Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de septiembre de 2024
Concede la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Dorotea Bertha Mamani Mamani Vda. de Velasco, en contra de los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en atención al memorial de 19 de julio de 2022, a través de la “providencia de 20 de julio de 2022”, señaló audiencia para el 3 de agosto del mismo año, dicha actuación prolongó su detención domiciliaria, incurriendo en dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 34/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Doceavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la Jueza ahora demandada señale audiencia de consideración de la solicitud de salidas laborales presentada por los ahora accionantes en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando, con posterioridad, no se hubiera modificado la situación jurídica de los mismo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0530/2024-S1 Sucre, 16 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49435-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 34/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guido Condori Mendoza y Zenaida Máxima Mamani Mita contra Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 28 de julio de 2022, cursante de fs. 57 a 60, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Dorotea Bertha Mamani Mamani Vda. de Velasco, en contra de los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP); se tiene que, la denunciante presentó el certificado médico forense de 29 de noviembre de 2021, que determinaba una incapacidad médico legal de cuatro días; no obstante, pasados ciento veinte días, de manera sorpresiva, presentó un segundo certificado de 24 de marzo de 2022, que determinó quince días de incapacidad médico legal, señalando la existencia de una fractura; este último certificado, que resulta completamente ilegal, fue utilizado para intentar inculpar a los ahora accionantes por hechos que no cometieron, con el único propósito de velar sus intereses materiales.
En audiencia de medidas cautelares, a pesar de que los ahora impetrantes de tutela demostraron documentalmente que llevan diecisiete años de casados y que son padres de dos menores de edad que requieren atención y cuidado prioritario, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur la Capital del departamento de La Paz ordenó la detención domiciliaria de ambos, con base en el segundo certificado de 24 de marzo de 2022. El 19 de julio de 2022, -los ahora accionantes- solicitaron la modificación de dichas medidas cautelares, argumentando que su actividad económica involucra la venta de frutas y alimento para animales que tienen fecha de vencimiento; además, no cuentan con el apoyo necesario para cuidar y mantener a sus hijos que necesitan atención prioritaria, ya que se encuentran con detención domiciliaria. En ese entendido, al tratarse de solicitudes relacionadas al derecho a la libertad, la autoridad judicial está obligada a fijar la audiencia de modificación de medidas cautelares dentro de los tres días siguientes a su solicitud; sin embargo, la audiencia fue programada para el 3 de agosto de 2022, tiempo demasiado largo que motiva la presente acción tutelar.
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; sin citar norma constitucional alguna que la contenga.
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se señale día y hora de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares -solicitud de salidas laborales- dentro del plazo de veinticuatro horas.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 29 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 65 a 66; produciéndose los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos señalaron que: a) Los ahora accionantes trabajan vendiendo fruta y alimentos para animales, son de bajos recursos; asimismo, adquirieron deudas con la denunciante y por su incumplimiento fueron agredidos física y psicológicamente delante de sus hijos menores de edad; por lo que, inició un proceso penal -en contra de Dorotea Bertha Mamani Mamani Vda. de Velasco -denunciante-, presentando un certificado médico forense de dos días de impedimento; sin embargo, la denunciante presentó un certificado médico forense con cuatro días de impedimento y posteriormente un segundo certificado médico forense con quince días de incapacidad por una fractura en su dedo; señalada la audiencia cautelar, se dispuso la detención domiciliaria de los ahora impetrantes de tutela, sin considerar que son padres de familia de dos menores de edad por lo que solicitaron la modificación de dicha medida cautelar; b) Lo único que solicitan es el señalamiento de día y hora de audiencia dentro del plazo de tres días conforme establece la jurisprudencia constitucional, ya que desde el 19 de julio de 2022, se señaló audiencia de consideración de modificación de la medida cautelar dispuesta por la Jueza ahora demandada, para el 3 de agosto de igual año, situación que se considera excesiva, por lo que plantearon la presente acción de libertad traslativa o de pronto de despacho en busca de acelerar el trámite por tratarse de personas privadas de su libertad en atención al principio de celeridad.
Erika Aranda, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur la Capital del departamento de La Paz, presente en audiencia, manifestó que: 1) Es evidente que se consideró la solicitud de modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria, ya que existe una imputación formal donde el Fiscal de Materia de la causa solicitó la detención domiciliaria, siendo que la víctima es una persona de la tercera edad con quince días de incapacidad médico legal; dicha decisión, fue objeto de recurso de apelación incidental remitiendo antecedentes ante los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) El 19 de julio de 2022, los ahora accionantes presentaron memorial de solicitud de salidas laborales, por lo que se advierte que piden la modificación de la medida cautelar dispuesta; sin embargo, la solicitud de salidas laborales no implica la modificación “SC 1176/2016”; no obstantes, de manera confusa solicitan modificación, cuando una modificación no es una salida laboral, es una variante; en ese entendido, al existir apelación pendiente, pudo disponer que previamente se resuelva la apelación para evitar resoluciones contrapuestas; 3) Existe una confusión, pero siempre bajo el principio de favorabilidad, se emitió el proveído señalando día y hora de audiencia, a celebrarse el 3 de agosto de 2022 por la carga laborar, para la consideración de la salida laboral de los ahora impetrantes de tutela; al respecto, los mismos están con medidas menos gravosas, no se trata de una cesación; además, existe una apelación pendiente; y, 4) Se valoró la situación que tienen los hijos menores de edad de los ahora accionantes, por lo que se dispuso la detención domiciliaria y no la detención preventiva, que fue solicitada por la víctima denunciante, por lo que solicita se deniegue la tutela.
El Juzgado de Sentencia Penal Doceavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 34/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 67 a 70, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) A través del Memorial de 19 de julio de 2022, los ahora accionantes solicitaron la modificación de medidas cautelares, pidiendo autorización de salidas laborales; petición que fue atendida dentro de las veinticuatro horas, a través de la “providencia de 20 de julio de 2022”, pese a que los ahora accionantes manifiestan que no se señaló día y hora de audiencia dentro del plazo razonable; sin embargo, es evidente que el señalamiento se encuentra dentro de plazo; asimismo, dicho señalamiento fue para el 3 de agosto del mismo año, siendo de conocimiento de los ahora accionantes, por principio de subsidiariedad, tenían la obligación de activar el mecanismo establecido por el art. 401 del Código Procesal Penal (CPP), solicitando la reposición exponiendo los motivos que presenta en esta acción tutelar, requiriendo la modificación del señalamiento a la brevedad posible, al no haberlo hecho y directamente acudir a la vía constitucional, no se cumplió los medios intraprocesales; ii) El Auto Interlocutorio 264/2022 de 18 de julio, dispuso la detención domiciliaria de los ahora accionantes sin salida laboral, determinación que se encuentra en grado de apelación, por lo que no correspondería una consideración de fondo, ya que se generaría resoluciones contradictorias; al respecto, dentro de la Resolución de medidas cautelares, no se encuentra en consideración la apelación de las salidas laborales; es decir, es posible su consideración sin necesidad de aguardar los resultados de la apelación incidental y la Jueza ahora demandada señaló día y hora de audiencia para su consideración; bajo ese contexto, no se verifica que exista dilación indebida vinculada al derecho a la libertada, debido a que lo que se solicitó es la autorización de salida laboral al tratarse de una pareja de esposos con detención domiciliaria que tiene hijos menores de edad a su cargo; iii) Tomando en cuenta los antecedentes, es posible ordenar la modificación del señalamiento de audiencia para el día de mañana; sin embargo, el señalamiento efectuado para el 3 de agosto de 2022, se encuentra próximo a dos días hábiles de la celebración de la audiencia tutelar; en ese entendido, si se modifica la fecha de celebración de audiencia se causaría mayor perjuicio a los ahora accionantes, ya que las notificaciones ya fueron dispuestas por la Oficina Gestora de Procesos y el nuevo señalamiento pondría en desorden las notificaciones provocando un desfase en perjuicio de los impetrantes de tutela. Por lo que no se advierte dilación indebida respecto al señalamiento de audiencia de consideración de salidas laborales, más aún si no se activaron los medios intraprocesales.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1. Cursa memorial de 10 de julio de 2022, presentado ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, a través de la cual Guido Condori Mendoza y Zenaida Máxima Mamani Mita -ahora accionantes-, solicitan la modificación de medidas cautelares en atención a que la ahora accionante se dedica a la venta de frutas; y el ahora accionante, realiza la venta de alimentos para mascotas, por lo que ambos solicitan que la salida laboral sea de 08:00 a 21:00 horas (fs. 2 a 5).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Dorotea Bertha Mamani Mamani Vda. de Velasco, en contra de los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en atención al memorial de 19 de julio de 2022, a través de la “providencia de 20 de julio de 2022”, señaló audiencia para el 3 de agosto del mismo año, dicha actuación prolongó su detención domiciliaria, incurriendo en dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; y, 2) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0077/2019-S2 de 3 abril, precedida del Voto Disidente de la SCP 0268/20218-S2 de 25 de junio, desarrolló el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal de las personas; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud. En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas. Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se 1 El FJ III.1, establece: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
2 El FJ III.2, refiere: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”.
3 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras.
El impetrante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Dorotea Bertha Mamani Mamani Vda. de Velasco, en contra de los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, en atención al memorial de 19 de julio de 2022, a través de la “providencia de 20 de julio de 2022”, señaló audiencia para el 3 de agosto del mismo año, dicha actuación prolongó su detención domiciliaria, incurriendo en dilación indebida. De la revisión de los antecedentes del legajo constitucional, se observa que no cursan el Auto Interlocutorio 264/2022 de 18 de julio, que dispuso la detención domiciliaria de los ahora accionantes; y tampoco, la “providencia de 20 de julio de 2022” de señalamiento de día y hora de audiencia sobre la solicitud de salidas laborales presentada por la parte ahora accionante; sin embargo, la Jueza de garantías en el análisis del caso tuvo acceso a dichos actuados procesales, por lo que la presente acción se resolverá en atención a lo verificado por esta autoridad. De la revisión de los antecedentes y conclusiones del legajo constitucional, se tiene que el 10 de julio de 2022, los ahora accionantes solicitaron la modificación de medidas cautelares en cuanto a la otorgación de salidas laborales, en atención a que, son padres de dos menores de edad que requieren atención y cuidado prioritario; y que, se dedica a la venta de frutas y de alimentos para mascotas, que por sus características son perecederos (Conclusión II.1); Dicha petición -según lo verificado por la Jueza de garantías-, fue atendida por la Autoridad ahora demandada, quien emitió la “providencia de 20 de julio de 2022”, señalando audiencia para su consideración y resolución el día 3 de agosto de igual año. De la relación efectuada, se verifica que, presentado el memorial de 19 de julio de 2022 ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada, esta emitió la “providencia de 20 de julio de 2022”, dentro del plazo previsto por el art. 132 del CPP; es decir, dentro del plazo de veinticuatro horas al tratarse de un decreto de mero trámite; dicha providencia, fijó día y hora de audiencia para el 3 de agosto del mismo año; no obstante, desde la providencia de señalamiento de audiencia hasta el 3 de agosto de 2022, se tienen catorce días de dilación indebida para resolver la situación jurídica de los procesados -ahora accionantes-; en ese contexto, se advierte que la Jueza ahora demandada programó la audiencia para considerar la solicitud de salidas laborales, sin tomar en cuenta que debió fijarla con la mayor prontitud posible; es decir, su actuación se halla fuera de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual dispone que, ante una solicitud de cesación a la detención preventiva, las autoridades jurisdiccionales competentes deben providenciar la misma señalando audiencia para su consideración con la mayor prontitud; debiendo los tribunales y jueces, imprimir la dinámica procesal adecuada en su tramitación y pronunciamiento, con la prontitud y celeridad necesaria; toda vez que, se encuentra involucrado el derecho a la libertad física o personal del procesado. Por otra parte, de las revisión de antecedentes, se verifica que el Juez de garantías denegó la tutela solicitada en atención a qué, al haberse llevado a cabo la audiencia de la presente acción tutelar el 29 de julio de 2022, consideró que el señalamiento de audiencia para el 3 de agosto de igual año, estaba próximo a celebrarse y las notificaciones habían sido dispuestas por la Oficina Gestora de Procesos, razón por la cual la concesión de tutela y la orden de nuevo señalamiento de audiencia dentro de las veinticuatro horas, entorpecería la situación procesal de los ahora accionantes, ya que se pondría en desorden las notificaciones en perjuicio de los impetrantes de tutela; sin embargo, revisados los antecedentes, se verifica que el acto vulnerario denunciado no cesó en sus efectos; toda vez que, hasta la fecha de celebración de la audiencia tutelar -29 de julio de 2022-, no se resolvió la solicitud de salidas laborales que presentaron los ahora accionante; de igual forma, se verifican 14 días de dilación indebida para resolver dicha solicitud -entre la Providencia de 20 de julio de 2022 y el señalamiento de audiencia de 3 de agosto del mismo año-; por ello, correspondía corregir la dilación indebida y disponer el señalamiento de audiencia con la prontitud debida; máxime, si los impetrante de tutela justificaron su petición señalando que son padres de dos menores de edad que requieren atención y cuidado prioritario; y que, se dedica a la venta de frutas y de alimentos para mascotas, que por sus características son perecederos (Conclusión II.1). En consecuencia, el Juez garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 34/2022 de 29 de julio, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Doceavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso, así como el principio de celeridad, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la Jueza ahora demandada señale audiencia de consideración de la solicitud de salidas laborales presentada por los ahora accionantes en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando, con posterioridad, no se hubiera modificado la situación jurídica de los mismo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
4 El FJ III.3, establece: “Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados es posible concluir, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0530_2024-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 834fbcccb36ac2d220a74c7b6c898ba7e1d9c7b98937699d6d65261bfe33aaab
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