Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncio como vulnerados sus derechos a la petición, a la vida y a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la justicia y al debido proceso; por cuanto, la impugnación que realizó contra la Resolución 97/2022 que rechazó la cesación a la detención preventiva aun no fue remitida en alzada, incumpliendo el pazo de veinticuatro (24) horas previsto en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46415-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abelino Quispe Mamani en representación sin mandato de Armin Paredes Quispe contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero; Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario de su similar Primero; y, Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto, ambos Secretarios en suplencia legal de su homólogo Tercero todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de marzo de 2022, cursante de fs. 1; y, 7 a 8 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Se lo imputo por la presunta comisión del delito de violación en grado de complicidad, encontrándose detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz, en cumplimiento a la Resolución 232/2021 de 14 de mayo, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del citado departamento, en el que transcurrieron más de diez meses sin que se haya resuelto favorablemente la cesación a la detención preventiva. El 16 de febrero de 2022, se desarrolló una audiencia de cesación y conforme la Resolución 97/2022 de la misma fecha, se decidió por el rechazo de su solicitud, ante lo cual se interpuso apelación incidental del que se dispuso se remita el cuaderno de apelación al Tribunal de alzada en el plazo de las veinticuatro horas, de conformidad con el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). A la fecha, la resolución de cesación no se encuentra transcrita y mucho menos se remitió ante la Sala Penal la impugnación, aun cuando se proporcionaron las copias para dicho envío; aspectos atinentes tanto al Juez demandado como al Secretario Abogado de dicho despacho respectivamente; por lo que, existe retardación de justicia y mora judicial de pronto despacho.
El accionante señaló como vulnerados los derechos a la petición, a la vida y a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la justicia y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15.I, 22 y 23.I, 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicito se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se señale día y hora de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, presente el solicitante de tutela acompañado de su abogado y ausentes la autoridad y los funcionarios judiciales demandados, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado ratifico in extenso su demanda de acción de libertad.
Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercero del departamento de La Paz, presentó el informe escrito de 8 de marzo de 2022, cursante a fs. 19 y vta., señalando que: a) La causa ya se encuentra en Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del prenombrado departamento; consecuentemente, no existe materia y/o derecho a tutelar en el presente caso, debiendo acudirse directamente al Tribunal indicando; y, b) Cursa en el cuaderno de control jurisdiccional la nota de remisión de 8 de igual mes y año; por lo cual, no hay fundamento alguno para alegar vulneración de derechos. Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Tercero, presentó informe escrito de 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 17 a 18, en el que manifestó: 1) Se encontraba en suplencia legal del Juzgado Tercero de la materia, hasta el 23 de febrero de 2022; y hasta esa fecha no se remitió el cuaderno ante la Sala correspondiente; siendo que, el ahora accionante no proporcionó las copias para remitir el legajo de apelación, al ser una impugnación en efecto devolutivo y no suspensivo; y, 2) El Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercero del referido departamento, no cuenta con funcionarios titulares, no siendo obligación de las personas que prestan servicios en la institución el proporcionar dichas copias; por lo que, se evidencia que el solicitante de tutela se puso en indefensión. Wilson Chambi Yujra, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del mismo departamento, presentó informe escrito de 8 de marzo de 2022, cursante a fs. 16 y vta., en el que señaló: i) Asumió la suplencia legal el 24 de marzo de 2022; ii) El accionante ni su representante se apersonaron para hacerle conocer esta queja, puesto que él no estuvo presente en el momento de la interposición de la apelación tampoco se proveyeron las copias necesarias para el armado del legajo pertinente; y, iii) A objeto de no causar perjuicio a las partes procesales erogó de sus propios recursos las copias para elevar el legajo en apelación, que a la fecha ya fue remitido ante la Sala Penal correspondiente.
El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 11/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 24 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Por los informes de la autoridad y los funcionarios demandados, hacen conocer que por las constantes renuncias de Secretarios Abogados y suplencias temporales de estos servidores de otros Juzgados, recién el 8 de marzo de 2022, se pudieron remitir los antecedentes de la apelación ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; y, b) Debe cumplirse con lo previsto en el art. 251 del CPP, en cuanto al plazo determinado para la remisión del legajo, además de lo establecido en la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se adjunta copia de la Resolución 232/2021 de 14 de mayo, emitida por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, que determina detención preventiva del ahora impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación, por el plazo de tres meses, notificada en la misma fecha (fs. 3 a 5). II.2. Consta memorial presentado el 3 de febrero de 2022, por Armin Paredes Quispe ante el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, solicitando se señale día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva; y providencia dictada el 4 del mismo mes y año, en el que se hace el señalamiento de audiencia para el 16 de los citados mes y año (fs. 6 y vta.).
El accionante denuncio como vulnerados sus derechos a la petición, a la vida y a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la justicia y al debido proceso; por cuanto, la impugnación que realizó contra la Resolución 97/2022 que rechazó la cesación a la detención preventiva aun no fue remitida en alzada, incumpliendo el pazo de veinticuatro (24) horas previsto en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0796/2021-S4 de 12 de noviembre, remitiéndose a su similar, la SCP 0074/2020-S4 de 10 de julio, refirió lo siguiente: “‘Los arts. 125 a 127 de la CPE, consagran a la acción de libertad como una garantía jurisdiccional, que tiene por finalidad, dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, con el objeto de: a) Tutelar la vida de una persona; b) Evitar las persecuciones ilegales; c) Remediar los procesos indebidos; y, d) Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente, de forma inmediata y oportuna.
Sobre la naturaleza de la acción de libertad la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala: «(…) se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida».
En la misma línea la SCP 003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad‛. De conformidad con el art 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo): «La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro». Por determinación de la SCP 0212/2012 de 24 de mayo: «Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley»” (las negrillas y el subrayado son nuestras).
La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, fue definida por la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, de la siguiente manera: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´” (las negrillas y el subrayado son nuestras).
La SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’.
Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.
Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
(…)
Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
(Jurisprudencia reiterada)
Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: ‘“La jurisprudencia constitucional estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: «…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional’.
Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas»’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales.
De acuerdo con la problemática identificada, el accionante denuncia una dilación en la remisión de la impugnación que realizó contra la Resolución 97/2022, que rechazó la cesación a la detención preventiva que interpuso, lo que vulneraría sus derechos a la petición, a la vida y a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la justicia y al debido proceso. En mérito a ello, peticiona que este Tribunal señale día y hora para la realización de la audiencia de apelación incidental de medida cautelar. En primer lugar, debe limitarse el marco del pronunciamiento en la presente acción de libertad, por cuanto conforme se refirió en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la tutela constitucional objeto de este mecanismo es la defensa exclusiva de los derechos a la vida y a la libertad, en las diferentes formas en que pueden ser afectados y no de otros derechos cuya tutela corresponde a otras acciones de defensa ni atender situaciones de orden procesal que corresponden a otras autoridades con jurisdicción y competencia sobre el proceso penal. Por ello, el alcance de esta decisión no puede abordar otros elementos que no se encuentren vinculados con la libertad y la dilación que ahora se reclama –remisión de la apelación de medida cautelar–; entonces, los derechos a la petición, a la integridad física y psicológica del ahora impetrante de tutela no serán parte del análisis, en tanto no se estableció la manera en que los hechos denunciados incidirían en su presunta lesión. Adicionalmente, la intervención de la jurisdicción constitucional en el presente caso no sustituye las labores de la jurisdicción ordinaria, bajo cuya tuición se encuentra el desarrollo del procedimiento penal en sus diferentes instancias, de acuerdo con las formalidades, requisitos y previsiones establecidas por Ley; de ahí que este Tribunal no podría, en caso de conceder la tutela solicitada, ordenar la realización de la audiencia de apelación incidental, sino solamente pronunciarse acerca del acto vulnerador de los derechos invocados. Ahora bien, en cuanto a los hechos, de la revisión de los antecedentes, se establece que, en el desarrollo del proceso penal en contra de Armin Paredes Quispe, el 16 de febrero de 2022, se efectuó la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, a cargo del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz (Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional), acto en el que se decidió rechazar lo peticionado, decisión que en consecuencia fue impugnada por la defensa en el mismo acto. El argumento que ahora se analiza, refiere que aquella apelación, hasta el momento de la presentación de la acción de libertad –7 de marzo de 2022– no fue remitida en alzada para su resolución. Extremo que es corroborado con los informes de los funcionarios demandados de apoyo jurisdiccional, y con el informe del Juez a cargo de la causa, quienes alegando diferentes circunstancias, coinciden en señalar que el caso ya hubiere sido remitido a la Sala Penal correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el día de la audiencia constitucional –8 del mismo mes y año–; sin embargo, tal aspecto solo demuestra que existió dilación en la remisión y que ésta se efectuó a raíz de la interposición de esta acción de defensa. El art. 251 del CPP, prevé que la apelación debe ser remitida para su resolución en alzada en el plazo de veinticuatro horas, para ser resuelta en un término de tres días por el Tribunal de alzada; y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, considerando determinadas circunstancias de fuerza mayor debidamente justificadas, se puede considerar una ampliación del plazo de remisión por tres días, precedente que si bien fue considerado por el Juez de garantías constitucionales; empero, no lo aplicó en todo su rigor, puesto que denegó la tutela impetrada pese a la cita del razonamiento jurisprudencial indicado. En ese marco, en el caso que nos ocupa, la remisión debió cumplirse en el término señalado por Ley; es decir, el 17 de febrero de 2022, acto que fue cumplido después de casi tres semanas de efectuada la impugnación, periodo que sobrepasa abundantemente el plazo establecido por ley e incluso aquél que concede la jurisprudencia en caso de fuerza mayor, sin que la autoridad jurisdiccional haya presentado ningún justificativo válido de aquella dilación. La misma que en efecto debe ser atendida a través de la acción de libertad de pronto despacho; por cuanto, la jurisprudencia constitucional es contundente en identificar los supuestos que ameritan la tutela solicitada, dentro de los cuales recae la presente causa, en que concurre una dilación indebida, como es la omisión de remisión en alzada, siendo el Juez hoy demandado, como director del proceso y principal responsable del mismo, quien no atendió la causa con la celeridad necesaria a este tipo de casos, dilatando indebidamente la remisión de la situación jurídica del accionante. Respecto de los funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados, quienes ejercieron su cargo –a su turno– en suplencia legal en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz; de conformidad con los razonamientos considerados en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la remisión del legajo de apelación, una vez labrada y notificada la decisión, era de exclusiva responsabilidad de éstos, cada uno en el periodo correspondiente en que ejercicio la suplencia; por lo que, su actuación o más bien omisión de ésta, puede ser considerada dentro del presente caso, incluido el Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, quien si bien tuvo que aportar recursos propios para la remisión de la causa en alzada, no lo hizo de forma oportuna; por lo cual, les es atribuible también la dilación que afectó los derechos constitucionales del solicitante de tutela. En ese sentido, la justificación propuesta por estos funcionarios de apoyo sobre la ausencia de presentación de las copias para remitir el legajo en alzada, resulta insuficiente, pues la jurisprudencia constitucional ya se pronunció al respecto. Así, es pertinente apuntar que la SCP 0958/2021-S4 de 29 de noviembre, señaló lo siguiente: “…las actuaciones del recurso de apelación interpuesto contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, deben ser remitidos ante el tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas. Así también lo señaló la línea jurisprudencia de la SCP 0187/2014 de 30 de enero, cuando expreso que: ʽEn este entendido, se reitera, la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física. En cuyo mérito, a fin de evitar dilaciones indebidas en el tratamiento de la remisión de actuados por parte del Juez a quo ante el Tribunal de alzada, cumple a la autoridad judicial competente la observancia de lo siguiente: i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación; y, ii) Sin perjuicio de cualquier determinación que viabilice la continuidad con el trámite de apelación, adoptar la diligencia necesaria a efectos de dar curso a la tramitación de la apelación formulada de manera inmediata, independientemente de las medidas a adoptarse para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley por parte del apelante '’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Por lo tanto, si bien es evidente que la responsabilidad principal sobre cada causa en un Juzgado recae en la autoridad jurisdiccional a cuyo cargo se encuentra dicho despacho; sin embargo, como señaló la jurisprudencia precitada, los funcionarios de apoyo también tienen responsabilidades cuando sus actos u omisiones ocasionen la lesión de un derecho fundamental, incluso cuando asumen la suplencia temporal de otro despacho judicial, pues es parte de sus obligaciones el verificar el cumplimiento de plazos de cada causa y realizar un control sobre los expedientes, debiendo efectuar todos los actos correspondientes a su función sobre ellos, lo que en el caso que se revuelve fue omitido al encontrarse desprovistos de copias, hecho que no fue informado al Juez respectivo, para que asuma las medidas necesarias para garantizar la tramitación de la impugnación deducida por el impetrante de tutela, a través de los medios administrativos a su alcance y que en definitiva concluyó con la vulneración de los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso del accionante, correspondiente por ello, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 8 de marzo, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0537_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
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