Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de su derecho a la libertad, y de los principios de celeridad, seguridad jurídica y a la igualdad; puesto que, la Jueza demandada no remitió el cuaderno de apelación incidental ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, el cual formularon el 15 de febrero de 2023, ante la revocatoria de su detención domiciliaria y la determinación de su detención preventiva. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías, ni presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 10 vta. a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Juez Técnico Primero de Tupiza del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54078-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 10 vta. a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ninoska Mónica Colque Burgos y Fernando Bernal Lázaro contra Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 24 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 4 a 6, los accionantes manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal iniciado en su contra, por la presunta comisión del delito de pornografía -de niñas, niños o adolescentes y de personas jurídicamente incapaces-, Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -hoy demandada-, les concedió la medida sustitutiva de detención domiciliaria; sin embargo, les impuso la presentación de un certificado de arraigo, el cual fue de imposible cumplimiento al estar privados de libertad en el “…Centro de Rehabilitación 'CORAZÓN DE JESÚS’…” (sic), lo que impidió la emisión de sus mandamientos de libertad. Así, el 15 de febrero de 2023, se celebró la audiencia de revocatoria, en la que la Jueza demandada determinó dejar sin efecto la detención domiciliaria y mantener su detención preventiva, ello, con base en el incumplimiento de la presentación del certificado de arraigo, lo que motivó la interposición del recurso de apelación incidental en audiencia; empero, la nombrada no remitió los antecedentes en el plazo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en dilación indebida, hecho que vulnera su derecho a la libertad y al principio de celeridad.
Denunciaron la lesión de su derecho a la libertad, a los principios de celeridad, seguridad jurídica e igualdad; citando al efecto los arts. 23.I, 115, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Que la Jueza demandada dé cumplimiento al art. 251 del CPP, y en el día remita el recurso de apelación incidental a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, b) La reparación de daños y perjuicios, fijando un monto de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos).
Celebrada la audiencia pública el 24 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los peticionantes de tutela, a través de su abogada, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 9 vta.
El Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Juez Técnico Primero de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 10 vta. a 14, concedió la tutela solicitada; ello con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad fue sustentada en la dilación injustificada por parte de la Jueza demandada, en la remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada; 2) Transcurrieron nueve días -del 15 al 24 de febrero del citado año- sin que el cuaderno de apelación fuera remitido al superior en grado, vulnerando el principio de celeridad y el derecho a la tutela judicial efectiva vinculada a la libertad; 3) La acción de libertad de pronto despacho busca acelerar trámites judiciales, ante la existencia de dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de una persona; y, 4) Tanto el juez como el personal de apoyo judicial tienen la obligación de cumplir los plazos procesales, independientemente de la carga procesal o la falta de personal.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 17 a 19); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa decreto de 8 de febrero de 2023, emitido por Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí -hoy demandada-, mediante el cual ante la solicitud de revocatoria de medidas cautelares impetrada por Jimena Vedia Muñoz, se señaló audiencia de consideración para el 15 de febrero a horas 15:30 (fs. 2).
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de su derecho a la libertad, y de los principios de celeridad, seguridad jurídica y a la igualdad; puesto que, la Jueza demandada no remitió el cuaderno de apelación incidental ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, el cual formularon el 15 de febrero de 2023, ante la revocatoria de su detención domiciliaria y la determinación de su detención preventiva. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías, ni presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció que: “La sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, deviene por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación porque la violación o amenaza de violación del derecho cesó; y consecuentemente, el hecho denunciado dejó de vulnerar las garantías o derechos constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución. Asimismo, el objeto procesal constituye el elemento sustancial a resolver por la jurisdicción constitucional; en tal sentido, ante la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, en acción de libertad, cuando el petitorio devino en insubsistente por la desaparición del hecho o supuesto que lo sustentaba, se inhibe un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, correspondiendo la sustracción del mismo; toda vez que, la eventual concesión de la tutela, se tornaría en ineficaz e innecesaria”.
De la revisión de los antecedentes, se advierte que el acto lesivo identificado por los accionantes radica en la omisión de la Jueza demandada de remitir el legajo de apelación incidental ante el Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, a pesar de haber sido interpuesto en audiencia de 15 de febrero de 2023, tras disponerse la revocatoria de la detención domiciliaria y la imposición de la detención preventiva de los nombrados. No obstante, de los datos cursantes en el expediente, se evidencia que el referido recurso de apelación incidental, fue remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, según lo afirmado y corroborado por el Juez de garantías al establecer: “…verificado el cuaderno de control jurisdiccional, se constata que en fecha 24 de febrero de 2023 a horas 10:30, el juzgado ha procedido a la remisión de los antecedentes…” (sic [fs. 12 vta.]). En ese contexto, conforme al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la pérdida del objeto procesal se configura cuando desaparecen los hechos que sustentan la denuncia, debido a que la conducta lesiva es corregida o cesa, tornando innecesaria e ineficaz una eventual concesión de tutela.
En ese marco, aplicando dicho criterio al caso concreto, se tiene que: i) La pretensión de los impetrantes de tutela estaba dirigida a lograr la remisión del recurso de apelación incidental formulado ante el Tribunal de alzada y para el efecto, los nombrados interpusieron la acción de libertad el 24 de febrero de 2023 a horas 10:12 (fs. 1), señalándose audiencia para la misma fecha a horas 12:00 (fs. 7); ii) Dicha actuación procesal fue cumplida por la autoridad demandada el 24 de ese mes y año a horas 10:30; es decir, antes de tomar conocimiento de la interposición de la presente acción tutelar conforme consta a fs. 12 vta. -según lo verificado por el Juez de garantías-, por cuanto fue citada en esa fecha pero a horas 11:56 (fs. 9 vta.); y, iii) En consecuencia, el acto denunciado dejó de producir efectos lesivos sobre los derechos invocados. Por tanto, al haberse satisfecho la pretensión y cesado la supuesta vulneración alegada por los accionantes, corresponde denegar la tutela solicitada, en razón de haberse producido la pérdida del objeto procesal, por lo que cualquier determinación al respecto devendría en innecesaria e ineficaz. En cuanto a la decisión del Juez de garantías, quien concedió la tutela bajo la aplicación de la acción de libertad innovativa, es pertinente citar el entendimiento establecido en la SCP 0241/2025-S2 de 16 de abril, la cual determinó: “…Al respecto, desde la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, la misma procede en aquellos casos en los que la decisión constitucional pueda tener un efecto preventivo, se pretende evitar reiteraciones, o existan indicios de responsabilidad civil, penal u otra. En ese sentido, para la activación de la acción de libertad innovativa, debe acreditarse y fundamentarse -ya sea por la parte afectada o de oficio por este Tribunal- la existencia de alguna de las causales mencionadas; de lo contrario, la emisión de la Sentencia carecería de efecto práctico, resultando en una decisión meramente formal; es decir, sin consecuencia práctica alguna…”; en efecto, al no haberse acreditado los presupuestos citados precedentemente, no amerita ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 24 de febrero de 2023, cursante de fs. 10 vta. a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de Familia y Juez Técnico Primero de Tupiza del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0535_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6647548196b36ac7445c1d808736c5c61391942dcecbdf6276afe893342996ca
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