, “indebido proceso”, a la defensa material y técnica, a la impugnación, a ser escuchado, a la comunicación, acceso a la justicia pronta y oportuna y a los principios de juez natural, celeridad, economía procesal y seguridad jurídica, por cuanto dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, encontrándose en calidad de detenido preventivamente y habiendo sido rechazada su solicitud de cesación de dicha medida a través del Auto Interlocutorio 205/2024, formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción tutelar no se cumplió con la remisión del mismo ante el Tribunal de alzada, demorando de esta forma su tramitación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 130/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad y seguridad jurídica, impugnación; y a los derechos de acceso a la justicia pronta y oportuna, defensa, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo de los hechos endilgados. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a ser escuchado, a la persecución indebida, a la comunicación; y, a los principios de juez natural y economía procesal. 3° Disponer se remita una copia del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura, en aplicación de lo establecido por el art. 39.II del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Alcance del principio de celeridad en solicitudes vinculadas a la libertad, en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2024-S2 Sucre, 2 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 66388-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 130/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Griselda Callisaya Mamani en representación sin mandato del menor de edad AA contra Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de julio de 2024, cursante de fs. 2 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- mediante Auto Interlocutorio 130/2024 de 3 de mayo, dispuso su detención preventiva. Con la finalidad de mejorar su situación jurídica y enervar los riesgos procesales, mediante memorial de 17 de junio de 2024 solicitó cesación de la detención preventiva; sin embargo, fue rechazado por la autoridad accionada a través del Auto Interlocutorio 205/2024 de 24 de junio, razón por la cual interpuso recurso de apelación incidental; empero, el Juez accionado dispuso el traslado a las partes para que respondan al recurso planteado, sin embargo, al presente -se entiende hasta la interposición de esta acción tutelar-, los antecedentes del señalado recurso de impugnación no fueron remitidos al Tribunal de alzada.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a libertad personal y de locomoción, persecución indebida, “indebido proceso”, a la defensa material y técnica, a la impugnación, a ser escuchado, a la comunicación, acceso a la justicia pronta y oportuna y a los principios de juez natural, celeridad, economía procesal y seguridad jurídica; a tal efecto cita los arts. “22”, 23, “110”, 115.II, 116.I, 117.I 119.I y 120.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7.1.2.3, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Juez accionado remitir el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 205/2024; y, b) Se remita antecedentes al Juzgado Disciplinario por la comisión de faltas disciplinarias.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado se ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, en audiencia manifestó que: 1) La autoridad accionada el mes de julio señaló día y hora de audiencia para el anticipo de prueba y otras actuaciones; y, 2) Transcurrieron más de treinta días sin que se haya remitido su recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, evidenciándose que la referida autoridad no ejerce un control jurisdiccional, no controla los plazos procesales y no conminó al Ministerio Público para que emita la resolución correspondiente.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 41 a 42 vta., señaló lo siguiente: i) El recurso de apelación incidental interpuesto por la parte accionante, mereció decreto de 1 de julio de 2024, ordenándose traslado a las partes a efectos de contestar el mismo; y, ii) El indicado medio de impugnación interpuesto fue sorteado y remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no adjuntó recepción de la misma porque “…a momento de la presentación del presente informe, ya que la auxiliar del Juzgado se encuentra en la Sala Penal Tercera en fila para su recepción respectiva” (sic), por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 130/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 45 a 48, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada en el día remita los antecedentes correspondientes ante el superior en grado y en futuras actuaciones imprima los trámites respectivos con celeridad, determinación que fue asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Desde la presentación del recurso de apelación incidental, transcurrió más de un mes, sin que la autoridad accionada hubiere impreso el trámite correspondiente; b) El prenombrado no cumplió con el principio de celeridad previsto por el art. 180.I de la CPE, más aún cuando de por medio se encuentra involucrado el derecho a la libertad de un menor “infractor”, que por tal condición merece una atención prioritaria; c) La modalidad de libertad traslativa o de pronto despacho fue establecida con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias cuando existe el trámite de un privado de libertad; d) En el caso concreto, se tiene dilación sobreabundante en la remisión del recurso de apelación incidental ante el superior en grado; y, f) Si bien, el Juez accionado refirió que el “día de hoy” se hubiera remitido dicho recurso; sin embargo, ello no quita la demora de su tramitación, correspondiendo conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 55 a 60, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes, a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de consideración de cesación de detención preventiva de 24 de junio de 2024, en la cual Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado-, mediante Auto Interlocutorio 205/2024 de igual fecha, rechazó la solicitud de la cesación de detención preventiva del menor de edad AA -ahora accionante- (fs. 22 a 28 vta.)

II.2. Cursa certificado de recepción de plataforma a través del buzón judicial 306046, a través del cual la parte accionante el 26 de junio de 2024 registró el recurso de apelación incidental dentro el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204146972; asimismo, consta que la recepción del documento fue realizado el 28 de igual mes y año, a tal efecto, el Juez accionado mediante decreto de 1 de julio de ese año, dispuso “…se corra en TRASLADO a las partes a efectos de que contesten el recurso” (sic [fs. 29 y 34 a 36 vta.]). II.3. Mediante Auto de 29 de julio de 2024, el Juez accionado señaló “…De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se establece que se han cumplido con las notificaciones a las partes procesales con el Recurso de Apelación Incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 205/2024 y que no habiendo ninguna de las partes interpuesto contestación alguna, en aplicación de lo previsto por el Art. 233 del C.N.N.A. (Ley 548), se concede la apelación en el efecto devolutivo, ordenándose remitir obrados (…) por Auxiliatura del Juzgado EN EL DIA…” (sic [fs. 38]). II.4. Por memorial presentado el 31 de julio de 2024, a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el Juez accionado adjuntó Nota JPNA2.OF. REM. 97/2024 referida a la remisión de obrados del Auto Interlocutorio 205/2024, la cual fue objeto de recurso de apelación incidental, recepcionada por la citada Sala Penal el 30 de julio (fs. 50 y vta. y 52 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia que la lesión de sus derechos a libertad personal y de locomoción, persecución indebida, “indebido proceso”, a la defensa material y técnica, a la impugnación, a ser escuchado, a la comunicación, acceso a la justicia pronta y oportuna y a los principios de juez natural, celeridad, economía procesal y seguridad jurídica, por cuanto dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, encontrándose en calidad de detenido preventivamente y habiendo sido rechazada su solicitud de cesación de dicha medida a través del Auto Interlocutorio 205/2024, formuló recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de esta acción tutelar no se cumplió con la remisión del mismo ante el Tribunal de alzada, demorando de esta forma su tramitación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Alcance del principio de celeridad en solicitudes vinculadas a la libertad, en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, sostuvo que: «“La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” »(las negrillas son ilustrativas).

Por otro lado, también es necesario traer a colación la SCP 0907/2019-S1 de 12 de septiembre, la cual citando a la SCP 0006/2019-S1 de 5 de febrero, precisó lo siguiente: “La potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad, establecido en el art. 178.I de la CPE, al señalar que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’.

En concordancia con esta disposición, el art. 115.II de la Norma Suprema, determina que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en ese sentido la actuación de la jurisdicción ordinaria debe ser rápida, oportuna y eficaz, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición pronta de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental como es la libertad; premisa que también se encuentra establecida en el art. 180.I de la CPE, que sustenta a la jurisdicción ordinaria en el principio procesal de celeridad entre otros. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1010/2010-R de 23 de agosto, al referirse al instituto procesal de la cesación de la detención preventiva, estableció que: ‘…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’”» (las negrillas y el subrayado son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Identificado el objeto procesal de la presente acción de defensa, resulta necesario remitirnos a los antecedentes procesales aparejados al expediente constitucional. Así, se tiene que contra el adolescente AA con responsabilidad penal, ahora accionante, se inició un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación habiéndosele impuesto la medida extrema de detención preventiva. En la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva de 24 de junio de 2024, el Juez accionado mediante Auto Interlocutorio 205/2024 de igual fecha, rechazó su solicitud (Conclusión II.1). Al efecto, consta que mediante memorial registrado el 26 del mismo mes y año en el buzón judicial, formuló recurso de apelación incidental, oficio que posteriormente fue recepcionado el 28 de ese mes y año, a tal efecto, el Juez accionado mediante decreto de 1 de julio del referido año, dispuso: “…se corra en TRASLADO a las partes a efectos de que contesten el recurso” (sic [Conclusión II.2]).

Posteriormente, la autoridad judicial accionada mediante Auto de 29 de julio de 2024, señaló que: “…De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se establece que se han cumplido con las notificaciones a las partes procesales con el Recurso de Apelación Incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 205/2024 y que no habiendo ninguna de las partes interpuesto contestación alguna, en aplicación de lo previsto por el Art. 233 del C.N.N.A. (Ley 548), se concede la apelación en el efecto devolutivo, ordenándose remitir obrados (…) por Auxiliatura del Juzgado EN EL DIA…” (sic [Conclusión II.3]). Al respecto, consta que el Juez accionado a través de la Nota JPNA2.OF. REM. 97/2024 de 30 de julio, hubiera remitido obrados del Auto Interlocutorio 205/2024, objeto del recurso de apelación incidental, la cual fue recepcionada por Sala Penal Tercera del citado Tribunal Departamental el 30 del mismo mes y año, a horas 12:30 (Conclusión II.4). De igual manera, del informe escrito presentado por el Juez accionado, mediante el cual no refutó los actos denunciados por la parte impetrante de tutela, por el contrario aseveró que el recurso de apelación incidental interpuesto fue sorteado y remitido a la supra citada Sala Penal Tercera el mismo día y hora que se desarrolló la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; asimismo, indicó que no adjuntó la nota de recepción porque al momento de presentar su informe escrito, “…la auxiliar del Juzgado se encuentra en la Sala Penal Tercera en fila para su recepción respectiva…” (sic); lo cual queda corroborado con la documental previamente descrita.

En ese contexto, en cuanto a la condición de minoridad del impetrante de tutela, es oportuno, señalar que referente a los derechos de la niñez y adolescencia, el art. 58 de la CPE, precisó que: “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. De igual forma el art. 60 de la Norma Suprema, respecto al interés superior de la niña, niño y adolescente, estableció que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. En concordancia con la Norma Suprema, el Código Niña, Niño y Adolescente tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando los mismos a través del Estado en todos sus niveles de gobierno, la familia y sociedad, por ello, su aplicación es de carácter preferente, bajo ese contexto, el art. 12 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- estableció lo siguiente: “(PRINCIPIOS). Son principios de este Código: a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibro entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”. Asimismo en su art. 262, dispone: “I. La o el adolescente en el Sistema Penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, tienen los siguientes derechos y garantías: (…) g) Al Debido Proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio”. Sobre el referido principio la SCP 0321/2022-S3 de 22 de abril, estableció el siguiente razonamiento: “En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina, así como en a Opinión Consultiva sobre la situación jurídica y derechos humanos del niño.

En virtud a lo referido, el art. 60 de la CPE dispone que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, que se ajusta a la Convención de los derecho de niño, por ello, es importante referir que cuando los administradores de justicia tengan que resolver situaciones en las que se encuentren involucradas la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener presente el principio de protección reforzada frente a otros intereses…”.

En consecuencia, de lo descrito en el objeto procesal, los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, la normativa y jurisprudencia constitucional citada, se evidencia que la misma versa sobre el actuar negligente de la autoridad accionada, en cuanto a su deber de remisión de obrados del recurso de apelación incidental interpuesto por la parte peticionante de tutela. En este contexto, es necesario relievar que, dentro del trámite procesal desplegado por el Juez accionado, el mencionado recurso de apelación presentado el 26 de junio de 2024, fue corrido en traslado a las partes procesales para su contestación a través del proveído de 1 de julio del mismo año, y posteriormente después de casi un mes, la autoridad accionada emitió el Auto de 29 de igual mes y año, concedió y ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en aplicación del art. 233 del CNNA. Sin embargo, es claro y evidente que la normativa procesal aplicable corresponde a lo establecido en el art. 314 del citado Código, el cual refiere: “(Apelación Incidental). I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: a) Sobre medidas cautelares o sus sustitución o el sobreseimiento (…) II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada ante la Jueza o Juez que dictó la resolución dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente. III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo el recurso será elevado a consideración del Tribunal departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso”, por consiguiente, estando delimitada la normativa aplicable respecto al trámite del recurso de apelación de medidas cautelares aplicables a los casos en los que se encuentren involucrados adolescentes con responsabilidad penal el Juez accionado debió cumplir con el procedimiento establecido en la disposición normativa mencionada.

Bajo ese contexto, corresponde señalar que sobre los trámites de cesación a la detención preventiva, el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro los entendimientos jurisprudenciales citados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, precisó sobre la importancia del principio de celeridad en aquellas solicitudes donde se encuentre implicado el derecho a la libertad de un imputado, estableciendo que debe ser tramitada de forma inmediata, conforme a los plazos procesales preestablecidos y ante la falta de estos, en un plazo prudentemente razonable y célere, actuaciones que con mayor razón deben ser aplicados sobre todo cuando trate respecto a la situación jurídica de menores de edad. En ese marco, no es justificable la posición de la autoridad accionada, expresada en su informe, quien expresó que la Auxiliar de su despacho, estaría esperando turno para proceder con la remisión de los antecedentes correspondientes del recurso de apelación incidental, toda vez que, el prenombrado no demostró documentalmente la existencia de situaciones de fuerza mayor que hubiese impedido la remisión del legajo del indicado medio de impugnación en un plazo prudente; por el contrario, a través de la nota JPNA2.OF. REM. 97/2024, se constata que la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental fue recepcionada el 30 de julio de 2024, a horas 12:30, es decir, el mismo día y hora que se desarrolló la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, lo cual evidencia una dilación indebida por parte de la autoridad judicial accionada; ello, considerando que la apelación fue planteada el 26 de junio del mismo año. En el contexto fáctico y procesal referido, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se activa para acelerar el trámite judicial, en este caso, referido al recurso de apelación incidental, para que de esa manera pueda resolverse de manera inmediata y pronta la situación jurídica del menor de edad AA, ya que correspondía a la autoridad accionada aplicar el procedimiento dispuesto en el art. 314 del CNNA, que si bien no tiene establecido un plazo específico para materializar las notificaciones a las partes para su debida respuesta al recurso interpuesto, así como tampoco para la admisión y su remisión ante el Tribunal Departamental de Justicia para su correspondiente sorteo; sin embargo, el Juez accionado en cumplimiento de sus funciones y considerando la condición de minoridad del accionante, debió ordenar y garantizar la efectivización de la remisión del legajo del citado recurso dentro un plazo prudente, en el marco de los principios de interés superior de la niña, niño y adolescente y celeridad, no siendo admisible la demora injustificada como se obró en el presente caso. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad de pronto despacho, al evidenciarse la lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad y seguridad jurídica, impugnación; y a los derechos de acceso a la justicia pronta y oportuna, defensa. Con la aclaración que no se ingresó al fondo de los hechos endilgados.

Con relación a los derechos a ser escuchado, a la persecución indebida, a la comunicación, invocados por la parte peticionante de tutela como lesionados, corresponde señalar que no se advierte de qué forma los mismos hubiesen sido afectados en su núcleo esencial y alcance, con base en la detectada dilación procesal; por lo que, sobre los citados derechos corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, respecto a la solicitud de remisión de antecedentes al Juzgado Disciplinario por la comisión de faltas disciplinarias, remítase una copia del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura en aplicación de lo establecido por el art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), a efecto de que se determine, si corresponde, el inicio de un proceso disciplinario. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 130/2024 de 30 de julio, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad y seguridad jurídica, impugnación; y a los derechos de acceso a la justicia pronta y oportuna, defensa, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al fondo de los hechos endilgados. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a ser escuchado, a la persecución indebida, a la comunicación; y, a los principios de juez natural y economía procesal. 3° Disponer se remita una copia del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura, en aplicación de lo establecido por el art. 39.II del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0537_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 04ee5bf1ce58d8429237486c8ebc1dd23626572cd5093a43943572ccb07dd91b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →