Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 22 de febrero de 2022, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 130/2022 de igual fecha, que rechazó su pedido; por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no se remitió el legajo procesal ante la sala penal correspondiente, en el término de veinticuatro horas, conforme establece el art. 251 del CPP, pese a que se coordinó las fotocopias para su envío respectivo, lesionando con ello su derecho a la libertad personal.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el aludido Tribunal y conforme a los razonamientos expresados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0530/2023-S2 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46180-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Ariel Mamani Cruz contra Mario Helmer Laura Picavia y Milko Steel Ayllon Quilli, Juez y Secretario, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 4 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, en audiencia de cesación de la detención preventiva pronunció el Auto Interlocutorio 130/2022 de 22 de febrero, rechazando dicha solicitud; por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental coordinando al día siguiente las fotocopias para su envío dentro de las veinticuatro horas a la sala penal correspondiente, conforme a lo previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, “hasta la fecha” no se remitió el legajo procesal ante el Tribunal de alzada, indicándole a su abogada que aún no se transcribió el fallo pertinente; por tal razón, no se pudo expedir los antecedentes del referido recurso ante el superior en grado, lesionando su derecho a la libertad personal.
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica, citando al efecto el art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los demandados remitan la apelación incidental formulada en audiencia de cesación de la detención preventiva de 22 de febrero de 2022, “…o en su defecto el Juez Accionado emita una nueva Resolución considerando mi vulneración al Principio de Inocencia y Derecho a la Libertad, además al principio de test de proporcionalidad…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de marzo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 14 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ni su abogado asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 10.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que, no pudo realizar un informe como se debe, por lo que, tampoco remitió el mismo; ya que, le notificaron con la presente acción de libertad, “…y tengo entendido que el cuaderno de la presente causa ya fue remitido a salas” (sic). Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del indicado Juzgado, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, no obstante, su notificación cursante a fs. 7.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el término de veinticuatro horas, la parte demandada remita el legajo procesal al Tribunal de alzada, “…es decir el día lunes 07 de marzo de 2022, bajo responsabilidad disciplinaria” (sic), con base en los siguientes fundamentos:
a) Se advirtió que desde el 22 de febrero del mismo año, “hasta la fecha” el Secretario codemandado no despachó el cuaderno de apelación, pese a que el Juez de la causa dispuso que en el plazo de veinticuatro horas el mismo sea enviado ante el superior en grado, a fin que se resuelva el recurso de apelación incidental respecto a la cesación de la detención preventiva formulada por el peticionante de tutela, conforme prevé la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, b) Hasta la interposición de esta acción tutelar transcurrieron diez días sin que el legajo sea remitido a la sala penal correspondiente, generando con ello dilación para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, y al no haberse desvirtuado el hecho denunciado, se tuvo por válido, en observancia a la presunción de veracidad reconocida por la jurisprudencia constitucional, quebrantando sus obligaciones y deberes de tramitar con celeridad y sin dilaciones, conforme prevé la norma procesal, tomando en cuenta este principio que rige a la administración de justicia, correspondiendo conceder la tutela demandada bajo la modalidad de pronto despacho.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Según se expresó en la acción de libertad presentada, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Franz Ariel Mamani Cruz -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 14 de febrero de 2022, el prenombrado solicitó la cesación de su detención preventiva; a tal efecto, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, pronunció el Auto Interlocutorio 130/2022 de 22 de igual mes, rechazando ese pedido; en virtud a ello, el peticionante de tutela en dicho acto procesal, interpuso recurso de apelación incidental de conformidad al art. 251 del CPP (fs. 2 a 4 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; y, de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 22 de febrero de 2022, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 130/2022 de igual fecha, que rechazó su pedido; por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no se remitió el legajo procesal ante la sala penal correspondiente, en el término de veinticuatro horas, conforme establece el art. 251 del CPP, pese a que se coordinó las fotocopias para su envío respectivo, lesionando con ello su derecho a la libertad personal.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, el art. 180.I de la CPE, señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (negrilla añadida). Asimismo, el art. 178.I de la Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado es nuestro). En concordancia con la citada norma, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; máxime, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La SC 0105/2003-R de 27 de enero, sostuvo que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente” (las negrillas y subrayado nos corresponden). De igual forma, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio refirió que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el énfasis nos pertenece).
Sobre el tópico, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que: “El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal. Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación” (énfasis agregado). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0062/2014 de 3 de enero y 0017/2016-S1 de 6 de enero. En ese sentido, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, mencionó que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…” (las negrillas son nuestras). Razonamiento que fue repetido por la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio.
La SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, sostuvo que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad-traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).
El art. 83 de la LOJ, establece que las servidoras o servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la auxiliar o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y obligaciones, se hallan previstas en la precitada ley. En ese contexto, la SCP 0331/2021-S2 de 20 de julio, indicó que: “A efectos de determinar la legitimación pasiva en las acciones de libertad, de los servidores de apoyo judicial, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional en primera instancia, estableció que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados; dado que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, limitando sus funciones a acatar las órdenes o instrucciones de la autoridad judicial; sin embargo, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció una excepción en los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial, situación en el cual la autoridad jurisdiccional se deslinda de responsabilidad; posteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, efectuando una modulación de la línea jurisprudencial en relación al razonamiento asumido en el precitado fallo, amplió un supuesto, estableciendo que también cuentan con legitimación activa, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; argumentando que: ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado;
consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. …este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida…’. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero. De lo expuesto en líneas precedentes, queda establecido que los servidores de apoyo judicial tienen legitimación activa en dos supuestos: 1) En los casos en que incurrieran en excesos contrariando determinaciones de la autoridad judicial; y, 2) Cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas” (el énfasis y subrayado corresponden al texto original).
Al respecto, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido” (énfasis añadido). En ese mismo sentido, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, sostuvo que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, ha señalado que: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación...’” (el resaltado es nuestro). Por otra parte, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refirió que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía constitucional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos” (las negrillas nos pertenecen). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1583/2022-S2 de 14 de diciembre y 1775/2022-S2 de 7 de diciembre, entre otras.
En el caso en examen, de acuerdo al contenido del memorial de esta acción tutelar y al acta de audiencia pública de garantías celebrada el 4 de marzo de 2022, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Franz Ariel Mamani Cruz -accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio de 23 de diciembre de 2021, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses.
Posteriormente, el 14 de febrero de 2022, el peticionante de tutela solicitó la cesación de la medida extrema; a tal efecto, el Juez demandado pronunció el Auto Interlocutorio 130/2022 de 22 de igual mes, rechazando su pedido; en virtud a ello, en dicho acto procesal el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, conforme previene el art. 251 del CPP; sin embargo, hasta la presentación de este mecanismo de defensa no se remitió el legajo procesal a la sala penal correspondiente, pese a que se coordinó las fotocopias para dicho fin, indicándole a su abogada que aún no estaba transcrito el fallo pertinente; por tal razón, no se pudo enviar los antecedentes ante el superior en grado. Previo al análisis de fondo de la presente causa, cabe señalar que, de la compulsa de los antecedentes adjuntos al expediente, se advierte que no cursan los informes de descargo tanto del Juez como del Secretario demandados, a objeto de controvertir los hechos denunciados por el solicitante de tutela; puesto que, si bien el primero de los nombrados asistió a la audiencia de garantías; empero, no negó los extremos alegados, limitándose a señalar que no pudo realizar un informe como se debe, tampoco remitir el mismo, porque le notificaron con esta acción tutelar el día del indicado verificativo, en horas de la tarde “…y tengo entendido que el cuaderno de la presente causa ya fue remitido a salas” (sic); sin embargo, no acreditó lo aseverado con prueba alguna. En ese entendido, con relación a las alegaciones expuestas supra, corresponde aplicar la presunción de veracidad, conforme a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese marco, se tiene por probado lo vertido en relación a los actos referidos por el accionante, al no haber presentado la parte demandada sus informes respectivos, ya sea de forma verbal o escrita, que desvirtúe los sucesos reclamados respecto a su participación. En virtud al razonamiento jurisprudencial anteriormente citado, en el caso que se analiza, una vez que el Juez demandado en audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 22 de febrero de 2022, emitió el Auto Interlocutorio 130/2022, el peticionante de tutela en el mismo acto procesal interpuso recurso de apelación incidental contra el aludido fallo; sin embargo, hasta la formulación de la presente acción de libertad, no existe constancia cierta y evidente de su remisión ante el Tribunal de alzada para su consideración y trámite correspondiente; infiriéndose en tal circunstancia que, desde la celebración del mencionado verificativo y posterior emisión del fallo correspondiente, hasta la presentación de la acción tutelar, transcurrieron ocho días hábiles, desconociendo con ello lo previsto en el art. 251 del CPP, el cual establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, y una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; asimismo, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente resolución constitucional, determinó que cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el citado Tribunal, en el plazo improrrogable antes señalado; lo contrario, significa una dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad. Consiguientemente, el Juez demandado vulneró el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, sobre el que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, vinculada a la libertad del impetrante de tutela, mismo que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico e ineludible de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin retrasos innecesarios; toda vez que, al no supervisar que la remisión de los actuados pertinentes al superior en grado, se efectuara en el plazo previsto por la normativa legal pertinente, generó una demora injustificada, debiendo adoptar las medidas conducentes a objeto de cumplir con el envío correspondiente, dejando de lado toda actitud pasiva que implique dilación en su tratamiento, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, en cuanto concierne al Secretario codemandado, en su condición de servidor de apoyo judicial, es preciso establecer que dicho funcionario también tiene legitimación pasiva en la presente acción de defensa; puesto que, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional -conforme se identificó-; sino que, las omisiones de carácter administrativo como ser: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación y el incumplimiento de plazos para la remisión de lo pertinente al superior en grado, entre otras, repercute negativamente en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de las personas; aspecto que, en el caso en examen efectivamente aconteció; adecuándose su conducta a los dos supuestos previstos por la jurisprudencia constitucional, debido a la demora en el envío de los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, al no haberse transcrito la resolución correspondiente -según lo afirmado por el solicitante de tutela-; puesto que, el aludido servidor judicial debió asumir una actitud diligente y cumplir eficazmente las obligaciones inherentes a sus funciones, afectando con su actuar el buen desempeño de las labores jurisdiccionales. Por todos los argumentos vertidos, corresponde conceder la tutela impetrada, al encontrarse la problemática planteada dentro de los alcances de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; vale decir, cuando existe demora o dilaciones injustificadas o indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 4 de marzo, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el aludido Tribunal y conforme a los razonamientos expresados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0530_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 63ed57a6858d6bfcaa996a5913a873d8288bc0b4dc5ec7dd91149af54475b4ec
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