Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, relacionado con el debido proceso, toda vez que, ante la ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido en su favor, por memorial de 13 de febrero de 2023, solicitó la emisión directa de mandamiento de libertad; sin embargo, el Juez demandado señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 23 del mismo mes y año; es decir, diez días después, manteniéndose vigente la medida restrictiva de su libertad. Ante ello, el Juez demandado no presentó informe escrito alguno ni concurrió a la audiencia de garantías. A su vez, la Secretaria codemandada señala que, no se vulneró derecho alguno del accionante, atribuyendo la fijación de audiencia fuera de plazo a la carga laboral del Juzgado y señalando que el prenombrado tenía expedita la vía del recurso de reposición. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 69/2023 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al Juez demandado, disponiendo que emita resolución conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante ya se hubiese definido. 2° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la Secretaria codemandada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0529/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53934-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 69/2023 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bismarck Eusebio Molina López en representación sin mandato de Jorge Mayta Choque contra William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de febrero de 2023, cursante de fs. 20 a 23, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, bajo el control jurisdiccional de William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, y previa conminatoria, la autoridad fiscal presentó Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 002/2022 el 4 de noviembre de 2022 a su favor, por no existir suficientes pruebas y por no haber incurrido en el tipo penal mencionado; asimismo, mediante Resolución FDLP/WEAL/S-902/2022 de 23 de diciembre, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, ratificó el citado requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Como consecuencia de ello, se dispuso la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se habrían impuesto, la cancelación de antecedentes policiales y el archivo de obrados. Sin embargo, el 13 de febrero de 2023, el Juez demandado señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 23 de igual mes y año, incumpliendo el plazo establecido en los arts. 113 y 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, siendo que el art. 239 del CPP fue posteriormente modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-; e, incumpliendo también lo estipulado en el art. 324 del mismo Código, modificado por la Ley 1173, ya que correspondía que el Juez demandado emita mandamiento de libertad en el día de manera obligatoria, puesto que a la fecha ya no existía ninguna causal para que continúe privado de libertad en la Carceleta de Patacamaya del departamento de La Paz.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, relacionado con el debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene al Juez demandado y a la “Secretaria codemandada” que emitan mandamiento de libertad en su favor, y procedan a coordinar con la Carceleta de Patacamaya del departamento de La Paz, para su inmediata liberación; y, b) Que su incumplimiento sea sancionado conforme a procedimiento y ley vigente, con la imposición de costas y multa.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) La presente acción tutelar fue reconducida a la tipología de acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 690/2022 de 14 de noviembre, dicha petición fue rechazada bajo el fundamento de que se encontraba pendiente la resolución del Fiscal Departamental de La Paz respecto de la consulta del requerimiento conclusivo de sobreseimiento, autoridad que podía ratificarlo o revocarlo. Posteriormente, presentó una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, la cual fue nuevamente desestimada mediante Auto Interlocutorio 827/2022 de 30 de diciembre, con el argumento de que el referido Fiscal Departamental aún se encontraba dentro del plazo para emitir la resolución jerárquica, debiendo estarse a su resultado. Contra esta última decisión interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por Auto de Vista 19/2023 de 11 de enero, mediante el cual la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz confirmó la resolución impugnada; y, 3) El 23 de diciembre de 2022, el Fiscal Departamental de La Paz emitió la Resolución FDLP/WEAL/S-902/2022, ratificando el requerimiento conclusivo de sobreseimiento. En virtud de ello, el 13 de febrero de 2023 solicitó que, en el día, se librara mandamiento de libertad, sosteniendo que, al haberse ratificado el sobreseimiento y no existir probabilidad de autoría, carecía de sustento el mantenimiento de la detención preventiva. En ese contexto, alegó que no correspondía señalar una audiencia de cesación de la detención preventiva, sino disponer directamente su libertad. No obstante, mediante providencia de la misma fecha, el Juez demandado señaló audiencia para el 23 de febrero de 2023, es decir, diez días después de presentada la solicitud, pese a que los arts. 113 y 239 del CPP disponen que, tratándose de personas privadas de libertad, las audiencias deben fijarse con la mayor celeridad posible.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no se presentó a la audiencia ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 25 y vta. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia refirió que: i) El peticionante de tutela no especificó qué derecho habría sido vulnerado por su persona; ii) Si bien la audiencia no se señaló dentro del plazo, ello se debió a la carga laboral del Juzgado; iii) No existe disposición que faculte a su persona a librar mandamientos; iv) El abogado pudo haber planteado recurso de reposición, a efectos de que se señale audiencia dentro de plazo o, en su caso, solicitar se libre el mandamiento de libertad; y, v) No se lesionó ningún derecho del ahora accionante.
La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 69/2023 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Que el Juez demandado lleve adelante la audiencia fijada para el 23 de febrero de 2023, para la consideración de la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela; b) Exhortar a la Secretaria codemandada a verificar el cumplimiento de las notificaciones, considerando que la audiencia no puede suspenderse por ningún motivo; y, c) A efectos de verificar el cumplimiento de la presente determinación, el día señalado para la referida audiencia, deberán presentar ante su despacho la resolución que defina la situación jurídica del ahora accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) Al haberse modificado la tipología de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, corresponde señalar que esta tutela el principio de celeridad vinculado con la libertad; 2) El Juez demandado no se hizo presente a la audiencia de la acción de defensa, por lo que, conforme a la línea jurisprudencial, se tienen por ciertos los hechos expuestos en la demanda; 3) El debido proceso exige la aplicación del principio de contradicción en audiencias de medidas cautelares; por ello, conforme a la SCP 1206/2012 de 6 de septiembre, la imposición, modificación y levantamiento de medidas cautelares debe realizarse en audiencia, y no de manera directa, como pretende el accionante; 4) Respecto a que la audiencia fue fijada en un lapso de diez días, y que ello no se ajustaría a los arts. 113 y 239 del CPP, así como a la reiteración de solicitudes por parte del impetrante de tutela, corresponde que estos aspectos sean considerados en audiencia bajo el principio de contradicción; 5) En relación con la Secretaria codemandada, conforme al art. 56 del referido Código, tenía la obligación de informar al Juez que el plazo para señalar audiencia era de cuarenta y ocho horas; y, 6) En cuanto a la fijación de audiencia, se evidenció la omisión de señalarla dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239 del Adjetivo Penal, lo que demostraba que la autoridad demandada no consideró los plazos establecidos para definir la situación jurídica de una persona sometida a detención preventiva.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 41 a 43); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución FDLP/WEAL/S-902/2022 de 23 de diciembre, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, determinó ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 002/2022 de -4 de noviembre- presentado ante la autoridad jurisdiccional el 4 de igual mes y año, emitido por Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia, en favor de Jorge Mayta Choque -ahora accionante- a efectos de la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se le hubiesen impuesto, la cancelación de antecedentes policiales, así como el archivo de obrados (fs. 3 a 6 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2023, el impetrante de tutela solicitó por “TERCERA VEZ” la emisión de mandamiento de libertad en el día; petición que mereció providencia de la misma fecha, por el cual la William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado- señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 23 del mismo mes y año (fs. 1 a 2).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, relacionado con el debido proceso, toda vez que, ante la ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento emitido en su favor, por memorial de 13 de febrero de 2023, solicitó la emisión directa de mandamiento de libertad; sin embargo, el Juez demandado señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 23 del mismo mes y año; es decir, diez días después, manteniéndose vigente la medida restrictiva de su libertad. Ante ello, el Juez demandado no presentó informe escrito alguno ni concurrió a la audiencia de garantías. A su vez, la Secretaria codemandada señala que, no se vulneró derecho alguno del accionante, atribuyendo la fijación de audiencia fuera de plazo a la carga laboral del Juzgado y señalando que el prenombrado tenía expedita la vía del recurso de reposición. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 1230/2006-R de 1 de diciembre, entendió que la libertad procedía sin necesidad de esperar la ratificación del sobreseimiento por el fiscal departamental, equiparando sus efectos a los de una sentencia absolutoria, cuya emisión importa la cesación de las medidas cautelares personales aun antes de adquirir ejecutoria. No obstante, dicho entendimiento fue posteriormente modulado por la SC 0214/2011-R de 11 de marzo, que desplazó el ámbito de análisis hacia el deber de celeridad que debe observar el Ministerio Público cuando el imputado se encuentra privado de libertad, precisando que una vez vencido el plazo para ratificar o revocar el sobreseimiento corresponde que la autoridad jurisdiccional disponga incluso de oficio la libertad del imputado, evitando que la mora de las autoridades fiscales incida negativamente sobre el ejercicio del derecho a la libertad. Entendimiento que fue reiterado por la SC 1071/2011-R de 16 de agosto y la SCP 1206/2012. Finalmente, la SCP 1625/2014 de 19 de agosto, a título de aclarar la doctrina desarrollada por la SC 0214/2011-R, negó que la libertad procede de manera automática, sino que previamente corresponde convocar a audiencia cautelar a efecto de que la autoridad jurisdiccional valore los fundamentos expuestos por las partes, la incidencia del incumplimiento de los plazos fiscales y la persistencia o no de los presupuestos que justifican la restricción de la libertad, emitiendo la resolución correspondiente. De la evolución de estos precedentes pueden identificarse tres escenarios jurídico-procesales claramente definidos: i) Sobreseimiento emitido y sujeto al procedimiento de revisión o pendiente de resolución de las impugnaciones: Mientras el sobreseimiento no haya adquirido firmeza, la libertad ipso iure prevista por el art. 324 del CPP no opera automáticamente, pues dicha consecuencia está condicionada a la eventual ratificación por el fiscal departamental. En consecuencia, el imputado no adquiere como tal un derecho inmediato a recuperar su libertad por la sola emisión del sobreseimiento, lo que, no obstante, no impide que pueda promover la cesación de la detención preventiva, correspondiendo al juez convocar a la audiencia respectiva y resolver la solicitud mediante una valoración integral de los elementos aportados por las partes, considerando la incidencia que la decisión fiscal proyecta sobre la persistencia de los presupuestos materiales y procesales, y pudiendo disponer, según corresponda, el mantenimiento de la detención preventiva, su sustitución por medidas cautelares menos gravosas o su cesación; ii) Sobreseimiento pendiente de revisión con vencimiento del plazo legal para el pronunciamiento del fiscal departamental: Conforme al entendimiento desarrollado por la SC 0214/2011-R y posteriormente aclarado por la SCP 1625/2014, el incumplimiento del plazo legal por parte del Ministerio Público, en definitiva, no puede justificar la prolongación indefinida de la detención preventiva. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional debe asumir una decisión respecto de la situación jurídico-procesal del imputado; sin embargo, dicha decisión no puede adoptarse automáticamente, sino previo señalamiento de audiencia y con observancia del principio de contradicción, correspondiendo al juez emitir una resolución motivada acerca de la continuidad, sustitución o cesación de la medida cautelar; y, iii) Sobreseimiento firme: Cuando el sobreseimiento ha sido ratificado por el fiscal departamental o ha adquirido firmeza al agotarse los mecanismos legales de revisión e impugnación, desaparece definitivamente la posibilidad jurídica de continuar la persecución penal. Sólo en este supuesto despliega plenamente sus efectos el art. 324 del CPP, de manera que la libertad ipso iure prevista por dicha disposición debe entenderse referida al sobreseimiento firme, pues únicamente entonces desaparece el presupuesto procesal que justificaba la subsistencia de la detención preventiva.
Con carácter previo, corresponde precisar que, si bien la presente acción tutelar fue dirigida contra el Juez y la Secretaria del mismo despacho judicial, el examen de los agravios denunciados se circunscribirá únicamente a la actuación de la autoridad jurisdiccional demandada, pues la decisión cuestionada -consistente en no disponer la emisión inmediata del mandamiento de libertad y, en su lugar, señalar audiencia de cesación de la detención preventiva- constituye una determinación jurisdiccional cuya adopción corresponde de manera exclusiva al Juez de la causa, en su condición de director del proceso y superior jerárquico del personal de apoyo jurisdiccional. En consecuencia, es menester denegar la tutela en cuanto a la Secretaria codemandada. Ahora bien, ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, de la revisión de los antecedentes procesales se advierte que, mediante Resolución FDLP/WEAL/S-902/2022 de 23 de diciembre, el Fiscal Departamental de La Paz, ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 002/2022 de 4 de noviembre, emitida a favor del accionante, disponiendo expresamente la conclusión del proceso penal, la cesación de las medidas cautelares impuestas, la cancelación de los antecedentes policiales y el archivo de obrados (Conclusión II.1). En ejecución de dicha determinación, el impetrante de tutela presentó memorial el 13 de febrero de 2023 solicitando la inmediata expedición del mandamiento de libertad; sin embargo, mediante providencia de la misma fecha, la autoridad demandada señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 23 de ese mes y año, difiriendo el tratamiento de la solicitud por el lapso de diez días (Conclusión II.2). Dicho escenario factual se subsume al tercer escenario jurídico-procesal desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que, al momento de formularse la solicitud de libertad, el requerimiento conclusivo ya había sido ratificado por el Fiscal Departamental, agotándose el mecanismo de revisión previsto por el art. 324 del CPP y consolidándose, en consecuencia, la decisión del Ministerio Público de no continuar con la persecución penal. De ello, se sigue que no le correspondía a la autoridad demandada efectuar una nueva valoración acerca de la concurrencia de los presupuestos materiales o procesales de la detención preventiva, por cuanto éstos habían perdido definitivamente sustento como consecuencia de la consolidación del sobreseimiento. Por lo tanto, su actuación se debió circunscribirse a la ejecución de la libertad ipso iure comandada por el art. 324 del referido Código, disponiendo la emisión inmediata del correspondiente mandamiento de libertad. Bajo ese contexto, el señalamiento de una audiencia de cesación de la detención preventiva para diez días después de presentada la solicitud no constituyó una actuación procesal necesaria, sino una exigencia carente de sustento normativo que difirió injustificadamente la eficacia de una decisión que ya había adquirido firmeza. Tal actuación tuvo como consecuencia la prolongación indebida de una restricción de libertad que había perdido su fundamento jurídico, pues, una vez ratificado el sobreseimiento, la permanencia de la detención preventiva carecía de respaldo legal y constitucional. Consiguientemente, este Tribunal concluye que la autoridad demandada incurrió en una dilación indebida, lesiva del principio de celeridad vinculado al debido proceso y al derecho a la libertad del accionante, al omitir la inmediata expedición del mandamiento de libertad, pese a encontrarse firme el sobreseimiento. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 69/2023 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al Juez demandado, disponiendo que emita resolución conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante ya se hubiese definido. 2° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto a la Secretaria codemandada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0529_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8cdc9f32ed08cbb42016e0a9b4c747da138defd7be767203ac3f55f4f0c25df8
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